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Dirección Nacional del Servicio Civil con Consejo para la Transparencia Rol: 2506-13-INA

Tribunal Constitucional, 29/04/2014

Se dedujo requerimiento de inaplicabilidad por ilegalidad de la letra e) del artículo 11 de la Ley N° 20.285 ante Tribunal Constitucional en el marco del reclamo de ilegalidad deducido por la Dirección Nacional del Servicio Civil en contra de la decisión de amparo del Consejo para la Transparencia, que se encuentra actualmente pendiente ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. Tribunal rechaza el requerimiento.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Ordena retrotraer procedimiento


Ministros:

  • Carlos Carmona Santander
  • Domingo Hernández Emparanza
  • Gonzalo García Pino
  • Hernán Vodanovic Schnake
  • Iván Aróstica Maldonado
  • Marisol Peña Torres
  • Raúl Bertelsen Repetto

Texto completo:

Santiago, veintinueve de abril de dos mil catorce.

VISTO:

Con fecha 16 de agosto del año 2013, el abogado MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, en representación de MG CONSULTORES, ha deducido un requerimiento ante esta Magistratura Constitucional a fin de que declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la letra e) del artículo 11 de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en el marco del reclamo de ilegalidad deducido por la Dirección Nacional del Servicio Civil en contra de la decisión de amparo del Consejo para la Transparencia, Rol I.C. N° 1400 2013, que se encuentra actualmente pendiente ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, con decreto de autos en relación y el procedimiento suspendido por resolución de este Tribunal.

La norma impugnada dispone:

"Artículo 11. El derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado reconoce, entre otros, los siguientes principios:

(...)

e) Principio de la divisibilidad, conforme al cual si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda."

El conflicto de constitucionalidad sometido a la decisión de este Tribunal consiste en que la requirente estima que la entrega del puntaje obtenido en el informe psicolaboral, ordenada por el Consejo para la Transparencia en virtud del principio de divisibilidad consagrado en la norma impugnada, terminará lesionando severamente el derecho a desarrollar su actividad económica con total independencia e imparcialidad, amparado en el N° 21° del artículo 19 de la Carta Fundamental, afectando con ello de paso la integridad del proceso de selección.

Argumenta que la actividad económica que realiza la requirente no sólo es constitucionalmente lícita, sino que indispensable para el adecuado desenvolvimiento y éxito de los procesos de la Alta Dirección Pública, conforme lo dispuso y comprendió el legislador de la Ley N° 19.882 y así se han realizado cientos de concursos desde la entrada en vigencia de dicha ley.

Sostiene que la publicidad aislada y asistemática del puntaje asignado hará que el trabajo quede expuesto a un escrutinio descontextualizado y generalmente realizado por quienes carecen del conocimiento y las habilidades necesarias para dimensionarlo en forma adecuada, haciendo inútil la participación en los procesos de selección y afectando la referida garantía con graves secuelas patrimoniales; a ello agrega que si los especialistas tienen conocimiento de que el candidato puede acceder a las opiniones que sobre él se viertan, sin duda alguna moderarán sus juicios y observaciones, que, en cambio, mediando el principio de confidencialidad emitirían con mayor libertad y precisión.

Advierte que conocer los informes o las notas no sólo podría dar origen a una presión indebida sobre los profesionales y la empresa, que fomentaría el tráfico de influencias, sino que al mismo tiempo aquéllos podrían ser utilizados con otros fines.

Añade, finalmente, que la referida Ley N° 19.882, en sus artículos 8°, inciso segundo, y 55, garantiza el secreto de la evaluación completa, agregando que la nota es parte integrante de todo el proceso, no siendo admisible que pueda ser fraccionada o considerada aisladamente.

En cuanto a los antecedentes de la gestión pendiente, de las copias de las piezas principales de la misma, remitidas por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, agregadas a fojas 75 y siguientes, se desprende que el participante en un concurso público en el que no fue seleccionado solicitó la entrega del examen psicolaboral que se le practicó. La Dirección Nacional del Servicio Civil se negó a la entrega, invocando la causal del artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, fundando su negativa en que la publicidad del proceso de selección que involucra la evaluación de competencias, experiencia laboral y aptitudes psicológicas vulneraría la dignidad personal del evaluado, ya que en la evaluación constan apreciaciones del examinador emitidas dentro de un contexto técnico, experto y específico. Además, sostuvo que no corresponde entregar el informe psicolaboral a quien solicita el propio, atendido que el titular de éste es la autoridad que solicita la asesoría profesional para evaluar si un individuo posee las competencias necesarias para desempeñarse en una plaza concursada. Consideró también que constituyen datos sensibles, invocando al efecto la Ley de Protección de Datos Personales, y que se afectarían los derechos e intereses del evaluador, cuyo trabajo sería expuesto a un escrutinio descontextualizado y generalmente realizado por quienes carecen del conocimiento y las habilidades necesarias para dimensionarlo en forma adecuada, haciendo inútil la participación de las empresas consultoras expertas.

El solicitante recurrió de amparo ante el Consejo para la Transparencia, organismo que, aplicando el principio de divisibilidad, lo acogió parcialmente, ordenando entregar sólo el puntaje obtenido en el examen psicolaboral. En su resolución, rolante a fojas 86 y siguientes de estos autos, el Consejo reiteró lo sostenido en decisiones anteriores en cuanto al carácter reservado del informe psicolaboral, tanto del propio solicitante como de terceros, basado en que las opiniones vertidas y contenidas en él corresponden a un examen en un momento determinado, sobre la base de los atributos definidos en un perfil. No obstante, contrariamente a lo argumentado por la Dirección Nacional del Servicio Civil, resolvió que el requirente tiene derecho a acceder a la información relativa a su evaluación, ponderación y los puntajes que obtuvo en las distintos exámenes que le fueron practicados, ya que se trata de datos personales de los cuales es titular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, letra ñ), de la Ley de Protección de Datos Personales, lo que, indica, rige aun cuando el informe psicológico haya sido encargado a una empresa de consultores, ya que no puede desconocerse que el titular de los datos es la persona a que ellos se refieren.

En contra de esta decisión la Dirección Nacional del Servicio Civil dedujo reclamo de ilegalidad ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, que constituye la gestión pendiente invocada en el presente requerimiento, en que la requirente de autos es parte, habiendo evacuado el traslado que le fuera conferido en su calidad de tercero involucrado, según se desprende de copia de la referida presentación, que rola a fojas 197 y siguientes de estos autos.

Por resolución de fecha 22 de agosto del año 2013, escrita a fojas 51 y siguientes, la Segunda Sala de esta Magistratura admitió a trámite el requerimiento y decretó la suspensión del procedimiento en que incide; posteriormente, por resolución de fecha 12 de septiembre siguiente, escrita a fojas 228 y siguientes, lo declaró admisible, confiriendo traslado a los órganos constitucionales interesados y a las partes de la gestión pendiente mediante resolución de fecha 13 de septiembre de ese año, escrita a fojas 233 y siguiente, trámite que sólo fue evacuado oportunamente por el Consejo para la Transparencia.

Mediante presentación de fecha 6 de octubre del año 2013, agregada a fojas 241 y siguientes, el abogado Jorge Gómez Oyarzo, en representación del Consejo para La Transparencia, formuló sus observaciones, solicitando el rechazo del requerimiento, con costas, a cuyo efecto sostuvo que la norma impugnada se encuentra ajustada a la Carta Fundamental, en virtud de lo siguiente:

En primer término, señala que la norma no tiene carácter decisivo, toda vez que no constituye la única ni la determinante en la resolución del reclamo de ilegalidad que se pide acoger a los jueces del fondo, ya que existen otras, como el enunciado normativo del artículo 21 de la misma Ley de Transparencia, que admite denegar total o parcialmente la información por una cualquiera de las causales allí contempladas, y los artículos 50 ó 55 de la Ley N° 19.882, que establecen un grado de reserva de los concursos de selección de personal convocados por la Dirección Nacional del Servicio Civil, normas que no han sido impugnadas.

Señala que, tal y como lo ha reconocido esta Magistratura en el considerando décimo de las sentencias Roles N°s 2290 y 2278, para que en el caso concreto se presente el conflicto de constitucionalidad debe descartarse la aplicación de los referidos artículos 50 y 55 de la Ley N° 19.882, los que no han sido impugnados en el presente requerimiento. En consecuencia, sostiene que, tal y como se resolvió en las referidas causas, en que se desestimaron los respectivos requerimientos, lo que corresponde es que esta discusión acerca de la reserva o secreto de la información solicitada se dé en sede de legalidad, ante la Corte de Apelaciones respectiva.

En segundo lugar, señala que en el requerimiento la afectación constitucional que se denuncia se sustenta en el daño que la revelación produciría al debido cumplimiento de las funciones de la Dirección Nacional del Servicio Civil y al Sistema de la Alta Dirección Pública, más que en la afectación al derecho a realizar una actividad económica de MG CONSULTORES, no existiendo una adecuada y razonada relación causal de hechos que permita concluir que la aplicación de la norma impugnada produce el efecto contrario a la Carta Fundamental que se denuncia, ya sea entorpeciéndola, embarazándola o amagándola, citando al efecto distintos párrafos del requerimiento para ilustrar su aseveración, en los que existen meras referencias de paso y se parte además de varios supuestos errados, quedando de manifiesto la evidente falta de fundamento del requerimiento.

En cuanto a los supuestos errados, indica que en la resolución impugnada en la gestión pendiente sólo se ordenó la entrega del puntaje obtenido en el examen psicolaboral; de allí que no sea efectivo que se haya ordenado entregar la evaluación y ponderación que el solicitante obtuvo en los distintos exámenes que le fueron practicados como se sostiene en el requerimiento , ni tampoco que se acceda a las opiniones vertidas en ellos.

En tercer lugar, señala que de la lectura del requerimiento resulta evidente que lo que se está impugnando es la aplicación que el Consejo para la Transparencia ha efectuado de la norma impugnada, cuestión de mera legalidad que es de competencia de los jueces del fondo.

En cuarto lugar, destaca como primordial lo relativo a la temporalidad, en cuanto a que la solicitud de acceso a la información ha sido requerida a la Dirección Nacional del Servicio Civil una vez concluido el proceso de selección, de tal suerte que su revelación no puede afectar la actividad ya realizada por la consultora dentro de dicho proceso.

Agrega, en quinto lugar, que el artículo 8° de la Constitución Política dispone la publicidad de los fundamentos de las decisiones públicas, sosteniendo que los puntajes que se ha ordenado entregar en el caso concreto constituyen parte de los fundamentos que la autoridad consideró y ponderó para la confección de la nómina de candidatos elegibles al momento de resolver el concurso. Suponer lo contrario, indica, importaría que la preselección del concurso quede al margen de todo criterio objetivo y a entero capricho de la autoridad.

Y, finalmente, señala que la aplicación del principio de divisibilidad contemplado en la disposición impugnada permite conciliar y compatibilizar adecuadamente el principio constitucional de publicidad, el derecho fundamental de acceso a la información pública y los motivos por los cuales se puede disponer la reserva o secreto de determinada información. Abusar de la reserva o secreto como se pretende en el requerimiento, impidiendo que se entregue una parte de la información que de ninguna manera puede lesionar uno de los cuatro bienes jurídicos que el Constituyente enuncia en el inciso segundo del artículo 8° de la Carta Fundamental, deja sin aplicación práctica una garantía constitucional para cautelar otra que supuestamente se estima afectada.

Por resolución de 9 de octubre del año 2013 se ordenó traer los autos en relación y la agregación de la causa al Rol de Asuntos en Estado de Tabla, verificándose su vista con fecha 28 de noviembre siguiente, alegando en ella, luego de escuchar la relación, el abogado Miguel Ángel Fernández González, por la parte requirente; el abogado Jorge Gómez Oyarzo, por el Consejo para la Transparencia, y el abogado Rodrigo Aros Chía, por la Dirección Nacional del Servicio Civil, quedando pendiente la adopción del acuerdo, decretándose con fecha 2 de diciembre de ese año las siguientes medidas para mejor resolver: 1°. Que la Dirección Nacional del Servicio Civil acompañe los antecedentes relativos a: a) La convocatoria al concurso público en que participó el solicitante de información, don Alejandro Díaz Pereira, con cuyo motivo se originó el reclamo de ilegalidad que constituye la gestión pendiente de este requerimiento, y su resolución definitiva; b) La solicitud de acceso a la información presentada por el mencionado señor Díaz Pereira y los antecedentes de su tramitación; 2°. Que la requirente informe en cuántos concursos de la Alta Dirección Pública ha participado y en cuánto incide ello en sus ingresos anuales; 3°. Que el Consejo para la Transparencia acompañe copia de los antecedentes del procedimiento de amparo que dio origen al reclamo de ilegalidad.

En cumplimiento de lo ordenado en el punto 1°, letra a), la Dirección Nacional del Servicio Civil acompañó copia del aviso de convocatoria al proceso de selección para 5 coordinadores/as Regionales Subdirección Alta Dirección Pública Área Educación y copia del sistema de postulación en línea, donde aparece que el concurso de Coordinador Regional Zona Sur Subdirección Alta Dirección Pública Área Educación, a honorarios, fue declarado desierto, antecedentes que se encuentran agregados a fojas 301 y 389 de estos autos.

Y, dando cumplimiento de lo ordenado en la letra b), acompañó la solicitud de información, la resolución denegatoria, así como el reclamo presentado por el solicitante de la información, antecedentes que rolan agregados en autos a fojas 302 y 303, 331 y 327 y siguiente, respectivamente.

Por su parte, para efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en el punto 2°, a fojas 298 la requirente acompañó un cuadro por año para graficar el número de concursos de la Alta Dirección Pública en que ha participado desde el año 2005, el que se encuentra agregado a fojas 299, señalando que la incidencia en sus ingresos anuales es del orden entre el 40 y el 60% aproximadamente.

Finalmente, en cumplimiento de lo ordenado en el punto 3°, el Consejo para la Transparencia acompañó copia de los antecedentes del procedimiento de amparo que dio origen al reclamo de ilegalidad, los que se encuentran agregados de fojas 283 a fojas 297 vuelta, de los que se desprende que, en el reclamo, el solicitante de amparo invocó la Ley N° 19.628, sobre Protección de Datos Personales, argumentando tener derecho a acceder al informe psicolaboral que se le practicó, por ser el titular de los datos personales que a él se refieren.

De los mismos antecedentes se advierte que, mediante Oficio N° 500, de fecha 4 de febrero de 2013, se notificó a la requirente de autos el reclamo, en su calidad de tercero cuyos derechos la Dirección Nacional del Servicio Civil estimó que podrían verse vulnerados con la entrega de la información solicitada, trámite que no fue evacuado dentro de plazo, resolviéndose el amparo con fecha 28 de febrero siguiente, por decisión Rol C 1644 12, impugnada ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago mediante el reclamo de ilegalidad que constituye la gestión pendiente invocada en el presente requerimiento.

Por resolución de fecha 14 de enero del año en curso, el Pleno de este Excmo. Tribunal tuvo por cumplidas las medidas para mejor resolver, procediendo a la adopción del acuerdo con esa misma fecha.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1. LA IMPUGNACIÓN Y LA INFRACCIÓN CONSTITUCIONAL.

PRIMERO: Que, en el marco de un reclamo de ilegalidad deducido por la Dirección Nacional del Servicio Civil en contra del Consejo para la Transparencia, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante el cual se impugna la decisión de dicho organismo que, recurriendo al principio de divisibilidad, ordenó entregar "el puntaje obtenido en el examen psicolaboral efectuado para el proceso de selección del cargo de Coordinador Zona Sur Subdirección Alta Dirección Pública Área Educación Zona Sur", la empresa MG Consultores ha deducido un recurso de inaplicabilidad en contra de la letra e) del artículo 11 de la Ley N° 20.285;

SEGUNDO: Que el precepto impugnado establece, entre otros principios reconocidos, relativos al derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, el siguiente:

"Artículo 11. El derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado reconoce, entre otros, los siguientes principios:

(...) e) Principio de la divisibilidad, conforme al cual si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda.";

TERCERO: Que la solicitud de inaplicabilidad se funda en la infracción al N° 21° del artículo 19 constitucional, que asegura a todas las personas:

"21° El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.

El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quorum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quorum calificado.";

CUARTO: Que, en el caso concreto, la infracción se reduce al inciso primero del numeral 21°, transcrito precedentemente, en lo que resulta pertinente, excluyéndose, en consecuencia, por no ser atingente, el inciso que le sigue;

QUINTO: Que, no obstante, la fundamentación esgrimida radica esencialmente en que el levantamiento parcial de la reserva afectaría al debido funcionamiento del Sistema de la Alta Dirección Pública, mas no se hace consistir propiamente en la afectación al derecho a realizar una actividad económica por parte de la requirente;

SEXTO: Que es así como el grueso del escrito de la requirente se refiere al proceso de selección, haciendo hincapié en el carácter confidencial que el mismo tendría (fs. 7), lo que constituiría "un requisito indispensable para el adecuado funcionamiento del sistema", confidencialidad que la propia ley ha dispuesto en el artículo 55 de la Ley N° 19.882. Cabe advertir que, según el requerimiento, "sólo a partir de ese rasgo es posible asegurar la participación, garantizar que los candidatos sean evaluados en igualdad de condiciones ... y porque así lo ha dispuesto el artículo 55 de la Ley N° 19.882" (fs. 7). De lo anterior concluye que "forzar la entrega de la información, antes y al contrario, infringe, desde luego, la Ley N° 19.882", pero también el derecho del N° 21° del artículo 19 (fs. 7). Cuando la requirente intenta fundamentar la vulneración de dicho derecho constitucional (fs. 10), se agota en sostener que es titular del derecho del artículo 19 N° 21° (cuestión que no está en discusión) y que sólo la ley puede normar dicho derecho. Al referirse a la infracción, afirma que "la aplicación que se ha hecho de la letra e) del artículo 11 de la Ley N° 20.285, en orden a fraccionar o dividir el informe . importa una aplicación de aquel precepto legal que es contraía (sic) a la Constitución, pues indefectiblemente, terminará lesionando o afectando severamente el derecho que la Constitución le garantiza en orden a llevar a cabo su actividad económica con total independencia e imparcialidad, afectando, de paso, la integridad del sistema de selección dispuesto por la Ley N° 19.886" (fs. 11);

SÉPTIMO: Que, del requerimiento y demás escritos presentados, y de las alegaciones en estrados, la infracción al derecho a desarrollar una actividad económica, reconocido por nuestra Constitución como un derecho fundamental de todas las personas, no aparece suficientemente sustentada por la requirente, sin demostrar una relación causal que lleve a la conclusión de que la aplicación de la norma impugnada produce el efecto contrario a la Carta Fundamental que se denuncia;

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, y en la oportunidad procesal pertinente, el Consejo para la Transparencia, mediante Oficio N° 500, de 4 de febrero de 2013, confirió traslado a MG Consultores, para que como tercero involucrado, según lo dispone el artículo 25 de la ley respectiva, presentara sus descargos y observaciones respecto del amparo, y se manifestara acerca de los derechos que podrían verse afectados con la publicidad de la información requerida;

2. CONTEXTO EN EL QUE SE INSERTAN ESPECIFICIDADES SOBRE LOS DATOS SOLICITADOS.

NOVENO: Que, antes de referirnos al principio de divisibilidad de la información y para un adecuado entendimiento, explicitaremos algunas materias de contexto: a) el Consejo para la Transparencia accedió parcialmente a la información solicitada; b) se solicitó información propia sobre un concurso declarado desierto, y c) los artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la Ley N° 19.882 no son aplicables en el concurso respecto del cual los datos fueron solicitados;

a) El Consejo para la Transparencia accedió parcialmente a la información solicitada.

DÉCIMO: Que debe recordarse que el caso se origina cuando don Alejandro Díaz Pereira solicita a la Dirección Nacional del Servicio Civil el resultado de su examen psicolaboral, efectuado para el proceso de selección del cargo de Coordinador Subdirección Alta Dirección Pública Área Educación Zona Sur. El Consejo para la Transparencia accedió parcialmente a la petición, requiriendo a la mencionada Dirección solamente la entrega de una información objetiva, conformada por la tabla de puntajes que la empresa consultora asignó, como resultado del informe psicolaboral, para cada atributo del perfil del cargo que elaboró el Servicio Civil;

DECIMOPRIMERO: Que, no obstante, la requirente hace supuestos erróneos sobre la resolución impugnada en la gestión pendiente, que, tal como se ha señalado, ordenó sólo la entrega del puntaje, y no así de la evaluación y ponderación obtenidas por el solicitante, reiterando argumentos irrelevantes frente a lo resuelto;

b) Se solicitó información propia sobre un concurso declarado desierto.

DECIMOSEGUNDO: Que, por otra parte, la requirente y la Dirección Nacional del Servicio Civil no hacen la indispensable diferencia que en la especie se produce, en cuanto a que el solicitante de la información la hace sobre datos propios, respecto de un concurso en que él participó y que, además, fue declarado desierto . El Consejo para la Transparencia no ordenó entregar información sobre los demás postulantes al concurso, ni tampoco que se revelara el informe psicolaboral del solicitante, asunto ya resuelto por este Tribunal en la sentencia recaída en el Rol N° 1990;

DECIMOTERCERO: Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2°, letra ñ), de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, el solicitante tiene derecho a acceder a la información relativa al resultado o puntaje obtenido por él en las evaluaciones, por tratarse de datos personales respecto de los cuales es titular.

En efecto, la ley señalada dispone que es "titular de los datos" la "persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal". Lo anterior se aplica aun cuando el informe psicológico, del que resultan los puntajes, haya sido encargado por el organismo reclamado a una empresa externa, en la especie, a la empresa MG Consultores Ltda.;

DECIMOCUARTO: Que en este caso no aplica la argumentación de la Dirección Nacional del Servicio Civil, respecto de la naturaleza de los informes de evaluación psicolaboral, a que alude al artículo 24 de la mencionada Ley N° 19.628, que incorporó un nuevo inciso al artículo 127 del Código Sanitario, en cuya virtud "las recetas médicas y análisis o exámenes de laboratorios clínicos y servicios relacionados con la salud son reservados". Abona su tesis esa Dirección en que, conforme a lo señalado por los artículos 112 y 113 del Código Sanitario, inciso tercero, los informes emitidos por psicólogos se consideran para estos efectos dentro del supuesto indicado. Pues bien, la reserva aludida no aplica al paciente por disposición del mismo Código Sanitario, cuyo artículo 127 expresamente autoriza a revelar el contenido de un análisis con el consentimiento expreso del paciente. Es decir, la misma norma estaría autorizando, en la supuesta interpretación analógica, a un postulante que se entiende ser un paciente a solicitar su ficha médica;

b) Los artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la Ley N° 19.882 no son aplicables en el concurso respecto del cual los datos son solicitados.

DECIMOQUINTO: Que el artículo quincuagésimo dispone: "El consejo entregará, en carácter reservado, la nómina de entre 3 y 5 candidatos seleccionados, acompañada de los antecedentes profesionales y laborales de los mismos, así como la evaluación a que se refiere el inciso segundo del artículo quincuagésimo tercero, sin expresar preferencia por ninguno de ellos.";

DECIMOSEXTO: Que, por su parte, el artículo quincuagésimo quinto establece: "El proceso de selección tendrá el carácter de confidencial, manteniéndose en reserva la identidad de cada candidato. La Dirección Nacional del Servicio Civil dispondrá las medidas necesarias para garantizar esta condición.";

DECIMOSÉPTIMO: Que la Dirección Nacional del Servicio Civil, entre las varias fuentes que señala para sustentar la legitimidad de la reserva legal, invoca el artículo 8° constitucional, que alude a una ley de quórum calificado para definir la causal de secreto o reserva, que en el caso de autos serían los artículos transcritos en los considerandos precedentes;

DECIMOCTAVO: Que, asimismo, esa Dirección se refiere al artículo 22, inciso primero, de la Ley N° 20.285, que dispone que los actos que una ley de quórum calificado declare secretos o reservados mantendrán ese carácter hasta que otra ley deje sin efecto dicha calificación. Afirma que el artículo 55 de la Ley N° 19.882 se encuentra en dicha situación y agrega que los artículos 50 y 55 de la misma tienen un valor instrumental "para lograr un cambio profundo en la provisión de cargos públicos altamente relevantes, facilitando que todos los interesados postulen y que también participen en su selección, consultores especializados", cuestión que redunda en una mejor gestión de los servidores públicos y la del Estado en su conjunto, lo que se justifica en el interés nacional. Señala que la confidencialidad encuentra cabida en la "causal de interés nacional, por la relevancia del cambio institucional que ha supuesto el nuevo modelo de selección";

DECIMONOVENO: Que, no obstante lo afirmado por esa repartición pública, los artículos en base a los cuales argumenta la reserva tienen un ámbito de aplicación, que es el de los concursos que por mandato del legislador deban sujetarse a las normas aplicables al Sistema de la Alta Dirección Pública;

VIGÉSIMO: Que, según diversas normas de la Ley N° 19.882, el proceso de selección de los altos directivos públicos es un proceso técnico de evaluación de los candidatos que incluye, entre otros aspectos, la verificación de los requisitos y la evaluación de los factores de mérito y de las competencias específicas. Dicho proceso contempla el carácter de reservada de la nómina de candidatos que la Alta Dirección Pública debe remitir a la autoridad pertinente para efectuar el nombramiento, ya sea de primer o de segundo nivel;

VIGESIMOPRIMERO: Que, para una adecuada comprensión del concurso de personal que origina el requerimiento ante esta Magistratura, es necesario conocer el contexto en que se inserta;

VIGESIMOSEGUNDO: Que en febrero de 2011 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.501, de Calidad y Equidad de la Educación, que estableció un mecanismo de selección para proveer los cargos de Director/a de Establecimientos de Educación Municipal, el que definió como "un proceso técnico de evaluación de los candidatos que incluye, entre otros aspectos, la verificación de los requisitos solicitados en el perfil, entrevistas a los candidatos y la evaluación de los factores de mérito, de liderazgo y de las competencias específicas, cuya ponderación es definida por cada sostenedor.";

VIGESIMOTERCERO: Que estos concursos son administrados por el Jefe/a del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la Corporación Municipal, en su caso, y contemplan la intervención de una Comisión Calificadora con participación de un miembro del Consejo de Alta Dirección Pública o un representante del mismo, con el objeto de incluir, dentro de esta nueva institucionalidad, la experiencia acumulada de dicho Consejo en materia de reclutamiento y selección de directivos públicos. Asimismo, la ley incorporó a estos concursos los principios de mérito e imparcialidad que fundan el Sistema de Alta Dirección Pública;

VIGESIMOCUARTO: Que, en este marco, la Dirección Nacional del Servicio Civil lideró la concreción del proceso a nivel nacional, para lo cual implementó 5 cargos a honorarios que denominó "Coordinadores Regionales" dentro de su estructura organizacional, con el propósito de apoyar el proceso de reclutamiento y selección de directores de establecimientos educacionales;

VIGESIMOQUINTO: Que el "Proceso de Evaluación y Selección del Postulante", contenido en las bases del respectivo concurso, para el caso de los señalados Coordinadores Regionales, es uno de carácter único y especial, sometido voluntariamente a algunos principios y prácticas del proceso de selección de altos directivos públicos a que se refiere la Ley N° 19.882, y que, en la especie, contempla 4 fases: I. Admisibilidad y evaluación curricular, realizada por una consultora externa; II. Evaluación psicolaboral, conforme a las competencias definidas en el perfil de selección, realizada por una consultora externa; III. Entrevista Comisión Evaluadora del Servicio Civil, conformada especialmente para estos efectos, y IV. Entrevista Final, por una Comisión Final del Servicio Civil;

VIGESIMOSEXTO: Que la solicitud de información no trata de un cargo regido por la Ley N° 19.882. Se trata de uno de cinco cargos a honorarios creados en la Dirección Nacional del Servicio Civil, en el contexto de la Ley N° 20.501, ya referida. El cargo se sitúa dentro de la Subdirección de Alta Dirección Pública, en el Área de Educación. No son jefes superiores de servicio o de segundo nivel jerárquico del respectivo organismo, u otros dispuestos por ley, que obligan a aplicar el sistema de selección de la Alta Dirección Pública. Hubo un sometimiento voluntario a algunos de los estándares de la Ley N° 19.882, de ahí la intervención de la empresa consultora, requirente de autos;

VIGESIMOSÉPTIMO: Que, en base a lo precedentemente expuesto, en el concurso objeto de la solicitud de información debe descartarse la aplicación de los tantas veces aludidos artículos 50 y 55 de la Ley N° 19.882;

3. OTROS ASPECTOS A TENER PRESENTES.

a) Historia de la ley:

VIGESIMOCTAVO: Que, en abono de lo que se resolverá, de la historia de la gestación de la letra e) del artículo 11 de la Ley N° 20.285 cabe señalar que dicho precepto se incorporó por iniciativa del Ejecutivo, al finalizar su tramitación legislativa. Es así como en el Tercer Trámite Constitucional, en el Senado, el Informe de la Comisión de Gobierno expresa que: "[E]xpuso el Presidente de la Organización Chile Transparente, señor Davor Harasic, quien señaló que el proyecto aprobado por la Honorable Cámara es satisfactorio, pues se han acogido los principios relativos al concepto y naturaleza del derecho a la información pública vigentes en ordenamientos jurídicos extranjeros (...) En relación con el artículo 11 principios del derecho a la información , dijo que hay que fijar criterios de excepcionalidad en la misma ley, como también consagrar el principio de la divisibilidad, que consiste en entregar aquella parte de la información que no sea secreta, pudiendo negar sólo la que sí está afecta a una excepción de entrega por las razones establecidas en esta ley." (pp. 348 349).

Por su parte, en el Informe de la Comisión Mixta se consigna que "acogiendo una proposición del Ejecutivo se incorporó, en un nuevo literal e), el principio de la divisibilidad, esto es, la regla de que si un acto contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda" (p. 402 403);

b) Legislación comparada.

VIGESIMONOVENO: Que distintas leyes que rigen la transparencia y acceso a la información pública en países de América, contienen normas que permiten la entrega de la información no amparada en una causal de secreto o reserva, cuando ésta coexiste en un mismo soporte con información reservada. A título meramente ejemplar, las legislaciones de Panamá (artículo 14, inciso final, de la Ley N° 6, de 2002, que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, establece la acción de Habeas Data y dicta otras disposiciones); Perú (artículo 16 de la Ley N° 27806, de Transparencia y Acceso a la Información Pública); Paraguay (artículo 7° de la Ley N° 1728, de Transparencia Administrativa); Guatemala (artículo 22, inciso final, del Decreto Número 57 2008, Ley de Acceso a la Información Pública), y México (artículo 43 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental), facultan al órgano respectivo a entregar la información cuyo acceso no se encuentra limitado;

4. LA APLICACIÓN DE LA NORMA OBJETADA NO ES CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

TRIGÉSIMO: Que, tal como repetidamente se ha expresado, el precepto impugnado establece, entre otros principios relativos al derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, el principio de la divisibilidad, conforme al cual si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda;

TRIGESIMOPRIMERO: Que el principio de divisibilidad guarda estrecha relación con el principio de "máxima divulgación", de acuerdo al cual "los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales" (artículo 11, letra d), Ley N° 20.285);

TRIGESIMOSEGUNDO: Que, de esta manera, se consagra el deber para los órganos de la Administración de entregar la información en los "términos más amplios posibles", excluyendo "sólo aquello" que se encuentre sujeto a excepción. Esa entrega en términos amplios alcanza a todo aquello que no tenga el carácter de reservado. De esta suerte, el principio de máxima divulgación también permite la entrega parcial de información;

TRIGESIMOTERCERO: Que, así, el principio de divisibilidad viene a ser una especificación de lo señalado en la letra d) aludida, con cuya aplicación podría llegarse al mismo resultado que con la de la letra e), impugnada;

TRIGESIMOCUARTO: Que, además, se estima que el principio de divisibilidad importa un ejercicio razonable del legislador, que por una parte busca optimizar el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado y, por la otra, dar eficacia a las causales de reserva. Este principio es la ejecución del principio de proporcionalidad. Cuando se establece un principio general como la publicidad de los actos de los órganos de la Administración del Estado y se prevén excepciones a este principio, estas últimas deben interpretarse y aplicarse restrictivamente, de modo que no se frustre la aplicación del principio general. Además, el principio de proporcionalidad exige que las excepciones no traspasen los límites de lo que es adecuado y necesario para la consecución del objetivo perseguido. Su presencia permite que la norma no sea entendida únicamente como una regla binaria, donde las cuestiones son públicas o reservadas, extendiendo las excepciones más allá de lo permitido. En tal sentido, el principio de divisibilidad admite una correspondencia más coherente con el mandato constitucional del artículo 8°;

TRIGESIMOQUINTO: Que, en la especie, es importante reiterar el principio de que la reserva de los actos de la Administración está limitada por los derechos de las personas;

TRIGESIMOSEXTO: Que, en consecuencia, la aplicación de la letra e) del artículo 11 de la Ley N° 20.285, en la gestión pendiente de que se trata, no contraviene el artículo 19, N° 21°, de la Constitución.

Y VISTO lo prescrito en los artículos 19, N° 21°, y 93, inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en las disposiciones pertinentes de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

1°. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD DEDUCIDO A FOJAS 1.

2°. Que no se condena en costas a la requirente, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

3°. Déjase sin efecto la suspensión del procedimiento decretada por resolución escrita a fojas 51 y siguientes. Ofíciese al efecto.

Redactó la sentencia la Ministra señora María Luisa Brahm Barril.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 2506 2013 INA.

Sra. Peña

Sr. Bertelsen

Sr. Vodanovic

Sr. Fernández

Sr. Carmona

Sr. Aróstica

Sr. García

Sr. Hernández

Sr. Romero

Sra. Brahm

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidenta, Ministra señora Marisol Peña Torres y por sus Ministros señores Raúl Bertelsen Repetto, Hernán Vodanovic Schnake, Francisco Fernández Fredes, Carlos Carmona Santander, Iván Aróstica Maldonado, Gonzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza, Juan José Romero Guzmán y señora María Luisa Brahm Barril.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora Marta de la Fuente Olguín.