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Marqués Riquelme Sánchez con CARABINEROS DE CHILE Rol: C134-10

Consejo para la Transparencia, 29/06/2010

Se interpuso amparo contra Carabineros de Chile, ante la respuesta parcial a solicitud de que se informe cómo obtuvo datos sensibles del requirente, contenidos en su ficha médica y se entregue copia de documentos que sustentan la obtención; en el caso de que no existiesen, se informe cómo se obtuvo la información y bajo qué concepto legal se obtienen y utilizan dichos datos. El Consejo rechazó el amparo por estimar que, respecto los documentos que sustentan la obtención, se encuentra acreditada la inexistencia, no pudiendo requerirse información que sólo está en la mente de la autoridad. Por otro lado, respecto de las demás solicitudes, estimó que no constituyen de aquellas amparadas por la Ley de Transparencia, no encontrándose lo requerido en alguno de los soportes que señala dicha ley.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Auditoría y Control de gestión
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)
  • Roberto Guerrero Valenzuela (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C134-10

Entidad pública: Carabineros de Chile

Reclamante: Marqués Riquelme Sánchez

Ingreso Consejo: 09.03.2010

En sesión ordinaria N° 161 de su Consejo Directivo, celebrada el 29 de junio de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C134-10.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; la Ley N° 20.285, de 2008, sobre acceso a la información pública; la Ley N° 19.880, del 2003, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 23 de diciembre de 2009, don Marqués Riquelme Sánchez solicitó a Carabineros de Chile, la siguiente información:

a) Cómo la Institución obtuvo los datos sensibles del requirente, contenidos en la ficha médica del Hospital de Chile Chico (diagnóstico médico) al que se hace referencia en los Oficios Reservados N° 159/2008 y N° 2/2008 que se entregue copia de documentos que sustentan la obtención de dichos datos, tales como:

i) Autorización entregada a Carabineros para solicitar y usar dicha información.

ii) Documento por el cual la Tercera Comisaría de Chile Chico solicitó información personal al Hospital de Chile Chico.

iii) Documento por el cual el aludido Hospital entregó la información a la Comisaría.

b) En el caso de que no existieran tales documentos, que se indique cómo se obtuvo la información, designándose las personas que la proporcionaron a Carabineros y el funcionario que la recibió.

c) Bajo qué “concepto legal” se obtienen y utilizan dichos datos personales.

2) RESPUESTA: Mediante RSIP N° 3481, de 2 de febrero de 2010, habiéndose prorrogado previamente el plazo de entrega de la información según el artículo 14 de la Ley de Transparencia, el Jefe del Departamento de Información Púbica y Desarrollo de Normas de Carabineros de Chile, señaló al requirente que:

a) En cuanto a cómo se obtuvieron los datos sensibles: Efectuada una revisión de los archivos oficiales de la Tercera Comisaría de Chile Chico y del Oficio Res. N° 159/2008, no existen antecedentes o documentos físicos ni digitales que den cuenta de cómo se obtuvieron los datos sensibles.

b) En relación con los documentos a los que se hace alusión la solicitud, a modo de ejemplo (la autorización del requirente a Carabineros para solicitar y usar la información personal, documento de petición de la información de Carabineros al Hospital de Chile Chico y el documento por el cual se habría entregado dicha información): Conforme a la revisión efectuada en la aludida Comisaría, no existen antecedentes relacionados con algún tipo de autorización entregada por el solicitante para los efectos de obtener sus datos sensibles, como tampoco documentos mediante los cuales la Comisaría hubiera consultado al Hospital de Chile Chico sobre la información personal. Asimismo, no existen registros físicos ni digitales de algún comunicado entre el recinto hospitalario y Carabineros.

c) Sobre la designación de las personas que habrían proporcionado la información o que la habrían recibido: El único documento que da cuenta de los datos sensibles del requirente, corresponde al Oficio Res. N° 159/2008. Sin perjuicio de lo señalado, no existen dentro de los archivos institucionales oficiales, documentos, registros físicos o informáticos que den cuenta de la forma en cómo se obtuvo la información referida en el citado oficio.

d) En lo que se refiere al “concepto legal” bajo el cual se obtienen y utilizan dichos antecedentes sensibles: La obtención y tratamiento de cualquier información o dato personal se regula por la Ley N° 19.628, de 1999, sobre protección a la vida privada.

3) AMPARO: Don Marqués Riquelme Sánchez, en virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, formuló amparo ante la Gobernación Provincial del Ñuble, el 26 de febrero de 2010, ingresado en este Consejo el 9 de marzo, en contra de Carabineros de Chile, por haber recibido información incompleta a su requerimiento de información, agregando, además, que:

a) No se ha hecho ninguna referencia por la Institución respecto de la individualización de la persona que proporcionó la información ni de quien la recibió en Carabineros, lo que fue expresamente solicitado.

b) Invoca el artículo 4° de la Ley N° 19.628, que reza: “El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello. La persona que autoriza debe ser debidamente informada respecto del propósito del almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación al público. La autorización debe constar por escrito. La autorización puede ser revocada, aunque sin efecto retroactivo, lo que también deberá hacerse por escrito. No requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos a una categoría de personas que se limiten a indicar antecedentes tales como la pertenencia del individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus títulos educativos, dirección o fecha de nacimiento, o sean necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta directa o comercialización o venta directa de bienes o servicios. Tampoco requerirá de esta autorización el tratamiento de datos personales que realicen personas jurídicas privadas para el uso exclusivo suyo, de sus asociados y de las entidades a que están afiliadas, con fines estadísticos, de tarificación u otros de beneficio general de aquéllos”.

c) La información que contienen los oficios indicados en la solicitud de acceso, en conformidad con el artículo 2° de la Ley N° 19.628, letra g), se trata de datos de carácter sensible, pues se refieren a la salud síquica del reclamante.

d) El artículo 17 de la Ley N° 19.880, de 2003, sobre bases de procedimientos administrativos, consagra los derechos que gozan las personas, dentro de los cuales, en la letra b), se incluye el derecho de identificar a las autoridades y al personal del servicio de la Administración, bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos.

e) No es verosímil que no se pueda averiguar la individualización de las personas que entregaron la información sensible del reclamante, pues de la respuesta de Carabineros se podría deducir que “nadie fue o bien que la información se obtuvo por generación espontánea”. Bastaría, agrega, una “simple consulta al funcionario de Carabineros que redactó el documento, para conocer la información requerida o al menos la respuesta dada por ese servidor público” quien estaría obligado a entregarla.

f) Existen normativas internas de la Institución reclamada que tienden a la protección de la honra y dignidad de las personas, como lo son la Circular N° 1671/2007 y la Circular N° 1680/2008. Esta última (sobre la administración y registro de información de licencias médicas) en su numeral 3.3, establece que: “No debe vulnerarse la reserva del diagnóstico médico, por lo tanto sólo deberán consignarse los datos que sean públicos”. Dichas circulares fueron dictadas en conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 19.628.

g) Además, la recopilación de información en Carabineros está establecida a través de un protocolo denominado “Plan de Búsqueda de Información”, existiendo un formulario especial para ello, el que fue ordenado por el Alto Mando de la Institución y que es utilizado en todas las unidades de país. En el citado formulario, se consigna el número de registro, la fecha, hora, tipo de información, el grado de confiabilidad de la fuente y el nombre del funcionario que recibe la información.

h) El reclamante indica que tiene derecho de conocer la individualización de las personas que remitieron y recibieron sus datos sensibles, en virtud de la Ley de Transparencia y de la Ley N° 19.880.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo estimó admisible este amparo. Por consiguiente, se procedió a notificar la reclamación antedicha y a conferir traslado al General Director de Carabineros de Chile, a través del Oficio N° 540, de 29 de marzo de 2010. Mediante Ord. N° 398, de 20 de abril de 2010, la autoridad reclamada formuló los siguientes descargos y observaciones al presente amparo:

a) Reitera y mantiene lo informado al reclamante en la respuesta a su solicitud, en cuanto a que no existen documentos que den cuenta de cómo fue obtenida la información y de quiénes la habrían proporcionado y recibido por parte de Carabineros, salvo el Oficio Reservado N° 159/2008 en el que se informa por parte del Comisario de la Tercera Comisaría de Chile Chico a la Prefectura de Aysén, la situación de salud del reclamante para efectos de la determinación de incompatibilidad con el cargo que desempeñaba el reclamante en dicho recinto policial fronterizo.

b) Las normas invocadas por el reclamante no son aplicables en la especie y, de serlo, son de competencia de órganos diversos a este Consejo.

c) El reclamante cita determinada normativa institucional relativa a la protección de la honra y dignidad de las personas y protocolos sobre búsqueda de información, “los cuales deberían dar cuenta de los antecedentes por él solicitados”.

d) Carabineros ha dado cumplimiento íntegro en cuanto a su obligación de informar respecto de lo solicitado por el reclamante.

e) En lo que se refiere a quién entregó la información sobre la salud del reclamante, ello no consta en documento alguno ni fue requerido ni proporcionado formalmente a Carabineros, lo que lleva a suponer que los datos fueron entregados informalmente en un servicio distinto a la Institución (el Hospital de Chile Chico), de acuerdo a lo indicado en el Oficio N° 159/2008.

f) La aplicación de los principios de la Ley de Transparencia no conlleva la obligación de efectuar investigaciones sobre una determinada materia, sino que establece una situación diferente: entregar antecedentes, resoluciones, documentos que sirvan de sustento o complemento directo y esencial a un determinado acto administrativo y los procedimientos que se utilicen para su dictación, en la medida que ellos existan.

g) Respecto de quién conoció de la información personal del reclamante, concluye que el único antecedente que existe es el Oficio N° 159 del Comisario de la Tercera Comisaría de Chile Chico, en el cual aparece éste dando cuenta de la situación de salud del reclamante a sus superiores, sin que exista otro antecedente de personas ni personal de Carabineros que haya intervenido en esta materia.

h) En cuanto al protocolo de búsqueda de información al que hace alusión el reclamante, se trata de un lineamiento que cada unidad policial aplica en el cumplimiento de la función policial preventiva con el fin de resguardar el orden público y cumplir las demás obligaciones que le impone el ordenamiento jurídico, pero no son utilizados a nivel institucional, pues dicha materia se encuentra regulada en el Reglamento de Servicio para Jefes y Oficiales de Orden y Seguridad de Carabineros N° 7, aprobado por Decreto N° 639, de 1968 del Ministerio del Interior. Acompaña copia de la Orden General N° 931/1993 que aprobó el manual de búsqueda, recopilación y remisión de información policial (este manual es reservado, pues, según se pudo averiguar, da cuenta de cómo Carabineros obtiene información de valor policial).

i) En lo que dice relación con la protección de la honra y dignidad de las personas, Carabineros da estricto cumplimiento a dicha normativa, existiendo los mecanismos legales para que quien estime que sus derechos han sido vulnerados, solicite las acciones legales o administrativas que considere procedentes, sin perjuicio de que en el caso algunas de dichas acciones podrían a la fecha encontrarse prescritas.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en conformidad con los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, toda persona tiene el derecho de acceder a la información de los órganos de la Administración del Estado señalada en dichas disposiciones.

2) Que este Consejo, según el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, tiene la atribución de resguardar el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada por parte de los órganos de la Administración del Estado.

3) Que, en la especie, el reclamante ha requerido a Carabineros que se indique cómo fue obtenida información que, en virtud de los antecedentes tenidos a la vista, es indiscutiblemente reservada por su calidad de datos sensibles referidos a la salud síquica del reclamante, en conformidad con la Ley N° 19.628, artículo 2°, letra g (“Datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual”).

4) Que la Institución reclamada, tanto en su respuesta como en los descargos, ha mantenido que no existe la información requerida, esto es, cómo se obtuvieron los datos sensibles y las personas que los habrían proporcionado y recibido. Se ha señalado que lo pedido no consta en ningún documento, salvo en lo que se refiere al Oficio Res. N° 159/2008. En dicho oficio, el Comisario de la Tercera Comisaría de Chile Chico, informa a la Prefectura de Aysén N° 27 de una posible incompatibilidad del reclamante para desempeñarse en su cargo debido a su estado de salud.

5) Que para resolver esta controversia conviene clarificar, primero, si la solicitud presentada es una de acceso a la información —que cae en la órbita de la Ley de Transparencia— o, más bien, es un habeas data —regido por la Ley N° 19.628— y, si es lo segundo, si este Consejo es competente para pronunciarse acerca de él.

6) Que el artículo 10 de la Ley N° 19.628 establece que: “No pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares”. La voz tratamiento es definida por la Ley en su artículo segundo, letra o), como: “(…) cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal, o utilizarlos en cualquier otra forma”.

7) Que, por su parte, el artículo 12 de la Ley N° 19.628 establece que uno de los derechos del titular de los datos personales es exigir a quien sea responsable de un banco que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre los datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente. Este derecho es también conocido como derecho de acceso a la información del titular de datos personales y se comprende dentro del habeas data.

8) Que el artículo 16 dispone que: “Si el responsable del registro o banco de datos no se pronunciare sobre la solicitud del requirente dentro de dos días hábiles, o la denegare por una causa distinta de la seguridad de la Nación o el interés nacional, el titular de los datos tendrá derecho a recurrir al juez de letras en lo civil del domicilio del responsable, que se encuentre de turno según las reglas correspondientes, solicitando amparo a los derechos consagrados en el artículo precedente”. En la misma disposición, se regula el procedimiento de acuerdo al cual debe tramitarse la reclamación por infracción a los derechos que consagra la Ley N° 19.628.

9) Que, analizada la legislación y los antecedentes del presente amparo este Consejo estima que, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Nº 19.628, la solicitud que se ha individualizado en la parte expositiva de esta decisión en el numeral 1), letra a), puede ser amparada por la Ley de Transparencia en los términos que ésta establece, esto es, sólo en cuanto el reclamante requirió acceder a uno o más documentos que den cuenta de la obtención de sus datos personales por parte de Carabineros de Chile.

10) Que, sin embargo, atendido que Carabineros de Chile expresamente ha señalado en su respuesta y en sus descargos que no existe documento alguno que sustente la obtención de los datos personales del reclamante, este Consejo deberá rechazar el presente amparo aplicando el criterio ya acordado en la decisión recaída en el amparo Rol C533-09, de 6 de abril de 2010, cuyo considerando 11°, dispone que: “…este Consejo estima que la información cuya entrega puede ordenar debe contenerse ‘en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos’ o en un ‘formato o soporte’ determinado, según reza el inc. 2º del art. 10 de la Ley de Transparencia, no pudiendo requerirse la entrega de información que sólo está en la mente de la autoridad. En este último caso la solicitud no está cubierta por dicha Ley sino que pasa a ser una manifestación del legítimo ejercicio del derecho de petición —establecido en el art. 19 N° 14 de la Carta Fundamental—, a tramitarse según las normas legales específicas que puedan existir o, en su defecto, según las disposiciones de la ya citada Ley Nº 19.880, de 2003, atendido su valor supletorio” (lo destacado es nuestro).

11) Que, no obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, encarga a este Consejo “velar por el adecuado cumplimiento de la ley Nº 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado”, se representará a Carabineros de Chile que, en conformidad con los antecedentes tenidos a la vista para la resolución de este caso, en particular la copia del Oficio N° 158/2008 proporcionada por el reclamante, se ha cometido una infracción grave a la Ley N° 19.628, de 1999, sobre protección a la vida privada, debido a que sin contar con la autorización del reclamante y careciendo de competencias legales para ello, la institución realizó un tratamiento de datos sensibles de titularidad de aquél, situación que contraviene lo establecido en el art. 10 de dicha Ley y que no debe reiterarse.

12) Que, finalmente, las otras dos peticiones del reclamante deberán rechazarse pues no se encuentran amparadas por la Ley de Transparencia ya que, conforme lo expuesto en el considerando 10º, no se enmarcan en el ya citado inc. 2º del art. 10 de dicha Ley, sin perjuicio de lo cual corresponden a solicitudes formuladas en ejercicio del derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución, y que deben tramitarse en conformidad con los procedimientos administrativos especiales que sean aplicables o, en su defecto, por la Ley N° 19.880, de 2003, que establece las bases de los procedimientos administrativos.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Marqués Riquelme Sánchez en contra de Carabineros de Chile, por las consideraciones ya señaladas en esta decisión.

II. Representar a Carabineros de Chile, según se ha indicado en el considerando 11° de esta decisión, que se han vulnerado en forma grave las disposiciones de la Ley N° 19.628, de 1999, sobre protección a la vida privada, en cuanto a los derechos que dicha norma otorga al reclamante, en calidad de titular de sus datos personales.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Marqués Riquelme Sánchez y al General Director de Carabineros de Chile.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente, don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don Juan Pablo Olmedo Bustos. El Consejero don Roberto Guerrero Valenzuela no firma la decisión por encontrarse fuera del país al momento de la firma. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.