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Pablo Herrera Osorio con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rol: C4545-18

Consejo para la Transparencia, 24/01/2019

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Tesorería General de la República, referido a la entrega de los títulos o pagarés en virtud de los cuales se efectúo retención de devolución del impuesto a renta en beneficio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso por concepto de crédito solidario. Lo anterior, en atención a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no cuentan con aquellos antecedentes.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Ausente)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4545-18

Entidad pública: Tesorería General de la República.

Requirente: Pablo Herrera Osorio.

Ingreso Consejo: 25.09.2018.

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Tesorería General de la República, referido a la entrega de los títulos o pagarés en virtud de los cuales se efectúo retención de devolución del impuesto a renta en beneficio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso por concepto de crédito solidario.

Lo anterior, en atención a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no cuentan con aquellos antecedentes.

Sin perjuicio de lo resuelto, en virtud del principio de facilitación se derivará la solicitud de acceso a la Subsecretaría de Educación, para que se pronuncie en las materias que sean de su competencia.

En sesión ordinaria N° 961 del Consejo Directivo, celebrada el 24 de enero de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C4545-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 28 de agosto de 2018, don Pablo Herrera Osorio solicitó a la Tesorería General de la República, "información acerca de cuáles serían los títulos o pagarés que dan lugar a la retención de fondos que esta entidad practica en beneficio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso por concepto de crédito solidario, bajo el folio 9906707541".

2) RESPUESTA: La Tesorería General de la República, mediante ordinario N° 1232, de fecha 25 de septiembre de 2018, señala que en marzo de cada año las Universidades adscritas al Fondo Solidario Crédito Universitario (FSCU), informan sus nóminas de deudores al Ministerio de Educación, institución que, a su vez, remite dicha información mediante CD a la Tesorería General de la República. La data se carga en sus sistemas computacionales para que sea aplicada en los procesos de renta, según lo establecido en el artículo 1°, de la ley N° 19.989, que establece facultades para la Tesorería General de la República y modifica la ley N° 19.848, sobre reprogramación de deudas a los fondos de crédito solidario - en adelante ley N° 19.989-. Además, sostienen que la administración de las retenciones está a cargo de cada una de las Universidades adscritas al sistema del FSCU. Finalmente, señalan que el folio consultado corresponde a una retención informada por el Ministerio de Educación a favor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para el proceso de devolución de renta del año 2018, por un monto de 335,33 UTM.

3) AMPARO: Con fecha 25 de septiembre de 2018, don Pablo Herrera Osorio dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Tesorería General de la República, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada. En particular, sostuvo que "la Tesorería General de la República no ha indicado cuáles serían los pagarés ni los datos de identificación de los títulos a que daría lugar la retención".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Tesorera General de la República, mediante oficio N° E8.104, de fecha 23 de octubre de 2018, para que formule sus descargos y observaciones.

El órgano reclamado, por medio de ordinario N° 1656/21262, de fecha 8 de noviembre de 2018, reiteró lo señalado en su respuesta en orden a que la información solicitada no obraba en su poder, indica las normas aplicables en la materia y el origen de la retención practicada. Agregando que para llevar a efecto la retención debe observarse lo dispuesto en el decreto supremo N° 297, de 2009, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento que fija el procedimiento para retención de la devolución del impuesto a la renta por parte de la Tesorería General de la Republica - en adelante D.S. N° 297-. En su artículo primero señala que ese reglamento rige la forma en que en que las Instituciones Administradoras del Fondo Solidario Universitario informan a la Tesorería General las deudas que existan con éstas; los procedimientos de retención de las devoluciones de impuestos; la imputación de las retenciones de impuestos a las deudas informadas por los respectivos administradores y el ejercicio de derechos por parte de los deudores afectados.

De esta forma, sostienen que la Tesorería General de la República, no es la acreedora original ni actual, por lo que no tiene en su poder los títulos o pagarés que dan origen a esta deuda. Ni la ley, ni acto alguno la ha transformado en una acreedora, éste sigue siendo el Fondo de Crédito Universitario Solidario de cada universidad. Así, al efectuar la retención de la devolución de renta de los contribuyentes y remitirla a los respectivos Administradores de los Fondos Solidarios de Crédito Universitario, ha actuado en el ejercicio de una facultad legal que le ha sido concedida respecto de todos los deudores de ese crédito, pero no mantiene antecedentes respecto de las deudas que dan origen a las retenciones, más allá de los entregados al contribuyente (número de folio y monto de la deuda informada).

Finalmente, señalan que no derivaron la presentación al Administrador del Crédito Solidario de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por cuanto se entiende que dicha entidad no se encuentra afecta a la Ley de Transparencia, atendido su carácter de persona jurídica de derecho privado, por lo que no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 13 de dicha normativa.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se funda en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Al respecto, el órgano reclamado, sostuvo que no obran en su poder los títulos o pagarés que dan origen a la deuda por la cual efectúan la retención de la devolución del impuesto a la renta consultada.

2) Que la inexistencia de la información es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla, esta alegación debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo por el cual aquella no obra en su poder, y debe ser acreditada en forma fehaciente. En la especie, el órgano requerido ha señalado que en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N° 19.989, se encuentra facultado para "retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley N° 19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda...". Por su parte, el D.S. 297, establece el procedimiento que deben adoptar tanto los Administradores de Fondos Solidarios de Crédito Universitario para la elaboración de la nómina de deudas vencidas y no pagadas, como el Ministerio de Educación para verificar que aquella haya sido realizada en cumplimiento de la normativa correspondiente, emitiendo, finalmente, un certificado de conformidad de éstas. Tras lo cual, remitirá electrónicamente a la Tesorería General las nóminas de deudas impagas y la copia del certificado señalado, para que en el mérito de estos antecedentes dé cumplimiento a la retención de la devolución del impuesto a la renta. (Artículo 12)

3) Que en atención de la normativa citada precedentemente, lo alegado por el órgano reclamado y lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, estos últimos referidos a que sólo será pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de aquella inexistente. En consecuencia, sin que se dispongan de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por la Tesorería General de la República, se rechazará el presente amparo.

4) Que, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, en atención a que es el Ministerio de Educación el encargado de verificar el cumplimiento del procedimiento establecido en el D.S. N° 297, para la elaboración de las nómina de deudas vencidas y no pagadas por parte de los Administradores de Fondos Solidarios de Crédito Universitario, pudiendo obrar en su poder mayor información en cuanto a los títulos o pagarés que fundan las deudas informadas, este Consejo, en virtud del principio de facilitación consagrado en el artículo 11, letra f), de la Ley de Transparencia, derivará a la Subsecretaría de Educación, la solicitud de acceso a la información pública, para que dentro del plazo que establece el artículo 14 de la ley mencionada, se pronuncie expresamente sobre aquella, respecto de las materias propias de su competencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Pablo Herrera Osorio en contra de la Tesorería General de la República, por no obrar en su poder la información solicitada, en atención de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, lo siguiente:

a) Derivar la solicitud de información de don Pablo Herrera Osorio a la Subsecretaría de Educación, a fin de que se pronuncie sobre ella, respecto de las materias propias de su competencia.

b) Notificar el presente acuerdo a don Pablo Herrera Osorio y a la Sra. Tesorera General de la República.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre, su Consejera doña Gloria de la Fuente González y su Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.