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Ricardo Jiménez Arévalo con MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUÉN Rol: C111-10

Consejo para la Transparencia, 17/08/2010

Se deduce amparo en contra de la Municipalidad de Pitrufquén por no suministrar información solicitada relativa a autorización y funcionamiento de dos locales correspondientes a patentes de Cabaret y Restaurant. Organismo se excusó aduciendo oposición de terceros interesados. El Consejo acoge el amparo interpuesto.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Industria (Productividad)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)
  • Roberto Guerrero Valenzuela (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C111-10

Entidad pública: Municipalidad de Pitrufquén

Requirente: Ricardo Jiménez Arévalo

Ingreso Consejo: 03.03.2010

En sesión ordinaria N° 174 de su Consejo Directivo, celebrada el 17 de agosto de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C111-10.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; el D.F.L. N° 458, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones; el D.S. N° 42/1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que fija el nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de enero de 2010, don Ricardo Jiménez Arévalo solicitó al Alcalde de la Municipalidad de Pitrufquén copia autorizada por el Secretario Municipal de los siguientes antecedentes relativos a la autorización y funcionamiento de dos locales correspondientes a patentes de Cabaret y Restaurant, cuyos titulares y direcciones indica:

a) Plano de la construcción;

b) Resoluciones de la autoridad sanitaria y las demás necesarias para el correcto funcionamiento de los locales;

c) Certificado de recepción definitiva del local;

d) Decreto Alcaldicio que otorgó la patente;

e) Copia del acuerdo municipal que aprobó su renovación para el año 2009-2010;

f) Patente, propiamente tal;

g) Definición de zonificación para los señalados contribuyentes, adjuntando copia del plan regulador respectivo para esa área;

h) Infracciones cursadas a cada contribuyente por el Juez de Policía Local.

2) RESPUESTA: Con fecha 8 de febrero de 2010, el Alcalde de la Municipalidad de Pitrufquén respondió la solicitud del reclamante, denegando el acceso a la información requerida, pues conforme a lo señalado en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia, se comunicó a los terceros involucrados su derecho de oposición a la entrega de la información, quienes formularon su negativa. Al efecto, adjuntó a su respuesta los Oficios Ord. N° 131 y 132, ambos de 29 de enero de 2010, mediante los cuales comunicó a los terceros involucrados su derecho de oposición a la solicitud del reclamante, y el escrito de oposición de don Igor Colipán Rachel y don David Márquez Oyarzún, los que fueron presentados el 2 y 3 de febrero de 2010, respectivamente.

3) OPOSICIÓN DE TERCEROS: El 2 y 3 de febrero de 2009, don Igor Colipán Rachel y don David Márquez Oyarzún, respectivamente, presentaron sus oposiciones a la entrega de la información solicitada, fundados en los siguientes argumentos:

a) Don Igor Colipán Rachel señaló que no autorizaba la entrega de ninguna información relativa a la autorización y funcionamiento de su local comercial ni de su persona, a ninguna persona que lo requiera.

b) Don David Márquez Oyarzún manifestó que no conoce al solicitante y éste no tendría ninguna autoridad cívica ni policial que lo autorice a solicitar los antecedentes requeridos. Por lo tanto, no autoriza la entrega de éstos antecedentes.

4) AMPARO: El 25 de febrero de 2010, don Ricardo Jiménez Arévalo reclamó ante la Gobernación Provincial de Cautín el amparo a su derecho de acceso a la información solicitada, argumentando la denegación infundada de la información, producto de la oposición de terceros.

5) SUBSANACIÓN: Mediante Oficio N° 670, de 15 de abril de 2010, el Director General de Consejo para la Transparencia requirió al reclamante la subsanación de su presentación, toda vez que en ésta no acompañó copia de su solicitud de información. Dicho requerimiento fue contestado por el reclamante, subsanando lo indicado.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Mediante Oficio N° 1234, de 8 de julio de 2010, el Director General del Consejo para la Transparencia dio traslado de presente amparo al Alcalde de la Municipalidad de Pitrufquén, quien no respondió al mismo dentro del plazo legal de 10 días hábiles que contempla el artículo el 25 de la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el artículo 5° de la Ley de Transparencia señala que revisten el carácter de información pública todos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, salvo las excepciones que establece la ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas.

2) Que, en relación con la información requerida, el decreto alcaldicio que concede una patente municipal, la patente municipal propiamente tal, el registro en que conste el acuerdo municipal que aprobó la renovación de la misma, el certificado de recepción definitiva del lugar, las resoluciones de la autoridad sanitaria y demás resoluciones de órganos de la Administración del Estado para el correcto funcionamiento de un local comercial, corresponden a actos formales de la Administración del Estado que producen efectos respecto de terceros, razón por la cual, en conformidad con el artículo 5° de la Ley de Transparencia, son públicos, a menos que su secreto o reserva encuentre fundamento en alguna de las causales contempladas por el ordenamiento jurídico.

3) Que, por su parte, en cuanto a la petición consistente a las infracciones cursadas a cada contribuyente por el Juez de Policía Local, cabe hacer presente que tales juzgados son tribunales especiales cuyas atribuciones y organización se encuentran normadas por la Ley N° 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local. Asimismo, el Juez de Policía Local es designado por la Municipalidad que corresponda, a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones respectiva. En ese contexto, encontrándose en poder del municipio las resoluciones dictadas por dicho tribunal en las que se impongan sanciones por las citadas infracciones, conforme lo dispone el artículo 5° de la Ley de Transparencia, éstas debiesen ser entregadas al reclamante. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que las sanciones a las que se refieren las resoluciones que hayan cursado tales infracciones se encuentren cumplidas o prescritas, en conformidad con el artículo 21 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, éstas no podrán ser comunicadas al solicitante.

4) Que en el presente caso el municipio no ha expresando fundamento alguno para denegar el acceso a los actos administrativos precitados ni ha evacuado los correspondientes descargos, ni los terceros involucrados han manifestado en sus oposiciones expresión de causa plausible para denegar el acceso a la información solicitada, en los términos exigidos por el artículo 20 de Ley de Transparencia. Que, por su parte y atendido lo anteriormente razonado, este Consejo ha estimado revisar directamente el fondo del presente amparo, prescindiendo de los descargos de los terceros involucrados y del órgano de la Administración del Estado reclamado, atendida la falta de expresión de causa de los terceros en sus oposiciones y que existirían precedentes respecto del manifiestamente público de la información solicitada.

5) Que, respecto de solicitud de la definición de zonificación de los locales comerciales individualizados por el reclamante, en la que se adjunte copia del plano regulador respectivo para esa área, atendido los razonamientos anteriores, dicha información es pública, toda vez que conforme al artículo 43 del D.F.L. N° 458, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones, el plano regulador es aprobado por el Concejo Municipal, previa sustanciación de un procedimiento reglado, y promulgado por decreto alcaldicio o resolución del intendente, según corresponda. Asimismo, posee tal carácter la información acerca de la zonificación de los locales comerciales en el señalado plano regulador, pues conforme al artículo 8º de la Ley N° 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, “[l]a municipalidad determinará, en su respectivo plano regulador, o a través de ordenanza municipal, las zonas de su territorio en las que podrán instalarse establecimientos clasificados en las letras D), E) y O) del artículo 3º (cabarés o peñas folclóricas; cantinas, bares, pubs y tabernas; salones de baile o discotecas) y locales que expendan bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera del respectivo local”.

6) Que, conforme resolvió este Consejo en su decisión C554-09, de 16 de abril de 2010, “la patente municipal contiene información pública, de acuerdo al artículo 5° de la Ley de Transparencia, en cuanto documento en que consta un permiso otorgado por la autoridad municipal, mediante una acto administrativo formal y que da cuenta del cumplimiento de los requisitos necesarios para ejercer la actividad de que se trate. Además, la divulgación de información relativa a las mismas permite a los ciudadanos fiscalizar los ingresos que se recauden por este tipo de tributos, según lo dispuesto en el artículo 13 del D.F.L. N° 1/2006, del Ministerio de Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades” (considerando 3°).

7) Que este Consejo ha resuelto la publicidad de los planos de una determinada obra en su decisión A115-09, de 22 de septiembre de 2009, ratificada en su decisión C493-09, de 4 de junio de 2010, señalando “[q]ue dichos planos y láminas fueron elaborados con el fin de obtener un permiso de edificación por parte de la Municipalidad de Providencia, el que se encuentra otorgado y vigente...” (considerando 8°), tal como ocurre en el caso en estudio, y “…la publicidad de los antecedentes requeridos es fundamental para permitir el control social sobre el otorgamiento de permisos de edificación por parte de las Direcciones de Obras Municipales…” (considerando 11); concluyendo, que “el beneficio público de conocer esa información es superior al interés de mantenerla en reserva” (considerando 12).

8) Que, por su parte, conforme dispone el artículo 3.4.1 y 3.4.2 del Decreto N° 42/1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que fija el nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el certificado de recepción de obra es un acto administrativo dictado por la Dirección de Obras Municipal a solicitud del interesado, razón por la cual, dicho certificado y sus antecedentes fundantes, son públicos, tal como lo ha sostenido este Consejo en su decisión C51-10, de 28 de mayo de 2010.

9) Que, en relación con la petición de copias autorizadas, cabe hacer presente que este Consejo, en su resolución del recurso de reposición presentado contra la decisión A146-09, ha sostenido “[q]ue respecto de la información que es solicitada a los órganos de la Administración en los términos de la Ley de Transparencia, este Consejo considera que respecto de ella puede requerirse la certificación de que los documentos entregados son idénticos a aquellos que se encuentran en poder del órgano de la Administración, lo que ha sido denominado como ‘solicitud de copia autorizada’, y que se encuentra amparada por el artículo 17 de la Ley de Transparencia y su disposición acerca de que la información sea entregada ‘en la forma y por el medio que requirente haya señalado’. No obstante, debe indicarse que tal certificación debe distinguirse de aquella solicitud de certificados cuya elaboración se encuentra regulada por normas especiales y, por ende, por disposiciones diversas de las contempladas por la Ley de Transparencia” (considerando 4°). Por tal razón, se accederá a lo pedido por el reclamante en esta parte.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Ricardo Jiménez Arévalo en contra de la Municipalidad de Pitrufquén, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Alcalde de la Municipalidad de Pitrufquén:

a) Hacer entrega de copia autorizada de la información solicitada, en los términos de la Ley de Transparencia. Sin embargo, en caso de que las sanciones a las que se refieren las resoluciones del Juzgado de Policía Local se encuentren cumplidas o prescritas, en conformidad con el artículo 21 de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, éstas no podrán ser comunicadas al solicitante.

b) Cumplir el presente requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

a) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don Ricardo Jiménez Arévalo y al Alcalde de la Municipalidad de Pitrufquén.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.