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Nora Burgos Yáñez con MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE Rol: C91-10

Consejo para la Transparencia, 10/08/2010

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Talagante, fundado en el hecho de haber recibido respuesta negativa a su requerimiento de información sobre el concurso público para proveer el cargo de Director de la Escuela Municipal “Pino Viejo Lonquén”, convocado por la Corporación Municipal de Talagante. El Consejo acogió parcialmente el amparo ya que señaló que aplicando un test de daño el beneficio público resultante de conocer esta información es inferior al daño que podría causar su revelación, razón por la cual, se deberá rechazar el amparo deducido en lo relativo a la negación de la copia del informe psicológico solicitado, en todo lo demás se acoge y debe entregarse lo relativo al concurso público. (Con voto disidente)


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Disidente), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)
  • Roberto Guerrero Valenzuela (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C91-10

Entidad pública: Municipalidad de Talagante

Requirente: Nora Burgos Yáñez

Ingreso Consejo: 17.02.10

En sesión ordinaria N° 173 de su Consejo Directivo, celebrada el 10 de agosto de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C91-10.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/09, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de enero de 2010 doña Nora Burgos Yáñez solicitó al Alcalde de la Municipalidad de Talagante la siguiente información en relación con el concurso público para proveer el cargo de Director de la Escuela Municipal “Pino Viejo Lonquén”, convocado por la Corporación Municipal de Talagante, realizado al inicio del mismo mes de enero del año en curso, cuyos resultados –desfavorables para la solicitante–, le fueron notificados el 14 de enero de 2010, mediante Ordinario N° 0058:

a) Informe psicológico entregado a la Corporación Municipal de la Municipalidad de Talagante (CMET) por la profesional doña Raquel Badilla Rodríguez, contratada y remunerada por la Secretaria General de la CMET, doña María Soledad Meléndez Molina

b) Planilla de puntuación en detalle utilizada por la comisión calificadora del concurso.

c) Instrumentos de evaluación aplicados para los antecedentes de perfeccionamiento, entrevista y propuesta de trabajo presentado.

d) Reglamento del concurso público utilizado.

e) Un informe cualitativo y cuantitativo en detalle del inicio, desarrollo y cierre de los concursos públicos de los años 2006, 2009 y 2010, en los cuales la solicitante ha participado y que curiosamente, a su juicio, no ha logrado titularidad, teniendo resultados duros y blandos a la vista y una trabajo de “Gestión y Liderazgo” de calidad y eficiencia, validado y consolidados por evaluaciones, fiscalizaciones externas, autoridades comunales y comunidad en todo su conjunto.

f) Documentación con las firmas de la comisión del concurso aprobado en conformidad con el proceso y culminación del concurso público de los años 2006, 2009 y 2010.

g) Aclarar si es posible concluir el concurso público sin una de las firmas de los participantes en la comisión del mismo, por cuanto doña Soledad Meléndez se apoya en lo prescrito en la Ley N° 20.006. “¿Dónde está el artículo que permita que esto ocurra?”.

h) Ponderación efectiva y legal que tiene los participantes de la comisión aludida.

i) “¿Por qué a esta comisión calificadora del concurso, que tiene en sus manos el destino profesional de las personas, no se les considera para trabajar en la modalidad y estrategias a aplicar?”

j) “¿Por qué la Sra. Meléndez no le da a conocer a la comisión aludida los procedimientos a utilizar, sino que les entrega instrucciones minutos antes de iniciar la presentación de las propuestas sin derecho a opinar ni replicar?”

2) RESPUESTA: Mediante Ordinario N° 238, de 5 de febrero de 2010, el Alcalde de Municipalidad de Talagante respondió a la solicitud de acceso denegando la información requerida, por lo siguiente:

a) No es posible hacer entrega de documentación que es propia de las comisiones calificadoras de concurso, toda vez que no son públicas.

b) Si bien se trata de un concurso público, esto no implica que todos los antecedentes del mismo sean públicos, dado que la publicidad referida apunta al sentido de que, conforme a las bases del mismo, cualquier persona puede participar.

c) La entrega de los antecedentes requeridos no es posible dado que ello afectaría el buen servicio y transparencia para concursos futuros, como por ejemplo, el Reglamento del concurso público y planillas de puntuación, que sólo pueden ser conocidos por las comisiones. Su divulgación atentaría contra la igualdad de los postulantes y su desenvolvimiento dentro de las distintas etapas de desarrollo de los concursos.

d) En cuanto a la observación relacionada con la ausencia de firma de uno de los integrantes de la comisión en la planilla de puntuación o el acta final, dicha persona ha obrado de ese modo por razones de carácter personal, que nunca ha querido dejar plasmada en forma escrita, pese a participar activamente en todo el proceso del concurso, realizando calificaciones suscribiendo documentos, etc.

e) El informe psicológico mencionado es elaborado por un profesional contratado por la Corporación Municipal de Educación de Talagante, quien además procede al pago de los honorarios pactados, no es contratado ni depende de la Sra. Secretaria General de dicho organismo.

f) Los concursos públicos de cargos directivos se han realizado en todo momento con apego a lo establecido en la Ley de Transparencia y toda la normativa vigente, tanto en la formación de las respectivas comisiones de evaluación, recopilación de antecedentes, ponderación de los mismos, etc., los cuales son conocidos de antemano por los postulantes a través de las bases de cada concurso.

3) AMPARO: El 17 de febrero de 2010, doña Nora Burgos Yáñez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra de la Municipalidad de Talagante, fundado en el hecho de haber recibido respuesta negativa a su requerimiento de información, por cuanto su divulgación afectaría el debido cumplimiento de las funciones institucionales y otras.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo Directivo acordó admitir a tramitación el presente amparo trasladándolo, mediante Oficio N° 431, de 5 de marzo de 2010, al Alcalde de la Municipalidad de Talagante, quien mediante Ordinario N° 414, de 23 de marzo de 2010, evacuó sus descargos y observaciones indicando que:

a) En la respuesta dada a la reclamante se dio cumplimiento a lo requerido por la recurrente, sin embargo se consideró que ciertos antecedentes tenían el carácter de reservado y su difusión atentaba en contra del funcionamiento del municipio. De este modo, no se entregó el informe psicológico de la Sra. Raquel Bobadilla Rodríguez, la planilla de evaluación, el Reglamento de concurso público utilizado, toda vez que ello podría atentar contra la igualdad e imparcialidad de postulantes a futuros concursos.

b) Si perjuicio de lo anterior acompaña fotocopia de los antecedentes requeridos por la reclamante a fin de que se determine si son reservados o no.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DE TERCEROS: Este Consejo acordó trasladar el presente reclamo a 16 terceros involucrados en la solicitud de información, todos ellos postulantes a los concursos públicos realizados en los años 2006, 2009 y 2010, para proveer los cargos directivos a los que postuló la reclamante, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, a efectos de que éstos presentaran sus descargos u observaciones al presente amparo. De acuerdo a lo anterior se dio traslado a los siguientes terceros, mediante oficios N° 764 al 779, todos de 4 de mayo de 2010. Sólo 4 terceros evacuaron el traslado, señalando, en cada caso, lo siguiente:

a) Tercero 1: se opone a la entrega de los antecedentes requeridos, por cuanto no es de su competencia entregar evidencias o medios de prueba, ya que para privilegiar la transparencia en el concurso todo documento se formalizó inmediatamente ante la comisión de trabajo, resguardando de este modo la confidencialidad de la información. Agrega que este tipo de situaciones no hace sino poner en duda el trabajo de una Corporación que goza de un merecido y reconocido prestigio en el área educacional de la comuna de Talagante.

b) Tercero 2: Señala que los resultados de un concurso público son de carácter reservado para la persona que se interesó en participar en forma voluntaria y que reunía requisitos estipulados en las bases del concurso, por lo que no es de su interés que sea pública la presentación de puntajes de su postulación. Agrega que en lo que se refiere al procedimiento de la Corporación de Educación de Talagante, la convocatoria al concurso y la entrega de resultado, es de su conformidad y advierte transparencia en su gestión.

c) Tercero 3: Autoriza el acceso a los antecedentes solicitados en el amparo, a fin de esclarecer resultados del concurso para proveer cargos de dirección de escuelas de la comuna.

d) Tercero 4: No autoriza la entrega de las planillas porque en ellas existe información que dice relación con antecedentes personales que le interesa mantener en reserva, bajo el amparo en el derecho constitucional a la vida privada y pública y a la honra, consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política. Agrega que al momento de postular al concurso ejerció su derecho constitucional relacionado con la admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes, por lo que no se pueden agregar otras consideraciones o procedimientos a los ya existentes. Señala que su derecho se vería seriamente lesionado si el detalle de sus antecedentes se difundiera públicamente, porque nada asegura el uso que pueda hacerse de ellos. Por otro lado, el principio de igualdad ante la ley también se vería vulnerado al permitir que sus antecedentes circulen libremente, por cuanto su difusión podría provocar que en posteriores concursos se maneje al detalle datos e información que puede dar ventaja a otros postulantes. Por último, señala que se ampara en la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, dada la diversa naturaleza de los requerimientos contenidos en la solicitud de acceso de la especie, es menester analizar los mismos separada y pormenorizadamente, determinando, en su caso, si existen peticiones que no correspondan al ámbito del derecho de acceso a la información pública, a la luz de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia.

2) Que, en lo que respecta a los requerimientos consignados en la letras e) –informe cualitativo y cuantitativo en detalle del inicio, desarrollo y cierre de los concursos públicos de los años 2006, 2009 y 2010, en los cuales ha participado la solicitante–, g) –aclaración acerca de la posibilidad de concluir el concurso público sin una de las firmas de un miembro de la comisión calificadora–y h) –ponderación efectiva y legal que tienen los miembros de la comisión aludida– de la solicitud de acceso, cabe señalar que a juicio de este Consejo dichas peticiones no se refieren específicamente a un determinado acto, documento o antecedente, en los términos definidos por el artículo 3°, letra e) del Reglamento de la Ley de Transparencia, sino más bien constituyen consultas destinadas a provocar un pronunciamiento y, en su caso, la dictación del respectivo acto administrativo, por parte de la autoridad municipal en determinadas materias relativas a los concursos públicos indicados –tales como la elaboración de un informe por parte de la autoridad edilicia; absolver una aclaración y una consulta sobre la marcha del concurso– por lo que, no constituyen solicitudes de acceso a información pública, en los términos del artículo 10 de la Ley de Transparencia, circunscribiéndose en el ámbito del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política. Por lo anterior, este Consejo rechazará el presente amparo en relación a los requerimientos indicados, según se indicará en la parte resolutiva del presente acuerdo.

3) Que, asimismo, los requerimientos contenidos en las letras i) y j) de la solicitud de acceso –consultas sobre la comisión calificadora del concurso referido– se estima que pertenecen también al ámbito del derecho de petición ya aludido, por cuanto buscan un pronunciamiento del Alcalde de Talagante en torno a las razones tenidas en consideración para no incluir a los miembros de la comisión calificadora en la elaboración de la modalidad y estrategias a aplicar en un concurso público como también sobre la oportunidad de entrega de instrucciones a los mismos inhibiendo su derecho a opinar o replicar, por lo que cabe rechazar igualmente el amparo respecto a estas consultas.

4) Que en cuanto a las solicitudes consignadas en las letras a), b),c) d) y f) de la solicitud de acceso señalada precedentemente, dado que todas se relacionan con solicitudes de documentación relativa a concursos públicos convocados por la Corporación Municipal de Educación de Talagante, cabe señalar previamente y a modo de contexto que éstos se rigen por las normas del párrafo II, del Ingreso a la Carrera Docente, del Título III, del D.F.L. N° 1/1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y modifican, en adelante, Estatuto Docente, y artículos 80 al 86 de su Reglamento.

5) Que, en efecto, en el caso de la provisión del cargo de Director de un establecimiento educacional, el artículo 32 del Estatuto Docente señala que éste será mediante concurso público que ha de desarrollarse en dos etapas: 1° Preselección de una quina de postulantes por parte de la Comisión Calificadora, la que deberá conformarse anualmente y estar integrada de acuerdo al artículo 31 del cuerpo legal en comento, y 2° Presentación de propuesta de trabajo para el establecimiento y otras pruebas que determine la Comisión Calificadora. Luego del análisis de los antecedentes, dicha comisión deberá emitir un informe fundado que detalle el puntaje de cada postulante, a efectos de su presentación al Alcalde. En dicha evaluación la comisión deberá considerar “evaluación la experiencia del postulante en el ejercicio de la función docente directiva o técnico-pedagógica, la evaluación de su desempeño anterior, el perfeccionamiento pertinente, sus competencias para ser Director y la calidad de la propuesta de trabajo ”, según lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 33 del Estatuto Administrativo. Por último, en el mismo artículo 33, su inciso 2°, dispone que “la resolución de los concursos deberán considerarse siempre las normas de transparencia, imparcialidad y objetividad, que se señalen en el reglamento de esta ley”. A su vez el Reglamento aludido en su artículo 82 establece un mecanismo de publicidad de la convocatoria.

6) Que respecto al informe psicológico solicitado, se debe tener presente que este Consejo ya se ha pronunciado sobre el tratamiento que se le debe brindar a dichos instrumentos en la decisión de las reposiciones de los amparos A29-09 y A35-09, ambos contra la Dirección Nacional del Servicio Civil, en la que se resolvió que la evaluación descriptiva de atributos y la conclusión de un informe sicolaboral, tienen el carácter de reservados. Al respecto, la decisión referida concluye que en los concursos públicos realizados en el marco del sistema de Alta Dirección Pública, ciertos antecedentes resultan reservados, tanto para la persona a la que se refieren como para terceros, encontrándose en esta situación la evaluación sicológica, la evaluación descriptiva de atributos y la conclusión -síntesis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas- del informe pues, “la evaluación de los antecedentes señalados corresponde a un examen en un momento determinado y sobre la base de los atributos definidos por un mandante, todo lo cual dificulta medirlos en términos objetivos y supone la emisión de opiniones por parte de las consultoras dedicadas al reclutamiento de personal…, cuya claridad y asertividad es esencial para una debida prestación de sus servicios, tanto en el mundo público como en el privado, y de evidente utilidad para quienes deben decidir qué persona contratar”, constituyendo un "juicio de expertos", difícilmente objetivable. Por todo ello de difundirse esas opiniones se producirían cuestionamientos difíciles de dirimir sometiendo el sistema de selección de personal adoptado por la Corporación a cuestionamientos que atentarían contra su debido funcionamiento y que, en muchos casos, no dejarían satisfechos a los interesados, lo que podría llevar a mermar la claridad y asertividad de los informes, transformándolos en herramientas poco útiles. Todo ello configura en este caso la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Por otro lado, aplicando un test de daño el beneficio público resultante de conocer esta información es inferior al daño que podría causar su revelación, como se ha señalado a través de las decisiones de los amparos A186-09, A348-09, RA29-09, C561-09, C614-09 y C91-10, resultando del todo aplicable a la especie, razón por la cual, se deberá rechazar el amparo deducido por la Sra. Burgos Yáñez en lo relativo a la negación de la copia del informe psicológico solicitado.

7) Que la petición de información consignada en la letra b) de la solicitud de acceso recae en las planillas de puntuación utilizadas por la Comisión Calificadora del concurso, que fueron acompañadas por el municipio reclamado para su análisis por parte de este Consejo. Del análisis de las mismas puede desprenderse que éstas consignan los nombres de los postulantes y los puntajes de cada uno asociados a su experiencia y perfeccionamiento, evaluación psicológica y propuesta de trabajo, correspondientes a los concursos de los años 2006, 2009 y 2010. Sin embargo, dado el claro tenor de la solicitud efectuada este Consejo concluye que lo solicitado en esta parte se refiere únicamente al concurso correspondiente al año 2010, debiendo limitarse este amparo al mismo.

8) Conforme a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 83 del Reglamento del Estatuto Docente, las comisiones calificadoras de concursos deberán dejar constancia de sus actuaciones en Actas que deberán suscribir todos sus integrantes y el ministro de fe designado por el Jefe Provincial de Educación competente”, agregando su inciso tercero que dichas comisiones deberán analizar los siguientes aspectos:

a) Cumplimiento de los requisitos formales de postulación;

b) Excelencia en el desempeño profesional del postulante;

c) Perfeccionamiento pertinente, y

d) Años de servicio.

Agrega esta norma que la comisión calificadora respectiva “asignará un puntaje a cada uno de esos aspectos, según la ponderación de los mismos que determinen las bases de la convocatoria”.

9) Que dichas tablas reflejan la entrega de antecedentes de los postulantes y puntajes asociados a las evaluaciones realizadas a los mismos, a los cinco seleccionados en el marco de los concursos consultados, por lo que constituyen base directa para la elaboración del informe por parte de la comisión calificadora y, consecuentemente del nombramiento que hizo el alcalde en los respectivos concursos, quien debe nombrar al postulante que ocupa el primer lugar ponderado, y por razones fundadas al segundo, según dispone el artículo 32, inciso tercero, del Estatuto Docente.

10) Que el artículo 26 de las Bases del concurso en análisis dispone que “Dentro de los cinco días hábiles siguientes del término de las entrevistas personales, se comunicará el resultado al primero de la nomina. Si este no aceptase el cargo, dentro de los siguientes cinco días hábiles se comunicará al segundo y tercero de la nomina sucesivamente. Si ambos rechazan el cargo, el concurso será declarado vacante”, de lo que desprende que, en este caso, ni la Corporación Municipal ni la Municipalidad de Talagante publicaron los nombres de los integrantes de las quinas formadas por la comisión calificadora de concursos, y que, en definitiva, se notificó el resultado del mismo al postulante seleccionado para desempeñar el cargo de director del establecimiento educacional por carta, de tal suerte que los demás participantes en el certamen concursal no conocían necesariamente la identidad de los demás integrantes de la nómina.

11) Así las cosas, respecto de la entrega de las planillas en análisis debe distinguirse la información relativa al propio reclamante y la que le resulta ajena, comprendiendo en esta última aquélla vinculada al postulante seleccionado para el cargo concursado, aquélla referida a los postulantes seleccionados en la quina a que se refiere en el artículo 32, inciso 1°, del Estatuto Docente y aquélla relacionada con los demás postulantes no seleccionados.

a) En cuanto al propio requirente, se estima que tiene derecho a acceder a los puntajes que obtuvo en las distintas evaluaciones que le fueron practicadas, por cuanto se trata de datos personales respecto de los cuales es titular, de acuerdo al artículo 2, letra ñ) de la Ley N° 19.628, sobre Protección a la vida privada.

b) En cuanto al puntaje obtenido por el postulante que fue designado para el desempeño del cargo de Director objeto del concurso a que se refiere la solicitud de acceso: cabe aplicar el criterio del Consejo en el considerando 9, letra f) de la decisión recaída en la reposición del amparo A29-09 y en el amparo A90-09, en orden a efectuar la entrega de los puntajes asignados.

c) En relación a los postulantes seleccionados en la quina del concurso: también resulta aplicable el criterio adoptado por este Consejo en el considerando 10 de la decisión recaída sobre el amparo A90-09, en orden a que, al no haber sido seleccionados para el cargo, se encuentran en una situación diferente al que sí lo fue, y a que la decisión de postular a un cargo no tiene por qué exponerse a la comunidad en caso de no ser exitosa, por lo que ha de mantenerse la reserva de la identidad del postulante. Cabe señalar que para resolver esto el Consejo tiene en cuenta que los terceros no han sido notificados de la solicitud aplicando la mecánica del artículo 20 de la Ley de Transparencia, sino sólo a partir de la medida decretada por el propio Consejo, sin perjuicio de lo que se dirá en el considerando 20°. Con todo, la postulante Isara Ramírez Stiven —que identificamos en la parte expositiva como Tercero 3— consintió en que sus antecedentes fuesen revelados al evacuar el traslado conferido por este Consejo por lo que su nombre deberá incluirse en la plantilla.

d) Por último en cuanto a los postulantes al concurso, las tablas requeridas contienen los puntajes por experiencia y perfeccionamiento obtenidos por ellos, debiendo el órgano requerido, por las mismas razones que en el punto anterior, resguardar la identidad de estos postulantes.

12) Que, de acuerdo a lo precedentemente expuesto, con ocasión de la entrega de las planillas en comento, la Municipalidad reclamada deberá resguardar la información relativa a los postulantes respecto de los cuales se ha determinado la reserva de la información.

13) Que en relación a la solicitud de los Instrumentos de Evaluación aplicados para los antecedentes de perfeccionamiento, entrevista y propuesta de trabajo presentada por los postulantes, requeridos en la letra c) de la solicitud de acceso, cabe señalar que estos, en cuanto tales, no constan entre los antecedentes acompañados por el municipio. Ahora bien, en relación a la evaluación de experiencia y perfeccionamiento, el procedimiento y ponderaciones para las mismas constan en el Reglamento de Concursos Docentes y en las Bases de concurso público nacional de antecedentes y oposición para proveer cargos de directores (as) del año 2010, ambos documentos acompañados por el municipio reclamado. Por su parte, en cuanto a la propuesta de trabajo y su defensa, se advierte que los indicadores de la evaluación de la misma constan en el reglamento y en las bases del concurso, los que no establecen instrumentos de evaluación específicos asociados a dichos ítems, sino sólo la asesoría optativa por parte de un profesional para efectos de considerar su opinión técnica. Con todo, se estima que dicho requerimiento se satisface con la entrega del Reglamento de los Concursos y las bases del concurso del año 2010 aludido en la solicitud de acceso, las que, en todo caso, ya son públicas de acuerdo al Estatuto Docente, por lo que ha de acogerse el amparo en este punto en ese entendido.

14) Que en cuanto al Reglamento de los Concursos Públicos utilizado en el concurso consultado, requerido en la letra d) de la solicitud de acceso, se estima que éste constituye información pública de acuerdo al artículo 5° y 10 de la Ley de Transparencia, y junto a otros cuerpos normativos fija el marco aplicable al desarrollo de los concursos públicos para proveer cargos de la dotación docente municipal de Talagante, reiterando distintas normas contenidas en el Estatuto Docente y en su Reglamento. Además, su conocimiento facilita el control social sobre el cumplimento de sus disposiciones, lo que contribuye a la transparencia en el ingreso a la dotación docente respectiva por lo que, en este punto, el amparo deducido por la requirente será acogido.

15) Que debe señalarse que, en casos como el que ha sido sometido al conocimiento de este Consejo, en el que los documentos solicitados por la requirente pueden contener información que puede afectar los derechos de terceros, el jefe superior del servicio (en este caso el alcalde) debe comunicar mediante carta certificada dicha solicitud de información, dentro del plazo de dos día hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos del artículo 12 de la Ley de Transparencia, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia del requerimiento respectivo, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de dicho cuerpo legal. Al tenor de los antecedentes tenidos a la vista en la tramitación del presente amparo, se puede constatar que en la especie la Municipalidad de Talagante no comunicó a los terceros interesados la facultad de oponerse a la entrega de los documentos solicitados, razón por la cual, este Consejo le representa a dicha entidad edilicia que no ajustó su actuar a la legislación vigente, aun más, considerando que los órganos de la administración del Estado deben someter su actuar al principio de juridicidad establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y 2° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Por lo anterior, la Municipalidad requerida deberá adoptar las medidas necesarias a fin de que esta omisión no se repita en el futuro

VOTO DISIDENTE

16) Que esta decisión es acordada con el voto disidente del Consejero y Presidente don Raúl Urrutia A., quien fue partidario de entregar las planillas de puntajes identificando los nombres de todos los integrantes de cada nómina, por estimar que la publicidad de esta información —que obra en poder de la Administración, conforme al tenor del art. 5º de la Ley de Transparencia— es necesaria para permitir una adecuada rendición de cuentas de los procesos de concurso público y su expedito control social. Así lo reclama el art. 8º de nuestra Constitución, al erigir a la publicidad de los fundamentos de los actos estatales, como también a la de sus procedimientos de dictación, en una de las bases de la institucionalidad pública chilena.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por doña Nora Burgos Yáñez en contra de la Municipalidad de Talagante en lo relativo a las letras b), c) d) y f) de la solicitud de acceso, ciñéndose a lo señalado en la parte considerativa del presente amparo.

II. Rechazar el presente amparo en relación a los requerimientos contenidos en las letras a), e), g) h), i) y j) de la solicitud de acceso, por las razones expresadas en la parte considerativa del presente acuerdo.

III. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Talagante la entrega de la información indicada en el punto I. precedente, dentro de 5 días hábiles contados desde que quede ejecutoriado el presente acuerdo.

IV. Requerir al reclamado que de cumplimiento a lo precedentemente resuelto, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia, enviando copia de los documento en que conste la entrega de información, a este Consejo, al domicilio Morandé N° 115, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl para efectos de verificar el cumplimiento de esta decisión.

V. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a doña Nora Burgos Yáñez y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Talagante.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Juan Pablo Olmedo Bustos. No firma el Consejero Guerrero V. por encontrarse ausente al momento de la firma de la decisión. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.