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Claudia Silva Vásquez con SUPERINTENDENCIA DE SALUD Rol: C5241-18

Consejo para la Transparencia, 02/04/2019

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Salud, relativo a los documentos y elementos de juicios con que la Superintendencia elaboró las Actas de Fiscalización al informe emitido por la entidad acreditadora GCS Salud SPA, respecto del prestador de salud evaluado por aquella. Lo anterior, toda vez que el órgano reclamado acreditó haber proporcionado los antecedentes de la fiscalización consultada y la disconformidad de la solicitante dice más bien relación con el contenido de la respuesta entregada y no con el derecho de acceso a información pública.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Ausente)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5241-18

Entidad pública: Superintendencia de Salud

Requirente: Claudia Silva Vásquez

Ingreso Consejo: 30.10.2018

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Salud, relativo a los documentos y elementos de juicios con que la Superintendencia elaboró las Actas de Fiscalización al informe emitido por la entidad acreditadora GCS Salud SPA, respecto del prestador de salud evaluado por aquella.

Lo anterior, toda vez que el órgano reclamado acreditó haber proporcionado los antecedentes de la fiscalización consultada y la disconformidad de la solicitante dice más bien relación con el contenido de la respuesta entregada y no con el derecho de acceso a información pública.

En sesión ordinaria N° 980 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de abril de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5241-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 09 de septiembre de 2018, doña Claudia Silva Vásquez solicitó a la Superintendencia de Salud la siguiente información:

"Se solicitan los siguientes documentos y/o antecedentes que respaldan donde se verifica la información con la cual se elaboraron las siguientes actas que a continuación señalo:

"PRIMERA ACTA DE FISCALIZACIÓN DEL INFORME DE ACREDITACIÓN" de la entidad acreditadora GCS Salud SPA, representante legal Entidad Acreditadora Claudia Silva Vásquez del prestador VITTA DIAL PEÑALOLÉN firmada con fecha 5 de julio 2018 por la señora Jeannette González M.

"SEGUNDA ACTA DE FISCALIZACIÓN DEL INFORME DE ACREDITACIÓN" por la misma materia del prestador VITTA DIAL PEÑALOLÉN firmada con fecha 26 de julio 2018 por la señora Jeannette González M."

2) PRORROGA DE PLAZO: Por Ordinario N° 1978, de 09 de octubre de 2018, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en diez días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) RESPUESTA: El 26 de octubre de 2018, la Superintendencia de Salud respondió a dicho requerimiento mediante Ordinario IP N° 5285, de misma fecha, señalando, en síntesis, que si bien la información requerida se encuentra en poder de la solicitante, se accede a la entrega de los antecedentes solicitados, los que están disponibles en el enlace que se indica.

4) AMPARO: El 30 de octubre de 2018, doña Claudia Silva Vásquez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado fundado en la respuesta parcial a su solicitud.

Además la reclamante hizo presente que la respuesta otorgada es incompleta, pues lo enviado es conocido por quien lo solicita, "(...) lo que se desea es ver documentación con la que elabora un acta y evaluaciones, entregadas por el Prestador y documentadas por ésta". "Deseo conocer los documentos y elementos de juicios con que ha fiscalizado la unidad de fiscalización de calidad de la Intendencia de prestadores el informe del prestador Vitta Dial Peñalolén y que no sean los entregados por la entidad acreditadora GCS SpA, ya que esos los conozco perfectamente".

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante oficio N° E10328, de 07 de diciembre de 2018, confirió traslado al Sr. Superintendente de Salud.

Mediante Ordinario SS/N° 2477, de 21 de diciembre de 2018, el órgano solicitó una prórroga de cinco días para responder; y por Ordinario SS/N° 2, de 02 de enero de 2019, presentó sus descargos señalando, en síntesis que:

Preliminarmente expone los antecedentes relativos al proceso de acreditación de los prestadores de salud institucionales en el marco de las competencias de la Superintendencia.

En este sentido señala que de acuerdo a la normativa contenida en el DFL N° 1, de Salud, de 2005, al Ministerio de Salud le corresponde establecer los estándares mínimos que deben cumplir los prestadores institucionales de salud, como los hospitales y centros médicos, con la finalidad de garantizar que las prestaciones alcancen la calidad requerida para la seguridad de los pacientes y usuarios.

En este marco el Decreto Supremo N° 15, de 2007, del Ministerio de Salud, estableció el Reglamento del sistema de acreditación para los prestadores institucionales de salud, que regula, entre otras materias, el sistema de acreditación, las entidades acreditadoras, su forma de selección y los requisitos que deben cumplir, donde se señala que la acreditación debe ser efectuada por personas jurídicas constituidas legalmente, públicas o privadas, autorizadas, para estos efectos por la Intendencia de Prestadores de la Superintendencia de Salud, a quien, entre otras atribuciones, en lo que interesa, le corresponde "Autorizar, registrar y fiscalizar a las personas jurídicas que acrediten o certifiquen a los prestadores de salud, en conformidad al Reglamento." Designada la entidad acreditadora comienza el proceso de acreditación que culmina con el informe correspondiente, el que es enviado por la entidad acreditadora al prestador y a la Intendencia de Prestadores.

En este orden, la solicitud reclamada incide en aquella parte final de dicho procedimiento, esto es la fiscalización por parte de la Intendencia de Prestadores del informe que fue elaborado por la entidad acreditadora GCS Salud SPA, cuya representante legal es la solicitante, a quien le fue asignado el proceso de acreditación del prestador de salud VITTA DIAL PEÑALOLEN.

En cuanto a las Actas aludidas en la solicitud señala que corresponden a dos Actas de Fiscalización, emitidas por esta Superintendencia, al Informe elaborado por GCS Salud SpA en el proceso de acreditación del prestador evaluado VITTA DIAL PEÑALOLEN, en las cuales se concluyó que éste no cumplía con todas las exigencias señaladas en el Reglamento citado.

En este sentido, la reclamante pretende justificar esta discrepancia de opinión y criterio en algún supuesto antecedente o documento adicional que esta Superintendencia habría tenido a la vista para arribar a una conclusión diversa de la expuesta en su informe, en circunstancia, que lisa y llanamente no existen más antecedentes que los expuestos y entregados.

Al efecto informa que no hay disponible otra información en poder de esa Superintendencia, teniendo presente que la reclamante se ha limitado a solicitar supuestos antecedentes en términos genéricos, considerando que lo entregado corresponde a todos los antecedentes de respaldos de las actas respectivas en las se basó el análisis efectuado con ocasión de la fiscalización, y en los aspectos considerados para efectos de determinar si procedía o no la acreditación a la luz de la normativa vigente. Cita jurisprudencia de este Consejo y judicial en relación con la inexistencia de la información pedida.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Informe de acreditación, de fecha 30 de mayo de 2018, que declaró "No acreditado" al prestador indicado, por parte de GCS Salud SPA.

- Primera Acta de Fiscalización del informe de fecha 20 de junio de 2018.

- Segunda Acta de Fiscalización del informe de fecha 20 de julio de 2018.

- Tercera Acta de Fiscalización del informe de fecha 16 de agosto de 2018.

- Oficio Ord. IP/N° 4453, de 03 de agosto de 2018, que remitió tercera Acta de Fiscalización del Informe e instruyó la corrección del mismo conforme los términos indicados, bajo apercibimiento.

- Oficio Ord. IP/N° 4664, de 04 de septiembre de 2018, en el que reitera lo anterior, bajo apercibimiento.

- Oficio Ord. IP/N° 5020, de 04 de octubre de 2018, en el que reitera la instrucción indicada.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, atendido el tenor de la solicitud de acceso, así como los dichos de la reclamante que se leen en el numeral 4) de lo expositivo de esta decisión, se concluye que lo requerido dice relación con el contenido de las Actas de Fiscalización, emitidas por la Superintendencia de Salud, en relación al informe de acreditación elaborado por la entidad acreditadora GCS Salud SPA, -respecto de la cual la reclamante es su representante legal-, del prestador evaluado Vitta Dial Peñalolén. Al efecto, la reclamante sostiene que desea conocer los documentos y "elementos de juicios" con que la Unidad de Fiscalización de la Intendencia de Prestadores de la Superintendencia fiscalizó el informe emitido por la entidad acreditadora respecto del prestador evaluado, y no los entregados, pues éstos ya los conoce perfectamente.

2) Que, sobre el particular, la Superintendencia de Salud en la etapa de respuesta proporcionó a la solicitante un enlace para acceder a los antecedentes tenidos a la vista para elaborar las Actas de Fiscalización consultadas; y luego en los descargos, evacuados en esta sede, agregó que las Actas aludidas en la solicitud corresponden a dos Actas de Fiscalización al Informe elaborado por GCS Salud SPA en el proceso de acreditación del prestador asignado para su evaluación, VITTA DIAL PEÑALOLEN, en las que se concluyó que éste no cumplía con todas las exigencias señaladas en la normativa vigente. Asimismo agregó que la pretensión de la reclamante es justificar su discrepancia con algún supuesto antecedente o documento adicional que esta Superintendencia habría tenido a la vista para arribar a una conclusión diversa de la expuesta en su informe, en circunstancias que no existen más antecedentes que los entregados, los que corresponden a todos los antecedentes de respaldos de las actas respectivas en las que consta el análisis efectuado con ocasión de la fiscalización y de los aspectos considerados para efectos de determinar si procedía o no la acreditación, a la luz de la normativa vigente.

3) Que, de la revisión de la documentación entregada a la reclamante con ocasión de la respuesta a la solicitud, se verifica que en aquella se contiene un legajo de antecedentes, equivalentes a un volumen aproximado de tres CD, todos referidos a la fiscalización consultada. Además, contrastada la información entregada con los fundamentos del amparo, a juicio de este Consejo, la disconformidad planteada por la reclamante apunta más bien a un cuestionamiento sobre el contenido de la misma, en términos de que aquélla no le permiten resolver sus dudas sobre la forma en que la Superintendencia elaboró las Actas de Fiscalización consultadas y no con el derecho de acceso a la información pública. En consecuencia se rechazará el amparo por improcedente.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Claudia Silva Vásquez, en contra de la Superintendencia de Salud, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Claudia Silva Vásquez, y al Sr. Superintendente de Salud.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. La Consejera doña Gloria de la Fuente González no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.