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Javier Morales con ARMADA DE CHILE Rol: C4885-18 / C4887-18

Consejo para la Transparencia, 24/01/2019

Se acoge los amparos deducidos en contra de la Armada de Chile, ordenando la entrega del detalle de los viajes realizados por el Comandante en Jefe de la Armada Julio Leiva durante su periodo, además de los viajes efectuados por todos los Vicealmirantes, indicando fechas de cada viaje, costos de pasajes, costo de estadías, monto de cada viático, y gastos de representación. Lo anterior, por cuanto no se configuran las causales de secreto o reserva alegadas, relativas a la afectación del cumplimiento de las funciones del órgano, la Seguridad de la Nación o la Defensa Nacional.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Defensa
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Ausente)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPAROS ROLES C4885-18 y C4887-18

Entidad pública: Armada de Chile

Requirente: Javier Morales

Ingreso Consejo: 11.10.2018

RESUMEN

Se acoge los amparos deducidos en contra de la Armada de Chile, ordenando la entrega del detalle de los viajes realizados por el Comandante en Jefe de la Armada Julio Leiva durante su periodo, además de los viajes efectuados por todos los Vicealmirantes, indicando fechas de cada viaje, costos de pasajes, costo de estadías, monto de cada viático, y gastos de representación.

Lo anterior, por cuanto no se configuran las causales de secreto o reserva alegadas, relativas a la afectación del cumplimiento de las funciones del órgano, la Seguridad de la Nación o la Defensa Nacional.

Aplica criterio contenido en la decisión de amparo Rol C1180-18.

En sesión ordinaria N° 961 del Consejo Directivo, celebrada el 24 de enero de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información Roles C4885-18 y C4887-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 8 de septiembre de 2018, don Javier Morales solicitó a la Armada de Chile la siguiente información: "detalle de los viajes realizados por el Comandante En Jefe de la Armada Julio Leiva durante su periodo, además de los viajes efectuados por todos los vicealmirantes, pido la información detallada, fechas de cada viaje, costos de pasajes, costo de estadías, monto de cada viático, gastos de representación."

2) RESPUESTA: El 11 de octubre de 2018, la Armada de Chile respondió a dicho requerimiento de información mediante Oficio N° 12900/765 señalando, en síntesis, que:

a) Lo requerido no cumple con los requisitos exigidos por los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, ya que ello implica que la institución deba elaborar un informe con el detalle y la forma solicitada, sin que dicha información se encuentre previamente procesada, lo que correspondería más bien a manifestaciones del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política.

b) Aun cuando se procesara y recopilara la información, elaborando un informe con el detalle solicitado como respuesta al derecho de petición antes expuesto, la Institución se encontraría impedida de entregarlo, toda vez que se trata de información que se enmarca dentro de los planes de empleo y estándares con que operan las FFAA, reserva que se encuentra establecida en el artículo 34 letras a) y b) de la Ley N° 20.424 y el artículo 436 del Código de Justicia Militar, ambos en relación al artículo 21 N° 1, 3 y 4 de la Ley de Transparencia, señalando que las actividades del Alto Mando Naval, no sólo dicen relación con actividades de tipo protocolar, sino que principalmente, con aspectos propios vinculados a su función, el manejo adecuado de la Institución con el objeto de lograr el estándar y empleo de las FFAA, como asimismo, las relaciones militares internacionales. Con todo, acceder a lo solicitado implicaría transgredir normativa explícita concerniente al Interés y Seguridad Nacional.

3) AMPAROS: El 11 de octubre de 2018, don Javier Morales dedujo los amparos Roles C4885-18 y C4887-18 a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación los amparos mencionados, trasladándolos al Sr. Comandante En Jefe de la Armada de Chile, mediante Oficio N° E9247 de 18 de noviembre de 2018.

El órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones por medio de Oficio N° 12900/92 de 4 de diciembre de 2018, señalando, en síntesis que:

a) Lo solicitado por el Sr. Morales, implica que la Institución emita un informe que deje constancia del detalle las fechas de cada viaje, costos de pasajes, costos de estadías, monto de cada viático y gastos de representación del Comandante en Jefe de la Armada y todos sus vicealmirantes, en el ejercicio de sus competencias.

b) Así, resulta indispensable recalcar que la Ley de Transparencia no es una ley que tenga por objeto la emisión de actos administrativos por parte de la Administración del Estado, sino entregar antecedentes o actos administrativos ya existentes. Menos aún, tiene por objeto distraer de las funciones que les son propias, para dedicarse a elaborar informes requeridos por la ciudadanía, salvo que éstos sean requeridos por los canales que establece la ley y por quienes tienen competencia para ello, de conformidad a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República. Por lo anterior, por muy legítima que sea su inquietud, debe estarse a los canales y/o procedimientos establecidos por ley, pero no por la Ley de Transparencia.

c) Conforme a lo expuesto, corresponde declarar inadmisible los amparos o decidir su rechazo, pues la Ley de Transparencia no es la vía legal ni constitucional, para obligar a la Institución para emitir un acto administrativo, que contenga constancia por parte de la Institución de los viajes realizados por el Comandante en Jefe de la Armada y de sus vicealmirantes, con el detalle por fechas de cada viaje, costos de pasajes, costo de estadías, monto de cada viático, gastos de representación, siendo por tanto el Consejo para la Transparencia incompetente para exigirlo.

d) En cuanto al fondo, señala que las actividades del Alto Mando Naval, dicen relación justamente con el mandato del artículo 101 de la Constitución Política de la República, esto es, la Seguridad y Defensa Nacional. Claramente, los viajes que se efectúan al extranjero en el ejercicio de sus funciones, pueden tener distintos objetos directos, como negociaciones de compra de material bélico, relaciones militares internacionales protocolares, cumplimiento o negociaciones de Memorándums de Entendimientos (MOU) con otros ministerios de defensa o instituciones militares de distintos Estados, que dicen relación con capacitación operativa militar, ejercicios navales, estudios o proyectos de inversión institucionales o conjuntos, referidos a capacidades estratégicas, etc. Lo anterior, tiene un solo objetivo, esto es, propender a la Seguridad y Defensa Nacional. Para ello, anualmente se presupuestan los fondos necesarios de manera de dar cumplimiento a sus funciones, y fundamentan en los ítems respectivos, el presupuesto de la Defensa Nacional.

e) El artículo 34 en sus literales a), b) y d) de la Ley N° 20.424, Estatuto Orgánico del Ministerio de la Defensa Nacional, señala que los fundamentos de los actos y resoluciones presupuestarios de la Defensa Nacional, incluidos los que acompañan la Ley de Presupuesto, serán secretos o reservados en todo lo relativo a los planes de empleo de las Fuerzas Armadas y a los estándares en los que operan las mismas, estudios o proyectos de inversión institucionales o conjuntos, referidos a capacidades estratégicas. Se trata de una norma del año 2010, aprobada con quorum calificado, en donde el legislador ha dispuesto expresamente su secreto o reserva, sin que toque a la Institución su vulneración.

f) Adicionalmente, el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, expresa que son documentos secretos aquellos que se relacionan directamente con la Seguridad del Estado, la Defensa Nacional, especificando aquellos relativos a la seguridad de las instituciones y de su personal, lo que se condice con la manifestado anteriormente.

g) A mayor abundamiento, bajo la misma hipótesis también impiden la entrega el artículo 21 N° 1, 3 y 4 de la Ley de Transparencia pues, bajo los mismos considerandos anteriores, su revelación impedirá el debido cumplimiento de su principal función, esto es, la Defensa Nacional, pudiendo incluso afectar las relaciones internacionales en ciertos y determinados casos en que se pretende el manejo adecuado de la Institución con el objeto de lograr el estándar y empleo de las Fuerzas Armadas, como asimismo, las relaciones militares internacionales.

h) Finalmente, alude al número de amparos interpuestos por el solicitante en el período que indica y que no se encontrarían fundados en la mayoría de los casos infringiendo lo dispuesto por el artículo 24 inciso segundo de la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el principio de economía procedimental, establecido en el artículo 9° de la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, exige a estos últimos responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios, por lo tanto, atendiendo al hecho de que, respecto de las solicitudes que han motivado los amparos Roles C4885-18, C4887-18, y existe identidad respecto de la requirente y del órgano requerido, este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto.

2) Que, en el amparo Rol C1180-18 este Consejo se pronunció sobre una solicitud referida a información de la misma naturaleza a la solicitada en la especie razón por la que se seguirá, en lo pertinente, lo razonado en dicho pronunciamiento.

3) Que, en cuanto a las alegaciones referidas a la admisibilidad y competencia para conocer de los presentes amparos, cabe hacer presente que, según lo prescrito en el artículo 33, letra b), de la Ley de Transparencia, corresponde a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad con la Ley de Transparencia. Al efecto, este Consejo procedió a examinar la admisibilidad del reclamo presentado por el requirente, en atención a los requisitos establecidos en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia y los artículos 36 y 46 de su Reglamento.

4) Que, el artículo 10 de la Ley de Transparencia dispone que "El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales" (énfasis agregado). Al efecto se debe hacer presente que, de los propios dichos de la reclamada se desprende que la información requerida debe constar en algún soporte documental de los referidos en las citadas disposiciones legales, ya que, para el evento de darse respuesta a esta solicitud de información, el órgano ha señalado que debería "procesar y recopilar la información" ya que, a su juicio, la información no se encontraría previamente procesada. Sobre la materia, del contexto de lo requerido, se concluye que los datos relativos a los viajes del Alto Mando Naval, con indicación de las fechas y del gasto público que ello irrogare para la Institución, debe necesariamente constar -a lo menos- en los actos administrativos que ordenaron y autorizaron tales viajes, motivo por el cual, este requerimiento corresponde a una solicitud de información que cumple los requisitos prescritos en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, y por tanto, está amparada por dicho cuerpo legal, razones por las que se desestimarán las alegaciones sobre inadmisibilidad e incompetencia planteadas por el órgano respecto del presente reclamo.

5) Que, asimismo, deben desestimarse las alegaciones efectuadas por la reclamada en torno al número de amparos interpuestos por el reclamante y el modo en que ejerce el derecho de acceso a la información, siendo pertinente recordar a la Armada de Chile que de conformidad con principio de la no discriminación consagrado en el artículo 11, letra g) de la Ley de Transparencia "los órganos de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud."

6) Que, establecido lo anterior, en cuanto al fondo, los amparos se fundan en la denegación de la información por parte del órgano, en razón de lo dispuesto en el artículo 34 letras a) y b) de la Ley N° 20.424, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional y el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, ambos en relación con el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. Además, según lo prescrito en el artículo 21 N° 1, 3 y 4 de la Ley de Transparencia.

7) Que, en cuanto a la naturaleza de la información solicitada se debe hacer presente que el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República establece: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional" (énfasis agregado).

8) Que, el artículo 34 letras a) y b) de la Ley N° 20.424, de 2010, del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, prescribe: "Los actos y resoluciones presupuestarios de la defensa nacional son públicos. Los fundamentos de los actos y resoluciones presupuestarios de la defensa nacional, incluidos los que acompañan el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público, serán secretos o reservados en todo lo relativo a: a) Planes de empleo de las Fuerzas Armadas; b) Estándares en los que operan las Fuerzas Armadas (...)". Se debe hacer presente que dicha norma -de fecha posterior a las Leyes N° 20.050 y 20.285- fue aprobada con quórum calificado.

9) Que, precisado lo anterior, procede ponderar el alcance del precitado artículo 34 de la Ley N° 20.424 como motivo de reserva, debiendo adoptarse una interpretación restrictiva de la misma -al tratarse de una limitación de un derecho constitucional-, que delimite su alcance, para de ese modo evitar que se desvirtúe su carácter excepcional como regla de secreto. En efecto, de la revisión de los antecedentes, particularmente la fecha y costo de los viajes realizados por el Alto Mando Naval, durante su periodo a cargo de la institución, -a juicio de esta Corporación- no se concluye que esta información se vincule directamente con los planes de empleo de las Fuerzas Armadas ni los estándares en los que operan.

10) Que, en este mismo sentido, la hipótesis de reserva planteada por la reclamada no resulta aplicable a la información objeto de los presentes amparos, toda vez que la referida norma establece un nuevo esquema con respecto al tratamiento público o reservado del presupuesto y/o ciertas adquisiciones efectuadas por las Fuerzas Armadas, estableciendo con precisión los márgenes de la reserva cuando ésta resulta aplicable. El propósito de la señalada ley, fue introducir normas relativas a la fiscalización de las actividades del sector Defensa, con el objeto de otorgarles una mayor transparencia y control, en el que se otorga al Congreso Nacional amplias facultades para la recepción de esta información en el artículo 35, y se crea un mecanismo de resguardo y reserva de la misma. A su vez, su inciso final precisa qué gastos institucionales de las Fuerzas Armadas resultan secretos, al establecer que: «Asimismo, los gastos institucionales y conjuntos de las Fuerzas Armadas para los efectos de la Ley N° 19.974 (sobre Inteligencia del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia) serán secretos». Por lo expuesto anteriormente, no configurándose ninguna de las hipótesis de reserva mencionadas se desestimará la concurrencia de la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 34 letras a) y b) de la Ley N° 20.424.

11) Que, a su turno, el órgano denegó la entrega de la información solicitada, por aplicación de la causal de secreto del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo prescrito en el artículo 436, numeral 1°, del Código de Justicia Militar. Al efecto, dicha disposición prescribe: "Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros: 1.- Los relativos a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal (...)" (énfasis agregado).

12) Que, este Consejo, a partir de la decisión del amparo rol C45-09, ha establecido que el artículo 436 del Código de Justicia Militar posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, algunos de los cuales menciona a título ejemplar. Ahora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material).

13) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Pues bien, con respecto a la afectación de éstos y para justificar la causal de reserva alegada, la reclamada ha señalado que, en este caso se configura la causal de reserva establecida en el número 5 del artículo 21, en relación con el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Miliar, toda vez que dicha disposición expresa que son documentos secretos aquellos que se relacionan directamente con la Seguridad del Estado, la Defensa Nacional, especificando aquellos relativos a la seguridad de las instituciones y de su personal. En ese sentido, indica que las actividades del Alto Mando Naval, no sólo dicen relación con actividades de tipo protocolar sino principalmente, con aspectos propios vinculados a su función, el manejo adecuado de la Institución con el objeto de lograr el estándar y empleo de las Fuerzas Armadas, como asimismo, las relaciones militares internacionales. En síntesis, los datos solicitados se vincularían con las hipótesis descritas en el Código del ramo.

14) Que, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable, y con la suficiente especificidad que permita justificar la reserva, de modo que no cabe presumirla, sino que debe ser acreditada por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. Sobre el particular, el órgano ha indicado que la información sobre los viajes del Alto Mando Naval requerido, si bien se relacionaría con las funciones y actividades desarrolladas por dichos funcionarios, no ha explicado ni ha acreditado de manera concreta y suficiente, el daño que provocaría la entrega de la información requerida, específicamente en lo relativo a la seguridad del Estado ni la Defensa Nacional. Tampoco ha fundado suficientemente la vinculación existente entre la protección de dichos bienes jurídicos -vía reserva de la información- y la seguridad de la institución ni de su personal. Así, esta Corporación observa que la publicidad de la información sobre viajes realizados por el Alto Mando Naval, durante su período a cargo de la institución, no revelará de modo directo las actividades o funciones estratégicas que pudiere haber desarrollado dicho Alto Mando en cada uno de sus viajes. En ese sentido, con la información requerida respecto de los viajes, no se evidencia de modo directo -y en los términos expuestos por el órgano- si las autoridades realizaron viajes para sostener negociaciones de compra de material bélico, relaciones militares internacionales protocolares, para el cumplimiento o negociaciones de Memorándums de Entendimientos (MOU) con otros ministerios de defensa o instituciones militares de distintos Estados, que digan relación con capacitación operativa militar, ejercicios navales, estudios o proyectos de inversión institucionales o conjuntos, referidos a capacidades estratégicas, entre otros. En este sentido, la publicidad de la información objeto de los amparos en análisis -en los términos requeridos- sólo permitirá conocer los períodos en que se realizaron los viajes y los costos institucionales aparejados (con cargo al presupuesto público). Por lo anteriormente expuesto, este Consejo estima que aparece infundada la alegación sobre afectación de la Seguridad de la Nación y la Defensa Nacional, por lo que tampoco se configura la hipótesis de reserva descrita en el artículo 21 N° 5 del Consejo para la Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar.

15) Que, a mayor abundamiento, el órgano ha alegado que, bajo la misma hipótesis también se configurarían las causales de reserva del artículo 21 N° 1, 3 y 4 de la Ley de Transparencia ya que "(...) su revelación impedirá el debido cumplimiento de su principal función, esto es, la Defensa Nacional, pudiendo incluso afectar las relaciones internacionales en ciertos y determinados casos en que se pretende el manejo adecuado de la Institución con el objeto de lograr el estándar y empleo de las Fuerzas Armadas, como asimismo, las relaciones militares internacionales". Sobre la materia, además de tenerse por reproducidos los razonamientos descritos en los considerandos precedentes -que permiten desestimar las causales de reserva prescritas-, en razón de no acreditarse la afectación a los bienes jurídicos protegidos por dichas hipótesis de reserva, se debe agregar que, a juicio de este Consejo, la entrega de la información requerida no afectará el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente en lo relativo a la Defensa Nacional. Tampoco se advierte de las alegaciones presentadas, cómo se afectarán las relaciones internacionales en aquellos casos en que se pretende el manejo adecuado de la Institución con el objeto de lograr el estándar y empleo de las Fuerzas Armadas, ni las relaciones militares internacionales. Lo anterior, habida especial consideración que lo solicitado dice relación con las fechas y costos de los viajes y no con el motivo de los referidos viajes, cuestión que podría -eventualmente- dar cuenta de funciones y actividades estratégicas desarrolladas en el cumplimiento de sus funciones por parte del Alto Mando Naval. Por lo anteriormente expuesto, desestimándose la concurrencia de las causales de reserva alegadas por el órgano respecto de la solicitud de información, se acogerán los amparos en análisis y se ordenará la entrega de la información solicitada al reclamante.

16) Que, por último, cabe indicar a título informativo, que en la anotada decisión Rol C1180-18, este Consejo remitió los antecedentes de dicho amparo a la Contraloría General de la República en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N° 20.730 -que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios- para los fines pertinentes. Con fecha 15 de noviembre de 2018, el órgano de control informó a este Consejo que dio inicio a un procedimiento sancionatorio a través de la resolución exenta N° 3.946 de 2018, a objeto de determinar la existencia de eventual responsabilidad administrativa que le asista a autoridades y/o funcionarios de la Armada de Chile y de los demás organismos públicos pertinentes. En dicho contexto, y atendido que los antecedentes de los amparos en análisis ya se encuentran en conocimiento y están siendo investigados por el ente fiscalizador es que no le serán remitidos nuevamente.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger los amparos Roles C4885-18 y C4887-18 deducido por don Javier Morales, en contra de la Armada de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe de la Armada de Chile:

a) Hacer entrega al reclamante del "detalle de los viajes realizados por el Comandante En Jefe de la Armada Julio Leiva durante su periodo, además de los viajes efectuados por todos los vicealmirantes, pido la información detallada, fechas de cada viaje, costos de pasajes, costo de estadías, monto de cada viático, gastos de representación."

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo indistintamente, notificar la presente decisión a don Javier Morales y al Sr. Comandante en Jefe de la Armada de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre, su Consejera doña Gloria de la Fuente González y su Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.