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Karina Sarmientos con FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) Rol: C4514-18

Consejo para la Transparencia, 28/02/2019

Se rechaza el amparo deducido en contra del Fondo Nacional de Salud (FONASA), respecto de la información relativa a una persona determinada, específicamente, si ha recibido pagos como independiente por licencias médicas desde el año 2013 a la fecha y el monto de dichos pagos. Lo anterior, al tratarse de información cuya publicación afecta la esfera de la vida privada del titular de los datos personales solicitados.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4514-18

Entidad pública: Fondo Nacional de Salud (FONASA).

Requirente: Karina Sarmientos.

Ingreso Consejo: 24.09.2018.

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra del Fondo Nacional de Salud (FONASA), respecto de la información relativa a una persona determinada, específicamente, si ha recibido pagos como independiente por licencias médicas desde el año 2013 a la fecha y el monto de dichos pagos.

Lo anterior, al tratarse de información cuya publicación afecta la esfera de la vida privada del titular de los datos personales solicitados.

En sesión ordinaria N° 970 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de febrero de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C4514-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de agosto de 2018, doña Karina Sarmientos solicitó al Fondo Nacional de Salud -FONASA-, información relativa a persona cuyo nombre y RUT indica, específicamente, si ha recibido pagos como independiente por licencias médicas desde el año 2013 a la fecha y el monto de dichos pagos en formato PDF.

2) RESPUESTA: Por medio de resolución exenta N° 4.2A N° 11727, de 14 de septiembre de 2018, el órgano en síntesis, denegó la entrega de información en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, al tratarse de datos personales.

3) AMPARO: El 24 de septiembre de 2018, la solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director del Fondo Nacional de Salud, mediante oficio N° E8389, de fecha 26 de octubre de 2018, requiriendo que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero involucrado; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si el tercero involucrado presentó su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcione los datos de contacto - por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, del tercero involucrado, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Posteriormente, el órgano por medio de ordinario N° 31253, de 12 de noviembre de 2018, reiterando lo referido en su respuesta, agregó en resumen, lo que sigue:

a) Mediante la Ley 19.628 el legislador efectivamente ponderó la vulneración del derecho de las personas, en el sentido de reconocer que el tratamiento de datos personales afectaría sus derechos, por lo que resulta procedente el secreto o reserva al tenor de los N° 2 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

b) Lo pedido son datos personales y como tales, insta al responsable de los bancos de datos para adoptar ciertas medidas de resguardo y restricciones para su acceso, debido a las características de este tipo de información.

c) Las excepciones contenidas en la Ley N° 19.628 deben ser interpretadas restrictivamente, limitándose a los supuestos que están ahí descritos. Así, el artículo 10 de la referida norma permite el tratamiento de datos sensibles sin autorización del titular, por ejemplo cuando sean "necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud", debiendo restringirse a las entidades que tienen las competencias para otorgar éstos, es decir, prestadores de salud.

d) No se debe perder de vista asimismo, que lo relativo al pago de licencias médicas de una persona, dice relación con el pago de sus remuneraciones, lo que para el caso adquiere la forma de un subsidio que la ley franquea a las personas trabajadoras en caso de enfermedad. A mayor abundamiento, al no tener el titular de los datos la calidad de funcionario público, sus ingresos no están sujetos a la obligación de incorporarlos al Gobierno Transparente (por Transparencia Activa).

e) Entregar la información requerida en los términos formulados implica proporcionar información respecto de más de un dato sensible que afecta al tercero, es decir, sus atenciones en salud durante el periodo que se consulta y asimismo el subsidio del que fue beneficiado y que en el fondo se refiere a sus remuneraciones.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la negativa del órgano en orden a entregar información relativa a una persona determinada, específicamente, si ha recibido pagos como independiente por licencias médicas desde el año 2013 a la fecha y el monto de dichos pagos. Al efecto, el órgano alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 2 y N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con la ley N° 19.628.

2) Que, en virtud del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, se podrá denegar el acceso a la información solicitada cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. En tal sentido, el artículo 7° N° 2, del Reglamento de la Ley de Transparencia, precisa que se entenderá por tales derechos aquellos que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas, en título de derecho y no de simple interés. Luego, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.

3) Que, la circunstancia que un particular haya recibido pagos en virtud de licencias médicas y los montos recibidos en dicho concepto, constituyen datos de carácter personal. Por su parte, el artículo 4° de la ley N° 19.628, prescribe que "el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello", entendiéndose por tratamiento de datos, según los literales c) y o) de su artículo 2°, cualquier operación, de carácter automatizado o no, que permita, entre otras cosas, comunicar o transmitir datos de carácter personal, esto es, "dar a conocer de cualquier forma los datos de carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o indeterminadas". En tal sentido, no existe en este amparo, consentimiento de la persona cuya información es solicitada.

4) Que, por otra parte, según establece el artículo 20 de la Ley N° 19.628, los organismos públicos sólo podrán tratar datos personales sin el consentimiento de su titular, respecto de las materias propias de su competencia y con sujeción a las reglas establecidas por dicho cuerpo legal, entre las que se contempla la prevista en el inciso primero de su artículo 9°, que regula el principio de finalidad que rige la protección de datos personales en los siguientes términos, a saber: "Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público". De esta manera, ha de colegirse que, en el presente caso, el almacenamiento de datos personales realizado por el órgano se encuentra autorizado por el citado artículo 20, sin que resulte procedente la comunicación de tales datos para fines diversos al consignado, como ocurriría en la especie.

5) Que, de igual forma, resulta aplicable en la especie el deber de secreto previsto en el artículo 7° de la citada Ley N° 19.628, según el cual "Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo", por cuanto no se observa que la información solicitada haya sido recolectada por FONASA de una fuente accesible al público.

6) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, que impone a este Consejo, el deber de velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal, es que se procederá a rechazar el presente amparo, por resultar aplicable la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por doña Karina Sarmientos en contra del Fondo Nacional de Salud (FONASA), por la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, conforme a los fundamentos señalados precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo al Sr. Director del Fondo Nacional de Salud y a doña Karina Sarmientos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.