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Servicio y Comercial Rauco Ltda con DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO METROPOLITANA ORIENTE Rol: C108-10

Consejo para la Transparencia, 25/05/2010

Se deduce amparo en contra de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente por no suministrar información solicitada relativa a nómina de trabajadores afiliados a sindicato. Dicha entidad notificó al sindicato de dicha petición, el que manifestó su oposición a la divulgación. Organismo público se excusó aduciendo vulneración de derechos de terceros. El Consejo acoge el amparo interpuesto.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)
  • Roberto Guerrero Valenzuela (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C108-10

Entidad pública: Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente

Requirente: Tomás Castaño Fueyo, en representación de Servicio y Comercial Rauco Ltda.

Ingreso Consejo: 26.02.10.

En sesión ordinaria N° 151 de su Consejo Directivo, celebrada el 25 de mayo de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del reclamo Rol C108-10.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 y N° 19 de la Constitución Política de la República; la Ley N° 20.285, de 2008, sobre acceso a la información pública; la Ley N° 19.880, del 2003, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo dispuesto en el Código del Trabajo; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) CONTEXTO PREVIO: Previo a analizar el fondo del presente amparo, se procederá a reseñar brevemente el contexto dentro del cual se requirió la información:

a) Como objeto de un procedimiento de negociación colectiva llevada cabo entre el Sindicato N° 2 y la empresa requirente, Servicio y Comercio Rauco Ltda. (en adelante Rauco), el 21 de diciembre de 2009 la comisión negociadora del sindicato presentó un proyecto de contrato colectivo, acompañándose una nómina de 193 trabajadoras afiliadas a la organización sindical. Dicha nómina no se encontraba firmada por todas las trabajadoras, sin embargo, la empresa tuvo conocimiento de que un número determinado de ellas no estaban afiliadas al sindicato y que no participaron en el proceso de negociación colectiva y, además, se encontraban negociando un convenio colectivo previo a la presentación del proyecto presentado por el sindicato.

b) El 4 de enero de 2010, Rauco dio respuesta al proyecto presentado por el Sindicato N° 2 con observaciones de legalidad, respecto de la nómina acompañada a dicho proyecto, pretendiendo excluir del proceso de negociación colectiva a 90 trabajadoras que, supuestamente, no eran parte de la organización sindical.

c) El 11 de enero de 2010, el Sindicato N° 2 interpuso una objeción de ilegalidad a la respuesta de la empresa requirente ante la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, fundamentada en que las trabajadoras que se pretendía excluir por Rauco eran efectivamente parte de la organización sindical.

d) Mediante Resolución N° 13, de 14 de enero de 2010, la Inspección del Trabajo acogió la objeción de legalidad plantada por el Sindicato N° 2, declarando que las trabajadoras cuestionadas eran parte del sindicato y, por tanto, de la negociación colectiva.

e) El 21 de enero de 2010, Rauco interpuso un recurso de reposición en contra de la Resolución N° 13/2010 de la Inspección del Trabajo, acompañando un listado de 84 trabajadoras adheridas a un convenio colectivo vigente y una declaración de dichas trabajadoras en el sentido de nunca haber estado afiliadas al Sindicato N° 2. En el mismo recurso, Rauco solicitó la información que se indicará en el apartado siguiente.

f) Por Resolución Exenta N° 31, de 26 de enero de 2010, la Inspección del Trabajo de Providencia acogió parcialmente el recurso de reposición, declarando que 87 trabajadoras debían ser excluidas del proceso de negociación colectiva, por no pertenecer al Sindicato N° 2.

g) El 27 de enero de 2010, la comisión negociadora del sindicato interpuso un recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta N° 31/2010 que resolvió la reposición de Rauco. Mediante Resolución Exenta N° 37, de 29 de enero de 2010, la Inspección del Trabajo de Providencia rechazó el aludido recurso de reposición.

2) SOLICITUD DE ACCESO: El 21 de enero de 2010, don Tomás Castaño Fueyo, en representación de Servicio y Comercial Rauco Ltda., requirió a la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, dependiente de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente, acceso a las nóminas de los afiliados del Sindicato N° 2 de la empresa Servicio y Comercio Rauco Ltda. que participaron en su constitución y a las solicitudes de afiliación, así como la copia autorizada de los documentos relacionados con dichas afiliaciones.

3) OPOSICIÓN DE TERCERO: El Inspector Comunal del Trabajo de Providencia, estimó que la información requerida podía afectar derechos de terceros. Por lo tanto, procedió a comunicar la solicitud de Rauco al Sindicato N° 2 de la empresa de Servicios y Comercial Rauco Ltda., mediante Ord. N° 152, de 28 de enero de 2010, en conformidad con el artículo 20 de la Ley de Transparencia. A través de presentación de 2 de febrero de 2010, el Sindicato N° 2 se opuso a la entrega de la información por los siguientes argumentos:

a) La solicitud de la empresa puede ser utilizada para continuar sus acciones de acoso a los trabajadores miembros de la organización sindical. Existirían sospechas de que Rauco podría tomar represalias contra los socios fundadores del sindicato, siendo su deber defenderlos. Es fundamental que se proteja la información relativa a quiénes fueron los socios que participaron en la constitución de la organización sindical, pues el requirente habría intentado acceder a los antecedentes a través de presiones de mandos medios a los afiliados, siendo justificado los temores en cuanto a que éstos sufran represalias si se divulgara la información.

b) El sindicato es una organización autónoma protegida por la Constitución, mediante el reconocimiento constitucional de la libertad sindical y de la libertad de afiliación (artículo 19 N° 19 de la Carta Fundamental).

c) El Código del Trabajo obliga a las organizaciones sindicales a registrar en la Inspección del Trabajo respectiva, determinada información (en conformidad con el artículo 222 los sindicatos deben depositar el acta original de su constitución y dos copias de sus estatutos). Sin embargo, lo anterior no significa que el Estado pueda entregar dicha información al empleador.

d) Debido a que mediante Resolución Exenta N° 31/2010, la Inspección del Trabajo resolvió acoger el recurso de reposición del requirente no existiría causa para pedir la información confidencial del sindicato.

e) Invoca diversas normas que protegerían la información requerida, citando algunas que no se encuentran vigentes a la fecha, referentes a actos secretos o reservados, salvo la Ley de Transparencia.

4) RESPUESTA: Mediante Ord. N° 228, de 8 de febrero de 2010, el Inspector Comunal del Trabajo de Providencia, denegó al requirente la información solicitada, en virtud de la oposición deducida en tiempo y forma por el Sindicato N° 2, quedando impedido de entregar la información.

5) AMPARO: Don Tomás Castaño Fueyo, en representación de Servicio y Comercial Rauco Ltda., en virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, formuló amparo ante este Consejo el 26 de febrero de 2010, por denegación de la información requerida en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, dependiente de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente. Además, argumentó lo siguiente:

a) La solicitud de información de la empresa no es antojadiza, ni tiene el propósito de perseguir a trabajadoras, como lo señaló el Sindicato N° 2 en su oposición, sino que se trata de obtener información necesaria en virtud de varias irregularidades detectadas en el proceso de negociación colectiva con el sindicato.

b) Al no tener acceso a la información, no se ha podido suscribir el contrato colectivo de trabajo con el sindicato que se opuso, pues no existe conocimiento de quiénes, en definitiva, están afectos al mismo.

c) El 29 de enero de 2010, el Sindicato N° 2 aceptó la última oferta del empleador, adjuntando un nuevo listado de afiliados, supuestamente habilitados por las resoluciones de la Inspección del Trabajo, nómina que equivaldría sólo al 47% de aquélla presentada originalmente (91 afiliados de 193). Este nuevo listado, no sería correcto pues incluye a trabajadoras que nunca han pertenecido a la organización sindical, según sus propias declaraciones que adjunta.

d) Resultaría evidente que la causa o razón del requerimiento de la nómina de afiliados al Sindicato N° 2, en virtud de la cual se fundamentaron los actos de la Inspección del Trabajo de Providencia, responden a la detección de diversas irregularidades.

e) Los argumentos esgrimidos por el sindicato para oponerse a la información, no serían efectivos, demostrando mala fe en su actuar y la voluntad de ocultar información relevante para la transparencia del proceso de negociación colectiva.

f) No serían verdaderas las razones del Sindicato N° 2 para oponerse a la información requerida, especialmente en lo que se refiere a que la empresa a través de su requerimiento de información, estaría haciéndolo con un fin de persecución y de represalias en contra de los afiliados de la organización sindical. Lo anterior, porque la empresa siempre ha tenido muy buenas relaciones para con sus trabajadores y, además, porque la legislación laboral contiene varias normas que tienden a la protección de la actividad sindical, siendo jurídicamente inviable que existiera el riesgo de que Rauco pudiese, eventualmente, ejercer alguna práctica antisindical y así lo hiciere, la ley las sanciona severamente.

g) La propia ley es la que otorga al empleador el conocimiento de las personas afiliadas a un sindicato en su empresa, pues dispone que junto con la presentación de un proyecto de contrato colectivo, se debe acompañar la nómina de sus miembros (artículo 325 N° 1, del Código del Trabajo: “El proyecto de contrato colectivo deberá contener, a lo menos, las siguientes menciones: 1° Las partes a quienes haya de involucrar la negociación, acompañándose una nómina de los socios del sindicato o de los miembros del grupo comprendidos en la negociación. En el caso previsto en el artículo 323, deberá acompañarse además la nómina y rúbrica de los trabajadores adherentes a la presentación (…)”). Por lo tanto, al negarse a acceder a los antecedentes sobre quiénes son los afiliados al sindicato, se está ocultando una información que los directivos del mismo entregaron inicialmente.

h) Invoca la Ley N° 19.880, de 2003, sobre las bases de los procedimientos administrativos y la Ley de Transparencia, concluyendo que no existe norma legal que impida conocer los registros y solicitudes de afiliación de un sindicato, menos aún, cuando dicha información es relevante para determinar quiénes pueden participar en un proceso de negociación colectiva, una eventual huelga y, en definitiva, los trabajadores afectos al contrato colectivo de trabajo que regirá las relaciones laborales con la empresa. En la especie, sería vital el conocimiento de la información requerida, considerando que habría un proceso irregular de afiliación al Sindicato N° 2, lo que habría quedado en evidencia durante el proceso de negociación colectiva.

i) Son públicos los documentos que obran en poder de los órganos de la Administración del Estado cuando hayan servido de sustento o complemento directo o esencial para la dictación de una resolución. En la especie, sería evidente que los registros y demás documentos de afiliación sirvieron de sustento al Inspector del Trabajo para la dictación de las resoluciones que decidieron los recursos de reposiciones respectivos (Resolución Exenta N° 31/10 y Resolución Exenta N° 37/10).

j) La entrega de los documentos requeridos no afectarían en manera alguna a la organización sindical, no pudiendo apreciar la vulneración de ningún derecho, más aún si fue el propio sindicato quien ha hecho pública la nómina de los supuestos afiliados al presentar el proyecto de negociación colectiva y, posteriormente, presentó una nómina modificada junto con la aceptación de la última oferta de la empresa empleadora.

k) Al contrario sí se pueden afectar los derechos de la empresa reclamante al obligarla a contratar con supuestos afiliados a un sindicato que no pertenecen al mismo (como los derechos constitucionales de propiedad y libre contratación). Además, se pueden contravenir derechos de las trabajadoras que se han visto afectadas por su inclusión en un sindicato al que no han pertenecido.

l) Solicita a este Consejo, por último, que ampare el derecho de acceso a la información de la empresa relativo a los documentos, registros y nóminas de afiliados al Sindicato N° 2.

6) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo estimó admisible el presente amparo. Se procedió, por consiguiente, a notificar la reclamación y a conferir traslado al Director del Trabajo de la Región Metropolitana Oriente y a la Presidenta del Sindicato N° 2 de la empresa Servicio y Comercio Rauco Ltda., a través de los Oficios N° 499, de 23 de marzo de 2010 y N° 546, de 30 de marzo, respectivamente. Mediante Ord. N° 812, recibido el 13 de abril de 2010, el Director del Trabajo de la Región Metropolitana Oriente formuló los siguientes descargos u observaciones al presente amparo:

a) Una vez recibido el requerimiento de la empresa reclamante, que se encontraba incorporado dentro del recurso de reposición que ésta interpuso ante la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, considerando que los sindicatos gozan de autonomía y que la documentación y antecedentes solicitados no emanan del órgano, así como no es éste el depositario del registro de socios de los sindicatos, se procedió a comunicar la solicitud a la directiva del Sindicato N° 2, pues con la entrega de la información podrían afectarse derechos de la organización sindical como de sus afiliados, tales como el derecho a la vida privada, el derecho de propiedad (en virtud de la propietarización de los derechos) y el derecho al libre desarrollo de la actividad sindical.

b) El legislador laboral derogó, a través de la Ley N° 19.759, de 2001, que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a las nuevas modalidades de contratación, al derecho de sindicación, a los derechos fundamentales del trabajador y a otras materias que indica, las normas que de alguna forma pudieran debilitar el principio de libertad y autonomía que gozan las organizaciones sindicales, en materia administrativa y patrimonial. En ese sentido, fue derogado el artículo 265 del Código del Trabajo que otorgaba amplias facultades a la Dirección del Trabajo para acceder a los libros de actas y de contabilidad de un sindicato. Asimismo, se obligaba a la directiva sindical a presentar los antecedentes de carácter económico, financiero, contable o patrimonial que requiriera el órgano, bajo apercibimiento de la aplicación de multas. Fue derogado, también, el Capítulo XI, sobre la fiscalización de las organizaciones sindicales y de las sanciones, del Título I, Libro III del Código del Trabajo (sobre las organizaciones sindicales) en su totalidad, mediante el cual el legislador otorgaba facultades a la Dirección del Trabajo para fiscalizar los sindicatos, en todos los ámbitos.

c) De lo anteriormente expuesto, se concluye que la intención del legislador ha sido adaptar la normativa chilena al Convenio N° 87, de 1948, de la Organización Internacional del Trabajo, del cual Chile es parte desde el año 1999, específicamente su artículo 3° que dispone que: “1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. 2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal”.

d) Invoca también la autonomía sindical recogida en el artículo 19 N° 19 de la Constitución.

e) Mediante oposición del Sindicato N° 2 de la empresa Servicio y Comercio Rauco Ltda., la que fue presentada ante el Inspector Comunal de Providencia, en tiempo y forma, el órgano quedó impedido de entregar la información, de acuerdo al artículo 20 de la Ley de Transparencia

7) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO DEL TERCERO: El Sindicato N° 2 de la empresa Servicio y Comercio Rauco Ltda. no evacuó sus descargos u observaciones dentro del plazo conferido en el Oficio N° 546 de este Consejo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, primeramente, se estima prudente proceder al análisis de las normas y jurisprudencia laborales existentes en la materia objeto del presente amparo.

2) Que la información que debe depositar un sindicato en la inspección del trabajo respectiva, se encuentra regulada en el Código del Trabajo, en su artículo 222, que dispone que el directorio sindical deberá depositar el acta original de constitución del sindicato y dos copias de sus estatutos certificadas por el ministro de fe actuante, dentro del plazo de quince días contados desde la fecha de la asamblea, debiendo la Inspección del Trabajo proceder a inscribirlos en el registro de sindicatos que se llevará al efecto.

3) En lo que se refiere al acta original de constitución del sindicato, el artículo 221 se encarga de señalar que en ésta constará la realización de la respectiva asamblea, con el quórum legal y su realización ante un ministro de fe; la nómina de los asistentes; y los nombres y apellidos de los miembros del directorio.

4) En lo que se refiere a la nómina actualizada de los afiliados a una organización sindical, el artículo 231, inciso final, establece que ésta deberá llevar un registro actualizado de sus miembros. A este respecto, la Dirección del Trabajo en el Dictamen N° 2.658/063, de 2003, estableció que en virtud del principio de libertad sindical recogido en la legislación laboral, después de la entrada en vigencia de la Ley N° 19.759, no existe en la normativa algún procedimiento o forma que permita a un empleador tomar conocimiento de la decisión que ha adoptado un trabajador de afiliarse o desafiliarse a una organización sindical, salvo que aquél lo manifieste por su propia voluntad o por comunicación del sindicato respectivo. Lo anterior, señaló la Dirección del Trabajo, debe entenderse sin perjuicio del artículo 13 de la Ley N° 18.575 , sobre bases generales de la Administración del Estado, en cuanto a los requerimientos de información.

5) En el Dictamen en comento, la Dirección también se pronunció sobre a quién le corresponde acreditar ante el empleador, el número total de trabajadores de su dependencia que se encuentren afiliados a un sindicato. En este punto, la Dirección del Trabajo determinó que, en virtud de las modificaciones legales contenidas en la Ley N° 19.759, se derogó el artículo 301 del Código del Trabajo que obligaba a los sindicatos a informar una vez al año a la Dirección, el número actual de socios y las organizaciones de grado superior a las cuales se encontraban afiliados. Sin embargo, se modificó el artículo 231 del Código del Trabajo agregando un inciso final, en cuanto a que los sindicatos son los responsables de mantener un registro actualizado de sus miembros, entregándose de esa forma una mayor autonomía a las organizaciones sindicales. Por lo tanto, concluye la Dirección del Trabajo, el registro de socios que llevan los sindicatos es el único elemento determinante para verificar la cantidad de afiliados de la organización. Asimismo, establece que los sindicatos no están obligados a entregar el registro actualizado de sus miembros a terceros, sin perjuicio de lo que establecía el artículo 13 de la Ley N° 18.575.

6) En cuanto al proceso de negociación colectiva, el artículo 325 del Código del Trabajo prescribe que: “El proyecto de contrato colectivo deberá contener, a lo menos, las siguientes menciones:

1.- las partes a quienes haya de involucrar la negociación, acompañándose una nómina de los socios del sindicato o de los miembros del grupo comprendidos en la negociación. En el caso previsto en el artículo 323, deberá acompañarse además la nómina y rúbrica de los trabajadores adherentes a la presentación;

2.-las cláusulas que se proponen;

3.-el plazo de vigencia del contrato, y

4.-la individualización de los integrantes de la comisión negociadora” (lo destacado es nuestro).

7) El artículo 345, sobre el contrato colectivo, dispone a su vez que dicho instrumento debe contener, a lo menos, las siguientes menciones:

“1.- La determinación precisa de las partes a quienes afecte;

2.- Las normas sobre remuneraciones, beneficios y condiciones de trabajo que se hayan acordado. En consecuencia, no podrán válidamente contener estipulaciones que hagan referencias a la existencia de otros beneficios o condiciones incluidos en contratos anteriores, sin entrar a especificarlos, y

3.- El período de vigencia del contrato”.

8) De la revisión de las disposiciones y jurisprudencia laborales reseñadas, se puede desprender que la nómina actualizada de los trabajadores afiliados es llevada por el sindicato respectivo, encontrándose en su derecho para denegar la información, sin perjuicio de lo que establece la Ley de Transparencia. En consecuencia, se procederá a analizar a la luz de la Ley, la presente controversia jurídica.

9) Que lo requerido en el caso ha sido el acceso a las nóminas de los afiliados del Sindicato N° 2 de la empresa Servicio y Comercio Rauco Ltda. que participaron en su constitución y a las solicitudes de afiliación, requiriéndose a la Inspección del Trabajo de Providencia copia autorizada de los documentos relacionados con dichas afiliaciones, en otras palabras, lo requerido es la nómina actualizada de los miembros del citado sindicato.

10) Que, debe indicarse que la solicitud se hizo por la empresa Rauco dentro de un recurso de reposición interpuesto en contra de una resolución de la Inspección del Trabajo de Providencia, en virtud del artículo 17 de la Ley N° 19.880, que prescribe: “Artículo 17. Derechos de las personas. Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a:

a) Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa;

b) Identificar a las autoridades y al personal al servicio de la Administración, bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos;

c) Eximirse de presentar documentos que no correspondan al procedimiento, o que ya se encuentren en poder de la Administración;

d) Acceder a los actos administrativos y sus documentos, en los términos previstos en la ley;

e) Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales;

f) Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución;

g) Exigir las responsabilidades de la Administración Pública y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente;

h) Obtener información acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar, e

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes”.

11) Que la Inspección del Trabajo requerida, denegó el acceso a la información en virtud de la oposición interpuesta, en tiempo y forma, por el Sindicato N° 2, por las razones que ya se han reseñado en el apartado 3°, de la parte expositiva de esta decisión. Lo anterior, ha sido confirmado por los descargos de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente, quien además, ha argumentado que la ley laboral no exige que los sindicatos hagan entrega de la nómina de afiliados a las inspecciones del trabajo correspondientes, pero no argumenta que no se encuentra en su poder la información solicitada.

12) Que, en primer lugar, se debe analizar si la información requerida, entendiendo aquélla sobre la nómina actualizada de afiliados del Sindicato N° 2 de la empresa Servicio y Comercio Rauco Ltda. es o no información pública amparada bajo la Ley de Transparencia.

13) Que queda de manifiesto que la información requerida no ha sido elaborada por un órgano de la Administración del Estado, sino por una persona jurídica que no pertenece a la Administración Pública y que, por las disposiciones constitucionales y legales ya revisadas, goza de plena autonomía.

14) Sin embargo, de acuerdo a los antecedentes acompañados en este procedimiento, se puede observar que la Inspección del Trabajo de Providencia, con ocasión de las diversas reclamaciones que se hicieron tanto por parte del Sindicato N° 2 como por la empresa reclamante, tomó conocimiento de la información requerida y obra en su poder, lo que en principio, le otorga el carácter de información pública, en conformidad con el artículo 5° de la Ley de Transparencia.

15) Que, no obstante lo anterior, corresponde ahora analizar los fundamentos de la oposición del tercero y su mérito, con el fin de determinar si se afecta o no alguno de sus derechos, en conformidad con el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

16) Los argumentos esenciales del tercero para oponerse a la información son los siguientes:

a) Afectación de la libertad de afiliación y de la autonomía sindical;

b) Posibles represalias por parte del empleador al conocer la nómina de los miembros del sindicato;

c) Falta de causa para pedir la información del reclamante, ya que la Inspección del Trabajo ha fallado en su favor, excluyendo 87 trabajadores del sindicato.

17) En lo que dice relación con las garantías constitucionales de la libertad de afiliación y autonomía sindical, este Consejo estima que no se afectarían dichos derechos fundamentales de los trabajadores con el conocimiento de la información requerida, pues no se está entrabando la autonomía sindical ni la libertad de afiliación al entregarse al empleador la nómina actualizada de los miembros de la organización sindical. A mayor abundamiento, los trabajadores sindicalizados que se encuentren en un proceso de negociación colectiva con el empleador, en virtud del artículo 325 del Código del Trabajo, junto con el proyecto de contrato colectivo, deben entregar la nómina de sus afiliados, lo que es de toda lógica, ya que de ese modo el empleador sabe cuáles son los trabajadores afectos a dicho instrumento laboral y que genera tanto derechos como obligaciones recíprocas.

18) En cuanto a las posibles represalias de las que teme el tercero frente al conocimiento de quiénes son los afiliados del Sindicato N° 2, se debe indicar que el temor de represalia del tercero no se encuentra debidamente justificado en la especie, ya que el sindicato se encuentra en un procedimiento de negociación colectiva y ha presentado un proyecto de contrato colectivo, al cual debe adjuntar la nómina de sus afiliados. A mayor abundamiento, debe señalarse que el temor de represalias se ve disminuido con la fuerte protección con la que cuentan los trabajadores sindicalizados. Por una parte, los directores de un sindicato gozan de fuero laboral, de acuerdo al artículo 235 del Código del Trabajo y, por otra, los artículos 289 y siguientes del mismo cuerpo legal, tipifican las prácticas desleales o antisindicales, estableciendo multas para el empleador que incurriera en ellas y que oscilan entre las 10 a 150 Unidades Tributarias Mensuales. Por lo tanto, la legislación laboral se ha encargado de establecer elementos disuasivos a los empleadores en el ejercicio de represalias en contra de los miembros de los sindicatos, pudiendo concluirse que aquéllas no representan, en la especie, un daño presente, probable y específico.

19) Por último y en cuanto a que el reclamante ya no tendría causa para solicitar la información en virtud de que la Inspección del Trabajo de Providencia acogió su recurso de reposición, excluyendo 87 trabajadoras de la negociación colectiva, por no pertenecer al sindicato, se desechará esta argumentación del tercero, pues independiente del resultado del recurso de reposición aludido, el órgano reclamado debe pronunciarse sobre la solicitud de información en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley de Transparencia, dando cumplimiento a los principios que la informan.

b) A mayor abundamiento, debe tomarse en cuenta que en virtud del recurso de reposición interpuesto por el empleador ante la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, aquél es una parte interesada en dicho proceso en conformidad con los artículos 17 y 21 de la Ley N° 19.880. En efecto, el artículo 17 otorga al interesado un amplio acceso al estado de la tramitación del procedimiento administrativo y a obtener copia autorizada de los documentos que rolan dentro del expediente, debiendo entenderse –aunque no se señala expresamente en la resolución que resuelve la reposición del empleador– que se tuvo a la vista para resolver la reposición, la nómina de los trabajadores afiliados al Sindicato N° 2, por lo que el reclamante, al revestir la calidad de interesado, debe tener acceso a dichos antecedentes.

c) En conclusión, este Consejo desechará la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia invocada en el caso, por no considerar que se afecten los derechos del Sindicato N° 2 con la entrega de la información requerida, procediendo a acoger el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Tomás Castaño Fueyo, en representación de Servicio y Comercial Rauco Ltda. en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, dependiente de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente, por las consideraciones señaladas.

II. Requerir al Director del Trabajo de la Región Metropolitana Oriente que:

1) Entregue a don Tomás Castaño Fueyo la información requerida, dentro del plazo de 10 días hábiles, contado desde que esta decisión se encuentre ejecutoriada, bajo el apercibimiento de proceder en caso de incumplimiento, en conformidad con el artículo 46 y siguientes.

2) Remita copia de la información indicada en el numeral anterior a este Consejo, al domicilio Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en esta decisión.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Tomás Castaño Fueyo, en representación de Servicio y Comercial Rauco Ltda., al Director del Trabajo de la Región Metropolitana Oriente y a la Presidenta del Sindicato N° 2 de la empresa Servicio y Comercio Rauco Ltda.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.