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Juan González Covarrubias con SERVICIO ELECTORAL (SERVEL) Rol: C6135-18

Consejo para la Transparencia, 04/02/2019

Se dedujo amparo en contra del Servicio Electoral, fundado en que no dio respuesta a una petición realizada en términos desconocidos. El Consejo declara inadmisible el amparo, por extemporáneo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Presentación vencido de plazo


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6135-18

Entidad pública: Servicio Electoral.

Requirente: Juan González Covarrubias.

Ingreso Consejo: 07.12.2018.

En sesión ordinaria N° 966 de su Consejo Directivo, celebrada el 04 de febrero de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información pública Rol C6135-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) Que, el 07 de diciembre de 2018, don Juan González Covarrubias, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra del Servicio Electoral, fundado en que no se otorgó respuesta a su petición realizada en términos desconocidos para este Consejo.

2) Que, en el contexto del análisis de admisibilidad realizado a la reclamación, se advirtió que el reclamante no acompañó copia de su solicitud, por lo que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 46, inciso segundo, del Reglamento de la Ley de Transparencia, se dispuso, mediante oficio N° E957, 25 de enero de 2019, solicitar a la parte reclamante subsanar su amparo.

3) Que, en respuesta a lo anterior, el 30 de enero de 2019, el reclamante remitió un correo electrónico, mediante el cual, adjuntó la respuesta otorgada por el Servicio Electoral a la solicitud objeto de amparo, sin embargo, no acreditó la fecha en que había sido notificado de la misma, razón por la cual, el 1° de febrero pasado, se solicitó complementar su subsanación. En la respuesta otorgada se hace referencia a que habría solicitado la base de datos del registro electoral, información de procesos electorales y del padrón electoral.

4) Que, con la misma fecha, el reclamante remitió el correo electrónico por el cual se respondió a su requerimiento, el 13 de noviembre de 2018.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 33, letra b), de la Ley de Transparencia, corresponde a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad con la Ley de Transparencia.

2) Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia y los artículos 42 y 44 del Reglamento, una vez vencido el plazo máximo de veinte días hábiles que disponen los órganos de la Administración del Estado para la entrega de la documentación requerida o denegada que fuere la petición, según el caso, la parte requirente tendrá derecho a recurrir por escrito ante este Consejo solicitando amparo a su derecho de acceso a la información pública, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde la notificación de la denegación de acceso a la información o desde que haya expirado el plazo previsto para la entrega de la misma.

3) Que, según los antecedentes acompañados por la parte, se desprende que la presente reclamación fue interpuesta en forma extemporánea. Ello, por cuanto, consta que la respuesta fue notificada el 13 de noviembre de 2018. En efecto, de conformidad a las normas citadas en el considerando 2°, la parte recurrente debió solicitar amparo a su derecho de acceso a la información pública, en el plazo de quince días hábiles contados desde la fecha señalada anteriormente; es decir, teniendo como plazo límite el 4 de diciembre de 2018. Por lo tanto, al haber interpuesto la reclamante su amparo el pasado 7 de diciembre, lo ha hecho una vez vencido los quince días hábiles que para tal efecto establecen las citadas normas de la Ley de Transparencia y su Reglamento.

4) Que, en consecuencia, debe necesariamente concluirse que el amparo deducido no puede admitirse a tramitación, debiendo declararse su inadmisibilidad.

5) Que, sin perjuicio de lo anterior, y pese a que el reclamante no acompañó copia de la solicitud objeto de amparo, sino que solo de la respuesta otorgada, en ésta se observa que entre otras cosas, habría solicitado información relativa al registro electoral y padrón electoral. Al respecto, cabe señalar que el Registro Electoral, conforme a lo establecido en el artículo 3° de la Ley N° 18.556, contiene "... la nómina de todos los chilenos comprendidos en los números 1° y 3° del artículo 10 de la Constitución Política de la República, mayores de 17 años", así como "... la nómina de los demás chilenos y extranjeros mayores de 17 años, que cumplan con los requisitos para sufragar establecidos en los artículos 13 y 14 de la Constitución Política de la República", "... aun cuando se encontraren con su derecho a sufragio suspendido, o hubieren perdido la ciudadanía por cualquier causa", y "... servirá de base para conformar los Padrones Electorales que deberán usarse en cada plebiscito o elección, que contendrán exclusivamente los electores con derecho a sufragio en ella." En este sentido, el Padrón Electoral es confeccionado conforme los datos que se extraen del Registro Electoral, por lo tanto, debe considerarse, en relación a la información solicitada, las normas de publicidad establecidas en relación con dicho Registro.

6) Que, respecto a la divulgación del referido registro, el inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 18.556, dispone que: "El conocimiento público del Registro Electoral procederá en la forma dispuesta en el Párrafo 1° del Título II" de dicho cuerpo normativo, el cual regula la publicidad del Padrón Electoral y de la Nómina de Inhabilitados -esto es, la nómina de las personas inscritas en el Registro Electoral que se encuentren inhabilitadas para votar en la correspondiente elección o plebiscito-, en estado provisional, auditado y definitivo, dependiendo de la etapa de elaboración en que se encuentren.

7) Que el Tribunal Constitucional, en la sentencia Rol 2152-11, de fecha 19 de enero de 2012, al efectuar el control de constitucionalidad del proyecto de ley sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones (Boletín N° 7338-07), resolvió que "la disposición contenida en el nuevo inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 18.556..., es constitucional, en el entendido de que el acceso a la información contenida en el Registro Electoral se regirá exclusivamente por las normas de la Ley N° 18.556"; señalando en el considerando 32° de dicha sentencia que, sin perjuicio de que el SERVEL "se rija por la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, el acceso a la información contenida en el Registro Electoral se efectúa únicamente en la forma que el proyecto de ley establece, sin que quepa aplicar las disposiciones de la Ley N° 20.285...", lo que sustenta en los siguientes fundamentos:

a) Porque "... el legislador orgánico constitucional ha establecido un mecanismo especial de acceso, dada la relevancia e importancia que contiene, para el sistema democrático, el Registro Electoral, excluyendo otros mecanismos".

b) Porque "... la normativa se enmarca dentro del artículo 18 de la Constitución, que obliga a establecer un "sistema electoral público". No se trata, en consecuencia, de forzar la integración de dos mecanismos legales. El proyecto de ley estableció su propio mecanismo, su propio sistema".

c) Porque "... la ley del artículo 18 de la Constitución exige que ese sistema se rija por una ley orgánica constitucional, lo que no ocurre con la mayoría de los preceptos de la Ley N° 20.285".

8) Que, en virtud de lo expuesto, la Ley de Transparencia no resulta aplicable a la tramitación del procedimiento administrativo de acceso a la información del Registro Electoral, lo que implica que el derecho de acceso a dicha información no se encuentra amparado en los términos previstos en dicho cuerpo normativo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I) Declarar inadmisible, el amparo deducido por don Juan González Covarrubias en contra del Servicio Electoral, fundado en las razones expuestas precedentemente.

II) Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan González Covarrubias y al Sr. Director Nacional del Servicio Electoral, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28, y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio de la parte reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Javier Leturia Infante. Se hace presente que el Presidente don Marcelo Drago Aguirre no asiste a la sesión.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.