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Andrés León Cabrera con COMISIÓN CHILENA DEL COBRE (COCHILCO) Rol: C3732-18

Consejo para la Transparencia, 20/12/2018

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), ordenando la entrega de copia de la auditoría realizada a la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), durante el año 2015, relativa a los contratos de maquila de minerales, debiendo tarjar referencias a plantas y empresas diferentes a ENAMI, al tratarse de información de naturaleza comercial de esta última. Lo anterior, por haberse desestimado en gran parte la concurrencia de la causal de afectación de los derechos económicos y comerciales de la empresa antes indicada, al no acreditarse suficientemente.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Industria (Productividad)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Reclamaciones contra esta decisión (Ver estado procesal):



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3732-18

Entidad pública: Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO).

Requirente: Andrés León Cabrera.

Ingreso Consejo: 14.08.2018.

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), ordenando la entrega de copia de la auditoría realizada a la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), durante el año 2015, relativa a los contratos de maquila de minerales, debiendo tarjar referencias a plantas y empresas diferentes a ENAMI, al tratarse de información de naturaleza comercial de esta última.

Lo anterior, por haberse desestimado en gran parte la concurrencia de la causal de afectación de los derechos económicos y comerciales de la empresa antes indicada, al no acreditarse suficientemente.

En sesión ordinaria N° 951 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de diciembre de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C3732-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 26 de julio de 2018, don Andrés León Cabrera solicitó a la Comisión Chilena del Cobre -COCHILCO-, la siguiente información: "copia de la Auditoría a los Contratos de Maquila de Minerales en Enami 2015".

2) RESPUESTA: Mediante resolución N° 076, de 9 de agosto de 2018, el órgano en síntesis, denegó la información requerida por la oposición deducida por el órgano a la luz del artículo 20 de la Ley de Transparencia.

Además, alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 1° transitorio de la misma ley, y el artículo 2° inciso final del DL N° 1349, que establece que los antecedentes e informaciones que las empresas productoras están obligadas a proporcionar a la Comisión Chilena del Cobre, tienen el carácter de confidenciales y el personal de la Comisión está obligado a guardar estricta reserva sobre ellas. En este sentido, se vería afectado el bien jurídico protegido "derechos de las personas", en cuanto ENAMI, posee derechos que pueden ser violentados por la publicidad de los actos de la administración, a saber, las auditorías realizadas por esta Comisión Chilena del Cobre.

3) OPOSICIÓN DEL TERCERO INTERESADO: Por medio de carta de 31 de julio de 2018, la Empresa Nacional de Minería -ENAMI-, se opuso a la entrega de la auditoría, alegando en resumen, lo siguiente:

a) ENAMI se encuentra obligada sólo a las exigencias de transparencia activa dispuestas en el artículo décimo transitorio de la Ley de la Transparencia, no resultándole aplicable las normas de transparencia pasiva.

La información de la cual la empresa dispone y es titular, no es de aquella que emana de un órgano de la Administración del Estado señalado en el artículo 2°, inciso primero, de la Ley de la Transparencia, por lo que a la empresa no podría aplicársele la presunción contenida en el artículo 5° de la misma ley.

b) La auditoría requerida contiene información privada de la empresa, cuya publicación afectaría los derechos comerciales de la empresa. Se hace presente el nivel de acuciosidad de las investigaciones de COCHILCO, que significa recabar información de los contratos de la Empresa con terceros; las directrices y condiciones imperantes al momento de materializar esas contrataciones; evaluación financiera de las personas prestadoras de servicios contratadas; precios de transacción; y, toda otra consideración de interés, materias todas que por su naturaleza y nivel de detalle no están a disposición del público y respecto de las cuales ENAMI adopta los resguardos necesarios para preservar su calidad de secreto. Existe también una obligación de confidencialidad de ENAMI con terceros contratantes de resguardar los acuerdos comerciales.

c) Las terceras personas con las cuales la Empresa mantuvo contratos de maquila, incorporados a la auditoría de COCHILCO ahora solicitada, no han sido notificadas sobre este requerimiento de información.

4) AMPARO: El 14 de agosto de 2018, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre, mediante oficio N° E6860, de fecha 9 de septiembre de 2018, requiriendo que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero.

Posteriormente, por medio de oficio N° 642, de 28 de septiembre de 2018, el servicio reiterando lo expuesto en su respuesta, agregó en síntesis, lo siguiente:

a) La información requerida en principio sería pública, de acuerdo al artículo 5°, de la Ley de Transparencia.

b) Refiere que la entrega de lo solicitado, afectaría también derechos comerciales de ENAMI, por cuanto lo solicitado constituye información que puede afectar la competitividad de la empresa en el mercado, toda vez que se trata de información cuyo secreto le reporta beneficios en el mercado en que se desenvuelve. La competencia podría acceder a información esencial del negocio de aquella.

Si ENAMI se viera obligada a poner a disposición del público todos los antecedentes de sus negocios, perdería competitividad, al igual que si las estructuras de sus costos y ganancias fueran públicas, se podría conocer el riesgo que significa cada transacción, dejando de ser sostenible como negocio lucrativo en el tiempo.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo al tercero involucrado, esto es, a la Empresa Nacional de Minería -ENAMI-, mediante oficio N° E6882, de 10 de septiembre de 2018.

Luego, por medio de oficio N° 128, de 1 de octubre de 2018, la empresa señaló en síntesis, lo que sigue:

a) Del amparo del requirente se infiere que no cumple con lo exigido en el inciso 2° del artículo 24 de la Ley de Transparencia. No se indica la infracción cometida ni lo hechos que la configuran.

b) En cuanto al fondo, reiterando lo señalado en su oposición, agregó en resumen, lo siguiente:

i. Respecto a la auditoría requerida, ella corresponde a antecedentes del ejercicio propio de la actividad empresarial de ENAMI sujeta al derecho común, es decir, información propia que se encuentra protegida por la privacidad de la Empresa, que no por el hecho de haber sido conocida por la Comisión Chilena del Cobre en función de facultades propias de su actuar, pierde su calidad o naturaleza de información privada, condición que no se pierde, tampoco, por la circunstancia de encontrarse contenida en el informe de auditoría de esa entidad.

ii. La facultad y actividad fiscalizadora de COCHILCO, respecto de la acción empresarial que ENAMI desarrolla, se encuentra acotada a lo dispuesto en los artículos 2, letra m) y 11 del decreto ley 1.349, del año 1976, que crea COCHILCO, cuestión que representa el conocimiento de antecedentes de carácter estratégico y sensibles para la competitividad de ENAMI.

iii. Las terceras personas con las cuales la Empresa mantuvo contratos de maquila, incorporados a la auditoría de COCHILCO ahora solicitada, no han sido notificadas de este requerimiento.

7) GESTIÓN OFICIOSA: Mediante correo electrónico de 28 de noviembre de 2018, este Consejo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley de Transparencia, solicitó al órgano el envío de la información anotada en el numeral 1°, de lo expositivo, para tenerla a la vista, la cual fue enviada en la misma fecha, por medio de correo electrónico, bajo las reservas respectivas.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega del informe de auditoría singularizado en el numeral 1°, de lo expositivo, el que fue denegado por la causal de reserva del artículo 21 N° 2 y N° 5, de la Ley de Transparencia.

2) Que, previo a resolver el fondo del asunto, se debe indicar que el tercero efectuó alegaciones de carácter formal, las que se revisarán a continuación. La primera dice relación con que el amparo no cumpliría con lo exigido en el inciso 2° del artículo 24 de la Ley de Transparencia. Al efecto, se debe señalar que esta alegación debe ser desestimada por cuanto el reclamante al momento de interponer amparo a su derecho de acceso a la información, manifiesta en el formulario puesto a su disposición para este efecto, que la infracción cometida y los hechos que la configuran están constituidos por la respuesta negativa a la solicitud de información, esto es, que su petición fue denegada. Asimismo acompaña a dicho formulario los documentos fundantes del mismo, esto es, la solicitud de información y la respuesta conferida por el órgano.

3) Que, asimismo, el tercero alegó que en su calidad de empresa pública, sólo le resulta aplicable la Ley de Transparencia en lo que dice relación con obligaciones de transparencia activa establecidas en el artículo décimo transitorio. Sin embargo, en el presente caso, el órgano requerido de información es la Comisión Chilena del Cobre, a quien se le solicitó a su vez copia de una auditoría realizada a ENAMI, empresa que para estos efectos constituye únicamente un tercero. En otras palabras, la empresa en comento es parte de este procedimiento en calidad de tercero involucrado de conformidad a los artículos 20 y 25 de la Ley de Transparencia, y no por haber recibido una solicitud de información en los términos del artículo 12 de la citada ley, situación que no ha ocurrido en la especie. Por lo tanto, la controversia planteada será desestimada al no tener sustento fáctico.

4) Que, respecto a la alegación consistente en una falta de notificación de las empresas con las cuales ENAMI celebró contratos incorporados a la auditoría solicitada, se debe tener presente que el artículo 20 de la Ley de Transparencia, dispone que: "Cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad (...), deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados". En tal sentido, teniendo a la vista este Consejo la auditoría objeto de este amparo, se colige que aquella no contiene información cuya publicidad pueda afectar a dichos terceros, razón por la cual, no resulta necesaria su notificación. En este caso, el informe si bien dice relación con los contratos celebrados por ENAMI, fiscaliza la forma en que esta empresa administra sus propios contratos. A su vez, siendo COCHILCO el órgano que confeccionó el informe solicitado, de advertir dicha afectación, hubiera lógicamente conferido los respectivos traslados, lo cual no ocurrió, por cuanto al tratarse de un informe que dice relación sólo con una empresa -ENAMI-, el servicio reclamado en cumplimiento del referido artículo 20, le confirió traslado a la empresa auditada y por lo tanto interesada en este procedimiento para que ejerciera sus respectivos derechos. Por lo anterior, la alegación planteada será desestimada.

5) Que, en cuanto al fondo del asunto, en primer lugar se debe señalar que las auditorías -como la requerida en este amparo-, son de carácter público, puesto que el artículo 8°, inciso 2° de la Constitución Política de la República, dispone expresamente que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen", declaración constitucional que constituye la base del artículo 10 inciso 2°, de la Ley de Transparencia, que dispone que el acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga. En este caso, se trata de una auditoría confeccionada con presupuesto público, siendo en consecuencia un documento público, sin perjuicio de las causales de reserva que puedan concurrir en la especie.

6) Que, en lo que atañe a la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, es menester recordar que este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse copulativamente para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo).

7) Que, en este orden de ideas, se debe aclarar que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva. Luego, teniendo aquello presente, en la especie, no se ha acreditado con suficiente especificidad cómo el conocimiento de lo solicitado puede afectar el desenvolvimiento competitivo de la empresa. En efecto, en sus alegaciones, tanto el tercero como el órgano, indicaron que se trataría de información privada con gran nivel de detalle que se especifica: "directrices y condiciones imperantes al momento de materializar esas contrataciones; evaluación financiera de las personas prestadoras de servicios contratadas; precios de transacción; y, toda otra consideración de interés", el que además contaría con información esencial, agregándose que "si ENAMI se viera obligada a poner a disposición del público todos los antecedentes de sus negocios, perdería competitividad, al igual que si las estructuras de sus costos y ganancias fueran públicas, se podría conocer el riesgo que significa cada transacción, dejando de ser sostenible como negocio lucrativo en el tiempo". Con todo, del análisis del documento solicitado, en gran parte no se advierte información de carácter comercial o económico cuyo conocimiento pueda afectar los derechos del tercero. En tal sentido, no se logra apreciar la existencia de evaluación financiera de las personas prestadoras de servicios contratadas, precios de transacción, estructura de costos y ganancias, no resultando por lo tanto efectivo lo alegado en esta parte. Es más, en el informe, COCHILCO deja constancia que: "este alcance se encuentra limitado debido a que ENAMI no nos proporcionó, durante el desarrollo de la presente auditoría, la totalidad de la información requerida, específicamente la relacionada con las evaluaciones a empresas maquiladoras (...), datos de la recuperación metalúrgica de las Plantas de ENAMI e informes de niveles de producción de planta estándar, antecedentes que sirven de base, entre otros, para establecer parámetros en los contratos de maquila". De aquello se desprende que, con excepción de lo que se dirá en el considerando 11 del presente acuerdo, mal puede contener el informe información de naturaleza comercial sensible si aquella no fue acompañada para su análisis.

8) Que, la auditoría consta de 41 páginas, la cual en su gran parte contiene observaciones y recomendaciones realizadas por COCHILCO del actuar de su fiscalizado. En efecto, para graficar lo anterior, se debe indicar que el órgano en su informe expuso 10 observaciones a ENAMI, de cuya lectura se advierte que abarca aspectos funcionales más que comerciales o económicos, así por ejemplo, en la observación número 1), se indica lo siguiente: "Ausencia de un marco normativo específico para la suscripción y administración de contratos de maquila"; por su parte, la observación N° 7, sostiene: "Falta de control en el proceso de recepción y muestreo de minerales en plantas maquiladoras de terceros. Como es de apreciar, en el documento solicitado no se pormenoriza en general información sensible, a lo cual se debe sumar el hecho que en la especie no se ha acreditado cómo la entrega de la información de lo requerido puede afectar derechos económicos o comerciales, sosteniendo el tercero argumentos generales los que además fueron desestimados precedentemente. En este caso, es necesario que la empresa estatal, acredite frente a esta solicitud de información, entre otras cosas, y en forma específica, cómo la entrega de lo requerido puede conferir una ventaja competitiva a la competencia, lo que al tenor de los antecedentes tenidos a la vista, no se ha producido.

9) Que, a mayor abundamiento, en donde sí se advierten especificaciones económicas o comerciales de ENAMI es en su misma web institucional en donde se puede acceder a sus memorias y estados financieros, tarifas vigentes y tarifas históricas expresadas en forma específica: https://www.enami.cl/Transparente#marco, información que no existe con ese nivel de exposición y detalle en el documento solicitado. En este sentido, resultaría contradictorio reservar información como la requerida, teniendo a la vista la gran cantidad de antecedentes económicos publicados por parte del tercero. Por lo tanto, a juicio de este Consejo, luego de analizar la información pedida, se puede concluir que el conocimiento público del referido informe de auditoría no tienen la entidad suficiente para afectar el desenvolvimiento competitivo de la empresa al no contener en gran parte información sensible para aquella.

10) Que, en otro orden de ideas, respecto a la alegación de la aplicación del inciso final del artículo 2° del D.L. N° 1.349, de 1976, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, efectuada por la reclamada, cabe señalar que este Consejo ha sostenido reiteradamente que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Pues bien, respecto de este último requisito, según ha argumentado el organismo requerido, se pretende proteger los derechos económicos y comerciales de la empresa en cuestión; sin embargo, en la especie, como quedó de manifiesto precedentemente, no se acreditó afectación en dichos términos, razón por la cual, no puede tenerse por configurada la causal de reserva alegada en esta parte.

11) Que, en mérito de lo expuesto en los considerandos precedentes, este Consejo acogerá parcialmente el presente amparo, ordenándose la entrega de la auditoría singularizada en el numeral 1°, de lo expositivo, sin perjuicio de lo cual, de manera precautoria y en aplicación del artículo 33 letra j), de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 21 N° 2, de misma ley, se deberá tarjar toda referencia a empresas y plantas indicadas en la auditoría requerida, diferentes a ENAMI, en tanto se trata de información de naturaleza comercial de esta última, ya que aquella puede determinar su posición de competencia en el mercado.

12) Que, sin perjuicio de lo anterior, se debe tener presente que el hecho que se haya desestimado en gran parte la causal de reserva alegada sobre la auditoría objeto de este amparo, aquello no implica que esta decisión se aplique al resto de las auditorías de COCHILCO. En tal sentido, nada obsta a que respecto a otros documentos o informes de auditoría del órgano -no requeridos en este amparo- puedan configurarse eventualmente algunas de las causales de reserva consagradas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Andrés León Cabrera en contra de la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), conforme a los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre, que:

a) Entregue al solicitante la información, anotada en el numeral 1°, de lo expositivo, consistente en copia de la auditoría a los Contratos de Maquila de Minerales en Enami 2015, debiendo tarjar toda referencia a empresas y plantas indicadas en la auditoría requerida, diferentes a ENAMI.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo al Sr. Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre, a don Andrés León Cabrera y al Sr. Vicepresidente Ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería, en su calidad de tercero interesado.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Consejera doña Gloria de la Fuente González y sus Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.