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Carlos Ruiz-Tagle García-Huidobro con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C178-10

Consejo para la Transparencia, 15/07/2010

Se dedujo amparo en contra de la PDI, fundado en que no habría recibido respuesta a sus requerimientos sobre copia de la declaración que éste presentó el 5 de enero de 2010 ante la Subcomisario de la BRIDEC, en el contexto de una denuncia que el mismo reclamante formuló por una posible malversación de caudales públicos u otros delitos relativos al proyecto “Construcción Diseño Viviendas Comité La Estrella de San Bernardo, Villorrio”. El Consejo acoge el amparo y señaló que se reconoce la autonomía del Ministerio Público para conducir las investigaciones criminales y decretar el secreto de éstas o de ciertas piezas de ellas en orden a no entorpecerlas, no obstante, en este caso en particular no se aprecia cómo el conocimiento del contenido de su declaración, prestada por el denunciante, puede atentar contra el éxito de la investigación, asimismo, en este caso se puede apreciar que el reclamante está haciendo uso del habeas data, traducido en el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o cancelación sobre los datos de carácter personal que obren en poder de un tercero. por lo que el reclamante, puede acceder al contenido de la declaración que prestó ante la PDI como denunciante, en el marco de una investigación criminal.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente


Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:


Decisiones o sentencias citadas en documento:


Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)
  • Roberto Guerrero Valenzuela (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C178-10

Entidad pública: Policía de Investigaciones - PDI

Requirente: Carlos Ruiz-Tagle García-Huidobro

Ingreso Consejo: 24.03.2010

En sesión ordinaria N° 166 de su Consejo Directivo, celebrada el 15 de julio de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C178-10.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Carlos Ruiz-Tagle García-Huidobro el 19 de febrero de 2010, solicitó a la Policía de Investigaciones (en adelante también PDI) copia de la declaración que éste presentó el 5 de enero de 2010 ante la Subcomisario de la BRIDEC, en el contexto de una denuncia que el mismo reclamante formuló por una posible malversación de caudales públicos u otros delitos relativos al proyecto “Construcción Diseño Viviendas Comité La Estrella de San Bernardo, Villorrio”. En su solicitud, si bien consigna su domicilio, señala que solicita ser notificado a su correo electrónico para retirar personalmente lo requerido.

2) RESPUESTA: La PDI no respondió dicho requerimiento dentro del plazo establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, ni comunicó prórroga de éste de acuerdo a lo prescrito en el inciso 2° de dicha norma.

3) AMPARO: Don Carlos Ruiz-Tagle García-Huidobro dedujo amparo a su derecho de acceso a la información el 24 de marzo de 2010 en contra de la PDI, fundado en que no habría recibido respuesta a sus requerimientos dentro del plazo legal, que vencía el 19 de marzo del presente.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo, acordó admitir a tramitación este amparo trasladándolo, mediante Oficio N° 695, de 19 de abril de 2010, al Director General de la PDI, solicitándole, en particular, que se refiriera a las razones por las cuales la solicitud de información no fue respondida oportunamente. Mediante Ordinario N° 103, de 6 de mayo de 2010, de la Jefatura Jurídica de la PDI, se presentaron sus descargos, señalando principalmente lo siguiente:

a) La solicitud de información no ingresó mediante el Sistema de Gestión de Solicitudes sino que a través de una carta dirigida al Director General de la PDI. Éste dispuso que el Jefe Nacional de Delitos Económicos respondiera al solicitante, por cuanto éste es denunciante en la causa RUC N° 0900496217, por el delito de falsificación o uso malicioso de caudales públicos, cuya orden de investigar la mantiene la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana, de ahí que le respondiera el superior jerárquico de dicha unidad policial.

b) En la respuesta que se le envió al requirente, se le informa que el Fiscal del Ministerio Público, a cargo de las indagaciones de la causa individualizada precedentemente, ordenó que toda copia de la misma fuera solicitada a él. Dicha respuesta fue enviada a la dirección indicada por el solicitante, a través de Correos de Chile, y fue devuelta con “plazo vencido” porque no se pudo ubicar el domicilio, por lo que la inexactitud del domicilio no es responsabilidad de la Institución.

c) Los antecedentes requeridos pertenecen a una causa criminal que está siendo investigada actualmente por el Ministerio Público, circunstancia que es conocida por el solicitante. En ese sentido, el artículo 182 en su inciso 2° del Código Procesal Penal que establece que “El imputado y los demás intervinientes en el procedimiento podrán examinar y obtener copias, a su cargo, de los registros y documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial”, razón por la cual la PDI no puede entregar copias de antecedentes contenidos en la carpeta investigativa policial, por expresa disposición legal, debiendo solicitarla al Ministerio Público, conforme a las reglas dispuestas por el Código Procesal Penal.

d) Todo lo anterior siempre se le ha informado al reclamante, puesto que habitualmente concurre a las dependencias de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana e inclusive presentó anteriormente reclamos ante el Consejo para la Transparencia, todos los cuales fueron rechazados.

e) Solicita rechazar el amparo interpuesto por cuanto, a pesar de no haber ingresado como solicitud de acceso a la información pública, por tratarse de una investigación criminal actualmente en tramitación, conforme a las reglas del Código Procesal Penal, debiéndose obtener la copia de la investigación desde el Ministerio Público. Agrega que la carta fue respondida oportunamente el 02.03.10, sin embargo, dada la inexactitud del domicilio informado, la carta fue devuelta al remitente.

f) Adjunta copia de carta de 02.03.2010, dirigida al reclamante y copia del sobre, despachado con fecha 04.03.2010 y devuelto el 19.04.2010 a la PDI.

5) ACOMPAÑA ANTECEDENTES: El 23 de abril de 2010 el reclamante acompañó los siguientes documentos al presente amparo:

a) Copia de su presentación para la declaración ante la PDI de 05.01.10.

b) Copia de correo electrónico de 29.12.09, de la Subcomisario de la BRIDEC, dirigido al reclamante, confirmando la entrevista con éste para el día 05.01.10.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en este caso, el amparo se funda en que el requirente no habría recibido respuesta a su requerimiento dentro del plazo establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia. Por su parte, la reclamada señala que esto se debió a la inexactitud del domicilio consignado para estos efectos, no obstante el reclamante señaló de manera específica ser notificado al correo electrónico señalado en su solicitud. A este respecto, cabe señalar que el artículo 17 de la Ley de Transparencia establece que la información solicitada se entregará por el medio que el requirente haya señalado, por lo que, en el caso que nos ocupa, se debió haber enviado dicha notificación al correo electrónico consignado al efecto, no siendo imputable al requirente que la notificación a su correo postal haya sido fallida.

2) Que en cuanto a la alegación realizada respecto que, en virtud de lo establecido en el inciso 2° del artículo 182 del Código Procesal Penal, es el Ministerio Público el competente para responder el requerimiento realizado, debe hacerse presente que el artículo 13 de la Ley de Transparencia establece que en caso que el órgano requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla, informando de ello al peticionario, lo que en la especie no consta haber ocurrido.

3) Que, en este caso, la PDI, no obstante ser el órgano requerido y disponer de la declaración pedida, ha estimado que el competente para conocer de la referida solicitud es el Ministerio Público, en virtud de lo dispuesto por el art. 182 del Código Procesal Penal, que establece el secreto de las actuaciones de la investigación, de la siguiente manera: “Las actuaciones de investigación realizadas por el ministerio público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento. / El imputado y los demás intervinientes en el procedimiento podrán examinar y obtener copias, a su cargo, de los registros y documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial. / El fiscal podrá disponer que determinadas actuaciones, registros o documentos sean mantenidas en secreto respecto del imputado o de los demás intervinientes, cuando lo considerare necesario para la eficacia de la investigación. En tal caso deberá identificar las piezas o actuaciones respectivas, de modo que no se vulnere la reserva y fijar un plazo no superior a cuarenta días para la mantención del secreto. / El imputado o cualquier otro interviniente podrá solicitar del juez de garantía que ponga término al secreto o que lo limite, en cuanto a su duración, a las piezas o actuaciones abarcadas por él, o a las personas a quienes afectare. / Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, no se podrá decretar el secreto sobre la declaración del imputado o cualquier otra actuación en que hubiere intervenido o tenido derecho a intervenir, las actuaciones en las que participare el tribunal, ni los informes evacuados por peritos, respecto del propio imputado o de su defensor. / Los funcionarios que hubieren participado en la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tuvieren conocimiento de las actuaciones de la investigación estarán obligados a guardar secreto respecto de ellas” (lo destacado es nuestro)

4) Que, tal como lo ha señalado previamente este Consejo –ver, por ejemplo decisión recaída en el amparo rol C460-09– la norma contenida en el citado artículo 182 del Código Procesal Penal tiene rango de quórum calificado, para los efectos de la Ley de Transparencia, refiriéndose ésta a las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y de la policía.

5) Que es pertinente indicar que en el mismo amparo C460-09, este Consejo resolvió, en lo pertinente, que “se considera que la divulgación de las comunicaciones entre la citada Superintendencia y el Ministerio Público, respecto de la participación de la primera sea como denunciante o como órgano pericial y cualquiera sea el estado de las investigaciones llevadas a cabo por las fiscalías, en trámite o afinadas, podría suponer, en caso de las aún en trámite, la afectación del secreto de las actuaciones del sumario, conforme al artículo 182 del Código Procesal Penal -sin perjuicio de lo dicho en el inciso 5° de dicha norma- en relación con el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, sino que, además, afectar el debido cumplimiento de las labores tanto de la Superintendencia como del Ministerio Público, toda vez que el primero podría inhibirse de realizar auditorías destinadas a denunciar quiebras culpables o fraudulentas o de cooperar activamente con el Ministerio Público, y este último podría ver, con ello, afectado el éxito de las investigaciones que desarrolle al efecto. Por tal razón, en esta parte, se deberá rechazar el amparo, según se concluirá en lo resolutivo” (Considerando 12°).

6) Que, teniendo presente lo anterior, cabe determinar si a pesar de existir una investigación penal en curso desarrollada por el Ministerio Público –cuyo estado actual, en todo caso, no se ha acreditado– le corresponde a la PDI el deber de proporcionar directamente información que se refiera a dicha investigación y que obre en su poder.

7) Que este Consejo reconoce la autonomía del Ministerio Público para conducir las investigaciones criminales y decretar el secreto de éstas o de ciertas piezas de ellas en orden a no entorpecerlas, no obstante, en este caso en particular no se aprecia cómo el conocimiento del contenido de su declaración, prestada por el denunciante, puede atentar contra el éxito de la investigación.

8) Que, asimismo, en este caso se puede apreciar que el reclamante está haciendo uso del habeas data, traducido en el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o cancelación sobre los datos de carácter personal que obren en poder de un tercero. Así, el artículo 12 de la Ley N° 19.628 establece que uno de los derechos del titular de los datos personales es exigir a quien sea responsable de un banco, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre los datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente. Este derecho es también conocido como derecho de acceso e información del titular de datos personales y se comprende dentro del habeas data.

9) Que, según ya ha resuelto este Consejo en su decisión C134-10, de 29.06.2010, el reclamante, tanto en ejercicio del derecho de acceso a la información pública, como en ejercicio del habeas data, puede acceder al contenido de la declaración que prestó ante la PDI como denunciante, en el marco de una investigación criminal.

10) Que, por otra parte, dicha declaración obra en poder del órgano requerido, por lo tanto es éste el competente para pronunciarse acerca de la procedencia o no de entregar la información pública solicitada, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 16 de la Ley de Transparencia y no cabe, entonces, su derivación al Ministerio Público, en este caso.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I) Acoger el reclamo de don Carlos Ruiz-Tagle García-Huidobro en contra de la Policía de Investigaciones, por los fundamentos señalados precedentemente y requerir al Director General de dicha Institución que entregue al reclamante copia de su declaración prestada ante dicha Institución.

II) Requerir al Director General de Policía de Investigaciones:

a) Cumplir el presente requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

b) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III) Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a don Carlos Ruiz-Tagle García-Huidobro y al Director General de Policía de Investigaciones.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don Juan Pablo Olmedo Bustos. El Consejero don Roberto Guerrero Valenzuela no concurre al presenta acuerdo por encontrarse ausente. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.