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Mario Báez Lazo con SEREMI DE BIENES NACIONALES REGIÓN DE LOS LAGOS Rol: C6124-18

Consejo para la Transparencia, 29/04/2019

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Los Lagos, ordenando la entrega del informe final de Tasación Comercial del inmueble fiscal denominado Cochamó, correspondiente a la licitación pública ID 680-20-L118, por tratarse de información pública que obra en poder del órgano y por no haberse configurado la causal de reserva de privilegio deliberativo invocada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Bienes Públicos
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6124-18

Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Los Lagos.

Requirente: Mario Báez Lazo.

Ingreso Consejo: 06.12.2018.

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Los Lagos, ordenando la entrega del informe final de Tasación Comercial del inmueble fiscal denominado Cochamó, correspondiente a la licitación pública ID 680-20-L118, por tratarse de información pública que obra en poder del órgano y por no haberse configurado la causal de reserva de privilegio deliberativo invocada.

En sesión ordinaria N° 987 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de abril de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6124-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 14 de noviembre de 2018, don Mario Báez Lazo solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Los Lagos, en adelante e indistintamente, la Secretaría o la SEREMI, la siguiente información: "Copia Informe final de Tasación Comercial del inmueble fiscal denominado Cochamó, de una superficie de 11.318,30 hectáreas, comuna de Cochamó, provincia de Llanquihue, correspondiente a la licitación pública ID 680-20-L118 denominada Contratación del servicio de tasación del inmueble fiscal denominado Hijuela N°5 Valle Río Cochamó, cuyo mandante es la SEREMI de Región de Los Lagos".

2) RESPUESTA: El 6 de diciembre de 2018, la SEREMI dio respuesta al requerimiento, denegando la entrega de la información solicitada, y señalando en síntesis, que "no es posible acceder a lo solicitado, en consideración a 21, numeral 1 letra b) de la Ley N° 20.285".

3) AMPARO: El 6 de diciembre de 2018, don Mario Báez Lazo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Asimismo, agrega que "el servicio se limita a indicar sólo el artículo de la Ley de Transparencia, sin indicar mayores fundamentos del carácter de reserva del informe que conste que el contenido corresponde a antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante oficio N° E1036, de 27 de enero de 2019, confirió traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Los Lagos, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones, especialmente, respecto de: (1°) acompañe copia de la solicitud que ante esta instancia se reclama; (2°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (3°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, (4°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo.

El 20 de febrero de 2019, mediante Ord. N° SE10- 457, la SEREMI evacuó sus descargos, señalando en síntesis, que "al momento del requerimiento de la información, el Sr. Ministro de Bienes Nacionales había decidido no incluir dicho inmueble en la licitación pública de inmuebles fiscales que se llevó a cabo por el Ministerio en el mes de Enero recién pasado y que se denominó ‘Venta de Inmuebles Fiscales a la mejor oferta económica en las comunas de Puerto Montt, Osorno y Puerto Varas, región de Los Lagos’, toda vez que aún cuando dicho inmueble había sido propuesto por la región junto a siete inmuebles más para ser incluido en el proceso licitatorio que llevaría a cabo el Ministerio, la modalidad propuesta para éste inmueble fue la de una concesión onerosa y no la de una venta".

Acto seguido, indica que "se estimó que no era pertinente entregar el informe de tasación requerido toda vez que éste solo constituye un antecedente a tener en cuenta, el que junto a la tasación comercial realizada por esta Secretaría Regional Ministerial, deberá ser puesta en conocimiento de la Comisión Especial de Enajenaciones, instancia que propondrá el valor comercial del inmueble, siendo el Ministro quien en definitiva determine el precio, instancias estas últimas que a la fecha del requerimiento de información no se habían concretado y que posteriormente no se concretaron en atención a la decisión del Ministro (...), pero que deberá concretarse una vez que se defina la mejor forma de administración para dicho inmueble fiscal".

Finalmente, informa que "En cuanto al estado del proceso en el que recae la solicitud de información denegada, reitero que es un proceso pendiente, toda vez que el Ministerio aún no se ha pronunciado respecto a la forma de administración del referido inmueble, habiéndose descartado su enajenación a través de la licitación señalada, pero a la espera de una definición según el ‘Plan de Desarrollo Territorial Regional 2018-2022’", y adjuntando una serie de documentos relativos al aludido Plan de Desarrollo Territorial.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Los Lagos, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, el requerimiento se refiere a copia del Informe final de Tasación Comercial del inmueble fiscal denominado Cochamó, correspondiente a la licitación pública ID 680-20-L118 denominada Contratación del servicio de tasación del inmueble fiscal. Al respecto, tanto en su respuesta como en sus descargos, el órgano denegó la entrega de la información solicitada, fundado en la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra b), de la Ley de Transparencia.

2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

3) Que, respecto de la información solicitada, el órgano reclamado invocó la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, norma que prescribe que se podrá denegar total o parcialmente la información requerida, cuando su divulgación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. Además, según lo previsto en el artículo 7° N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios.

4) Que, al respecto, cabe tener presente los criterios fijados por este Consejo para los efectos de configurar dicha causal, requiriéndose la concurrencia de dos requisitos copulativos, cuales son: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política, y b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. En efecto, según la jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes que acrediten la afectación a los bienes jurídicos.

5) Que, en la especie, el órgano se limitó a señalar que existía un proceso de determinación respecto de la forma de enajenar o administrar el inmueble aludido, y si bien indicó que el antecedente formaba parte de dicho proceso, no informó detallada y fehacientemente, la forma en que la publicidad del informe requerido podría afectar el debido cumplimiento de las funciones de la SEREMI de Bienes Nacionales, o la manera en que se vería perjudicado el privilegio deliberativo de la autoridad respectiva, respecto de la decisión que se adopte sobre la venta o la entrega en concesión del inmueble fiscal. En virtud de lo expuesto, la causal alegada por el órgano no podrá prosperar, teniendo presente que por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva.

6) Que, en consecuencia, habiéndose desestimado la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra b), de la Ley de Transparencia, y tratándose de información que obra en poder del órgano reclamado, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega del antecedente requerido, debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la información que se entregue, esto es, el número de cédula de identidad, teléfonos, domicilios, correos electrónicos particulares, según lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma ley.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Mario Báez Lazo, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Los Lagos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Los Lagos lo siguiente:

a) Entregar al reclamante copia del Informe final de Tasación Comercial del inmueble fiscal denominado Cochamó, de una superficie de 11.318,30 hectáreas, comuna de Cochamó, provincia de Llanquihue, correspondiente a la licitación pública ID 680-20-L118 denominada Contratación del servicio de tasación del inmueble fiscal denominado Hijuela N°5 Valle Río Cochamó, debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la información que se entregue, como el número de cédula de identidad, teléfonos, domicilios, correos electrónicos particulares.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Mario Báez Lazo y al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Los Lagos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.