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Soledad Luttino con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C4695-18

Consejo para la Transparencia, 02/04/2019

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones, respecto de los indicadores reglamentarios y/o legales para que determinados funcionarios que se indican hayan sido incluidos en lista de retiros y otros no. Lo anterior, en tanto el órgano informó la normativa aplicable en la especie, teniéndose presente que de pretender la emisión de un pronunciamiento por parte de la PDI, con relación a los motivos por los cuales las calificaciones generaron que un funcionario fuera incluido en lista de retiro y otro no, escapa al ámbito de competencia de este Consejo. Se sigue lo resuelto en la decisión C878-18 entre las mismas partes.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4695-18

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Requirente: Soledad Luttino.

Ingreso Consejo: 03.10.2018.

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones, respecto de los indicadores reglamentarios y/o legales para que determinados funcionarios que se indican hayan sido incluidos en lista de retiros y otros no.

Lo anterior, en tanto el órgano informó la normativa aplicable en la especie, teniéndose presente que de pretender la emisión de un pronunciamiento por parte de la PDI, con relación a los motivos por los cuales las calificaciones generaron que un funcionario fuera incluido en lista de retiro y otro no, escapa al ámbito de competencia de este Consejo.

Se sigue lo resuelto en la decisión C878-18 entre las mismas partes.

En sesión ordinaria N° 980 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de abril de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C4695-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 4 de septiembre de 2018, doña Soledad Luttino solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile -PDI-, la siguiente información: "Indicadores técnicos y reglamentarios y/o legales por los cuales los siguientes funcionarios no fueron incluidos en lista anual de retiro posterior a los procedimientos disciplinarios y/o PRI aplicadas:

Sr. Samuel González Barría

Sr. Cristian Rojas Basaez.

En tanto al mismo tenor señale los fundamentos técnicos, reglamentarios y/o legales de ser incluido en la lista de retiros.

Sr. Ronny Fernandez Ponce.

Susana Silva Carvajal.

Srta. Patricia Cabrera Solís. En esta funcionario adjunte antecedentes de hecho (...)".

2) RESPUESTA: Por medio de documento de 7 de septiembre de 2018, el órgano señaló en resumen, lo siguiente:

a) La lista anual de retiros se encuentra normada en los artículos 71 y siguientes del DFL N° 1 de 1980, Estatuto del Personal de Policía de Investigaciones de Chile, por lo que si alguna de las personas consultadas no fueron incluidas en dicha lista, o si lo fueron, es porque no cumplían, o cumplían otras, con los requisitos establecidos en las normas ya indicadas.

b) Cabe agregar lo dispuesto en el Reglamento de Calificaciones de esta Institución, Decreto N° 28, de 1981, que en su artículo 2° dispone: "La Calificación es la evaluación de la labor anual desarrollada por cada funcionario, en el ejercicio de su cargo o empleo. La evaluación comprenderá tanto el desempeño en el trabajo, como las condiciones personales del funcionario evidenciadas en el transcurso del período a calificar. La clasificación corresponde a la lista de selección que acuerda la Junta respecto de un funcionario. Las listas en que pueden clasificarse a los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, son las siguientes: Lista 1, de Mérito, Lista 2, Buena, Lista 3, Regular, Lista 4, Mala. EL jefe de la Jefatura del Personal calificará a los funcionarios que desempeñen funciones en el extranjero o que se encuentren prestando servicios en reparticiones ajenas a la Policía de Investigaciones, previo informe de su desempeño profesional hecho por el jefe directo ante quien cumple funciones".

c) Lo anterior, en lo que dice relación a la ex funcionaria Patricia Cabrera Solís, fue aceptado por la Contraloría General de la República, en su dictamen N° 24.688 de 2015.

3) AMPARO: El 3 de octubre de 2018, la solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada.

Indicó en síntesis, que: "La PDI ignora responder al tenor de la consulta en forma específica solicitada. (...) se ha solicitado antecedentes específicos a la PDI, respecto al retiro o permanencia de funcionarios (...). A la vez la CGR, ha sido claro en señalar que todos los actos deben ser motivados".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante oficio N° E8819, de fecha 7 de noviembre de 2018, requiriendo que: (1°) se refiera a las alegaciones de la reclamante, en el sentido que se habría otorgado información que no corresponde a la solicitada; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.

Posteriormente, el órgano por medio de ordinario N° 904, de 23 de noviembre de 2019, en síntesis, refirió lo siguiente:

a) La ex funcionaria Cabrera Solís, se fue a retiro mediante decreto N° 1981, de fecha 19 de diciembre de 2014, invocándose en sus argumentos que la causal fue la de haber sido incluida en la lista anual de retiro a contar del 20 de octubre de 2014.

La respuesta entregada lo está al tenor de lo que las disposiciones legales establecen para la conformación de la lista anual de retiros de la Institución.

En ese sentido, se le indicó con la definición que se le transcribió a la solicitante, a que corresponde la evaluación de desempeño funcionario, la que es estrictamente personal y en atención a los valores que la norma fija.

b) Teniendo en consideración lo expuesto por la reclamante, en su petición está nuevamente pidiendo explicaciones de porqué algunos funcionarios fueron evaluados de una forma que significó su inclusión en la lista anual de retiros y otros no fueron ingresados a aquella.

Ciertamente en la evaluación de desempeño funcionario, la calificación y posterior clasificación en alguna de las listas que refiere la norma mencionada, no se hacen empates ni se comparan situaciones entre los distintos funcionarios que son evaluados, puesto que, como se señaló, la evaluación es estrictamente personal, lo que quiere decir, es que no hay evaluaciones grupales ni de equipos, siendo el desempeño individual lo que determina la nota al trabajo realizado y la inclusión en una determinada lista.

c) Cabe manifestar que en caso de ser incluido un funcionario en la lista anual de retiros, lo que ocurre al cabo de la clasificación en alguna lista, notificaciones, interposición de recursos administrativos, también es notificado de ese acto, para que el afectado pueda ejercer la acciones que estime que correspondan, pero no se emite un acto administrativo respecto de aquellos que no fueron incluidos en la Lista Anual de Retiros, en el que consten los antecedentes por cuyo mérito no forman parte de la lista que los hace alejarse de la Institución.

Dicho de otro modo, la Lista Anual de Retiros es conformada por quienes reunieron los requisitos para su inclusión, conforme lo disponen los artículos 71 y siguientes del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, D. F. L. N° 1 de 1980, no emitiéndose ningún otro acto administrativo con aquellos que no fueron incluidos en esa lista.

Por ende, requerir explicaciones de por qué unos si fueron incluidos en la lista anual de retiros y otros no, corresponde a una exigencia antojadiza y caprichosa, que no dice relación con la entrega de un acto administrativo, que tal y como se dijo no existe, porque no se emite. El funcionario afectado por su inclusión en la mencionada lista, es quien conoce los argumentos de dicho ingreso, los que son necesarios para hacer efectivos los derechos que le asisten para tratar de revertir la situación.

En el caso contrario, si por su evaluación el funcionario no figura en la lista anual de retiro, entendiendo que eso ocurre si no lo notifican de su incorporación en aquella, su evaluación culmina con la lista en la que fue clasificado, terminando con eso su proceso calificatorio.

d) A modo meramente ilustrativo y, contrario a lo que la reclamante sostiene, la Contraloría General de la República que si conoció y se pronunció sobre la situación de Cabrera Solís, en dictamen N° 24688 del año 2015, expresó "Ahora bien, tratándose de la incorporación de la señora Cabrera Solís en la nómina de retiros, pese a estar evaluada por primera vez en Lista N° 3, se debe anotar, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 71 c), del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, que ella se formará sucesivamente con los clasificados en Lista N° 4, los agregados, por segunda vez consecutiva, en Lista N° 3, los incluidos en la Lista N° 3 y quienes están en la Lista N° 2.

De lo señalado, se advierte que no existe impedimento para que la recurrente integre esa cuota de alejamiento, dado que en ésta se pueden ubicar funcionarios calificados en la Lista N° 3, decisión que constituye una medida que obedece al cumplimiento de una necesidad institucional, como se informó en el dictamen N° 62.267, de 2013, de este Órgano de Fiscalización entre otros".

e) Corresponde hacer presente que mediante solicitud folio AD010T0003728, la solicitante requirió prácticamente los mismo, aunque sólo referido a la situación entre la Sra. Cabrera Solís y el funcionario Cristian Rojas Bazaes, respondiéndosele con los datos de cada una de las evaluaciones de ambos, que determinaron la inclusión de la primera en la lista anual de retiros y no del segundo de los nombrados.

f) No existe ninguna otra información que aportar, por cuanto no existen actos administrativos que contengan lo que la reclamante desea, esto es, razones o fundamentos técnicos o legales de porque a unos funcionarios si se los incluyó en la lista anual de retiros y a otros no.

g) Dado que no existen otros documentos que aportar, no se pueden invocar causales denegatorias de información, ni menos aún existen causales que hacen aplicable el secreto o reserva de la información solicitada, según lo dispone la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la falta de entrega de la información anotada en el numeral 1°, de lo expositivo, consistente en síntesis, en los fundamentos o indicadores técnicos, reglamentarios y/o legales para que determinados funcionarios hayan sido incluidos o no en lista de retiro.

2) Que, al respecto el órgano precisó en resumen, que si alguna de las personas consultadas no fueron incluidas en dicha lista, o si lo fueron, es porque cumplían o no, con los requisitos establecidos en la normativa referida en su respuesta. A su turno, agregó que en la confección de las listas, no se hacen empates ni se comparan situaciones entre los distintos funcionarios que son evaluados, puesto que la evaluación es estrictamente personal, lo que quiere decir, es que no hay evaluaciones grupales ni de equipos, siendo el desempeño individual lo que determina la nota al trabajo realizado y la inclusión en una determinada lista. Por ende, requerir explicaciones de porqué unos si fueron incluidos en la lista anual de retiros y otros no, corresponde a una exigencia que no dice relación con la entrega de un acto administrativo, que como tal no se emite.

3) Que, teniendo presente lo anterior, a juicio de este Consejo, en lo que atañe a la información consistente en los indicadores técnicos, reglamentarios y/o legales para que determinados funcionarios hayan sido o no incluidos en lista de retiro, el órgano precisó la normativa aplicable en la especie, procediendo a aclarar que respecto de los funcionarios en particular, no existen documentos que contengan dichos indicadores, por las razones que precisó. Al respecto, se ha de seguir lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09. En dicha decisión, se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, y no existiendo antecedentes que permitan desvirtuar lo expuesto por la reclamada en esta sede -referido a la inexistencia de la información consultada- no resulta procedente requerir al órgano que haga entrega de información que de acuerdo a lo señalado, no obraría en su poder.

4) Que, por otra parte, se debe hacer presente que en caso de requerir la solicitante los criterios o fundamentos para que determinados funcionarios hayan sido incorporados a lista de retiro y otros no, se debe seguir lo resuelto en el amparo rol C878-18, en donde se precisó que: "dicha petición no constituye una solicitud de información pública, en los términos dispuestos en la Ley de Transparencia, sino que, efectivamente, más bien corresponde al ejercicio del Derecho de Petición establecido en el artículo 19 N°14 de la Carta Fundamental, motivo por el cual el presente amparo, respecto de este punto, no podrá prosperar. En efecto, del tenor literal de lo solicitado por la reclamante, es posible concluir que lo pedido es la emisión de un pronunciamiento por parte de la PDI, con relación a los motivos por los cuales las calificaciones generaron que un funcionario fuera incluido en lista de retiro y otro no, lo que escapa al ámbito de competencia de este Consejo". Por lo tanto, el presente amparo será rechazado.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Soledad Luttino en contra de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Soledad Luttino y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. La Consejera doña Gloria de la Fuente González no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.