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Francisca Vargas Rivas con SUBSECRETARIA DEL INTERIOR Rol: C4736-18

Consejo para la Transparencia, 01/02/2019

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría del Interior, requiriendo la entrega de información estadística relativa al otorgamiento de la calidad de refugiado, desglosado por causales legales en las que se fundaron aquellas, durante el periodo 2011 a 2018. Lo anterior, en atención a que se trata de estadísticas, por lo que, no se logra acreditar que su divulgación pueda afectar los derechos de aquellas personas que se les otorgó la condición de refugiado. Por su parte, se tiene por entregada de manera extemporánea los antecedentes pedidos referente a cantidad de otorgamiento de la calidad de refugiado, desglosado por nacionalidad y sexo, durante el periodo 2011 a 2018. Finalmente, se representa el hecho de no haber otorgado respuesta dentro del plazo establecido para ello, así como también, la falta de colaboración al no presentar descargos ante este Consejo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4736-18

Entidad pública: Subsecretaría del Interior.

Requirente: Francisca Vargas Rivas.

Ingreso Consejo: 04.10.2018.

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría del Interior, requiriendo la entrega de información estadística relativa al otorgamiento de la calidad de refugiado, desglosado por causales legales en las que se fundaron aquellas, durante el periodo 2011 a 2018.

Lo anterior, en atención a que se trata de estadísticas, por lo que, no se logra acreditar que su divulgación pueda afectar los derechos de aquellas personas que se les otorgó la condición de refugiado.

Por su parte, se tiene por entregada de manera extemporánea los antecedentes pedidos referente a cantidad de otorgamiento de la calidad de refugiado, desglosado por nacionalidad y sexo, durante el periodo 2011 a 2018.

Finalmente, se representa el hecho de no haber otorgado respuesta dentro del plazo establecido para ello, así como también, la falta de colaboración al no presentar descargos ante este Consejo.

En sesión ordinaria N° 964 del Consejo Directivo, celebrada el 1 de febrero de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4736-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 28 de agosto de 2018, doña Francisca Vargas Rivas solicitó a la Subsecretaría del Interior, "Cantidad de personas reconocidas como refugiadas en Chile, entre los años 2011 y 2018, desglosados por nacionalidad, y en cada nacionalidad por sexo, así como por motivo de reconocimiento de acuerdo a las definiciones de persona refugiada contenida en el artículo 2 de la ley 20.430. En relación a esto último, se solicita el desglose por numeral del artículo 2 (cada uno de los cuales plantea una definición), y en cada numeral, por el motivo específico (numeral 1: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política. Numeral 2: violencia generalizada, agresión extranjera, conflicto interno, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan alterado gravemente el orden público)."

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: Con fecha 4 de octubre de 2018, doña Francisca Vargas Rivas dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Subsecretaría del Interior, fundado en que no recibió respuesta la solicitud.

3) PRESENTACIÓN DE LA RECLAMANTE: Doña Francisca Vargas Rivas, por medio de correo electrónico de fecha 7 de noviembre de 2018, informó que el órgano reclamado otorgó respuesta a su solicitud de acceso. Sin embargo, sostiene que aquella es incompleta o parcial, puesto que "se niegan a señalarme la cantidad de personas que han sido reconocidas como refugiadas por tal o cual definición legal de persona refugiada", por considerar que concurre a su respecto la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia. En este sentido, alega que "lo que se solicita es un dato estadístico de las mismas características que la información que sí fue otorgada correspondiente al desglose numérico por sexo y nacionalidad".

4) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario del Interior, mediante oficio N° E8931, de fecha 8 de noviembre de 2018, solicitándole, especialmente, que al formular sus descargos: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de parte de lo pedido; y, (3°) explique cómo lo reclamado afectaría los derechos de terceros.

A la fecha de la presente decisión, el órgano reclamado no ha presentado sus descargos y observaciones al presente amparo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que este amparo se funda en la ausencia de respuesta a la solicitud de acceso en el plazo legal establecido para ello - 20 días hábiles-. De los antecedentes tenidos a la vista, consta que el requerimiento objeto de esta reclamación no fue contestado dentro del término legal, lo que constituye una infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo normativo, infracción que se representará en lo resolutivo del presente acuerdo.

2) Que en virtud de lo señalado por la reclamante, de lo que se da cuenta en el N° 3 de la parte expositiva de la presente decisión, se puede concluir que se encuentra conforme con la información proporcionada por la Subsecretaría del Interior, con ocasión de su respuesta, relativa a la cantidad de personas reconocidas como refugiadas en Chile, entre los años 2011 y 2018, desglosados por nacionalidad, y por sexo. En consecuencia, se acogerá el amparo en tal sentido, teniendo por entregado lo pedido de manera extemporánea.

3) Que en cuanto a la información solicitada, resulta pertinente hacer presente que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley N° 20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados - en adelante ley N° 20.430-; "El otorgamiento, rechazo, cesación, cancelación o revocación de la condición de refugiado será resuelto por el Ministerio del Interior, a través de Resolución del Subsecretario del Interior, exenta del trámite de toma de razón, teniendo en consideración los antecedentes y recomendaciones emanadas de la Comisión que se establece en el artículo siguiente". Por su parte, el artículo 20, del decreto supremo N° 837, de 2010, del Ministerio del Interior, que aprueba el reglamento de la ley N° 20.430; contempla el Rol coordinador del Ministerio del Interior, en virtud del cual "se encargará de coordinar con los organismos públicos del Estado, que se cumpla lo dispuesto en los artículos relativos a derechos, obligaciones y ayuda administrativa, incluyendo el acceso a ayuda humanitaria básica y apoyo al proceso de integración de los refugiados a la sociedad chilena".

4) Que, en particular, respecto de los antecedentes que fueron denegados, se debe considerar que el artículo 2, de la ley N° 20.430, establece que tendrán derecho a que se les reconozca la condición de refugiado, aquellas personas que se encuentren en las siguientes situaciones:

a) "Quienes, por fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentren fuera del país de su nacionalidad y no puedan o no quieran acogerse a la protección de aquél debido a dichos temores".

b) "Los que hayan huido de su país de nacionalidad o residencia habitual y cuya vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en dicho país".

c) "Quienes, careciendo de nacionalidad y por los motivos expuestos en los numerales anteriores, se encuentren fuera del país en que tenían su residencia habitual y no puedan o no quieran regresar a él".

d) "Los que, si bien al momento de abandonar su país de nacionalidad o residencia habitual no poseían la condición de refugiado, satisfacen plenamente las condiciones de inclusión como consecuencia de acontecimientos ocurridos con posterioridad a su salida".

5) Que la información solicitada dice relación con las causales legales en las que se fundamenta el reconocimiento de la condición de refugiados durante el periodo consultado, los cuales en virtud de lo señalado en los considerandos anteriores, son antecedentes que deben obrar en poder del órgano reclamado, en consecuencia, información de carácter público según lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. Respecto de los cuales, si bien la Subsecretaría del Interior argumenta la concurrencia de la causal de excepción contemplada en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, no proporciona los elementos de convicción cuya precisión tornen plausible dicha hipótesis de reserva, con mayor razón si se considera que se requiere específicamente datos estadísticos, por lo tanto, aquellos que no pueden ser asociados a personas naturales, identificadas o identificables.

6) Que, en consecuencia, lo pedido se trata de información pública, respecto de la cual, se descarta la concurrencia de la causal de reserva alegada por la Subsecretaría del Interior, en consecuencia, se acogerá el presente amparo requiriendo la entrega de las estadísticas pedidas.

7) Que, finalmente, cabe tener presente, que el órgano reclamado no presentó sus descargos ante este Consejo, conforme se le solicitó en el oficio individualizado en el N° 4 de la parte expositiva de la presente decisión, situación que se le representará al Sr. Subsecretario del Interior en la parte resolutiva, como una falta a la debida colaboración que debe existir por parte de los órganos de la Administración del Estado, en los términos dispuestos en el artículo 34 de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Francisca Vargas Rivas, en contra de la Subsecretaría del Interior, teniendo por entregada de manera extemporánea las estadísticas pedidas desglosadas por nacionalidad y sexo, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario del Interior, lo siguiente:

a) Hacer entrega a la reclamante de la cantidad de personas reconocidas como refugiadas en Chile, entre los años 2011 a 2018, desglosadas por las causales legales en las que se fundaron aquellas.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Subsecretario del Interior lo siguiente:

a) La infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber otorgado respuesta a la solicitud dentro del plazo legalmente previsto para ello. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.

b) La falta de colaboración en la tramitación de este amparo, especialmente respecto de la ausencia de respuesta al oficio de traslado enviado por este Consejo, traduciéndose ello en una infracción a lo dispuesto en el artículo 34 y a los principios de apertura o transparencia, de máxima divulgación y de facilitación, previstos en el artículo 11, literales c), d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.

IV. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Francisca Vargas Rivas y al Sr. Subsecretario del Interior.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Consejera doña Gloria de la Fuente González y sus Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.