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Flavio Águila Quezada con EJÉRCITO DE CHILE Rol: C4932-18

Consejo para la Transparencia, 28/03/2019

Se acoge el amparo, ordenándose al Ejército de Chile que entregue al reclamante, copia del informe sobre accidente de tránsito consultado, tarjando previamente toda aquella información que pudiera develar datos sobre actividades de inteligencia y procedimientos desplegados en dicho contexto. Asimismo, se requiere la entrega del acto administrativo que impuso sanciones al funcionario consultado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Defensa
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Ausente)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4932-18

Entidad pública: Ejército de Chile

Requirente: Flavio Águila Quezada

Ingreso Consejo: 16.10.2018

RESUMEN

Se acoge el amparo, ordenándose al Ejército de Chile que entregue al reclamante, copia del informe sobre accidente de tránsito consultado, tarjando previamente toda aquella información que pudiera develar datos sobre actividades de inteligencia y procedimientos desplegados en dicho contexto.

Asimismo, se requiere la entrega del acto administrativo que impuso sanciones al funcionario consultado.

En sesión ordinaria N° 979 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de marzo de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4932-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de agosto de 2018, don Flavio Aguila Quezada, solicitó al Ejército de Chile -en adelante también Ejército-, «1. Respecto de los siguientes oficiales solicito copia simple de sus resultados en las pruebas de suficiencia física y Habilidades Básicas de Combate durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018: Mayor Francisco Javier Contreras Andrade. Teniente Cecilia Macarena Cabrera Cantellano. 2. Respecto del Mayor Francisco Contreras Andrade, solicito copia simple de sus liquidaciones de remuneraciones desde Enero 2015 hasta diciembre de 2016. 3. Copia simple del parte de denuncia, informe de seguridad, sanción administrativa o número de causa o cualquier dato que dé cuenta del accidente que provocó el Mayor Sebastián Erazo Ojeda durante el mes de Julio 2018 causando lesiones graves a una civil. 4. Respecto del numeral anterior, por favor indicar las medidas que adoptó nuestro Ejército de Chile con este grave hecho. 5. Copia simple de las políticas institucionales respecto del cumplimiento de las exigencias de las pruebas físicas, especificando lo siguiente: Cuáles son las exigencias. Cuáles son las consecuencias para el personal que no las cumple en el primer periodo de calificaciones con el mínimo exigido en las pruebas físicas. Cuáles son las consecuencias para el personal que no las cumple en el segundo periodo de calificaciones con el mínimo exigido en las pruebas físicas. Cuáles son las consecuencias para el personal que no las cumple en el tercer período de calificaciones con el mínimo exigido en las pruebas físicas. Cuándo corresponde la eliminación del servicio por no rendir ni cumplir con las exigencias mínimas que pide nuestro Ejército en las pruebas físicas».

2) RESPUESTA: El 8 de octubre de 2018, el Ejército informó al solicitante lo siguiente:

a) Entregó los resultados de las pruebas físicas y habilidades consultadas. Asimismo, copia de las liquidaciones

b) En lo referido a informe de incidente de 3 de julio de 2018, este es reservado en aplicación de lo previsto en el artículo 38 y 42 inciso segundo de la Ley N° 19.974. Agregó que dicho informe además contiene información referida al oficial Sebastián Erazo Ojeda, amparada por la Ley N° 19.628. Por tanto, en aplicación de lo previsto en la citada ley como en el artículo 21 N° 2, 3 y 5 de la Ley de Transparencia, no le es posible entregar informe de incidente elaborado por la Oficina de Control de Seguridad de la Academia de Guerra.

c) Respecto de lo pedido en el numeral 5°, entregó copia de cartilla.

3) AMPARO: El 16 de octubre de 2018, la requirente dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de parte de la información consultada. Lo anterior, por cuanto se denegó informe que da cuenta de accidente provocado por oficial de dicha institución. Asimismo, por cuanto no se le entregó lo pedido en el numeral 4° de su requerimiento.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, mediante Oficio N°E 9423, de 21 de noviembre de 2018, solicitándole que :(1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de parte de la información solicitada; (2°) explique cómo la entrega de los antecedentes reclamados afectarían los derechos de los terceros; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; (6°) detalle cómo la entrega de la información reclamada afectaría la seguridad de la Nación; y, (7°) señale si la sanción respecto al numeral 4 del requerimiento, se encuentra cumplida o está pendiente su cumplimiento.

El referido funcionario, mediante presentación de 11 de diciembre de 2018, informó en síntesis lo siguiente:

a) El develar ese tipo de informes, debilita seriamente la eficiencia de la labor de inteligencia y contrainteligencia militar, ya que inhibe a los especialistas que deben realizar este tipo de investigaciones y entraba las funciones de este orden ya que su éxito se sustenta, en gran medida, en la reserva de las actuaciones que allí se consignan y en el supuesto y libertad que dicha confidencialidad le otorga a los investigadores para emitirlas, sin dificultades.

b) La sanción aplicada al oficial consultado ya se encuentra cumplida y ejecutoriada, razón por la cual no es posible divulgarla en aplicación de lo previsto en el artículo 21 de la Ley N° 19.628.

c) El parte de denuncia del accidente de tránsito en que se viera involucrado el Mayor Sebastián Erazo Ojeda no obra en su poder sino de la unidad policial respectiva.

5) DESCARGOS DEL TERCERO INTERESADO: Este Consejo mediante comunicación de 18 de diciembre de 2018, confirió traslado al Sr. Sebastián Erazo Ojeda a fin que se pronunciara acerca de la divulgación de la información referida a su persona. No obstante lo anterior, a la fecha del presente acuerdo dicho trámite no ha sido evacuado.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, primeramente cabe señalar que las alegaciones del reclamante respecto del objeto del informe de inteligencia consultado -accidente automovilístico por manejo en estado de ebriedad del conductor con resultado de lesiones de un tercero-, no han sido controvertidas por la reclamada, por el contrario, han sido reconocidas expresamente en sus descargos. Al efecto, cabe señalar que tampoco el tercero al cual se atribuye su papel como sujeto activo en el referido accidente se ha pronunciado en este procedimiento no obstante habérsele conferido traslado oportunamente.

2) Que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.

3) Que en el procedimiento de acceso a la información en comento, la requerida no ha acompañado antecedentes suficientes que permitan a este Consejo estimar plausible su alegación y sostener de dicho modo, que por el hecho de divulgarse la información pedida -informe sobre accidente por manejo en estado de ebriedad de un miembro de su personal-, se afectaría las labores de inteligencia protegidas en la Ley N° 19.974 -, como a la seguridad de la nación. En efecto, suponer que de divulgarse un informe sobre un accidente automovilístico, ello se traducirá en afectar las labores de inteligencia y contrainteligencia militar, excede el ámbito de protección que dicha ley confiere a operaciones en campo que comprometan la esencia misma de las acciones de inteligencia o modos de obrar de la reclamada en estas materias. No obstante lo anterior, y aun aceptando que su conocimiento de modo completo pudiera dar a conocer un tipo de despliegue operativo, bastaría en aplicación del principio de divisibilidad -consagrado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia-, tarjar toda aquella información relativa al nombre de los agentes, testigos, como actuaciones que impliquen develar una manera de actuar en terreno para diluir la afectación que se pudiera provocar por divulgarse la información en comento.

4) Que en concordancia con lo señalado precedentemente, y no obstante desestimarse la alegación en análisis, este Consejo en un afán precautorio, acogerá el presente amparo requiriéndose a la reclamada que entregue el informe consultado, anonimizando previamente los datos antes reseñados como también todo dato personal de contexto detallado en el informe, por ejemplo; cédulas de identidad, números de teléfono, domicilio, entre otros. Asimismo, todo dato de salud, informe fotográfico que dé cuenta de lesiones como cualquier otro dato de salud consignado en el referido informe. Lo anterior, en aplicación de lo previsto en el los artículos 21 N° 2 y 33 letra m) de la Ley de Transparencia como en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada.

5) Que en lo relativo al tipo de medidas que el Ejército aplicó al funcionario involucrado en el accidente de tránsito consultado, es preciso señalar que si bien, el artículo 21 de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada dispone la prohibición de tratamiento de sanciones cumplidas, este Consejo al analizar el sentido y alcance del mencionado precepto, ha razonado que la voz "tratamiento" contenida en la señalada disposición, no se extiende a las medidas disciplinarias contenidas en la resolución que impone una sanción determinada, por cuanto tal expresión no puede alcanzar a los actos administrativos que dan lugar u originan una medida disciplinaria o sancionatoria, sino más bien al volcamiento de los datos allí contenidos en registros o bancos de datos, según expresamente lo señala el artículo 1° del cuerpo legal citado.

6) Que, en efecto, esta Corporación, por ejemplo, en las decisiones Roles Nos C1454-13, C910-14 y C3243-17, ha concluido que «debe efectuarse una interpretación del artículo 21 de la ley N° 19.628 que resulte armónica con los principios y normas que gobiernan la publicidad de los actos administrativos. Dicha interpretación exige ajustar su alcance al de una prohibición para los organismos públicos que hacen tratamiento de datos para revelar aquellos de orden caduco -sanciones prescritas o cumplidas- en las publicaciones o registros confeccionados a partir de determinados datos, pero no puede extenderse a la prohibición de conocer la sanción contenida en el acto administrativo que originalmente impuso la medida disciplinaria. Esta interpretación coincide con la práctica de, por ejemplo, excluir del certificado de antecedentes de una persona determinadas sanciones ya cumplidas, sin que ello conlleve el secreto de la sentencia judicial que la adoptó en su oportunidad. Así pues, es posible y necesario distinguir entre el tratamiento posterior de un dato que la ley considera caduco, de la publicidad que rige a los actos administrativos que originalmente impusieron la sanción que por el paso del tiempo, o su cumplimiento efectivo, devienen en dato caduco. En definitiva, el artículo 21 es un llamado a abstenerse de difundir un dato caduco, pero no un mandato de reserva absoluto sobre un acto administrativo».

7) Que, en el mismo sentido, se ha pronunciado la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 3 de marzo de 2016, en causa Rol N° 13.562-2015 (sentencia confirmada por la Corte Suprema, rechazando la Queja que se interpuso al respecto, en causal Rol N° 16.628-2016), la que al efecto sostuvo que: "estos sentenciadores comparten el criterio sustentado por el Consejo de Transparencia en cuanto a que el artículo 21 de la Ley 19.628 debe interpretarse de una forma armónica con el principio general de publicidad de los actos administrativos, y que dicha interpretación exige ajustar su alcance al de una prohibición para organismos públicos que hacen tratamiento de datos para revelar aquellos caducos como sanciones prescritas o cumplidas en las publicaciones o registros confeccionados a partir de determinados datos, pero que no puede extenderse a las sanciones contenidas en actos administrativos que originalmente impusieron la medida disciplinaria. Es como si por ejemplo extrapolada la situación al caso de las sanciones penales, se pretendiera que por no poder figurar ya una sanción en el extracto de filiación y antecedentes, pasare por ello a estar prohibido el otorgar copia de la sentencia que la impuso".

8) Que en consecuencia, y entendiendo esta Corporación que lo pedido es la respectiva resolución o acto administrativo que impone la sanción, y no el tratamiento posterior de dicha información, no resulta aplicable a dicho antecedente la hipótesis contemplada en el artículo 21 de la Ley N° 19.628, por tal razón, se acogerá el presente amparo y conjuntamente con ello, se requerirá a la reclamada que entregue el acto administrativo que impuso sanciones al funcionario consultado.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Flavio Águila Quezada en contra del Ejército de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile que:

a) Entregue a la reclamante copia del informe consultado, tarjando previamente aquella información detallada en los considerandos 3° y 4° del presente acuerdo en aplicación del principio de divisibilidad previsto en la Ley de Transparencia. Asimismo, el acto administrativo que impuso sanciones al funcionario consultado.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Flavio Águila Quezada, al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile y al tercero interesado.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.