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Ana Cecilia Díaz González con SEREMI DE SALUD REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Rol: C501-19

Consejo para la Transparencia, 05/03/2019

Se dedujo amparo en contra de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud de la Región Metropolitana, fundado en que la respuesta otorgada no es correcta, en referencia a las recetas retenidas y las recetas cheque de la persona que indica. El Consejo declara inadmisible el amparo, por ausencia de infracción.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Ausencia de infracción


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C501-19

Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud de la Región Metropolitana.

Requirente: Ana Cecilia Díaz González.

Ingreso Consejo: 14.01.2019.

En sesión ordinaria N° 971 de su Consejo Directivo, celebrada el 05 de marzo de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C501-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) Que, con fecha 14 de enero de 2019, doña Ana Cecilia Díaz González, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra de la Subsecretaría de Agricultura, fundado en que la respuesta otorgada no es correcta, en referencia a las recetas retenidas y las recetas cheque de la persona que indica.

2) Que, con fecha 16 de enero pasado, la parte reclamante remitió un correo electrónico a este Consejo, donde indica que por error, se amparó en contra de la SEREMI de Agricultura, cuando su intención era ampararse en contra de la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana, por lo que el presente amparo se recondujo en contra de este último organismo.

3) Que, en el contexto del análisis de admisibilidad realizado a su reclamación, y los antecedentes que acompaña a su amparo, se advirtió que doña Ana Cecilia Díaz González, al momento de realizar su requerimiento a la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana, no proporcionó una dirección postal ni correo electrónico para ser notificada.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, corresponde a este Consejo examinar la admisibilidad del amparo presentado por la parte requirente, en atención a los requisitos establecidos en dichas disposiciones.

2) Que, tal como dispone el artículo 12 de la Ley de Transparencia, y 28 del Reglamento que la ejecuta, toda solicitud de acceso a la información deberá contener, entre otros requisitos: "a) Nombre, apellidos y dirección del solicitante o de su apoderado, en su caso". De acuerdo a lo señalado expresamente por el mencionado Reglamento, la dirección electrónica o postal constituyen, conjuntamente con los demás que se indican en la norma legal citada, un requisito de admisibilidad de toda solicitud de información.

3) Que, revisada la presentación efectuada ante la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana, se advierte que la parte reclamante no identificó una dirección postal o electrónica; no obstante que en el formulario correspondiente, expresamente se indica que se trata de un requisito obligatorio de conformidad a la norma antes señalada. A mayor abundamiento, tampoco existió por parte de la reclamante, una corrección espontánea de la omisión dentro de los días posteriores a su presentación.

4) Que, en consecuencia, al no haberse identificado una dirección por parte de la parte recurrente, en los términos exigidos por la Ley de Transparencia y su Reglamento al formular su solicitud de información, no ha cumplido con un requisito de admisibilidad de la misma, no pudiendo ser acogida a trámite, por lo que procede declarar la inadmisibilidad del presente amparo al tenor de lo dispuesto en los artículos 24 de la Ley de Transparencia y 36 y 42 de su Reglamento.

5) Que, sin perjuicio de lo señalado y aun cuando se hubiesen cumplido los requisitos legales de la solicitud de acceso a la información, el presente amparo sería igualmente inadmisible, atendido al fundamento del mismo. En efecto, las alegaciones que realiza la parte recurrente, no pueden tener lugar, ya que cuestiona el contenido de la respuesta, señalando que la misma no es correcta, por lo que dar lugar a la tramitación del presente amparo implicaría un pronunciamiento por parte de la autoridad, lo que más bien corresponde al ejercicio del derecho de petición establecido en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, razón por la que no cabe pronunciarse respecto de ello en esta sede.

6) Que, lo señalado precedentemente, no obsta a que la parte recurrente en el futuro formule una solicitud de acceso a la información pública al órgano reclamado o cualquier otro órgano de la Administración del Estado, en los términos previstos en la Ley de Transparencia, en particular en sus artículos 5° y 10, a través de los canales que correspondan, requiriendo en forma clara y precisa la entrega de un determinado acto, documento o antecedente que se encuentre en poder del órgano; acreditando el poder correspondiente, o el vínculo de parentesco si fuere el caso, en el evento de requerir antecedentes de terceras personas.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Declarar inadmisible el amparo interpuesto por doña Ana Cecilia Díaz González en contra de Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, por las razones expuestas precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Ana Cecilia Díaz González y a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana para efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la I. Corte de Apelaciones del domicilio de la parte reclamante en el plazo de quince días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y por los Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Javier Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.