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Javier Morales con SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Rol: C6167-18

Consejo para la Transparencia, 29/04/2019

Se acoge el amparo en contra del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, referido a la copia los textos originales de las constituciones de 1925 y de 1980 en formato digital (PDF), previo pago de los costos directos de reproducción, -de proceder éstos- guardando observancia estricta a lo prescrito por la Ley de Transparencia, su Reglamento y la Instrucción General N° 6 del Consejo, particularmente en el numeral 5 de esta última. Lo anterior, ya que no se acreditó en la especie que el monto fijado por el proceso de digitalización de la información, se ajuste a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y la Instrucción General N° 6 de esta Corporación.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Conformidad objetiva


Descriptores analíticos:

Tema Cultura y Artes
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6167-18

Entidad pública: Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

Requirente: Javier Morales

Ingreso Consejo: 10.12.2018

RESUMEN

Se acoge el amparo en contra del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, referido a la copia los textos originales de las constituciones de 1925 y de 1980 en formato digital (PDF), previo pago de los costos directos de reproducción, -de proceder éstos- guardando observancia estricta a lo prescrito por la Ley de Transparencia, su Reglamento y la Instrucción General N° 6 del Consejo, particularmente en el numeral 5 de esta última.

Lo anterior, ya que no se acreditó en la especie que el monto fijado por el proceso de digitalización de la información, se ajuste a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y la Instrucción General N° 6 de esta Corporación.

En sesión ordinaria N° 987 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de abril de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6167-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Que el 15 de noviembre de 2018, don Javier Morales solicitó al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural "los textos originales de las constituciones de 1925 y de 1980 en formato digital (PDF)".

2) RESPUESTA: Mediante Ord. N° 989 de 6 de diciembre de 2018, el órgano otorgó respuesta, adjuntando carta de fecha 30 de noviembre de 2018, de la Directora del Archivo Nacional de Chile, en la cual informa que el costo asociado a la digitalización de las Constituciones señaladas es de $73.500. Agrega que, para acordar la modalidad y tiempos de entrega, puede contactarse con el encargado de atención de usuarios, proporcionando los respectivos datos de contacto.

3) AMPARO: El 10 de diciembre de 2018, don Javier Morales dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en el elevado costo requerido para la digitalización de los textos solicitados. El reclamante requiere que se le libere del costo de digitalización de los textos y que la información sea remitida a su correo electrónico en formato pdf.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, mediante Oficio N° E1056, de 27 de enero de 2019, requiriéndole lo siguiente: (1°) exponer las razones por las cuales no sería posible entregar la información en el formato solicitado, según lo dispone el artículo 17 de Ley de Transparencia; (2°) señalar si, la información requerida obra en poder del órgano que representa, constando en un soporte digital; (3°) de no obrar en soporte digital, indicar si procedió a informar al recurrente dicha circunstancia, en los términos que establece el numeral 6.1 de la Instrucción General N°6 del Consejo para la Transparencia; y, (4°) indicar si los costos de reproducción se ajustan a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Transparencia y a la Instrucción General N° 6 del Consejo para la Transparencia, publicada el 30 de marzo del año 2010, remitiendo los antecedentes que respalden los costos asociados a la entrega de la información reclamada.

Mediante Ord. N° 141, de 15 de febrero de 2019, el órgano presentó sus descargos u observaciones, acompañando carta de fecha 12 de febrero de 2019, emitida por el Archivo Nacional de Chile, señalando, en síntesis que:

La información requerida se encuentra bajo el resguardo del Archivo Nacional de Chile, pero corresponde a un material que, hasta el momento, no se encuentra digitalizado. Es decir, no obra en poder del Servicio en el formato requerido por el solicitante.

Las razones por las cuales no es posible acceder a la petición referida a entregar sin costo las imágenes referidas a las Constituciones requeridas, dicen relación con que dicho proceso de digitalización requiere del uso de una cantidad considerable de horas hombre, así como también, del despliegue de las medidas de conservación necesarias para que el soporte (papel) no sufra deterioros producto de la manipulación del mismo.

El presupuesto por la digitalización informado en la respuesta entregada al usuario, consideró los valores fijados en la Resolución Exenta N° 1.734, de fecha 8 de junio de 1.999, cuyo valor asciende a la suma de $73.500.

Según lo prescrito en el artículo 18 de la Ley de Transparencia y en la Instrucción General N° 6 del Consejo para la Transparencia, los órganos y servicios de la Administración del Estado sólo pueden exigir el pago de los costos directos de reproducción y de los demás valores que una ley expresamente autorice cobrar por la entrega de la información solicitada, aclarando que los costos de reproducción se entenderán como aquellos asociados al proceso de copiado de un documento u otro tipo de soporte, en la medida que sea necesario incurrir en ellos para obtener la información en el formato que el requirente haya solicitado, hecho que se observa en la tramitación de este requerimiento.

Según dispone el D.S. N° 6.234 y el DFL N° 5.200, ambos del Ministerio de Educación, podrá el Servicio fijar, por medio de una Resolución interna, las tarifas para las copias y certificados que expida el Archivo Nacional, aplicándose en la especie, los costos indicados en la Resolución Exenta N° 1.734, de 1.999, de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, ya señalada y cuyo valor, para el caso concreto asciende a la suma informada.

Como alternativa para apoyar la búsqueda del solicitante, se informa que en la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional, www.bcn.cI podrá encontrar en formato digital y descargable la Constitución Política de la República de 1925 y 1980.

Finalmente, otra alternativa es que el requirente visite las dependencias del Archivo Nacional, previa concertación de cita con el encargado de la atención de usuarios, cuyos datos de contacto indica, para que personalmente pueda tomar por sus medios las fotografías que requiera, siempre que se respetan algunos elementos de resguardo y conservación del material, tales como la manipulación exclusiva por parte del personal del Archivo y la captura de fotos sin flash.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el fundamento del presente amparo se circunscribe al elevado costo requerido para la digitalización de los textos requeridos, vulnerándose con ello el principio de gratuidad consagrado en la Ley de Transparencia.

2) Que, en lo que respecta al valor excesivo que, a juicio del recurrente, le fue cobrado por concepto de digitalización de los textos originales requeridos, se debe hacer presente que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 11, letra k), y 18 de la Ley de Transparencia, el acceso a la información de los órganos de la Administración, en principio, es gratuito, y "sólo se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción y de los demás valores que una ley expresamente autorice cobrar por la entrega de la información solicitada". En este sentido, el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Transparencia señala, en lo que interesa, que "se entenderá por costos directos de reproducción todos aquellos que sean necesarios para obtener la información en el soporte que el requirente haya solicitado, excluyendo el valor del tiempo que ocupe el o los funcionarios para realizar la reproducción".

3) Que, por su parte, la Instrucción General N° 6, de este Consejo, en su numeral 4, prescribe que se "entenderá por costos directos de reproducción todos los costos asociados al proceso de copiado de un documento u otro tipo de soporte, en la medida que sea necesario incurrir en ellos para obtener la información en el soporte que el requirente haya solicitado". Además, se fijan los criterios para definir aquellos costos que pueden cobrar los órganos de la Administración, indicándose al efecto como regla principal que "El valor que se exija pagar por costos directos de reproducción deberá tener relación con el que se cobre por el mismo servicio a los órganos o servicios de la Administración del Estado y que, en principio, es el establecido en el convenio marco respectivo, por lo que este último será considerado como valor de referencia para estos efectos". Asimismo se establece que, en el caso que el órgano no tenga contratado el servicio de reproducción vía convenio marco, licitación pública, privada o trato directo (por ejemplo, el servicio lo presta directamente a través de una máquina de su propiedad o arrendada), podrá estimar suficiente el valor de referencia señalado, esto es, el precio establecido en el convenio marco de referencia, exigiendo su pago al solicitante de información. En caso de estimar que dicho valor de referencia es insuficiente para costear los costos directos de reproducción en que efectivamente incurre, deberá establecer en el acto administrativo que fije aquéllos, en forma desglosada y conforme al criterio de realidad, el valor de cada uno de los insumos que conformen el costo total directo de reproducción del producto señalado y acreditarlo fehacientemente de ser requerido por este Consejo.

4) Que, en su respuesta el órgano expuso -en síntesis- que el costo asociado a la digitalización de la información ascendía a $73.500. Posteriormente, con ocasión de sus descargos, el órgano precisó que el material requerido obra en poder del Archivo Nacional de Chile, pero que no se encuentra digitalizado. Luego, explica que el proceso de digitalización requiere del uso de una cantidad considerable de horas hombre, así como también, el despliegue de medidas de conservación necesarias para que el soporte papel no sufra deterioros producto de la manipulación del mismo. Se indica que el D.S. N° 6.234 y el D.F.L. N° 5.200, ambos del Ministerio de Educación, habilitan al Servicio para fijar, por medio de una Resolución interna, las tarifas para las copias y certificados que expida el Archivo Nacional, aplicándose en la especie, los costos indicados en la Resolución Exenta N° 1.734, de 1.999, de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, ya señalada y cuyo valor, para el caso concreto asciende a la suma informada.

5) Que, el Decreto Supremo N° 6.234, de 1930, Reglamento para la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos, prescribe que "El Archivo Nacional facilitará copia o

expedirá certificados: d) De los documentos históricos que se encuentren en

la Sección correspondiente y que puedan tener interés para los particulares" (artículo 146) Agrega que "La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos fijará por medio de una resolución interna una tarifa para las reproducciones a que se refiere el artículo anterior, considerando el costo del material empleado, el consumo de energía eléctrica, el pago del personal necesario, la amortización del equipo técnico y un pequeño margen para su autofinanciamiento y reposición del material fotográfico" (artículo 147). A su turno, el Decreto con Fuerza de Ley N° 5.200, de 1929, sobre Instituciones Nacionales Patrimoniales dependientes del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, prescribe en lo que interesa que "Las copias y certificados que expida el Archivo Nacional serán firmados por el Conservador (...)" (artículo 17). Cabe advertir que, según se desprende de la referida normativa, el valor informado al reclamante correspondería a las tarifas para las copias y certificados que expide el Archivo Nacional, y no a aquellos "que una ley expresamente autorice cobrar por la entrega de la información solicitada" (en los términos prescritos en el artículo 18 de la Ley de Transparencia). En síntesis, en ninguna parte de la referida normativa fundante del cobro que fuere comunicado, se contiene una autorización expresa que permita concluir que en virtud de dichas normas se estaría facultando al Archivo Nacional a cobrar por la entrega de un documento en el marco de un procedimiento de acceso de información pública, tal como lo exige el artículo 18 de la Ley de Transparencia.

6) Que, a su turno, cabe hacer presente que, el valor por costos directos de reproducción al que hace referencia el órgano, establecido en la citada Resolución Exenta N° 1.734, de 1.999, de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, se fundaría principalmente -según expone el órgano- en que "el proceso de digitalización requiere del uso de una cantidad considerable de horas hombre, así como también, del despliegue de las medidas de conservación necesarias para que el soporte (papel) no sufra deterioros producto de la manipulación del mismo". Sobre dicho punto, cabe hacer presente que conforme lo prescrito en el numeral 8 de la Instrucción General N°6 de este Consejo sobre la materia "Los órganos y servicios de la Administración del Estado deberán abstenerse de cobrar como costos directos de reproducción los siguientes ítems: d) Los gastos de energía, climatización o iluminación que requiera el lugar donde se desarrolla la labor de reproducción y los referidos a las oficinas del servicio en general; e) El costo del tiempo que ocupe el o los funcionarios del órgano requerido para realizar la reproducción (horas/persona), vale decir, la remuneración mensual, horas extraordinarias, bonos u otros". Por último, según lo prescrito en el numeral 3 de la citada Instrucción General: "No se podrá efectuar cobro alguno en los siguientes casos: a) Si la remisión de la información se realiza telemáticamente (a través de un correo electrónico, por ejemplo), es decir, no se pone a disposición del solicitante por un medio o soporte físico (como papel, medios magnéticos, electrónicos u ópticos), salvo que el documento no se encuentre digitalizado y sea necesario fotocopiarlo para su posterior escaneo. En este último caso podrá cobrarse el valor de las fotocopias conforme el numeral 5". En el caso analizado, si bien se explica que la información no se encuentra digitalizada, no se acredita que sea necesario fotocopiarla para su posterior escaneo, hipótesis que tampoco concurre en la especie. Por su parte, el órgano tampoco aporta elementos de hecho que permitan ponderar el valor por concepto del proceso de digitalización de la información (por ejemplo: número de páginas a digitalizar, condiciones materiales de los documentos requeridos, entre otros). En suma, no se advierte que el órgano reclamado haya dado cumplimiento a los criterios mencionados en la Instrucción General citada, toda vez que, consultado sobre esta materia, no acreditó el valor de los insumos que formarían parte, en su caso, de los costos directos de reproducción que a su juicio procedería cobrar, sino que se limitó a reiterar que dicho valor tenía su fundamento en la Resolución Exenta N° 1.734, de 1.999, de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.

7) Que, por último, conviene hacer presente que este Consejo revisó la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional, www.bcn.cI, sitio en que se puede encontrar en formato digital y descargable copias de la Constitución Política de la República de 1925 y 1980. Sin embargo, revisado el sitio web señalado por la reclamada, particularmente el siguiente enlace: https://www.bcn.cl/historiapolitica/constituciones/index.html; no fue posible constatar que dichas copias correspondan exactamente a los originales de cada una de las Constituciones consultadas, esto es, los documentos manuscritos y firmados que custodia el Archivo Nacional, por lo que tampoco es posible satisfacer el requerimiento con aquella información que se encuentra disponible.

8) Que, en razón de lo anteriormente expuesto, y particularmente, las infracciones constatadas al principio de gratuidad consagrado en el artículo 11 literal k) de la Ley de Transparencia, en relación con los artículos 17 y 18 de la citada Ley, así como lo dispuesto en la Instrucción General N° 6 de este Consejo sobre la materia, se acogerá el presente amparo y se requerirá a la reclamada proporcionar al reclamante, copia digital, en formato PDF, de la información requerida, previo pago de los costos directos de reproducción, -de proceder éstos- guardando observancia estricta a lo prescrito por la Ley de Transparencia, su Reglamento y la Instrucción General N° 6 del Consejo, particularmente en el numeral 5 de esta última.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Javier Morales, de 10 de diciembre de 2018, en contra del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural:

a) Hacer entrega al reclamante de copia en PDF de los textos originales de las Constituciones Políticas de la República de 1925 y 1980, previo pago de los costos directos de reproducción, -de proceder éstos- guardando observancia estricta a lo prescrito por la Ley de Transparencia, su Reglamento y la Instrucción General N° 6 del Consejo, particularmente en el numeral 5 de esta última.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Javier Morales, y al Sr. Director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado, no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.