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Valentín Vera Fuentes con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rol: C5271-18

Consejo para la Transparencia, 19/03/2019

Se acoge el amparo deducido en contra de la Tesorería General de la República, ordenando entregar al reclamante, copia de la prueba y pauta de evaluación respectiva, elaborada y utilizada por la Tesorería General de República en el marco del proceso concursal para proveer el cargo de Analista Contable Reemplazo para la División de Administración, de octubre de 2018. Lo anterior, ya que no se acreditó ni se configuró la afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5271-18

Entidad pública: Tesorería General de la República

Requirente: Valentín Vera Fuentes

Ingreso Consejo: 30.10.2018

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Tesorería General de la República, ordenando entregar al reclamante, copia de la prueba y pauta de evaluación respectiva, elaborada y utilizada por la Tesorería General de República en el marco del proceso concursal para proveer el cargo de Analista Contable Reemplazo para la División de Administración, de octubre de 2018

Lo anterior, ya que no se acreditó ni se configuró la afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado.

En sesión ordinaria N° 976 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de marzo de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5271-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 4 y 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 11 de octubre de 2018, don Valentín Vera Fuentes solicitó a la Tesorería General de la República -en adelante e indistintamente la Tesorería-: copia de la prueba y pauta de corrección del concurso para proveer el cargo de Analista Contable Reemplazo para la División de Administración, llevado a cabo el día 12 de octubre de 2018.

2) RESPUESTA: La Tesorería General de la República respondió a dicho requerimiento de información mediante Ord. N° 1.496, de 26 de octubre de 2018, señalando, en síntesis, que se deniega la información pedida por concurrir la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

Lo anterior, toda vez que la divulgación de los antecedentes, materia de la solicitud en análisis, redundan en un evidente perjuicio para el Servicio en cuanto a la acreditación de la calidad de conocimientos requeridos en los diversos procesos de selección convocados por la Institución. Ello, por cuanto, atendida la especificidad de las materias evaluadas, el órgano se encontraría obligado a asumir el costo de la confección de diversos modelos de evaluaciones, por cada uno de los procesos que se realicen con la dificultad evidente de verse enfrentado a un marco cada vez más acotado de posibles preguntas a ser formuladas. Por tal razón, resulta evidente que la publicidad de los formatos de pruebas ya aplicados, permitiría a los futuros postulantes, con antelación a la rendición del examen, memorizar cada una de las preguntas y sus respectivas respuestas, impidiendo de dicho modo al organismo, determinar el efectivo nivel de conocimiento que poseen respecto a las materias evaluadas.

3) AMPARO: El 30 de octubre de 2018, don Valentín Vera Fuentes dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información. Agrega que la prueba pedida si vincula a la técnica contable, la cual existe en todo el mundo, cuya cantidad de preguntas puede ser infinita.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado a la Sra. Tesorera General de la República, mediante oficio N° E10.329, de 07 de diciembre de 2018.

El órgano reclamado, por medio de Oficio N° 1.801, de 24 de diciembre de 2018, presentó sus descargos u observaciones del caso, reiterando, en síntesis, lo señalado con ocasión de su respuesta a la solicitud, agregando que el tiempo utilizado para la confección de instrumentos de evaluación es de aproximadamente dos semanas por cada uno de ellos, "ya que son pruebas extremadamente técnicas y que tienen relación directa con el negocio de la Tesorería. Por otro lado, al ser procesos de reclutamiento y selección del negocio, son cargos que se requieren proveer a la brevedad, ya que impacta de manera inmediata en los procesos de recaudación de la Institución, con lo cual, confeccionar una prueba para cada proceso de reclutamiento y selección, generaría un retraso sustancial en la provisión de vacantes y pone en grave peligro la continuidad del negocio en las Tesorerías".

Finalmente, hace presente que el señor Vera Fuentes ha postulado a 14 concursos realizados por la Tesorería, por lo que la entrega información relacionada con las pruebas técnicas y sus respuestas correctas, le proporcionaría una ventaja con el resto de los postulantes para futuros concursos.

Y CONSIDERANDO

1) Que, el objeto del presente amparo es obtener la entrega de copias de la prueba y respectiva pauta de corrección elaborada y utilizada por la Tesorería General de República en el marco del proceso concursal para proveer el cargo de Analista Contable Reemplazo para la División de Administración, de octubre de 2018, información que fue denegada por el órgano requerido fundado en la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

2) Que, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

3) Que, en tal sentido, el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, establece que "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido". En este sentido, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.

4) Que, este Consejo ha fijado como criterios de interpretación, para resolver amparos en materias similares a la discutida en estos antecedentes, en cuanto afectan el debido cumplimiento de las funciones de un órgano de la Administración del Estado, los siguientes: a) Necesidad de rehacer o confeccionar íntegramente y de manera habitual el instrumento de medición o evaluación; b) Costos en términos de tiempo adicional utilizado para la elaboración y validación de instrumentos de evaluación; c) Costos presupuestarios o económicos no previstos por la institución en el marco de su ejecución presupuestaria; d) Imposibilidad de cumplir legal y objetivamente las finalidades previstas en la medición de conocimientos; e) Posibilidad concreta de alteración del porcentaje de aprobación de futuros procesos por conocimiento anticipado de las preguntas y respuestas; f) Impedir acreditar la suficiencia de los conocimientos de los evaluados en los procesos respectivos y g) Existencia de un marco cada vez más acotado de posibles preguntas a ser formuladas. En la especie, el órgano se ha limitado a enunciar, someramente, sólo algunas de ellas, sin acreditarlas fehacientemente.

5) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales" (énfasis agregado); así como lo resuelto en la sentencia sobre Recurso de Queja Rol N° 8452-2018, en la cual dicha magistratura sostuvo que frente a la regla fundamental de publicidad, la sola consideración de la naturaleza excepcional que sirve de fundamento a la reserva, no es per se suficiente para excluir el principio general básico de publicidad y libre acceso a la información, puesto que además es indispensable que mediante dicho acceso se produzca una efectiva afectación a algunos de los bienes jurídicos protegidos por el inciso 2° del Art. 8° de la Constitución (Considerando 8°) .

6) Que, en el presente caso, a juicio de este Consejo, este no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado, por cuanto la Tesorería General de la República no ha acreditado detalladamente la afectación al debido funcionamiento del órgano, sino que sus argumentaciones se sustentan en situaciones hipotéticas o meras apreciaciones subjetivas, respecto a eventuales consecuencias que podrían afectar el funcionamiento del órgano, pero sin manifestar fundamento o justificación plausible, de manera concreta, suficiente e indubitada, que permita tener por configurada, efectivamente, la concurrencia de la causal de reserva alegada, teniendo presente que por tratarse de normas de derecho estricto, dichas causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva.

7) Que, en efecto, cabe tener presente que la evaluación solicitada atendida la naturaleza del cargo consultado (Analista Contable), corresponde a una materia que difícilmente tenga un marco acotado de preguntas a realizar, de lo cual resulta plausible concluir que la elaboración de nuevas herramientas de evaluación no implicará mayores costos para la institución, y aún más, que no imposibilitará ni dificultará el cumplimiento de los objetivos o finalidades de dichas herramientas, ni impedirá la acreditación de conocimientos de los postulantes, razón por la cual, dichas alegaciones no podrán prosperar. Asimismo, es dable sostener que el debido cumplimiento de las funciones del órgano implica mantener vigente y actualizado, el marco de preguntas a realizar en sus respectivas evaluaciones de acreditación de cumplimiento de competencias y/o conocimientos técnicos que sean pertinentes al respectivo cargo.

8) Que, lo anterior, no se ve alterado por la circunstancia que el requirente de información haya postulado a distintos concursos ante el organismo, pues aquello constituye una alegación que no se aviene con el principio de la no discriminación, consagrado en el artículo 11, letra g) de la Ley de Transparencia, en virtud del cual los órganos de la Administración del Estado deben entregar a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud. En consecuencia, la motivación del solicitante para requerir la información o las expectativas de que aquél participe o no en futuros procesos de selección no pueden servir de argumentos para ponderar la publicidad o reserva de una determinada información.

9) Que, en virtud de lo señalado, en aplicación de los criterios referidos precedentemente, y estimando que, en la especie, no concurre la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, tratándose de información que obra en poder del órgano reclamado, y no existiendo otras causales de reserva que ponderar, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Valentín Vera Fuentes en contra de la Tesorería General de la República, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Tesorera General de la República, que:

a) Entregue al reclamante copia de la prueba y pauta de corrección utilizada en el proceso concursal para proveer el cargo de Analista Contable Reemplazo para la División de Administración, de octubre de 2018.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Valentín Vera Fuentes, y a la Sra. Tesorera General de la República.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.