logo
 

Fernando Gómez con MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ Rol: C4499-18

Consejo para la Transparencia, 19/03/2019

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Quilpué, ordenándose la entrega de las observaciones recibidas por el órgano en el marco del proyecto de actualización del Plan Regulador Comunal de Quilpué, tarjando previamente la identidad de las personas naturales, como asimismo, sus datos personales de contexto. En tal sentido, al no contar con el consentimiento de las personas naturales, no es posible comunicar su identidad. Aplica criterio contenido en la decisión Rol C2781-14. No ocurre lo mismo respecto de la identidad de las personas jurídicas, en tanto, no se advierten fundamentos para determinar que el hecho de participar en las observaciones al proyecto de Plan Regulador pueda afectar sus derechos, y además, de acuerdo a lo razonado por la Corte Suprema, no son titulares de datos personales. Se sigue en este último caso, el criterio de la referida Corte en la causa Rol 12.617-2018.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4499-18

Entidad pública: Municipalidad de Quilpué.

Requirente: Fernando Gómez.

Ingreso Consejo: 21.09.2018.

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Quilpué, ordenándose la entrega de las observaciones recibidas por el órgano en el marco del proyecto de actualización del Plan Regulador Comunal de Quilpué, tarjando previamente la identidad de las personas naturales, como asimismo, sus datos personales de contexto.

En tal sentido, al no contar con el consentimiento de las personas naturales, no es posible comunicar su identidad.

Aplica criterio contenido en la decisión Rol C2781-14.

No ocurre lo mismo respecto de la identidad de las personas jurídicas, en tanto, no se advierten fundamentos para determinar que el hecho de participar en las observaciones al proyecto de Plan Regulador pueda afectar sus derechos, y además, de acuerdo a lo razonado por la Corte Suprema, no son titulares de datos personales.

Se sigue en este último caso, el criterio de la referida Corte en la causa Rol 12.617-2018.

En sesión ordinaria N° 976 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de marzo de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C4499-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de agosto de 2018, don Fernando Gómez solicitó a la Municipalidad de Quilpué, la siguiente información: "En relación al Plan Regulador Comunal de Quilpué, solicito copia de:

a) Toda la documentación que recibieron los concejales por parte de la administración municipal para efectuar su votación acerca del Plan Regulador Comunal el día 15 de Agosto 2018.

b) Copia del informe de la administración municipal dirigido a los concejales que incluya el análisis y recomendación de votación para cada observación recibida.

c) Copia de las observaciones recibidas".

2) RESPUESTA: Por medio de ordinario N° 909 de 3 de septiembre de 2018, el órgano adjuntó documento de trabajo Concejo Municipal, respecto del cual señaló que contendría los antecedentes solicitados.

3) AMPARO: El 21 de septiembre de 2018, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta o parcial, por cuanto no se entregaron las copias de las observaciones solicitadas en la letra c), precedente. Refirió que se deben tarjar los datos personales presenten en ellos (RUT, teléfono, mail, dirección particular).

4) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (SARC): Esta Corporación determinó aplicar el Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC), comunicando al órgano de lo anterior, el día 18 de octubre de 2018, por medio de correo electrónico.

Luego, mediante ordinario N° 60, de 19 de octubre de 2018, el Municipio en resumen, refirió lo siguiente:

a) No se puede entregar la información reclamada, debido a que las cartas (observaciones) ingresadas al municipio fueron 192, y el filtro que requiere ocultar de los archivos digitales, la información personal y de contacto que contienen cada ingreso, distraería indebidamente a la única funcionaria que se desempeña en la Unidad de Asesoría Urbana.

Asimismo, dado que el listado cuenta con un promedio de dos vecinos por providencia y en algunos casos listados de hasta 30 vecinos firmando la solicitud, lo que totalizaría alrededor de 700 personas a quienes debiese conferirse traslado de acuerdo a lo consignado en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, hecho que distraería de sus funciones a la funcionaria que se desempeña en dicha Unidad.

b) Se configura la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, toda vez que la publicidad de los datos de "contacto", asociados a cada persona natural o jurídica, organización social, se refiere a información que puede afectar su vida privada o derechos.

Teniendo en consideración que se refiere a alrededor de 700 personas naturales, es por ello que consultar si consienten en que sus datos de "contacto" sean entregados, distraería indebidamente el quehacer habitual de la Unidad Municipal de Oficina de Partes que solo cuenta con dos funcionarias, y que por otro lado generaría un costo imprevisto para el servicio en consideración que el valor de carta certificada es de aproximadamente $870, generando un costo total aproximado de $609.000, lo cual contraviene el artículo 17 de la Ley 20.285 dado que produciría un gasto desproporcionado en relación al presupuesto destinado para esos fines.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Quilpué, mediante oficio N° E8669, de fecha 5 de noviembre de 2018.

Posteriormente, el órgano por medio de oficio N° 1376, de 27 de noviembre de 2018, acompañó, entre otros documentos, el ordinario N° 62, en donde se reiteraron las alegaciones referidas en el numeral 4°, precedente, agregando que lo pedido obra en su poder en formato digital.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto acceder a las copias de las observaciones recibidas por el órgano en el marco del proyecto de actualización del Plan Regulador Comunal de Quilpué.

2) Que, a modo de contexto, se debe precisar que la actualización del Plan Regulador en comento, se desarrolla en virtud de lo dispuesto en el artículo 28 sexies, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sobre actualización de los instrumentos de planificación territorial, que establece que "Los instrumentos de planificación territorial deberán actualizarse periódicamente en un plazo no mayor a diez años, conforme a las normas que disponga la Ordenanza General". Luego, el artículo 28 octies, señala que: "El proceso de elaboración de los planes reguladores intercomunales o metropolitanos, de los planes reguladores comunales y de los planes seccionales, así como el relativo a sus modificaciones, deberá ser transparente y participativo, debiendo requerirse la opinión de los vecinos afectados y de los principales actores del territorio planificado (...)". En tal sentido, el numeral 2°, del citado artículo, establece que: "El resumen ejecutivo y sus planos deberán ser aprobados por acuerdo del concejo municipal o consejo regional, (...). Una vez aprobados serán publicados en el sitio web de la municipalidad (...), y simultáneamente se expondrán a la comunidad en lugares visibles y de libre acceso al público pudiendo los interesados formular observaciones fundadas (...)". Posteriormente, el número 5°, del artículo antes referida, indica que: "Terminado el periodo para realizar observaciones, la autoridad encargada de elaborar el plan deberá emitir un informe que sintetice todas las observaciones presentadas al Consejo Regional o Concejo Municipal, según corresponda, el que (...) deberá acordar los términos en que se procederá a elaborar el anteproyecto de plan, (...). El organismo competente deberá dar respuesta fundada a cada una de las observaciones realizadas, indicando si las acepta o las rechaza. (...)". Teniendo presente lo anterior, en el presente caso, se han solicitado las observaciones realizadas por la comunidad, las que de acuerdo a lo establecido en certificado N° 184/2018 suscrito por el Secretario Municipal, de 14 de agosto de 2018, el Concejo Municipal se pronunció respecto de ellas procediendo a aprobar el proyecto de Plan Regulador de Quilpué.

3) Que, de lo anterior se extrae que lo solicitado consiste es información pública en la medida que constituyó uno de los fundamentos de la aprobación del proyecto en cuestión por parte del Concejo Municipal, como asimismo, parte integrante del procedimiento de actualización del referido plan. En efecto, el artículo 8°, de la Constitución Política de la República, dispone que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". Lo anterior, sin perjuicio de las causales de reserva que puedan configurarse en la especie.

4) Que, en este orden de cosas, el órgano alegó las causales de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) y N° 2, de la Ley de Transparencia respecto de la información personal y de contacto de las personas naturales y jurídicas que realizaron observaciones al proyecto -700 personas. Al respecto, antes de analizar la concurrencia de dichas causales, se debe aclarar que sin olvidar que las observaciones solicitadas son de carácter público de acuerdo a lo señalado en el considerando anterior, se debe seguir el criterio establecido por este Consejo en la decisión Rol C240-15 en orden a que: "la transparencia de los procesos de decisión refuerza, más bien, el carácter democrático de las instituciones, así como la confianza ciudadana en la Administración, pues permite conocer qué razones llevan a que la autoridad se decante por una propuesta concreta, cuestión particularmente relevante tratándose de la tramitación de anteproyectos, proyectos de ley o modificaciones a la normativa sanitaria, atendida la importancia que tienen dichas normas para la convivencia ciudadana, la calidad de vida y la seguridad en el consumo. Por el contrario, la opacidad de las consultas públicas hace que sus consecuencias prácticas sean inciertas arriesgando ser percibidas como ejercicios puramente declarativos. Las medidas tendientes a garantizar que el proceso de elaboración de políticas sea abierto, transparente y susceptible de ser sometido al control y a la supervisión externos son decisivas para incrementar la responsabilidad pública general". Dicho razonamiento resulta igualmente aplicable a los proyectos de actualización de planes reguladores comunales, los cuales también cuentan con una etapa de participación ciudadana. En este orden de ideas, las causales de reserva alegadas se encuentran más bien dirigidas a la reserva de la información personal y datos de contacto de las personas naturales y jurídicas que realizaron observaciones al proyecto de plan regulador, pero no a las observaciones mismas, cuyos contenidos recaen en un proyecto y procedimiento de carácter público. Por lo tanto, se acogerá el amparo en lo que respecta al contenido de las observaciones solicitadas, al no concurrir respecto de ellas, las causales de reserva antes señaladas.

5) Que, en lo que atañe a la información referente a la identidad de las personas naturales que realizaron las observaciones, el órgano indicó que al tratarse de cerca de 700 personas, debería conferirles traslado a cada una de conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia, actividad cuya atención requeriría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, causal de reserva que a juicio de este Consejo, se configura en la especie. Luego, teniendo en cuenta lo anterior, el artículo 4° de la ley 19.628, dispone que: "El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello". En tal sentido, al no existir disposición que permita tratar los datos solicitados en esta parte, y al no poder contar con el consentimiento de los titulares de los datos personales, no es posible entregar los nombres de las personas participantes. A mayor abundamiento, este Consejo en la causal Rol C2781-14, pronunciándose sobre la entrega de los nombres de las personas que participaron en una consulta ciudadana, precisó que: "la participación o concurrencia de una persona a una instancia de consulta como la realizada por la Municipalidad de Santiago en octubre de 2014, forma parte de su vida privada, constituyendo un dato de carácter personal". "Que, tal como este Consejo lo ha señalado en múltiples decisiones, al ser ley N° 19.628 un cuerpo normativo especial en materia de tratamiento de datos personales, debe reconocerse que mediante la regla de secreto contenida en su artículo 7° el legislador ha ponderado que la divulgación de estos datos importaría afectar los derechos de las personas en los términos de los numerales 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, particularmente el derecho a la vida privada en su vertiente positiva, esto es, la autodeterminación informativa, como poder de control sobre la información propia". Por este motivo, se rechazará el amparo respecto de la identidad de las personas naturales que formularon observaciones en el procedimiento consultado, en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, artículo 2° letra f), y 4°, de la ley 19.628, en relación con el artículo 33, letra j) y m), de la citada Ley de Transparencia.

6) Que, no ocurre lo mismo respecto de las personas jurídicas, de quienes no se advierten fundamentos para determinar que el hecho de participar en las observaciones al proyecto de plan regulador pueda afectar sus derechos económicos y comerciales, y además, de acuerdo a lo razonado por la Corte Suprema, no son titulares de datos personales. En efecto, en sentencia de 16 de octubre de 2018, la referida Corte en la causal Rol 12.617-2018, precisó que: "(...) la historia fidedigna de la ley en cuestión es posible desprender que dicho cuerpo legal se encuentra orientado a la protección de datos personales, entendiendo la noción personal como perteneciente o relativa a la persona natural (...)". Por lo tanto, se acogerá el amparo en esta parte.

7) Que, finalmente, en la entrega de información que realice el órgano, deberá tarjar en forma previa, todo dato personal contenido en las observaciones solicitadas, según lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Fernando Gómez en contra de la Municipalidad de Quilpué, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Quilpué, que:

a) Entregue al solicitante, la información requerida en la letra c), del numeral 1°, de lo expositivo, debiendo tarjarse en forma previa, todo dato personal contenido en las observaciones solicitadas según lo señalado en los considerandos 5° y 7° del presente acuerdo.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto de la entrega de la identidad de las personas naturales que participaron en las observaciones solicitadas en la letra c), del numeral 1°, de lo expositivo.

IV. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Fernando Gómez y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Quilpué.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.