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Francisco Sandoval con MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO Rol: C4969-18

Consejo para la Transparencia, 15/04/2019

Se rechaza el amparo en contra de la Municipalidad de Lo Espejo, referido a una base de datos sobre infractores de tránsito en un período determinado, que contenga los siguientes datos asociados: Patente; Fecha de tránsito/infracción; Fecha de denuncia; Motivo; Juzgado; Estado (En caso de informar infracciones en distintos estados, como no pagadas y pagadas); y, Concesionaria Ej: Autopista Central, Costanera Norte, Vespucio Norte, etc (para multas ocasionadas por circular sin dispositivo electrónico por autopistas concesionadas (TAG). Lo anterior, ya que la divulgación de las patentes de vehículos, asociadas al resto de la información requerida, permite identificar a sus titulares y situarlos en la calidad de eventuales infractores de normativas de tránsito y, consecuentemente con ello, atribuirles la calidad de deudores, cuestión que supone afectar su vida privada y honra. Además, al solicitarse la fecha precisa de tránsito de cada vehículo, se afecta la vida privada de las personas, al conocer su ubicación los días precisos en que circularon por determinadas autopistas.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Transporte
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4969-18

Entidad pública: Municipalidad de Lo Espejo

Requirente: Francisco Sandoval

Ingreso Consejo: 16.10.2018

RESUMEN

Se rechaza el amparo en contra de la Municipalidad de Lo Espejo, referido a una base de datos sobre infractores de tránsito en un período determinado, que contenga los siguientes datos asociados: Patente; Fecha de tránsito/infracción; Fecha de denuncia; Motivo; Juzgado; Estado (En caso de informar infracciones en distintos estados, como no pagadas y pagadas); y, Concesionaria Ej: Autopista Central, Costanera Norte, Vespucio Norte, etc (para multas ocasionadas por circular sin dispositivo electrónico por autopistas concesionadas (TAG).

Lo anterior, ya que la divulgación de las patentes de vehículos, asociadas al resto de la información requerida, permite identificar a sus titulares y situarlos en la calidad de eventuales infractores de normativas de tránsito y, consecuentemente con ello, atribuirles la calidad de deudores, cuestión que supone afectar su vida privada y honra. Además, al solicitarse la fecha precisa de tránsito de cada vehículo, se afecta la vida privada de las personas, al conocer su ubicación los días precisos en que circularon por determinadas autopistas.

Aplica criterio establecido en la decisión de amparo Rol C3776-16, ratificado por la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago (Rol N° 3133-2017).

En sesión ordinaria N° 982 del Consejo Directivo, celebrada el 15 de abril de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4969-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de septiembre de 2018, don Francisco Sandoval solicitó a la Municipalidad de Lo Espejo "información relativa a infracciones de tránsito de vehículos motorizados. Se requiere información relativa a multas que hayan sido solucionadas o no, por lo cual se agradece agregar este campo distintivo en caso de ser posible. Los campos a requerir son los siguientes: a) Patente; b) Fecha de tránsito/infracción; c) Fecha de denuncia; d) Motivo; e) Juzgado; f) Estado (En caso de informar infracciones en distintos estados, como no pagadas y pagadas); y, g) Concesionaria Ej: Autopista Central, Costanera Norte, Vespucio Norte, etc (para multas ocasionadas por circular sin dispositivo electrónico por autopistas concesionadas (TAG)".

Se requiere información de multas cometidas desde el 1° de enero del 2018 a la fecha, en formato Excel.

2) RESPUESTA: Mediante Resolución N° 358/1341/2018, de 11 de octubre de 2018, el órgano deniega el acceso a la información fundado en los artículos 21 N° 2 y 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia.

Con la información de la PPU de un vehículo es posible individualizar a su propietario y obtener la información detallada del vehículo, como por ejemplo, fecha de tránsito, fecha de una denuncia, las multas TAG, cuestión que implica consecuentemente que se obtendrá el resto de la información solicitada, que a todas luces contempla información que puede afectar la privacidad de un número de ciudadanos sin que exista claridad del objeto del requerimiento, que se haya acreditado interés pública y que se justifique su publicidad.

Los datos solicitados, en la medida que permitieran conocer la realidad de la condición del vehículo de una persona determinada, como asimismo, su condición ante la Ley, se enmarcan dentro del concepto de datos personales de la Ley N° 19.628.

Hace presente la definición de datos personales de la citada Ley, como asimismo, lo dispuesto en el artículo 7° de dicho cuerpo legal. Indica que las patentes de vehículos es información que no está disponible al público, ya que son parte de investigaciones penales y procedimientos infraccionales de la Ley de Tránsito.

Por último cita el inciso primero del artículo 9° de la Ley N° 19.628 (principio de finalidad). Indica que la ley expresamente incluye la entrega de datos personales a terceros con finalidades distintas por la que fueron recopilados, cuestión que requeriría la autorización del titular.

Respecto de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, la entrega de los datos requeridos afectaría la vida privada de personas naturales o antecedentes comerciales y económicos de personas jurídicas titulares de las placas patentes, lo que puede afectar los derechos comerciales y económicos de dichas personas, su imagen, su prestigio o su capacidad de operar comercialmente, la calidad de eventual infractor, la de deudores sin que exista certeza que refleje con exactitud la situación de cada uno de los automovilistas.

Respecto del artículo 21 N° 1 literal c) de la Ley de Transparencia, indica que la solicitud es muy amplia y masiva, sin claridad del objeto del requerimiento, y no sería posible dar cumplimiento debido a que se trata de un elevado número de actos administrativos.

3) AMPARO: El 16 de octubre de 2018, don Francisco Sandoval dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que se otorgó respuesta negativa a su solicitud.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Lo Espejo, mediante Oficio N° E9461, de 21 de noviembre de 2018, requiriéndole lo siguiente: (1°) referirse, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señalar cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa y los derechos de terceros; (3°) aclarar si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (4°) referirse al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida.

Mediante Oficio N° 03/1341/574/2018, de 4 de diciembre de 2018, el órgano presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que:

a) Reitera las causales de reserva alegadas en su oportunidad. Agrega que el solicitante no indica el motivo o propósito del requerimiento, considerando que posiblemente con la patente del vehículo y las nuevas tecnologías, se obtienen datos personales en internet y que podrían ser requeridas por empresas privadas que buscan ofrecer y/o prestar servicios.

b) Indica que con las multas TAG transferidas a los Juzgados, los ciudadanos quedan en calidad de deudores.

c) El municipio, como organismo estatal, se encuentra obligado a cautelar los derechos fundamentales de los ciudadanos y de la comunidad en general, considerando que la entrega de esta información puede afectar el derecho a la privacidad de las personas, particularmente, tratándose -entre otros- de su seguridad y derechos comerciales.

d) Respecto a la forma en que la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, hace presente que en el municipio, una sola funcionaria desarrolla las labores inherentes a las multas TAG (aproximadamente 25.000 multas mensualmente), función que comprende lo siguiente: ingresar información al programa, imprimir, doblar, corchetear, revisar, despachar las multas TAG. Además, en la jornada de mañana, dicha funcionaria atiende público. De esta forma, la solicitud implica distraer a dicha funcionaria del cumplimiento de sus labores habituales, teniendo presente que la prioridad es el despacho de las multas, en razón que tienen plazos establecidos.

e) La información denegada se encuentra en formato digital, en un programa computacional, en el cual los requerimientos consultados no se encuentran totalmente habilitados.

f) Finalmente, respecto de la cantidad de tiempo para recopilar la información requerida, indica que se requeriría aproximadamente de dos meses para determinar las multas entregadas a los Juzgados. Precisa que se trata de 87.981 multas cursadas desde el 1° de enero de 2018 a la fecha, y de éstas, 1.277 se encuentran pagadas.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la denegación de entrega de la información requerida por configurarse las causales de reserva prescritas en el artículo 21 N° 2 y artículo 21 N° 1 literal c) de la Ley de Transparencia.

2) Que, en cuanto a la causal de reserva descrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, procede la reserva de la información requerida «Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico».

3) Que, la información solicitada comprende una base de datos sobre infractores de tránsito en un período determinado, que contenga los siguientes datos asociados: a) Patente; b) Fecha de tránsito/infracción; c) Fecha de denuncia; d) Motivo; e) Juzgado; f) Estado (En caso de informar infracciones en distintos estados, como no pagadas y pagadas); y, g) Concesionaria Ej: Autopista Central, Costanera Norte, Vespucio Norte, etc (para multas ocasionadas por circular sin dispositivo electrónico por autopistas concesionadas (TAG)".

4) Que, con ocasión de la decisión del amparo Rol C3776-16, este Consejo se pronunció respecto de información de similar naturaleza, referida a base de datos de multas de TAG registradas y denunciadas a Juzgados de Policía Local, incluyendo patente, fecha de tránsito, fecha de denuncia, concesionaria, juzgado, estado en el juzgado, en un período determinado, estableciendo que "(...)la divulgación de información que eventualmente permita identificar a sus titulares y situarlos en la calidad de eventuales infractores de normativas de tránsito y, consecuentemente con ello, atribuirles la calidad de deudores, supone afectar su vida privada y honra" (considerando 3°). En efecto, los datos requeridos, en particular las PPU solicitadas se encuentran vinculadas a las multas cursadas por eventuales infracciones a las normativas de tránsito -sea o no- en vías concesionadas. Así, este dato en particular, detenta la potencialidad de identificar al titular de cada una de las placas patentes consultadas, en calidad de eventual infractor a las normas de tránsito en la vía pública, y consecuencialmente con ello, a su calidad de deudor. Por lo anterior, se advierte que, de accederse a la entrega de las PPU asociadas a la comisión de alguna infracción que fundamenta la multa respectiva, y mediante un simple cruce de información, es posible determinar una serie de antecedentes personales relativos a la vida privada de personas naturales o de antecedentes comerciales y económicos de personas jurídicas titulares de dichas patentes, cuya publicidad puede afectar los derechos comerciales y económicos de dichas personas, su imagen, su prestigio o su capacidad de operar comercialmente. Entre estos antecedentes se encuentra, la calidad de eventual infractor a las normativas de tránsito, y consecuencialmente con ello, la de deudores de dichos titulares. Por su parte, al requerirse la "fecha de tránsito" de cada vehículo motorizado (asociado a la respectiva PPU), es posible desprender aspectos de la vida privada de los terceros involucrados, titulares de cada placa patente, específicamente, su ubicación (por ejemplo: en determinadas autopistas concesionadas) en determinados días específicos (al requerirse la fecha de la infracción) durante el 1° de enero de 2018 a la fecha de la solicitud de información.

5) Que, este criterio fue ratificado posteriormente por la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, al conocer del reclamo de ilegalidad Rol N° 3133-2017, interpuesto contra la citada decisión que rechazó el amparo, que concluyó: "7° Que, en efecto, la información requerida (...) coloca a esos usuarios (...), además de identificarlos, en situación de infractores de normativas de tránsito y su calidad de deudores con el sistema de televías concesionadas, lo que afecta su capacidad de operar comercialmente y su prestigio comercial, siendo un deber de los organismos públicos el salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos, lo que los conmina a no entregar tales datos, ya que su publicidad, comunicación o conocimiento tiene la potencialidad y gravedad suficiente para afectar los derechos de los involucrados en la información solicitada, particularmente los que inciden en la esfera de su vida privada y derechos de carácter comercial o económico que pueden afectar su honra. // 8° Que, arguye, además, que no se ha demostrado en la especie un interés público prevalente, esto es, que frente a la disyuntiva de su entrega o no, permitan justificar que la información solicitada carece de la protección que le otorga la Ley N° 20.285 sobre Transparencia y la 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, máxime si entre los acápites de los datos solicitados, expresamente se refieren a "la fecha del tránsito" de cada vehículo, permitiendo de esa forma involucrarse en la vida privada de los usuarios del sistema de telepeajes de carreteras urbanas, al conocer su ubicación precisa entre los años 2010 y 2016". En este caso concreto, al solicitarse la fecha precisa de tránsito de cada vehículo, se afecta la vida privada de las personas, al conocer su ubicación los días precisos en que circularon por determinadas autopistas, entre el 1° de enero de 2018 a la fecha de la solicitud de información.

6) Que, en razón de lo expuesto precedentemente se rechazará el presente amparo por configurarse la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Con todo, atendida la configuración de la causal de reserva indicada, resulta inoficioso pronunciarse respecto de la hipótesis prescrita en el artículo 21 N° 1 literal c) de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Francisco Sandoval, en contra de la Municipalidad de Lo Espejo, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Francisco Sandoval, y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Lo Espejo.

En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado, no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.