logo
 

Lionel de la Maza Villalobos con MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA Rol: C6598-18

Consejo para la Transparencia, 28/02/2019

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Ñuñoa, fundado en que la respuesta otorgada a su solicitud es incompleta, ya que falta proporcionar el número de contacto solicitado. El Consejo declara inadmisible el amparo, "[e]l tratamiento de datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello"; agregando, en lo pertinente, el considerando quinto que: "[n]o requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o se recolecten de fuentes accesibles al público". Sin embargo, los datos solicitados por la parte reclamante han sido proveídos a la Administración del Estado por las personas naturales sobre las que éstos versan; esto es, no han sido recolectados de una fuente accesible al público, por lo que en aplicación del artículo 7° de la citada Ley N° 19.628, el organismo, de poseer dichos datos, no solo debe guardar secreto sobre los mismos; sino que además, debe utilizarlos únicamente para los fines que hubieren sido recolectados, conforme el principio de finalidad establecido en el artículo 9° de la ley mencionada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Ausencia de infracción


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6598-18

Entidad pública: Municipalidad de Ñuñoa.

Requirente: Lionel de la Maza Villalobos.

Ingreso Consejo: 27.12.2018.

En sesión ordinaria N° 970 de su Consejo Directivo, celebrada el 28 de febrero de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información pública Rol C6598-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) Que, con fecha 26 de diciembre de 2018, don Lionel de la Maza Villalobos realizó una solicitud de información ante la Municipalidad de Ñuñoa, a través de la cual, requirió la nómina íntegra de las organizaciones sociales de la comuna, indicando la identidad de los integrantes de su directiva; el domicilio de la organización y el número de contacto de la misma.

2) Que, el 27 de diciembre pasado, la Municipalidad de Ñuñoa entregó respuesta, mediante link donde señala que se encontraría la información solicitada.

3) Que, el mismo 27 de diciembre de 2018, don Lionel de la Maza Villalobos dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra de la Municipalidad de Ñuñoa, fundado en que la respuesta otorgada a su solicitud es incompleta, ya que falta proporcionar el número de contacto solicitado.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, corresponde a este Consejo examinar la admisibilidad del reclamo presentado por el requirente, en atención a los requisitos establecidos en dichas disposiciones.

2) Que, según se desprende de esas mismas disposiciones legales y reglamentarias, para que este Consejo pueda conocer de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información interpuestas en contra de los órganos de la Administración del Estado que señalan dichos cuerpos normativos, es preciso que con anterioridad tenga lugar alguno de los dos supuestos que establece la ley a este respecto, esto es, que haya expirado el plazo de veinte días hábiles previsto para la entrega de la información, o bien, que se haya denegado la petición de manera legalmente infundada.

3) Que, las hipótesis señaladas en el considerando precedente configuran los elementos habilitantes para solicitar amparo al derecho de acceso a la información ante este Consejo. De allí, que el inciso 2° del artículo 24 de la Ley de Transparencia exige que los reclamantes señalen "...claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran".

4) Que, sobre la materia, cabe precisar que el artículo 6° de la Ley N° 19.418, de 1997, que establece normas sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, dispone, en lo pertinente que: "Para los efectos de esta ley, las municipalidades llevarán un registro público, en el que se inscribirán las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias que se constituyeren en su territorio, así como las uniones comunales que ellas acordaren. En este registro deberán constar la constitución, las modificaciones estatutarias y la disolución de las mismas.". Agrega el inciso 2° que "De igual modo, las municipalidades llevarán un registro público de las directivas de las juntas de vecinos, de la unión comunal de juntas de vecinos y de las demás organizaciones comunitarias, como, asimismo, de la ubicación de sus sedes o lugares de funcionamiento.". Adicionalmente, cabe señalar que los estatutos de las organizaciones comunitarias deberán contener, a lo menos, el nombre y domicilio de la organización, en virtud del artículo 10 letra a) del citado cuerpo legal.

5) Que, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, en las decisiones de las reclamaciones Roles A10-09 y C211-11, entre otros, ya se ha pronunciado y resuelto respecto de solicitudes de información realizadas al amparo de la Ley de Transparencia, en que se requiere conocer datos personales contenidos en un registro o banco de datos. Específicamente, en lo que dice relación con los números de teléfono y casillas electrónicas particulares de los miembros de las organizaciones sociales, al resolver los amparos Roles C252-19, C2847-15 y C1631-17, entre otros, ha declarado que dichos datos, por una parte, no corresponden a un dato que por imperativo legal deben poseer las municipalidades en esta materia, en base a la normativa citada en el considerando precedente y, por la otra, constituyen un dato personal de su titular, para cuya comunicación conforme al artículo 4° de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, el órgano requeriría de la autorización expresa de su titular.

6) Que, en efecto, el citado artículo 4° establece que: "[e]l tratamiento de datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello"; agregando, en lo pertinente, el considerando quinto que: "[n]o requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o se recolecten de fuentes accesibles al público". Sin embargo, los datos solicitados por la parte reclamante han sido proveídos a la Administración del Estado por las personas naturales sobre las que éstos versan; esto es, no han sido recolectados de una fuente accesible al público, por lo que en aplicación del artículo 7° de la citada Ley N° 19.628, el organismo, de poseer dichos datos, no solo debe guardar secreto sobre los mismos; sino que además, debe utilizarlos únicamente para los fines que hubieren sido recolectados, conforme el principio de finalidad establecido en el artículo 9° de la ley mencionada.

7) Que, en consecuencia, este Consejo advierte que no pudo tener lugar la infracción imputada por don Lionel de la Maza Villalobos, esto es, que no le hubieran proporcionado la información reclamada, por cuanto dichos antecedentes, constituyen datos personales que corresponde resguardar en virtud de la Ley N° 19.628.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Declarar inadmisible el amparo deducido por don Lionel de la Maza Villalobos en contra de la Municipalidad de Ñuñoa, por las razones expuestas precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Lionel de la Maza Villalobos y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Ñuñoa, para efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la I. Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de quince días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Javier Leturia Infante. Se hace presente que el Presidente don Marcelo Drago Aguirre no asiste a la sesión.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.