logo
 

José Díaz Llona con Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) Rol: C4518-18

Consejo para la Transparencia, 28/03/2019

Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, respecto de los correos electrónicos que indica, por tratarse de comunicaciones privadas respecto de las cuales los respectivos titulares no han consentido expresamente su entrega, por afectar los derechos de las personas, y asimismo, el debido cumplimiento de las funciones del órgano al inhibir la realización de futuras denuncias e impedir que los órganos de la Administración realicen las fiscalizaciones necesarias que surgen de dichas denuncias.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Ausente)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4518-18

Entidad pública: Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA).

Requirente: José Díaz Llona.

Ingreso Consejo: 24.09.2018

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, respecto de los correos electrónicos que indica, por tratarse de comunicaciones privadas respecto de las cuales los respectivos titulares no han consentido expresamente su entrega, por afectar los derechos de las personas, y asimismo, el debido cumplimiento de las funciones del órgano al inhibir la realización de futuras denuncias e impedir que los órganos de la Administración realicen las fiscalizaciones necesarias que surgen de dichas denuncias.

En sesión ordinaria N° 979 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de marzo de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información, rol C4518-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de julio de 2018, don José Díaz Llona solicitó al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, en adelante e indistintamente, el Servicio o el SENDA, la siguiente información: "Solicito formalmente los expedientes que están involucrados en el término de contrato anticipado realizado por Senda en contra de CENTRO DE TRATAMIENTOS Y REHABILITACIÓN EN ADICCIONES LIMITADA o CENTRA LIMITADA RUT N° 77.351.410-0, incluida en RESOLUCIÓN EXENTA N° 202 DEL 03 DE ABRIL DEL 2018, la petición obedece a dudas y derechos de saber fehacientemente cual es el tenor de los mail que cita la jefe de tratamiento regional Sra. Francisca Zaldívar donde ella funda su acusación".

2) PRÓRROGA DEL PLAZO Y RESPUESTA: El 16 de agosto de 2018, el órgano notificó al solicitante la prorroga del plazo de respuesta, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

Posteriormente, mediante Oficio N° D-828, de fecha 30 de agosto de 2018, el órgano respondió a dicho requerimiento, señalando en síntesis, que "si bien se accederá a lo requerido, concurre una causal de secreto o reserva de parte de la información solicitada, a saber, la señalada en el N°2 del artículo 20 de la Ley 20.285 (...) además es preciso tener presente que los artículos 2°, letras f) y g), 4° y 7°, de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada, amparan la protección de los datos personales y sensibles".

Acto seguido, y en virtud de lo anterior, informó que "se tarjó toda la información personal y sensible de las personas mencionadas en la información contenida en la carpeta administrativa, tales como teléfonos, domicilio, RUT, correos electrónicos e información de los respectivos tratamientos clínicos y denuncias otorgada por diferentes profesionales del Centro de tratamiento en cuestión, en específico, se trata de correos electrónicos dirigidos a este servicio, los que dan cuenta de diferentes situaciones acontecidas en el Centro de Tratamiento y que, preciso es reiterar, no constituyen fundamento de la Resolución Exenta N° 202 de 9 de abril de 2018 de este Servicio, pero que se encuentran materialmente acompañadas al expediente, tan solo por haber sido anexados a un Oficio de la Dirección Regional de la Región Metropolitana. En efecto, los cargos formulados contra Centro de Tratamientos y Rehabilitación en Adicciones Limitada, constan en Oficio de cargos N° 1087 de fecha 4 de diciembre de 2017, mientras que los motivos fundados de término de contrato se encuentran debidamente consignados en la Resolución Exenta N° 127 de 16 de febrero de 2018, rechazándose la reposición presentada mediante la Resolución Exenta N° 202 ya citada, todas de este Servicio".

Asimismo, el órgano indicó que "Respecto a las mencionadas denuncias contenidas en los correos electrónicos mencionados por usted, explico que el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda, para cumplir su objeto de otorgar tratamiento al consumo problemático de drogas y alcohol, contrata con entidades públicas y privadas la compra de los servicios de tratamiento, razón por la cual, es de suma importancia para el fiel cumplimiento de los mismos, la supervisión y el control constante de la prestación de estos servicios".

Luego, señaló que "una de las formas que tiene este Servicio de conocer la gestión de los centros de tratamiento, es a través de las denuncias y de la información otorgada por los mismos usuarios y profesionales que prestan sus servicios en los centros de tratamiento, razón por la cual, hacer pública dicha información, causaría a los profesionales y usuarios de los centros de tratamiento un temor en emitirlas, ya que podrían ser objeto de algún tipo de represalia o consecuencia (...) desincentivaría la entrega de este tipo de información, lo que afectaría el proceso de supervigilancia que realiza este servicio a los centros de tratamiento (...) este Servicio dejaría de contar con una herramienta muy importante y necesaria para la adecuada supervigilancia y control de los tratamientos terapéuticos que reciben nuestros usuarios, afectando el derecho de los usuarios a recibir un tratamiento de calidad y afectando el debido cumplimiento de las funciones de este Servicio Nacional. Además, hacer pública dicha información, podría afectar la vida privada y laboral de los profesionales denunciantes", entregando, en definitiva, la información requerida, pero tarjada en los términos indicados, y reiterando que "los indicados correos electrónicos no constituyen el fundamento del término de contrato".

3) AMPARO: El 24 de septiembre de 2018, don José Díaz Llona dedujo amparo a su derecho de acceso a la Información, en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada.

4) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS: Esta Corporación determinó aplicar el procedimiento correspondiente al Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC) al presente amparo, y mediante correo electrónico de fecha 26 de octubre de 2018, notificó al órgano la posibilidad de aplicar dicha alternativa, lo que fue rechazado expresamente por parte del SENDA con fecha 29 de octubre de 2018, motivo por el cual se declaró fracasada la instancia de SARC.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el presente amparo y, mediante Oficio N° E8920, de fecha 8 de noviembre de 2018, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.

Mediante Oficio Ord. N° 1115, de fecha 26 de noviembre de 2018, el órgano evacuó sus descargos, detallando las funciones y facultades del SENDA, y los servicios contratados con Centros de Tratamiento y Rehabilitación en Adicciones Limitada, y agregando en síntesis, que "Durante la ejecución de los servicios, el SENDA realizó visitas de supervisión al Centro de Tratamiento a cargo de CENTRA, constatándose una serie de graves irregularidades en el funcionamiento del programa, condiciones deficitarias de infraestructura y vulneración de derechos de los beneficiarios del programa, lo que motivó una comunicación a la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Salud sobre las condiciones deficitarias que presentaba el inmueble (...) se dio curso a un procedimiento de aplicación de sanciones contractuales al amparo de la Ley N° 19.886. Así, con fecha 4 de diciembre de 2017, mediante oficio N° 1087, el SENDA comunicó a CENTRA hechos que originaban término anticipado de contrato, multas y reintegro de fondos indebidamente cobrados al Servicio", y que posteriormente, "se procedió a poner término anticipado al contrato mediante Resolución Exenta N° 127, de 16 de febrero de 2018 (...) confirmada mediante Resolución Exenta N° 202, de 3 de abril de 2018".

Acto seguido, el órgano indicó que "se entregó la información solicitada mediante Oficio N° D-828, de 30 de agosto de 2018, de SENDA, poniendo a disposición del requirente copia fiel e íntegra del expediente administrativo (...) con la prevención de tarjar toda la información personal y sensible de diversas personas, tales como teléfonos, domicilio, RUT, correos electrónicos e información de los respectivos tratamientos clínicos y denuncias realizadas ante el SENDA por diversos profesionales de la institución CENTRA".

Asimismo, señaló que "Ahora bien, si consideramos el tenor literal del reclamo del señor Diaz Llona, todo parece indicar que el verdadero interés estriba en conocer el contenido de algunos correos electrónicos que fueron derivados a este Servicio Nacional por profesionales y trabajadores de CENTRA, en los cuales denuncian las graves irregularidades que fueron posteriormente constatadas por SENDA y que dieron origen al término anticipado de contrato", reiterando lo expuesto respecto de la forma de conocer la gestión de los centros de tratamiento y que su publicidad generaría un temor en emitirlas, y un quiebre de confidencialidad o pérdida de confianza, y haciendo mención a lo resuelto por este Consejo en los amparos rol A53-09, A58-09, A91-09, C520-09, C56-10, C302-10, C781-10, C744-10, respecto de las denuncias e identidad de los denunciantes.

Del mismo modo, agregó que "aquellos correos electrónicos no han servido de fundamento para la dictación del término anticipado de contrato con CENTRA, pues aquello ha emanado del conjunto de documentos de evaluación técnica del Centro de Tratamiento, dentro de los que se cuentan la ‘Pauta de Supervisión de Convenio’ y los ‘Instrumentos de seguimiento - Proceso de Gestión de Calidad’ aplicados todos ellos con fecha 7 de junio de 2017 a la entidad. Es menester señalar que dichos antecedentes forman parte del expediente administrativo que ya se entregó al reclamante. En este sentido, la naturaleza de las denuncias recibidas son meras indicaciones sobre el estado de funcionamiento del Centro de Tratamiento y ellas no representan el contenido de la decisión administrativa adoptada". Finalmente, en virtud de lo anterior, el órgano señaló no haber dado aplicación a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, proporcionando los datos de contacto de los terceros, copia del expediente y de la información reclamada.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, este Consejo, mediante Oficios N° 173, 174, 175 y 176, todos de fecha 30 de enero de 2019, confirió traslado y notificó a los terceros eventualmente afectados con la entrega de la información solicitada, a fin de que presentaran sus descargos y observaciones, haciendo mención expresa a los derechos que les asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida.

Mediante correos electrónicos de fechas 5 y 13 de febrero de 2019, 2 de los terceros se opusieron expresamente a la entrega de las comunicaciones reclamadas, detallando los temores que les genera la divulgación de sus denuncias y el desprestigio que les podría ocasionar.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en que la información entregada por parte del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, no corresponde a la solicitada por el reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia del expediente relativo al término de contrato anticipado realizado por SENDA en contra del CENTRO DE TRATAMIENTOS Y REHABILITACIÓN EN ADICCIONES LIMITADA -CENTRA-, incluida la Resolución Exenta N° 202, del 3 de abril del 2018, principalmente, el tenor de los correos electrónicos que indica la solicitud. Al respecto, en su respuesta, el órgano accedió a la entrega del expediente completo, al cual sólo tarjó los datos personales y sensibles de contexto y los correos electrónicos por medio de los cuales se habría notificado al órgano irregularidades cometidas en CENTRA.

2) Que, del tenor de la solicitud, del contenido de la respuesta entregada por el órgano, y de lo señalado por el solicitante en su amparo, la presente decisión se circunscribe a lo requerido por don José Díaz Llona, en la parte final de la solicitud contenida en el número 1) de la parte expositiva, esto es, copa de los correos electrónicos en virtud de los cuales la funcionaria que indica habría fundado su acusación.

3) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

4) Que, al tenor de lo solicitado, la información requerida se refiere a diversos correos electrónicos, cuyos titulares no son funcionarios del órgano público reclamado. Al respecto, cabe tener presente que, habiendo sido notificados por este Consejo los titulares de dichas casillas electrónicas, con relación a la publicidad o entrega de las mencionadas comunicaciones, ninguno de ellos accedió expresamente a su entrega. En la especie, teniendo en consideración que los terceros a quienes se refiere la información requerida, esto es, los particulares emisores de las comunicaciones consultadas, no accedieron expresamente a la entrega de la documentación requerida, cabe tener presente que, su contenido se refiere a diversas irregularidades cometidas al interior del Centro de Tratamiento de Adicciones de la empresa CENTRA, por lo que la divulgación de lo requerido podría vulnerar tanto los derechos personales de los respectivos titulares como el debido funcionamiento del órgano. En dicho contexto, el artículo 4 de la ley 19.628, establece que "El tratamiento de datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello", requisitos que, en el presente amparo, no se cumplen, por cuanto ninguno de los terceros consintió expresamente la entrega de las comunicaciones requeridas. Luego, las letras j) y m) del artículo 33 de la Ley de Transparencia, determinan que el Consejo para la Transparencia tendrá las siguientes funciones "j) Velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado; m) Velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado".

5) Que, en tal sentido, respecto de los correos electrónicos solicitados cabe señalar que estos, tal como ocurre con las conversaciones telefónicas, cartas u otros medios de comunicación audiovisuales o radiofónicos, son interacciones entre personas individualmente consideradas, pudiendo incluir información, ideas, opiniones o juicios de valor confidenciales o privados. En efecto, se trata de una forma de comunicación que puede abarcar una multiplicidad de situaciones humanas o de hecho, similares a las que se producen a través de las llamadas telefónicas que las personas tienen día a día al interior de los órganos de la administración del Estado y que no tienen la relevancia necesaria para justificar su publicidad en aras del control social, teniendo en consideración que, respecto de los correos electrónicos aludidos por el solicitante, no existe una manifestación expresa en el sentido de otorgar el consentimiento o de acceder a su entrega.

6) Que, asimismo, en cuanto a la información solicitada, se debe tener presente que este Consejo ha sostenido a partir de la decisión del amparo Rol A520-09, y lo razonado en la decisión rol C3426-18 y C3035-18, que se debe resguardar la identidad del denunciante, a fin de evitar la afectación de bienes jurídicos, tales como su seguridad y su vida privada, en especial, la de los particulares que pongan en conocimiento de las autoridades públicas determinados hechos que puedan constituir infracciones o presuntos ilícitos.

7) Que, en relación con lo señalado precedentemente, si bien lo pedido no es expresamente los nombres de los denunciantes, este Consejo hace presente que el criterio aplicado por esta Corporación a partir de las decisiones recaídas en los amparos roles C520-09 y C2326-17, entre otras, frente a solicitudes de información referidas al nombre de las personas que han efectuado denuncias ante organismos públicos, corresponde a resguardar la identidad del denunciante, a fin de evitar que éstos se "(...) inhiban de realizar futuras denuncias e impedir que los órganos de la Administración, (...) realicen las fiscalizaciones necesarias que surgen de dichas denuncias (...)" (considerando 7° de la decisión del amparo Rol 520-09). En efecto, la entrega de la identidad de los denunciantes puede conllevar a que aquellos que pretenden formular futuras denuncias ante los órganos y servicios de la Administración del Estado se inhiban de realizarlas, por temor a eventuales consecuencias negativas, impidiendo con ello que tales órganos y servicios cuenten con un insumo inestimable que les sirva de base para efectuar las fiscalizaciones necesarias destinadas a esclarecer los hechos o irregularidades de que éstas puedan dar cuenta y de esta forma, incluso, podría afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos establecidos en el artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia.

8) Que, a mayor abundamiento, y según lo expuesto por el órgano, las comunicaciones solicitadas no constituyeron el fundamento para la elaboración de ningún acto administrativo, sino que, solamente, sirvieron de indicio para efectuar posteriores fiscalizaciones que, en forma posterior, permitieron corroborar la efectividad sobre la existencia de una serie de irregularidades al interior del centro de tratamiento indicado. En efecto, en la Resolución Exenta N° 202, de fecha 3 de abril de 2018, de SENDA, señalada por el reclamante en su solicitud, mediante la cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto respecto de la resolución que puso término anticipado al contrato indicado, se indica expresamente, en su considerando 7, que "con fecha 22 de agosto de 2017, la señora Francisca Zaldívar Hurtado, Directora Regional de SENDA en la región metropolitana, elevó al conocimiento de esta Dirección Nacional los antecedentes contenidos en el Informe de supervisión, proponiendo el término anticipado del contrato con Centros de Tratamiento y Rehabilitación en Adicciones Limitada, por las irregularidades observadas en la visita de supervisión referida", sin hacer alusión a ningún correo electrónico.

9) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, se configura respecto de los correos electrónicos cuyos titulares no han autorizado expresamente su entrega, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 19.628, las causales de secreto o reserva contenidas en el artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia, debiéndose, en consecuencia, rechazar el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don José Díaz Llona en contra del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don José Díaz Llona, al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, y a los terceros titulares de las casillas de correo electrónico.

En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado, no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.