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Cristián Cabezas con OTRAS INSTITUCIONES Rol: C5143-18

Consejo para la Transparencia, 28/02/2019

Se acoge parcialmente el reclamo de transparencia activa interpuesto contra la Junta de Alcaldes de La Reina, Providencia y Las Condes, por cuanto resultan aplicables a dicha entidad las obligaciones sobre transparencia activa establecidas en la Ley de Transparencia, en concordancia con su Reglamento y la Instrucción General N° 11 de este Consejo. Se ordena la entrega de un plan de implementación de sus obligaciones de transparencia activa en los términos establecidos en la citada Ley, su Reglamento e Instrucción General ya individualizada. Se rechaza el reclamo en aquella parte referida a los actos y documentos publicados en el Diario Oficial, al tratarse de información no comprendida dentro de las materias reclamables conforme al artículo 8° de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Desarrollo y Gestión Institucional
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN RECLAMO ROL C5143-18

Entidad pública: Junta de Alcaldes de La Reina, Providencia y Las Condes

Requirente: Cristián Cabezas

Ingreso Consejo: 24.10.2018

RESUMEN

Se acoge parcialmente el reclamo de transparencia activa interpuesto contra la Junta de Alcaldes de La Reina, Providencia y Las Condes, por cuanto resultan aplicables a dicha entidad las obligaciones sobre transparencia activa establecidas en la Ley de Transparencia, en concordancia con su Reglamento y la Instrucción General N° 11 de este Consejo. Se ordena la entrega de un plan de implementación de sus obligaciones de transparencia activa en los términos establecidos en la citada Ley, su Reglamento e Instrucción General ya individualizada.

Se rechaza el reclamo en aquella parte referida a los actos y documentos publicados en el Diario Oficial, al tratarse de información no comprendida dentro de las materias reclamables conforme al artículo 8° de la Ley de Transparencia.

En sesión ordinaria N° 970 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de febrero de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del reclamo por infracción a las normas de transparencia activa Rol C5143-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) RECLAMO POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE TRANSPARENCIA ACTIVA: El 24 de octubre de 2018, don Cristián Cabezas presentó un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa en contra de la Junta de Alcaldes de La Reina, Providencia y Las Condes, fundado en que la información relativa al organigrama; las facultades, funciones y atribuciones de unidades internas; entidades en que el organismo tiene participación, representación e intervención; el personal y sus remuneraciones; el marco normativo aplicable; los actos y resoluciones con efectos sobre terceros; los actos y documentos publicados en el Diario Oficial; los mecanismos de Participación Ciudadana; las Contrataciones; la Transferencia de fondos públicos; el Presupuesto asignado y su ejecución; y, los Programas de subsidios y otros beneficios, no está disponible en forma permanente.

2) CERTIFICACIÓN DE LA PÁGINA WEB: El 5 de diciembre de 2018, la Dirección de Fiscalización del Consejo para la Transparencia, tras una revisión en internet a través de los buscadores Google, Bing y Yahoo, constató que la entidad reclamada no posee un sitio web propio.

3) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este reclamo, confiriendo traslado al Sr. Gerente de la Junta de Alcaldes de la Reina, Providencia y Las Condes, mediante Oficio N° E10350, de 7 de diciembre de 2018, adjuntando copia del mismo y de sus documentos fundantes.

Mediante Ord. N° 1, ingresado a este Consejo el 04 de enero de 2019, la entidad reclamada presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) En cuanto a la naturaleza jurídica de la Junta de Alcaldes, precisa que mediante la ley N° 16.627, de 1967, se autorizó, en lo que interesa, a los citados municipios para contratar, en las condiciones que indica, empréstitos con las instituciones a que alude, previniendo, en su artículo 3°, que la administración de esos préstamos correspondería a dicha entidad, "cuya condición jurídica, organización y atribuciones serán determinadas por el Reglamento que dicte el Presidente de la República, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley."

b) Por otra parte, el artículo 1° del decreto N° 1.325, de 1967, del antiguo Ministerio del Interior -que determina la condición jurídica, organización y atribuciones de la Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina para la administración de los préstamos, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 16.627 que autoriza sean contratados-, preceptúa que la referida Junta "gozará de personalidad jurídica de derecho público con domicilio en la comuna de Las Condes y se regirá por las disposiciones de la ley citada y las del presente Reglamento".

c) Hace presente que la Junta de Alcaldes goza de personalidad jurídica distinta e independiente a los municipios y no es un Órgano de la Administración del Estado según lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 18.575.

d) El decreto N° 1.325, de 1967, previene que la Junta de Alcaldes "actuará independiente de las Municipalidades a que ellos pertenecen".

e) Consecuente con lo anterior, la Junta de Alcaldes no puede ser considerada como un servicio público y en razón de no estar incluida en forma expresa en el artículo 1° de la ley N° 18.575, tampoco integra la Administración del Estado.

f) En razón de todo lo anterior, esta Junta de Alcaldes al no ser un órgano de la Administración del Estado y tener personalidad jurídica propia, no se encuentra bajo el amparo de la ley 20.285. Por tanto, solicita el rechazo del presente reclamo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, atendido que el reclamo de la especie se ha interpuesto en contra de la corporación de derecho público ya individualizada, entidad que controvierte la aplicación de la Ley de Transparencia a su respecto, cabe tener presente lo razonado por este Consejo en la decisión de amparo Rol C1917-15, que respecto de idénticas alegaciones realizadas por el órgano respecto de la aplicación de la citada Ley al organismo reclamado, se pronunció especialmente al efecto, indicando, en síntesis, lo siguiente: "5) (...) en consecuencia, la Junta de Alcaldes es una persona jurídica de derecho público; su presupuesto es financiado en más de un 50% por las entidades edilicias socias, es decir, por la municipalidades de Providencia, Las Condes y La Reina (órganos públicos expresamente obligados a las disposiciones de la ley N° 20.285); se encuentra sujeta al control y fiscalización de la Contraloría General de la República y su razón de ser es desarrollar una función administrativa en el ámbito específico de que se trata, cual es, la adquisición de predios para la instalación de servicios intercomunales y el desarrollo de la vialidad intercomunal, por lo tanto, la mencionada Junta debe entenderse como un órgano o servicio creado para el cumplimiento de la función administrativa, en el sentido a que hace referencia el artículo 2° de la Ley de Transparencia y como consecuencia de todo lo anterior, sujeta a las normas de dicha Ley (...)" (énfasis agregado).

2) Que, a su turno, este Consejo ha establecido que la Ley de Transparencia es plenamente aplicable a las Corporaciones Municipales y a determinadas fundaciones, como es el caso de la Fundación Integra o de la Fundación de La Familia, que tienen la calidad de personas jurídicas de derecho privado, según se ha resuelto, entre otros, en los amparos roles A211-09, A242-09, C115-10, C469-11 y C1529-11, pues se ajustan al examen relativo a la participación y/o posición dominante de la Administración Pública sobre una entidad de Derecho Privado o de Derecho Público, con la consecuente relación de instrumentalidad, que viene dada por los tres elementos o criterios básicos, cuales son: a) La concurrencia mayoritaria o exclusiva de órganos públicos en su creación (decisión pública de creación); b) La integración de sus órganos de decisión, administración y control por autoridades o funcionarios públicos o personas nombradas por éstos (integración o conformación pública de los órganos de decisión, administración y control); y c) La naturaleza de las funciones que desempeñan, que se alinea con el cumplimiento de funciones administrativas (función pública administrativa). Luego, si la aplicación de la Ley de Transparencia, ratificada por los tribunales superiores de justicia, se extiende sobre personas jurídicas de derecho privado, con mayor razón dicha aplicación es procedente respecto de una persona jurídica de derecho público, respecto de la cual son plenamente aplicables los criterios mencionados precedentemente, como se indicará a continuación.

3) Que, corresponde analizar la concurrencia copulativa -en el caso concreto- de los requisitos antedichos:

a) Decisión pública de creación: La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, fue creada por la ley N° 16.627, y goza de personalidad jurídica de derecho público, por lo que cumple con el primer criterio.

b) Integración o conformación pública de los órganos de decisión, administración y control: Según lo prescrito en el citado Decreto N°1325, de 1967, del Ministerio del Interior, "Será Presidente de la Junta que menciona el presente artículo, el Alcalde que ella misma designe, y, actuará de Secretario el Secretario Municipal que ella también determine" (artículo 7° inciso segundo). A su turno, en la Inserción Certificado Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, Repertorio N° 1163-2001, se certifica que en la sesión ordinaria N° 260 de 7 de mayo de 2001, se adoptó el acuerdo N° 852-2001, por el cual se estableció que a don Pedro Páez en su calidad de Gerente de la Junta y Administrador del Parque Intercomunal le corresponderá, entre otras cuestiones, la representación administrativa de la Junta y la administración del Parque Intercomunal, de modo que la Junta conformada por los alcaldes de los municipios mencionados precedentemente, actúa representada a través de su Gerente, lo que demuestra la conformación pública de los órganos de decisión, administración y control de la misma Junta, cumpliéndose de esta forma con el requisito.

c) Función pública administrativa: La función de la Junta es administrar los préstamos obtenidos de las instituciones señaladas en los artículos 1° y 2° de la ley N° 16.627 ya referidos, e invertir el producto de éstos, entre otras cuestiones, en la adquisición de predios para la instalación de servicios intercomunales, ya sea por compra directa o expropiación, y en el desarrollo de la vialidad intercomunal. Lo anterior, unido al dictamen N° 65425 de 2013 de la Contraloría General de la República (que en síntesis señala que a través de esta entidad, las Municipalidades desarrollan parte de las acciones inherentes a sus cometidos, por la vía de la titularidad de los recursos que la Junta administra así como en la dirección de la misma, lo que permite sostener que esa entidad se encuentra sujeta a la fiscalización del órgano contralor), permite dar por cumplido este requisito, por cuanto la naturaleza de las funciones desempeñadas por la Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, se alinea con el cumplimiento de funciones administrativas.

4) Que, atendido el cumplimiento copulativo de los requisitos expuestos, así como el razonamiento contenido en la decisión de amparo Rol C1917-15, que se da por reproducido en lo que interesa al presente reclamo, todo ello pone de manifiesto que la Ley de Transparencia debe aplicarse a la persona jurídica reclamada, por lo que, en consecuencia, se acogerá parcialmente el presente reclamo.

5) Que, sin perjuicio de lo expuesto, teniendo especialmente en consideración que la entidad reclamada no cuenta con un sitio web propio ni banner de transparencia activa, y teniendo presente que la función pública se ejerce con transparencia, permitiendo y promoviendo el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que dichas entidades adopten en el ejercicio de dicha función, se requerirá a esta entidad, en lo resolutivo de la presente decisión, la entrega o remisión de un plan de implementación y de acciones para el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia activa, descritas precedentemente, otorgándose un plazo, tanto para la entrega del plan de trabajo, como para la ejecución de las acciones específicas.

6) Que, finalmente, respecto de aquella parte de la reclamación acerca de los actos y documentos publicados en el Diario Oficial, se hace presente que, si bien el artículo 6° de la Ley de Transparencia prescribe que "los actos y documentos que han sido objeto de publicación en el Diario Oficial por parte de un órgano de la Administración del Estado, deben encontrarse a disposición permanente del público (...)", de acuerdo el artículo 8° de la citada ley que regula el reclamo a las normas de transparencia activa, "cualquier persona podrá presentar un reclamo ante el Consejo si alguno de los organismo de la Administración no informa lo prescrito en el artículo anterior (...)". Por consiguiente, al tratarse de una información no comprendida dentro de las materias reclamables conforme al citado artículo 8° de la Ley de Transparencia, se rechazará el reclamo formulado en esta parte.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el reclamo deducido por don Cristián Cabezas, de 24 de octubre de 2018, en contra de la Junta de Alcaldes de La Reina, Providencia y Las Condes, por las consideraciones expuestas precedentemente.

II. Requerir al Sr. Gerente de la Junta de Alcaldes de La Reina, Providencia y Las Condes:

a) Hacer entrega a este Consejo de un plan de implementación de sus obligaciones de transparencia activa en los términos establecidos en la Ley de Transparencia, su Reglamento y en la Instrucción General N° 11, en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Transparencia.

b) Cumplir sus obligaciones de transparencia activa en el plazo máximo de 45 días hábiles siguientes a la entrega de su plan de implementación.

c) Acreditar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@cplt.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Rechazar el presente reclamo en aquella parte referida a los actos y documentos publicados en el Diario Oficial, al tratarse de información no comprendida dentro de las materias reclamables conforme al citado artículo 8° de la Ley de Transparencia.

IV. Encomendar a la Dirección de Fiscalización de este Consejo hacer especial seguimiento al cumplimiento de lo establecido en numeral II. del presente acuerdo.

V. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Cristián Cabezas y al Sr. Gerente de la Junta de Alcaldes de La Reina, Providencia y Las Condes.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.