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Pilar Mazo Cavieres con SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES Rol: C4959-18

Consejo para la Transparencia, 29/04/2019

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, teniendo por entregada aunque en forma extemporánea, la información consistente en el listado de los coordinadores de la Ley Ricarte Soto para cada institución acreditada a lo largo del país, tanto pública como privada, lo cual se enviará a la requirente con ocasión de la notificación de la presente decisión. Se entrega también la identidad de los coordinadores de instituciones privadas, por cuanto a la luz de las funciones que estos cumplen, se encuentran destinadas naturalmente a ser conocidas por la ciudadanía para efectos de facilitar el acceso y aplicación de las prestaciones de salud aseguradas por la ley en cuestión.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Da por entregada


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Desarrollo y Gestión Institucional
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4959-18

Entidad pública: Subsecretaría de Redes Asistenciales.

Requirente: Pilar Mazo Cavieres.

Ingreso Consejo: 16.10.2018.

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, teniendo por entregada aunque en forma extemporánea, la información consistente en el listado de los coordinadores de la Ley Ricarte Soto para cada institución acreditada a lo largo del país, tanto pública como privada, lo cual se enviará a la requirente con ocasión de la notificación de la presente decisión.

Se entrega también la identidad de los coordinadores de instituciones privadas, por cuanto a la luz de las funciones que estos cumplen, se encuentran destinadas naturalmente a ser conocidas por la ciudadanía para efectos de facilitar el acceso y aplicación de las prestaciones de salud aseguradas por la ley en cuestión.

Se representa al órgano el no haber conferido respuesta dentro del plazo legal.

En sesión ordinaria N° 987 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de abril de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C4959-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 31 de agosto de 2018, doña Pilar Mazo Cavieres solicitó a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, lo siguiente: "el listado de los coordinadores de Ley Ricarte Soto para cada institución acreditada a lo largo del país".

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 16 de octubre de 2018, la solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en no haber recibido respuesta a su solicitud.

3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales, mediante oficio N° E9432, de fecha 21 de noviembre de 2018, requiriendo que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) en caso de haber dado respuesta al requerimiento de información, acredite dicha circunstancia, acompañando copia de la respuesta y los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso 2°, de la Ley de Transparencia y en el numeral 4.4., de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada.

Luego, por medio de ordinario N° 5371, de 24 de diciembre de 2018, el órgano en resumen, acompañó un archivo Excel que contiene el listado completo de los coordinadores de la Ley Ricarte Soto para instituciones públicas y privadas acreditadas a lo largo del país.

4) GESTIÓN OFICIOSA: Mediante oficio N° 707, de fecha 4 de abril de 2019, este Consejo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley de Transparencia, solicitó al órgano explicar las funciones que cumplen los coordinadores requeridos, como asimismo, por qué razón obran en su poder la identidad de los coordinadores de instituciones públicas como privadas y la normativa aplicable a la materia.

Al efecto, el órgano mediante correos electrónicos de fecha 10 y 17 de abril de 2019, indicó en resumen, lo que sigue:

a) Actualmente no se dispone de un documento formal que indique las funciones o actividades que deben cumplir los coordinadores de la Ley Ricarte Soto en cada establecimiento, sin embargo, desde la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) se precisa que estas se agrupan de la siguiente manera:

i. Implementación de Ley 20.850 dentro del establecimiento acorde a los problemas de salud del cual se es prestador.

ii. Capacitación y apoyo constante a los equipos profesionales involucrados en los procesos clínicos y administrativos de la Ley 20.850.

iii. Seguimiento de los casos de la Ley 20.850 desde el proceso de postulación por parte del médico hasta el ingreso a la Ley.

iv. Coordinación permanente con nivel central.

v. Seguimientos de casos confirmados y supervisión de cumplimento de garantías asociadas a Ley 20.850.

vi. Articulación o coordinación del caso confirmado dentro del establecimiento, nivel central y otros establecimientos de la red, según sea necesario.

vii. Supervisar el correcto funcionamiento del sistema de trazabilidad dispuesto por FONASA.

viii. Gestión de reclamos por parte de los usuarios en relación a la Ley 20.850.

ix. Presentación de antecedentes del establecimiento para acreditar el cumplimiento de la Norma Técnica N° 181, para formar parte de la Red de Prestadores.

x. De acuerdo a las disposiciones del Decreto N° 54 de 2015, que contiene el reglamento que establece normas para el otorgamiento y cobertura financiera de los diagnósticos y tratamientos incorporados al sistema establecido en la ley N° 20.850, se indica en su artículo 7° la información y los procedimientos de registro para la aplicación de la cobertura financiera, señalando que FONASA debe disponibilizar un sistema de información de las garantías entregadas.

En este sistema de información, se establece para cada prestador una serie de involucrados dentro de este proceso. El principal de estos corresponde al "Gestor de Casos", quien revisa los registros y el estado de trazabilidad de las garantías en los pacientes asociados a su establecimiento. Este "Gestor de Casos", es quien recibe el nombre de Coordinador Ley Ricarte Soto y es a través de este sistema de información donde se crea la base de datos con los encargados de cada establecimiento.

b) No existe por parte de DIGERA una normativa aplicable para los coordinadores de la Ley Ricarte Soto. El documento formal que es obligatorio para dar cumplimiento al otorgamiento de las garantías es el Convenio, documento que es celebrado entre los representantes de los establecimientos prestadores y FONASA.

c) Los coordinadores son designados por los directores de cada establecimiento, tanto en instituciones públicas, privadas y FFAA y de Orden.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, antes de entrar al fondo del asunto, se debe indicar que el artículo 14 de la Ley de Transparencia, dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo legal indicado. En razón de lo anterior, este Consejo representará al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales, en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) del cuerpo legal citado.

2) Que, dicho lo anterior, el presente amparo tiene por objeto la entrega del listado de los coordinadores de la Ley Ricarte Soto para cada institución acreditada a lo largo del país.

3) Que, el órgano con ocasión de sus descargos, acompañó la información solicitada, tanto respecto de las instituciones públicas como privadas, conforme con lo cual, se debe señalar que en lo que atañe a las primeras, al tratarse de información referente a funcionarios públicos, es que se acogerá el amparo en esta parte, sin perjuicio de tenerse por entregado lo solicitado, aunque en forma extemporánea, antecedentes que serán remitidos a la requirente al momento de notificársele la presente decisión.

4) Que, en cuanto a los coordinadores de la Ley Ricarte Soto, de instituciones privadas, se debe indicar que a pesar de tratarse de particulares, de lo anotado en el numeral 4°, de lo expositivo, se desprende que la identidad de estos obra en poder del órgano por cuanto deben cumplir una función de carácter pública en relación con la ejecución de la referida Ley, cuyas particularidades se detallan en el mencionado numeral. En tal sentido, cabe tener presente que el artículo 7°, del decreto N° 54, de 2015, que contiene el reglamento que establece normas para el otorgamiento y cobertura financiera de los diagnósticos y tratamientos incorporados al sistema establecido en la ley N° 20.850, establece que: "El Fondo Nacional de Salud deberá establecer el sistema de información o de manejo de ésta, asociado a cada beneficiario de la ley, que permiten determinar, en forma actualizada, las prestaciones otorgadas; así como el adecuado registro y almacenamiento de los antecedentes asociados al otorgamiento de una prestación cubierta y el sistema de registro de datos para estos efectos. Los convenios que suscriba el Fondo Nacional de Salud para el otorgamiento de las prestaciones contempladas en el Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, con los prestadores aprobados (...), deberán contener, entre otros, la obligatoriedad para aquellos de suscribir, registrar y actualizar el Sistema de información de acuerdo al reglamento". Pues bien, los coordinadores en comento o denominados también "gestores de casos", son quienes revisan los registros y el estado de trazabilidad de las garantías en los pacientes asociados a su establecimiento, por lo tanto, con estos coordinadores se crea y actualiza la base de datos para darle funcionamiento al sistema de información de la Ley Ricarte Soto.

5) Que, asimismo, estos coordinadores o gestores de casos, deben gestionar los reclamos por parte de los usuarios en relación a la Ley Ricarte Soto; implementar dicha ley dentro del establecimiento acorde a los problemas de salud; realizar un seguimiento de los casos particulares desde el proceso de postulación por parte del médico hasta el ingreso a la Ley, entre otras funciones, todas actividades que dan cuenta que las identidades de estos se encuentran destinadas naturalmente a ser conocidas por la ciudadanía para efectos de facilitar el acceso y aplicación de las prestaciones de salud aseguradas, sobre todo por aquellos que se encuentran bajo la cobertura de la ley en cuestión.

6) Que, por lo anterior, se acogerá el amparo en esta parte, sin perjuicio de tener por entregado lo requerido aunque en forma extemporánea, remitiendo dicha información a la requirente al momento de notificársele la presente decisión.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Pilar Mazo Cavieres en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, teniendo por entregada la información solicitada, aunque en forma extemporánea, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Representar al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, al no haber evacuado respuesta al presente requerimiento dentro del plazo legal. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere dicha infracción.

III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales y a doña Pilar Mazo Cavieres, haciéndole entrega a esta última, de la información acompañada por el órgano con ocasión de sus descargos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.