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Marcos Antonio Herrera Chirino, en representación de don Óscar Manuel Vásquez Miranda con SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES Rol: C4590-18

Consejo para la Transparencia, 28/03/2019

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Transportes, requiriendo la entrega de copia de sumario administrativo pedido, en atención a que si bien aquél no se encontraba afinado a la fecha del requerimiento, se habían presentado cargos en contra del representado del reclamante, por lo tanto, se había levantado a su respecto el carácter secreto del expediente sumarial. Se rechaza el amparo respecto de los antecedentes personales de los funcionarios consultados, puesto que fueron entregados de manera íntegra y de la forma requerida, con ocasión de la respuesta otorgada. Asimismo, se rechaza el presente amparo respecto de toda información relacionada con los funcionarios mencionados en la solicitud para el periodo 2004 a agosto de 2018, toda vez que su atención significaría distraer indebidamente a sus funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Además, se representa al órgano reclamado no haber otorgado respuesta dentro del plazo establecido para ello.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Ausente)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4590-18

Entidad pública: Subsecretaría de Transportes

Requirente: Marcos Antonio Herrera Chirino, en representación de don Óscar Manuel Vásquez Miranda

Ingreso Consejo: 26.09.2018

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Transportes, requiriendo la entrega de copia de sumario administrativo pedido, en atención a que si bien aquél no se encontraba afinado a la fecha del requerimiento, se habían presentado cargos en contra del representado del reclamante, por lo tanto, se había levantado a su respecto el carácter secreto del expediente sumarial.

Se rechaza el amparo respecto de los antecedentes personales de los funcionarios consultados, puesto que fueron entregados de manera íntegra y de la forma requerida, con ocasión de la respuesta otorgada.

Asimismo, se rechaza el presente amparo respecto de toda información relacionada con los funcionarios mencionados en la solicitud para el periodo 2004 a agosto de 2018, toda vez que su atención significaría distraer indebidamente a sus funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.

Además, se representa al órgano reclamado no haber otorgado respuesta dentro del plazo establecido para ello.

En sesión ordinaria N° 979 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de marzo de 2019 con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C4590-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 10 de agosto de 2018, don Marcos Antonio Herrera Chirino, en representación de don Óscar Manuel Vásquez Miranda - según acreditó-, solicitó a la Subsecretaría de Transportes, lo siguiente:

a) "Copia íntegra y en original de la hoja de vida institucional completa y carpeta de antecedentes personales de doña Paula Zurita Maturana, Ximena Riquelme Lillo, José Manuel Quezada Cartes, Juan Matías Sime Zegarra, don Juan Carlos González Calderón y don José Domínguez Covarrubias."

b) "Copia íntegra y en original del sumario administrativo N° 474 de fecha 09 de abril de 2018, de la Subsecretaría de Transportes, el cual se realizó en contra de mi representado, desde fojas 294 hasta la última diligencia que se encuentra incorporada en dicho expediente público".

c) "Copia de toda información contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratados y acuerdos, así como toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contengan y que guarden relación con" los funcionarios mencionados en el literal a).

2) SUBSANACIÓN: La Subsecretaría de Transportes, mediante correo electrónico, de fecha 16 de agosto de 2018, solicitó al reclamante, en virtud de lo establecido en el artículo 12, letra b), de la Ley de Transparencia, especifique, claramente, qué actos, información y período se requiere conocer respecto de lo pedido en el literal c) de la solicitud de acceso.

El solicitante, por medio de escrito ingresado con fecha 20 de agosto de 2018, interpuso reconsideración y reclamo respecto de la subsanación señalada, en lo pertinente, sostuvo que "dicha petición a la información está perfectamente clara y se encuentra completamente identificada, para ello se da el nombre de las personas requeridos y los documentos que fundan dicha petición (...) Dicha documentación que se solicita corresponde a los años 2004 hasta el mes de agosto del año 2018".

3) RESPUESTA: La Subsecretaría de Transportes, mediante oficio N° 6144, de fecha 20 de septiembre de 2018, informó que:

a) Adjunta lo pedido en el literal a) de la solicitud. Sin perjuicio de lo cual, precisa que según los registros existentes en su Unidad de Administración de Personal, los funcionarios consultados no tienen sanciones disciplinarias, distinciones, destinaciones y no existe un registro de reclamos en contra de ellas. Adicionalmente, informa que don Juan Matías Sime, presentó su renuncia voluntaria a contar del 12 de marzo de 2018.

b) Respecto a lo solicitado en el literal b) del requerimiento, señala que el sumario administrativo pedido, se encuentra actualmente en proceso, por tanto, de conformidad al inciso segundo del artículo 137, del decreto con fuerza de ley N° 29, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo -en adelante Estatuto Administrativo-; siendo el reclamante abogado representante del inculpado, puede requerir copia del expediente sumarial, solicitándolo directamente al fiscal instructor que se encuentra sustanciando el proceso.

c) Finalmente, en cuanto a lo requerido en el literal c) de la presentación, consideran que la petición no fue subsanada en los términos solicitados, de tal forma que el requerimiento, en esta parte, no cumple con el requisito señalado en el literal b), del artículo 12, de la Ley de Transparencia, dado el carácter genérico de la petición, atendida la falta de especificidad en cuanto a los documentos solicitados, la materia y la fecha de emisión de los mismos.

4) AMPARO: Con fecha 26 de septiembre de 2018, don Marcos Antonio Herrera Chirino, en representación de don Óscar Manuel Vásquez Miranda, dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Subsecretaría de Transportes, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. En particular, sostuvo que:

a) Aquella fue otorgada fuera de plazo legal establecido para aquello, además de que no otorga acceso a lo solicitado en los literales b) y c) del requerimiento.

b) En cuanto a lo pedido en el literal a), indica que "no se señala de qué forma habría levantado los documentos públicos que se entregó a esta parte y no indica ningún respaldo de ello, solo de forma general profiere, que según los registros existentes en la unidad de Administración de personal, las personas no tienen sanciones disciplinarias, distinciones, destinaciones y no existen registro de reclamados". Además, hace presente que "los documentos no se encuentren "CERTIFICADOS", por la autoridad administrativa competente, que da fe que las fotocopias entregadas al peticionario son copia fiel de los documentos originales tenidos a la vista...". Finalmente, considera que el Sr. Subsecretario de Transporte "comete una clara infracción a las normas ya citadas, por lo que se solicita que se sancione a dicha autoridad administrativa según lo señala el artículo 45, 46 y 47 de la Ley de Transparencia".

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Transportes, mediante oficio N° E8.794, de fecha 7 de noviembre de 2018, para que formule sus descargos y observaciones.

El órgano reclamado, por medio de oficio N° 7824, de fecha 5 de diciembre de 2018, informó, en síntesis, lo siguiente:

a) En cuanto a lo pedido en el literal a) del requerimiento, precisa que la respuesta entregada cumple íntegramente con lo solicitado por el recurrente y, más bien, el reclamo de este último sólo dice relación con su disconformidad en la forma en que habría sido entregada respecto a las sanciones disciplinarias, distinciones de las personas que indica. Sobre el particular, informa que los actos administrativos -calidad que reviste el oficio GS N° 6144 de 2018-, de acuerdo al artículo 3, de la ley N° 19.880, gozan de presunción de legalidad, por lo que a su juicio, no corresponde que se cuestione el contenido del mismo sin pruebas ni fundamento alguno. A mayor abundamiento, agrega que lo entregado, se basa en la revisión que la Coordinación de Personas de esa Subsecretaría efectúa de los registros de cada funcionario o servidor y que consta en el memorándum N° 275, de 2018 -que se adjunta para conocimiento-, lo que se informó al reclamante. Por otra parte, al tratarse de un hecho negativo -la inexistencia de sanciones, distinciones y reclamos- resultaba imposible adjuntar un documento al respecto.

b) En relación al literal b) de la solicitud, reitera lo señalado en su respuesta, la que apuntaba a orientar al recurrente sobre la vía idónea para hacer valer sus derechos, entendiendo que en este caso, hubiera bastado simplemente con negar la información, pues consideran que concurren las causales de secreto o reserva establecidas en el artículos 21, N° 1, letra b), N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia. La última causal señalada en relación con lo dispuesto en el inciso 2, del artículo 137, del Estatuto Administrativo, en tal sentido hacen presente que, de conformidad a lo dispuesto en el dictamen N° 59.798 de 2008 de la Contraloría General de la República, el secreto del sumario administrativo tiene por finalidad asegurar el éxito de la investigación, el resguardo del debido proceso, la honra y respeto a la vida pública de los funcionarios que, eventualmente, podrían tener comprometida su responsabilidad en los hechos investigados, dado que las conclusiones a que se llegue en el proceso sólo quedan firmes una vez que éste se encuentre totalmente tramitado. Dado lo anterior, en este caso además se configura la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

c) Por otra parte, considerando que el carácter secreto del proceso tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación en curso, cautelando el debido cumplimiento de las funciones del órgano, toda vez que los antecedentes contenidos en el expediente permitirán a la autoridad que lo instruyó adoptar una decisión definitiva sobre la materia investigada, por lo que, también se verifica la causal de excepción contenida en el artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia.

d) De esta forma, si se estimara que el reclamante, tiene derecho a solicitar copias del sumario por la vía de la Ley de Transparencia, implicaría que todas las personas que participan en el proceso de elaboración de la respuesta del requerimiento, eventualmente, tengan acceso al expediente respectivo, vulnerándose nuevamente todas las garantías ya vistas, y que el secreto sumarial pretende resguardar, y aún más, dicho proceso podría ser anulado con posterioridad al no haberse respetado el mencionado secreto. Junto con lo anterior, considera que se debe tener presente que en un proceso sumarial pueden haber varios inculpados, o de los hechos de la investigación se deriven responsabilidades en otros funcionarios respecto de los cuales no se dirigía dicho proceso disciplinario y cuya responsabilidad solo quedará acreditada -o descartada- una vez afinado el sumario, por lo que dar a conocer con anticipación copia del mismo, podrá afectar de manera evidente sus derechos, tal como ya se ha señalado.

e) Insiste que en el marco de un proceso sumarial, todas las actuaciones que digan relación con el mismo, deben ser dirigidas al fiscal instructor, no procediendo una intervención de parte de la Autoridad en las competencias de dicho fiscal, como pretende el recurrente, al solicitar copias por una vía que no es la idónea para ello.

f) En cuanto a lo pedido en el literal c) de la presentación, aduce que después de efectuar el examen de admisibilidad de la solicitud, determinaron que no cumplía los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley de Transparencia. En tal sentido, señala que resulta evidente que está redactada en términos genéricos, imprecisos, amplios y referidos a un número indeterminado -e imposible de determinar- de eventuales actos o actuaciones de la Administración. Lo anterior, impedía efectuar una búsqueda de antecedentes acorde a los fines de la ley señalada, ya que no se conocía la materia a la cual se referían, alguna fecha de emisión, tampoco se indicaba si lo requerido son actos en los que las personas hayan intervenido como autoridad o jefatura; si dichos actos se debían referir o afectar a esas personas directamente, o si esos actos debían mencionar a las mismas. Estas indefiniciones, hacían -y hacen- imposible efectuar una búsqueda como la que se pretende, ya que se podría tratar de una cantidad incalculable de actos administrativos que dicta esa Subsecretaría cada año y que se pueden referir a personas determinadas directa o indirectamente y que hubiera sido necesario revisar uno a uno para verificar que efectivamente se pudieran referir a las personas nombradas por el solicitante.

g) En definitiva, consideran que lo que pretende el recurrente es que se busque "cualquier información" contenido en cualquier formato, lo que impide efectuar una búsqueda seria. No obstante lo anterior, estima que concurre la causal de secreto o reserva del artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia en atención a que se trata de un requerimiento de carácter genérico, y se refiere a un número indeterminado de actos cuya búsqueda no resulta posible sin los datos que se pidió aclarar; por lo mismo, aquella no aseguraría ningún resultado positivo y por el contrario, implicaría que sus funcionarios dedicarán jornadas completas a revisar sus archivos, con el fin de verificar que algunas de las personas indicadas aparezcan vinculadas directa o indirectamente en los mismos, lo que a todas luces no resulta razonable.

6) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Con el objeto de resolver acertadamente el presente amparo, este Consejo solicitó a la Subsecretaría de Transporte, mediante oficio N° 119, de fecha 22 de enero de 2019, lo siguiente:

a) En cuanto a lo pedido en el literal b) del requerimiento, informe el estado de tramitación actual y al momento de la presentación del requerimiento, del sumario administrativo por cuyos antecedentes se requieren. En particular, señale si se formularon cargos en contra del representado del reclamante, en el evento de ser positiva su respuesta, individualice el acto administrativo por el medio del cual se realizó dicha formulación, con número y fecha.

b) Respecto de lo requerido en el literal c) de la solicitud, en atención a que se alegó la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, informe fundadamente aquélla.

El órgano reclamado, por medio de correo electrónico, de fecha 31 de enero de 2019, señaló, en lo pertinente, lo siguiente:

a) En cuanto a lo solicitado en el literal b) del requerimiento, el proceso sumarial, de acuerdo a los antecedentes entregados por la Unidad de Administración de Personal, actualmente se encuentra en curso, sin que se tenga información del estado especifico de tramitación, toda vez que los procesos disciplinarios son llevados exclusivamente por el Fiscal designado al efecto por la Autoridad; por lo que, no resulta procedente que se solicite detalles sobre las actuaciones del proceso u ordene determinadas acciones al fiscal salvo aquellas que por ley se indique, por ejemplo cuando se debe completar la investigación-. Reitera que no resulta posible entregar copias de un sumario que no se encuentra afinado vía solicitud de transparencia, aun cuando se hayan formulado cargos, toda vez que las copias de las piezas del expediente, necesariamente serían conocidas por los intervinientes en la elaboración de la respuesta a la solicitud de acceso a la información, lo que va en contra del principio de reserva absoluta para terceros no intervinientes, que rigen los procesos disciplinarios. Sin perjuicio de lo anterior, hace presente que por medio de la oficina de partes de la Subsecretaría de Transportes, se recibió con fecha 12 de diciembre de 2018, una solicitud de don Marco Antonio Herrera Chirino, en representación de Oscar Vasquez Miranda, para obtener copias del sumario administrativo N° 474 de 2018, dirigida al Fiscal instructor de dicho proceso administrativo; solicitud que se le hizo llegar al Fiscal y que habría sido debidamente atendida en el marco de las facultades que la Ley le otorga.

b) En lo referente a lo pedido respecto del literal c) de la solicitud, sostiene que lo genérico de la solicitud original impidió efectuar una búsqueda con algún tipo de parámetro determinado, por lo que no resulta posible informar en los términos solicitados. De esta forma, sostiene que al no saber a qué tipo de actos se refiere, no podemos distinguir de qué tipo de información se trata y si ésta se encuentra en formato digital o físico tradicional, tampoco si se encuentra permanentemente a disposición del público. Lo mismo sucede con la ubicación material, ya que hay antecedentes que se mantienen en bodegas, en oficinas especiales y en otras dependencias, pero al no tener el dato de las materias específicas, ni del año requerido, no resulta posible indicar donde se encuentran. Además, como no se precisó el año -ni tampoco se aclaró-, no es factible referirse a la medida de tiempo que comprende la información, lo mismo sucede con la determinación del número de documentos, ya que justamente la solicitud de aclaración que se hizo fue para poder tener un parámetro que nos permitiera tener un universo respecto del cual efectuar algún tipo de búsqueda, lo que no fue posible.

c) Sin perjuicio de lo anterior, considera que existen argumentos más que suficientes para rechazar el amparo, en la situación hipotética de llevar a efecto la búsqueda de la información sería necesario determinar previamente a qué se refiere precisamente la petición, ya que el universo de antecedentes al que alude el requerimiento puede comprender -como ya se ha señalado- una variedad de documentos entre los que se pueden encontrar por ejemplo documentos o insumos que han sido elaborados por esas personas, documentos que ellos han visado, documentos o comunicaciones que ellos han recibido o que ellos han enviado a otros departamentos, divisiones o programas u otras entidades públicas o privadas, procedimientos sumarios o investigaciones sumarias seguidos en su contra o en los que hayan declarado o participado como fiscal o actuario; solicitudes que han presentado o que ellos han aprobado, actas de reuniones en las que han participado, etc.

d) En atención a lo anterior, no es posible determinar con certeza el número de documentos que abarca la solicitud, dado que comprendería a la Subsecretaría en su conjunto, sin embargo, si consideramos sólo una parte de la información que mantiene la Coordinación de Personas de esta Subsecretaría, a modo de muestra, sólo respecto de dos de los funcionarios consultados, consideran un total de más de 100 actos administrativos entre los que figuran, permisos y feriados, viáticos, capacitaciones y contratos, todo ello sin considerar por ejemplo otros documentos relativos a las liquidaciones de remuneración, registros horarios, comunicaciones, etc. Además es posible señalar que los actos administrativos indicados se encuentran archivados y guardados en cajas tanto en dependencias de la Coordinación de Personas como en la Oficina de Partes de esta Subsecretaría, ambas ubicadas físicamente en pisos distintos, por otra parte dichas cajas no cuentan con un clasificador, lo que dificulta la búsqueda de los mismos.

e) Ahora bien, si se procediera a la búsqueda de los actos administrativos mencionados, sería necesaria la destinación de dos funcionarios a tal tarea, quienes demorarían al menos 2 semanas en realizar la búsqueda considerando el uso de la jornada completa y la distracción de funciones que eso implicaría. Asimismo, es necesario tener presente que la labor de búsqueda consideraría en primer lugar determinar en qué dependencias se encuentra físicamente la información, una vez determinado lo anterior, sería necesario realizar la búsqueda en cada una de las cajas, revisando cada uno de los documentos que forman parte de su contenido los que pueden llegar a ser alrededor de 200 aproximadamente; lo anterior se dificulta aún más al no tener conocimiento del período respecto del cual se solicita información.

f) Conforme a la situación ejemplar que se ha planteado, extrapolando dichas condiciones a la búsqueda de una amplia diversidad de documentos que no se han especificado, respecto de todos las personas que figuran en la solicitud, no sería posible asegurar algún resultado positivo y por el contrario, implicaría que los funcionarios de esta Subsecretaría dedicaran jornadas completas a revisar todos los documentos, resoluciones, actos, actas, expedientes, contratos, acuerdos y toda la información elaborada con presupuesto público -como pretende el recurrente-, con el fin de verificar que algunas de las personas indicadas aparezcan vinculadas directa o indirectamente en los mismos, lo que a todas luces no resulta razonable.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de acceso, señalando, además, que ésta se materializó no cumpliendo con los plazos que la ley establece para aquello. En este punto, cabe hacer presente que el órgano reclamado, mediante correo electrónico de fecha 16 de agosto de 2018, solicitó la subsanación del requerimiento solo en cuanto a lo pedido en su literal c), y, en consecuencia, respecto de los demás antecedentes pedidos, el plazo para dar respuesta no se encontraba suspendido. De esta forma, la contestación de la solicitud referida a sus literales a) y b), no se llevó a cabo dentro del término legal - 20 días hábiles-, lo que constituye una infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h) del mismo cuerpo normativo, infracción que se representará en lo resolutivo del presente acuerdo.

2) Que respecto a lo requerido en el literal a) de la solicitud, la disconformidad del reclamante dice relación, por una parte, a que la Subsecretaría de Transporte no señala la forma cómo obtuvo la información de que los funcionarios consultados no han sido objeto de sanciones disciplinarias, distinciones, destinaciones y reclamos. Por lo que, aquella dice relación con su contenido, más no con su falta de entrega. Por otra parte, alegó que los documentos entregados no se encuentran "certificados", sin embargo, dicha forma de otorgar los antecedentes pedidos no se encuentra contemplada en la solicitud de acceso y sólo fue expuesto con ocasión del amparo. Por lo tanto, se rechazará el amparo en este literal, por haberse otorgado acceso a la información solicitada en su oportunidad.

3) Que en cuanto a lo pedido en el literal b) del requerimiento, el órgano reclamado deniega el acceso, en general, en atención a que tratándose de un sumario administrativo que se encuentra actualmente en proceso y siendo el reclamante abogado del inculpado, la vía idónea para requerir dicha información es por medio de presentación ante el fiscal instructor. En este punto, cabe hacer presente que este Consejo ha sostenido a partir de la decisión de amparo rol A47-09, que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, como el inculpado y su abogado. En efecto, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza.

4) Que de los antecedentes aportados a este procedimiento es posible establecer que, respecto del sumario aludido en el literal en análisis, el solicitante detenta la calidad de abogado del inculpado. En efecto, el órgano reclamado en su respuesta manifestó que "siendo el reclamante abogado representante del inculpado, puede requerir copia del expediente sumarial solicitándolo directamente al fiscal instructor que se encuentra sustanciando el proceso". De esta forma, atendida la especial condición de aquél, esto es, abogado y representante del inculpado, y que al momento de solicitar la información, ya se había levantado a su respecto, el carácter secreto del expediente sumarial consultado, según lo establecido por el artículo 137 del Estatuto Administrativo; se acogerá el amparo en este literal, requiriendo la entrega de lo pedido, tarjando, previamente, todo dato personal de contexto que el expediente sumarial pueda contener, como por ejemplo: número de cédulas de identidad, domicilios, números telefónicos, correos electrónicos, entre otros, en aplicación de lo previsto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-, y de la atribución de este Consejo conferida por el artículo 33, literal m), de la Ley de Transparencia. Además, previo a su entrega, deberá acreditar la identidad, ya sea de don Óscar Manuel Vásquez Miranda, mediante la exhibición de la cédula expedida por el Servicio de Registro Civil e Identificación, o por exhibición de mandato suficiente, por parte de su representante.

5) Que en cuanto a la solicitado en el literal c) de la presentación, el órgano reclamado argumenta que el reclamante no subsanó su requerimiento en los términos solicitados, por lo que, se tuvo por desistida su petición, según lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Transparencia. Sin embargo, el reclamante en escrito presentado ante la Subsecretaría de Transporte individualizado en el N° 2 de la parte expositiva de la presente decisión, entre otras alegaciones, indicó que lo pedido dice relación a toda información contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratados y acuerdos, así como aquella elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contengan y que guarden relación con los 6 funcionarios que individualiza, respecto del período que va del año 2004 a agosto de 2018. En consecuencia, el peticionario dio cumplimiento a la solicitud de subsanación requerida por la reclamada y, en consecuencia, no resultaba procedente tenerlo por desistido en esta parte de la solicitud, descartándose la concurrencia de dicha alegación, en el presente caso.

6) Que, precisado lo anterior, y en cuanto al fondo de la información solicitada en el mencionado literal c), el órgano reclamado alegó la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Conforme ha establecido este Consejo la mencionada hipótesis de reserva sólo puede configurarse, en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad.

7) Que, en dicho contexto, cabe considerar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

8) Que el órgano reclamado argumenta que el requerimiento es genérico puesto que se refiere a un elevado número de actos administrativos, lo que impide efectuar una búsqueda con algún tipo de parámetro determinado, y que el universo de antecedentes al que alude puede comprender una variedad de documentos entre los que se pueden encontrar, por ejemplo, insumos que han sido elaborados, que han visado, que han recibido o que han enviado los funcionarios consultados, ya sea a otros departamentos, divisiones o programas u otras entidades públicas o privadas. Asimismo, puede referirse a procedimientos sumarios o investigaciones sumarias seguidos en su contra o en los que hayan declarado o participado como fiscal o actuario; solicitudes que han presentado o que ellos han aprobado, actas de reuniones en las que han participado, etc., contexto en el cual no es posible determinar con certeza el número de documentos que abarca la solicitud, dado que comprendería a la Subsecretaría en su conjunto. Lo anterior, sin considerar los antecedentes referidos a sus permisos, feriados, viáticos, liquidaciones de sueldo, contratos y otros relativos a su desempeño personal.

9) Que, además de lo expuesto precedentemente, se debe considerar que dentro de los funcionarios por los cuales se consulta está el Subsecretario de Transportes, el Jefe de Gabinete de la Ministra de Transportes, el Jefe de División de Administración y Finanzas y el Jefe de División de Control de Gestión y Desarrollo, entre otros, por lo que, resuelta plausible lo alegado en orden a que se trataría de un requerimiento de referido a un elevado número de actos administrativos cuya atención significaría distraer indebidamente a sus funcionarios del cumplimiento de sus labores habituales. En consecuencia, se rechazará el amparo en este literal, por configurarse la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

10) Que, finalmente, en cuanto a lo señalado por el reclamante en su amparo, relativo a que se configura, en el presente caso, la infracción sancionada en el artículo 45 de la Ley de Transparencia, este Consejo estima que, en la especie, no han concurrido en esta etapa procesal, los requisitos para la procedencia de aquella. En efecto, tal como se puede apreciar tanto de la respuesta del órgano reclamado, así como de sus descargos, no existieron actos que dieran cuenta de una denegación infundada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Marcos Antonio Herrera Chirino, en representación de don Óscar Manuel Vásquez Miranda, en contra de la Subsecretaría de Transportes, en atención de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario de Transportes, lo siguiente:

a) Entregar al reclamante copia del sumario administrativo N° 474, de fecha 9 de abril de 2018, desde fojas 294 hasta la última diligencia que se encuentra incorporada en dicho expediente a la fecha de interposición de la solicitud de acceso - 10 de agosto de 2018; previo a su entrega, deberán ser tarjados aquellos datos personales de contexto incorporados en aquel, así como también, se deberá acreditar la identidad, ya sea de don Óscar Manuel Vásquez Miranda, mediante la exhibición de la cédula expedida por el Servicio de Registro Civil e Identificación, o por exhibición de mandato suficiente, por parte de su representante.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada precedentes, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto de lo pedido en los literales a) y c) del requerimiento, por haberse entregado lo solicitado con ocasión de la respuesta y por configurarse la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, respectivamente, atención de los fundamentos señalados precedentemente.

IV. Representar al Sr. Subsecretario de Transportes la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al haber otorgado respuesta a parte de la solicitud fuera del plazo legalmente previsto para ello. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.

V. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Marcos Antonio Herrera Chirino y al Sr. Subsecretario de Transportes.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.