logo
 

José Ortiz Arcos con DIRECCIÓN DEL TRABAJO Rol: A244-09

Consejo para la Transparencia, 27/10/2009

Se interpone amparo frente a la respuesta de la Dirección del Trabajo a su solicitud de acceder a las actas de recuento de votos provinciales y nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en las votaciones de los años 2004 y 2008 y el resultado de la suma de votación por provincia de cada uno de los candidatos electos, en la que se le indica que la CUT se opuso a la entrega de la información al ser consultada de conformidad a la Ley de Transparencia, por lo que no es posible entregarle la información. El Consejo acoge el amparo debido a que la información es pública al obrar en poder de un órgano de la Administración independientemente de su fuente (como lo señala la Ley de Transparencia), además de que lo solicitado ya ha sido objeto de publicidad al momento de publicarse, en cada mesa, los resultados de la votaciones respectivas.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime), Presidente
  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime)
  • Roberto Guerrero Valenzuela (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO A244-09

Entidad pública: Dirección del Trabajo

Requirente: José Ortiz Arcos

Ingreso Consejo: 13.08.2009

En sesión ordinaria N° 97 de su Consejo Directivo, celebrada el 27 de octubre de 2009, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol A244-09, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la citada Ley de Transparencia.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/09, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de junio de 2009, don José Ortiz Arcos, solicitó, reiterando petición similar de 5 de junio, a la Directora del Trabajo, lo siguiente:

a) Acta de recuentos de votos de cada una de las provincias donde se realizaron las elecciones nacionales de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) 2004 y 2008.

b) Acta de recuento nacional de votos donde el colegio lectoral en presencia de un Inspector del Trabajo, debía sumar los votos de cada una de las provincias del 2004 y 2008.

c) Resultado de suma de votación por provincia de cada uno de los candidatos electos.

2) RESPUESTA: El 17 de julio de 2009, la reclamada, mediante ORD. N° 2829, respondió la solicitud del reclamante, indicando lo siguiente:

a) Que en consideración a que las actas de escrutinio parcial para la elección de los Consejeros Nacionales Titulares y Suplentes del acto eleccionario llevado a cabo por Central Unitaria de Trabajadores en el año 2008 no fueron depositadas por el Colegio Electoral al cargo de dicho acto, sino que llegaron en forma oficiosa a poder de este servicio y a que lo solicitado corresponde a una acto electoral interno de la organización, se informa que en virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia se dio traslado a la CUT.

b) La CUT, en respuesta a dicho traslado, dedujo oposición dentro del plazo legal vigente y de manera fundada, lo que impide la entrega de los documentos que obran en su poder respecto al cato eleccionario del año 2008.

c) Que, en lo que respecta a las actas de escrutinio parcial del acto eleccionario llevado a cabo el año 2004, el servicio no tiene copia alguna de dichas actas dado el tiempo transcurrido.

3) OPOSICIÓN DE TERCERO: El 14 de julio la CUT dedujo oposición a la entrega de la información requerida, fundada en los siguientes argumentos:

a) Que, de acuerdo al artículo 5° y a la historia fidedigna de la Ley, ésta se refiere a actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado.

b) Que el requerimiento del Sr. Ortiz es respecto a elecciones provinciales y nacionales de la CUT, actos de carácter privado, nominados y con regulación propia y particular.

c) Que, no obstante lo anterior y de acuerdo a la legislación nacional, los actos eleccionarios de los periodos 2004 y 2008 de la CUT fueron refrendados, en su forma y fondo por los inspectores del Trabajo, registrando e informando éstos.

d) Que de acuerdo a la normativa de los Estatutos de la CUT, cualquier tipo de requerimiento o reclamación respecto al proceso electoral, escrutinio y resultados de los mismos, se deben efectuar por escrito y por el afectado dentro de los tres días siguientes a su comisión, ante el Colegio Electoral Nacional.

e) Que cualquier reclamación por un proceso electoral y sus escrutinios se debe realizar ante los Tribunales Electorales Metropolitanos, dentro del plazo fatal de los 10 días siguientes a la celebración del acto eleccionario, en virtud de la Ley N° 18.593 y su respectivo Auto Acordado.

f) Que el derecho de reclamación del reclamante precluyó y la acción procesal prescribió.

g) Que los procesos eleccionarios solicitados fueron públicos al término de cada escrutinio, en cada mesa se publicaron los resultados y estos fueron certificados y refrendados por los Inspectores del Trabajo, que actuaron como Ministros de Fe.

4) AMPARO: Don José Ortiz Arcos, interpuso ante este Consejo un amparo por denegación de acceso a la información fundamentado en el hecho de saber recibido una respuesta negativa a su solicitud de información por oposición de un tercero.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Mediante Oficio N° 565, de 7 de septiembre de 2009, se procedió a notificar el reclamo antedicho y a conferir traslado a la reclamada. El 29 de septiembre de 2009, al reclamada evacuó el traslado, señalando lo siguiente:

a) Que en 2001, mediante la Ley N° 19.759, se adecuó el Libro IV del Código del Trabajo a las normas internacionales vigentes en materia de organizaciones sindicales. Dicha adecuación supuso la derogación de la totalidad de las normas que otorgaban facultades fiscalizadoras a la Dirección del Trabajo sobre las organizaciones sindicales y fortaleció la importancia de las normas estatutarias como fuente normativa principal para la organizaciones sindicales, todo ello con el objeto de dar cumplimiento al principio de autonomía sindical consagrado en convenios internacionales suscritos por Chile.

b) Que de los ministros de fe especificados por el artículo 218 del Código del Trabajo, los únicos que prestan un servicio de manera gratuita son los funcionarios de la Dirección del Trabajo que poseen tal calidad, y por ende, existe una gran demanda de sus actuaciones.

c) Que el 9 de julio de 2004 se dictó la Orden de servicio N° 4, la que se acompaña, que recoge lo concluido en el Dictamen N° 4.995 del 4 de septiembre de 1996, en orden a que el rol activo en las diferentes actuaciones que, con sujeción a la legislación laboral, deben ser adoptadas ante un ministro de fe, es de cargo de las propias organizaciones y, por ende, la labor de dicho Ministro debe limitarse a concurrir y presenciar el acto de que se trate, certificar el levantamiento de actas, autorizar con su firma los instrumentos originales y autenticarlos, quedándose con una copia de ellas si el órgano electoral se las entrega y sólo con la finalidad de acreditar la comisión asignada ante su superior directo. En otras palabras, las actas parciales de votación de los procesos de renovación de directivas son actos propios de la organización respectiva y no existe obligación legal alguna que obligue a entregar dicha documentación a la Dirección del Trabajo.

d) Que el Código del Trabajo no ordena a las organizaciones el depósito de dichas actas en oficinas de la Dirección del Trabajo, en reconocimiento al principio de la autonomía sindical.

e) Que ante el requerimiento de la especie se revisó el expediente de la CUT que obra en poder de la Dirección del Trabajo, constatándose que, respecto a los actos eleccionarios de los años 2004 y 2008, la organización no había efectuado depósito alguno de la documentación solicitada por el recurrente. Dado el carácter privado que posee el acto eleccionario celebrado por la organización en cuestión y a que la Dirección del Trabajo se encuentra en posesión de parte de las actas parciales de elección del año 2008, se estimó procedente la aplicación del artículo 20 de la Ley de transparencia.

f) Que, en todo caso, el servicio está llano a efectuar la entrega de las actas que se encuentran en su poder si el Consejo para la Transparencia estima que el procedimiento seguido no es el pertinente en el caso particular.

Y CONSIDERANDO:

1) Que para resolver el presente reclamo debe analizarse si las actas de los recuentos de votos de las elecciones nacionales de la Central Unitaria de Trabajadores y los resultados por provincia, en los años 2004 y 2008, constituyen o no información pública. Sobre el particular el Consejo advierte que el tercero involucrado —Central Única de Trabajadores, en adelante CUT— hizo presente en su oposición que “los procesos eleccionarios referidos fueron públicos, al término de cada escrutinio, en cada mesa se publicaron los resultados y estos fueron certificados y refrendados por los Inspectores del Trabajo, que actuaron como Ministros de Fe, para la ocasión”.

2) Que si las actas solicitadas obran en poder del reclamado debería analizarse si éstas serían públicas por aplicación del artículo 5°, inciso segundo, de la Ley de Transparencia, distinguiendo si existe o no oposición de terceros.

3) Que de no haber oposición de terceros la información sería, en principio pública, en atención a que la Ley de Transparencia señala que esta es la naturaleza de la información que obra en poder de los órganos de la Administración, independientemente de su fuente. Sin embargo, el Consejo ha estimado en casos anteriores (por ejemplo, en el amparo A115-09, de Patricio Herman con la I. Municipalidad de Providencia) que habiendo oposición de un tercero, como acontece en este caso, es indispensable verificar el daño que este sufriría de entregarse la información y aplicar lo que en doctrina se ha llamado un “test de interés público”, a efectos de determinar si existe un interés público que justifique la divulgación de la información o si, por el contrario, debe prevalecer su reserva para resguardar los bienes jurídicos protegidos por la ley, concretamente los derechos del tercero que se opuso, en este caso, la autonomía sindical que, según la CUT, sería vulnerada de publicarse la información requerida.

4) Que, como se indicó, es relevante consignar que lo pedido ya ha sido objeto de publicidad, por lo que no se advierte cómo el acceso a esta información podría producir una afectación a su autonomía sindical, lo que lleva a descartar las alegaciones de la CUT que se centran, principalmente, en que se estaría solicitando información proveniente de actos privados, con un regulación propia y un procedimiento de reclamo ante el Colegio Electoral Nacional, sin que se detalle cómo y por qué se vería afectada la autonomía sindical en este caso.

5) Que precisamente la autonomía sindical de la CUT y el consecuente ámbito de autorregulación con que cuenta es consecuencia del relevante rol público que tienen las organizaciones sindicales y particularmente ésta, en atención al alto nivel de representatividad que concentra, la que se constata justamente a través de sus procesos eleccionarios, en los que intervienen funcionarios públicos —Inspectores del Trabajo— como ministros de fe, actividad que es financiada con fondos del Estado y cuyas actas prueban la comisión de servicio del funcionario para dichos fines. Todo lo anterior lleva a que este Consejo estime que el ejercicio del derecho de acceso a la información orientado a obtener tales actas es una vía para ejercer control social sobre la actividad de los inspectores, en tanto ministros de fe, y sobre una actividad de la organización sindical —sus elecciones— que no puede considerarse privada. En consecuencia, resulta manifiesto el interés público de la publicidad de la información requerida en la especie, que prima sobre las consideraciones que se esgrimen para mantenerlas en reserva.

6) Que la Dirección del Trabajo ha señalado que obrarían en su poder sólo parte de las actas parciales de elección del año 2008.

7) Que tratándose de la información que el servicio declara no tener, vale decir, las actas de recuento correspondientes a 2004, la Dirección señala no estar obligada a quedarse con copias de las actas solicitadas conforme su Orden de Servicio N° 5/2009, que sistematiza, actualiza e imparte instrucciones referentes a actuaciones de Ministro de Fe (copia de la cual se acompañó), sin que tampoco exija la Ley a las organizaciones sindicales depositar esta información en la Dirección del Trabajo. La Orden de Servicio define los límites de la labor de los Inspectores del Trabajo en su rol de Ministros de Fe, señalando que en ciertos casos las actas de votaciones deberían ser depositadas en las inspecciones del trabajo respectivas e incluso, respecto de las denominadas votaciones parciales, el ministro de fe debería dejarse una copia del acta de votación. Sin embargo, este Consejo estima que esta Orden de Servicio es una norma infralegal, de carácter interno, que no puede llegar a imponer a la reclamada la carga de requerir de las respectivas organizaciones sindicales copias de las actas de escrutinio o votaciones, lo que es legalmente improcedente.

8) Que al no exigir la ley que la Dirección del Trabajo mantenga estas actas no es posible requerirle su entrega si declaró que no obran en su poder —tratándose de las de 2004— ni requerir la generación de la misma, pues ello excedería el ámbito de competencias de este Consejo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Juan Ortiz Arcos en lo relativo a las actas correspondientes al año 2008 que obran en poder de la Dirección del Trabajo y requerir a su Directora que:

a. Las entregue al solicitante dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde que la presente decisión se encuentre ejecutoriada, bajo el apercibimiento de proceder conforme lo disponen los artículos 46 y siguientes de la Ley de Transparencia, y

b. Envíe copia del documento en que conste dicha entrega al domicilio de este Consejo, Morandé N° 115, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de esta decisión.

II. Rechazar el amparo en relación a las actas correspondientes al año 2004, por cuanto no obran ni deben obrar en poder de la reclamada.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Juan Carlos Cárdenas y al Sra. Directora del Trabajo, para efectos de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley de Transparencia, según corresponda.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Roberto Guerrero Valenzuela y don Raúl Urrutia Ávila. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.