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Javier Morales Valdés con ARMADA DE CHILE Rol: C5875-18

Consejo para la Transparencia, 23/04/2019

Se acoge parcialmente el amparo en contra de la Armada de Chile, ordenando proporcionar la Hoja de Vida del funcionario que individualiza, correspondiente al año 2010, debiendo el órgano tarjar, en forma previa a la entrega de dicho antecedente, los datos personales de contexto contenidos en ésta -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN-, como también los referidos a datos sensibles y las sanciones prescritas o cumplidas. Lo anterior, toda vez que se trata de información pública que obra en poder del órgano, acerca del desempeño funcionario, y a que no se acreditó que su entrega afecte la Seguridad de la Nación, los derechos de las personas, la vida privada ni el derecho a la honra de los funcionarios. Se representa a la Armada de Chile su falta de colaboración en la tramitación del presente amparo, al no remitir bajo reserva a este Consejo para su análisis, la información reclamada. Se rechaza el amparo respecto de la información de la hoja de vida correspondiente a los años 2011 a 2016, por su inexistencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Defensa
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Inhabilitación)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5875-18

Entidad pública: Armada de Chile

Requirente: Javier Morales Valdés

Ingreso Consejo: 27.11.2018

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo en contra de la Armada de Chile, ordenando proporcionar la Hoja de Vida del funcionario que individualiza, correspondiente al año 2010, debiendo el órgano tarjar, en forma previa a la entrega de dicho antecedente, los datos personales de contexto contenidos en ésta -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN-, como también los referidos a datos sensibles y las sanciones prescritas o cumplidas.

Lo anterior, toda vez que se trata de información pública que obra en poder del órgano, acerca del desempeño funcionario, y a que no se acreditó que su entrega afecte la Seguridad de la Nación, los derechos de las personas, la vida privada ni el derecho a la honra de los funcionarios.

Se representa a la Armada de Chile su falta de colaboración en la tramitación del presente amparo, al no remitir bajo reserva a este Consejo para su análisis, la información reclamada.

Aplica criterio contenido en las decisiones rol C727-18, C1579-18, C1617-18, C1961-18, C2047-18 y C2048-18, entre otras.

Se rechaza el amparo respecto de la información de la hoja de vida correspondiente a los años 2011 a 2016, por su inexistencia.

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 986 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de abril de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información rol C5875-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 26 de octubre de 2018, don Javier Morales Valdés solicitó a la Armada de Chile, la siguiente información: "hoja de vida del ex Vicealmirante Osvaldo Schwarzenberg, solo los años 2010 a 2016".

2) RESPUESTA: El 27 de noviembre de 2018, la Armada de Chile respondió a dicho requerimiento de información, mediante Oficio O.T.A.I.P.A. Ordinario N° 12900/909, señalando en síntesis, que el funcionario aludido "ascendió al grado de Contraalmirante el año 2011, por lo que se informa a Ud., que, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 24 inc. 2° de la Ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, los Oficiales al ascender a un grado de Oficial General no son calificados, no existiendo a partir del año de ascenso, Hojas de Vida ni registro de anotaciones vigentes".

No obstante lo anterior, respecto de la Hoja de Vida correspondiente al año 2010, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, notificó la solicitud de información al tercero, quien con fecha 30 de octubre de 2018, se opuso a la entrega de la hoja consultada, indicando que dicho antecedente contiene información profesional, militar, personal y familiar, en relación con lo dispuesto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, la ley N° 19.628 y el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia.

Asimismo, y no obstante lo anterior, el órgano informa que en los antecedentes solicitados se consignan hechos propios del servicio concerniente a la preparación y capacitación militar, que dice directa relación con el debido cumplimiento de las funciones, rol, misión y estándares en los que opera la Armada de Chile, invocando, al efecto, el artículo 101 de la Carta Fundamental, el artículo 255 y siguientes del Código de Justicia Militar, el artículo 21 N° 1, 2, 3, 4, y 5 de la Ley de Transparencia, el artículo 7 de la ley N° 19.628, el artículo 436 N°1 del Código de Justicia Militar y el artículo 34, letras a) y b) de la Ley N° 20.424.

3) AMPARO: El 27 de noviembre de 2018, don Javier Morales Valdés dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el presente amparo y, mediante Oficio N° E673, de fecha 18 de enero de 2019, confirió traslado al Sr. Comandante en Jefe de la Armada de Chile, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones, especialmente, respecto de: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero; (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a el tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, y los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que la oposición deducida ingresó ante el órgano que usted representa; (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y, (5°) remita copia íntegra de la información solicitada sin tarjar, haciendo presente que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento.

Posteriormente, por medio del oficio O.T.A.I.P.A. N° 12900/102, de 29 de enero de 2019, el órgano indicó que "venimos en solicitar se suspenda el plazo referido, y se nos reciba en audiencia secreta a efectos de dar cuenta sobre el requerimiento efectuado", lo que fue denegado por este Consejo, de conformidad a los motivos que se indican en el oficio N° 203, de fecha 1 de febrero de 2019, de esta Corporación. No obstante lo anterior, con fecha 4 de febrero de 2019, mediante oficio O.T.A.I.P.A. N° 12900/119, la Armada requirió ampliación del plazo para presentar sus descargos, lo que fue aceptado por este Consejo, mediante oficio N° E1511, de fecha 5 de febrero de 2019.

Mediante Oficio de O.T.A.I.P.A. SECRETO N° 12.900/148 de 12 de febrero de 2019, la Armada de Chile presentó sus descargos y observaciones, adjuntando documento anexo en el cual señala, en síntesis, que "el reclamante no cumple con los requisitos del Amparo que estableció el legislador en el inciso 2° del artículo 24 de la Ley de Transparencia (...) El Sr. Morales sólo se limita a señalar de manera vaga, que la actitud de la Institución fue ‘Negativa’ por la oposición de un tercero, sin hacer una clara referencia a la infracción que se habría cometido", haciendo mención a lo resuelto por este Consejo en la decisión del amparo rol C5037-18, y agregando que "el incumplimiento de lo prescrito en el artículo 24 de la Ley de Transparencia (...) deja a la Armada en una situación de desventaja frente al uso pleno a su derecho y garantía constitucional del derecho de defensa".

Asimismo, el órgano alega que el reclamante ha ingresado a lo menos 194 amparos, entre junio de 2018 y enero de 2019, que en su mayoría no se encontrarían justificados o fundamentados, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, y señala que debiera tenerse presente lo dispuesto en el artículo 41, inciso 5°, de la Ley N° 19.880, solicitando que "el Honorable Consejo pueda reflexionar sobre lo que significan las Hojas de Vida y la IMPORTANCIA de mantener su secreto o reserva, de manera de salvaguardar la jerarquía y disciplina en la institución, pilares fundamentales de la misma, cuyo detrimento significará necesariamente, desestabilizar a una institución cuyo fin principal es la seguridad y defensa nacional".

Acto seguido, reitera los argumentos expuestos por el tercero y detalla que, en el caso de las Fuerzas Armadas, las Hojas de Vidas de sus funcionarios, se registran además datos de carácter de personal, entendiéndose por tales, aquellos que conciernen a una persona natural identificada o identificable, como por ejemplo, su Rol Único Nacional, etc. Dentro de los antecedentes solicitados también es posible encontrar, datos a los cuales la ley les ha otorgado el carácter de sensibles, por cuanto se refieren a las características físicas o morales de las personas o hechos o circunstancias de su vida privada, tales como, el origen racial, ideologías, creencias o convicciones religiosas, estados de salud físicos o psíquicos, comportamiento financiero, etc., haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 7 de la ley N° 19.628, y lo resuelto en las decisiones rol C1335-13 y C1530-14, y haciendo alusión a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema respecto de las "funas" o actuaciones coordinadas para increpar de manera pública a personas vinculadas a distintas causas o hechos, en relación con lo dispuesto en el artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia, el artículo 436 N°1 del Código de Justicia Militar y el inciso 2°, del artículo 8° de la Constitución Política de la República.

Luego, el órgano se refiere a las funciones que cumple la hoja de vida, en las Fuerzas Armadas, en relación con la carrera militar y preparación, cuya publicidad permitiría deducir el perfil de la carrera funcionaria en una determinada especialidad, y que "en supuestos de recopilación constante de este tipo de información, se puede obtener capacidades que en manos enemigas, puede ser de gran utilidad para determinar los estándares operativos de su personal, lo que no solo afectaría el debido funcionamiento de la institución, sino que además, las relaciones internacionales, como asimismo la Defensa Nacional", en relación con lo dispuesto en el artículo 34 letras a) y b) de la Ley N° 20.424.

En relación con las causales de reserva del artículo 21 N°1 y 3 de la Ley de Transparencia, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 101 de la Carta Fundamental, el órgano solicita "que el Consejo para la Transparencia ponga su atención y reflexione sobre esta materia", indicando que "Las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes y no deliberantes, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas conforme lo establece expresamente el artículo 101, inciso 3° de la Constitución Política de la República, las que existen para la defensa de la patria y son esenciales para la Seguridad Nacional conforme lo establece el mismo artículo, ordenando que la Ley Orgánica Constitucional, regula normas básicas referidas a la antigüedad, mando, sucesión de mando (...) De lo contrario, podemos enfrentarnos a cuerpos armados sin orden, estructurados según el más poderoso lo desee, con objetivos personales y, consecuentemente, fuera del orden constitucional y al margen de la autoridad civil".

Del mismo modo, argumenta que "las Hojas de Vida y registros de anotaciones, por mucho que digan relación con funcionarios públicos (o ex funcionarios), en las FF.AA. contienen información no solo de la formación y funciones asumidas a lo largo de una carrera militar, sino que además contienen cualidades, atributos y debilidades tanto profesionales, como militares y personales. Por lo anterior, su tratamiento interno es de carácter reservado, en que SÓLO tiene conocimiento quien evaluó al funcionario y el evaluado, con el objeto de NO AFECTAR LAS BASES ESENCIALES de las Instituciones como la obediencia, la no deliberación, el profesionalismo, la jerarquía, disciplina, antigüedad y mando (...) Su conocimiento, fuera de su objetivo (...) puede tener infinitas motivaciones como la envidia, revancha, capricho e incluso para obtener beneficios particulares en la proyección de la carrera de un par o un subalterno" y que "Quizás nunca hemos podido dar una explicación razonable al honorable Consejo para la Transparencia, pero mediante la presente, se pretende justamente, dar una mejor explicación de la importancia de mantener en reserva las Hojas de Vida. Como se dijo, desde el momento que se hace público, no sólo se pierde el control de la información contenida en ellas, sino que del uso que se le dé. Si dicha información (...) son conocidos tanto por sus subalternos, pares o superiores, más allá de a quienes responsablemente les toca calificar, socavará la ascendente o autoridad y con ello la jerarquía y la disciplina al interior de la institución pues, para que exista ascendencia y autoridad, se requiere mando y disciplina (...)".

5) COMPLEMENTO DE DESCARGOS: Este Consejo, mediante oficio N° 298, de fecha 14 de febrero de 2019, solicitó a la Armada de Chile complementar sus descargos, señalando los datos de contacto del tercero aludido en la solicitud de información. Posteriormente, en sobre cerrado e igualmente, en calidad de SECRETO, mediante oficio O.T.A.I.P.A. SECRETO N° 12900/157, de fecha 20 de febrero de 2019, el órgano remitió los datos de contacto del tercero que mantiene en su poder.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, este Consejo, mediante Oficio N° E596, de fecha 21 de marzo de 2019, confirió traslado y notificó al tercero eventualmente afectado con la entrega de la información solicitada, esto es, el Sr. Osvaldo Shwarzenberg Ashton, a fin de que presente sus descargos y observaciones, haciendo mención expresa a los derechos que le asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida.

Mediante correo electrónico de fecha 9 de abril de 2019, el tercero reiteró su oposición a la entrega de la información solicitada, señalando que la hoja de vida contiene datos personales, militares y familiares, que entre los años que se pide solo existe respecto del 2010, dado que posteriormente se desempeñó como Almirante, y por ello no tiene hoja de vida. Asimismo, agrega que su entrega vulnera la garantía constitucional sobre la protección de la vida privada y la honra de las personas y su familia, agregando que a la fecha del requerimiento realiza otro tipo de funciones.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previo a resolver el fondo del presente amparo, con relación a lo alegado por la Armada, en el sentido de que este amparo debió ser declarado inadmisible por no haberse cumplido los requisitos que establece el artículo 24 de la Ley de Transparencia, cabe tener presente que el fundamento del presente reclamo es la respuesta negativa otorgada por la institución, según se consigna en el número 2) de la parte expositiva, y que, al momento de ingresar el amparo, se acompañaron los antecedentes que requiere el artículo 24 de la Ley de Transparencia, resultando suficientes para declarar la admisibilidad del reclamo, por lo tanto, la resolución del presente reclamo corresponde al fondo del asunto debatido, dado que, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del artículo 33 de la citada ley, corresponde a este Consejo "Resolver fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley", en relación con el artículo 24 de dicha ley, que establece que "la reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso", requisitos que, en la especie, han sido cumplidos por el reclamante. En consecuencia, este Consejo desestimará dicha alegación, por improcedente.

2) Que, del mismo modo, respecto a lo reclamado por la Armada de Chile, en el sentido de que "desde el momento que se hace público, no sólo se pierde el control de la información contenida en ellas, sino que del uso que se le dé", cabe tener presente el Principio de la no discriminación, consagrado en el artículo 11, letra g), de la Ley de Transparencia, el cual establece que "los órganos de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud", por lo que lo señalado por el órgano carece de todo fundamento legal. En consecuencia, este Consejo, igualmente, desestimará dicha alegación.

3) Que, en cuanto al fondo, el presente amparo se funda en la denegación de la copia de la hoja de vida del funcionario de la Armada que individualiza, correspondiente a los años 2010 a 2016.

4) Que, en primer lugar, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

5) Que, en segundo lugar, respecto de la hoja de vida del funcionario aludido, correspondiente a los años 2011 a 2016, cabe tener presente lo expuesto, tanto por el órgano como por el tercero, en el sentido de que en dicho período no se registraron anotaciones, por cuanto el funcionario mencionado en la solicitud habría sido ascendido al grado de Contraalmirante. Al respecto, el artículo 24 de la Ley N° 18.948, dispone que "El desempeño del personal se evaluará, anualmente, a través de un sistema de calificaciones que considerará el rendimiento y la capacidad para el ejercicio de sus funciones, basándose para ello en los conceptos contenidos en las correspondientes hojas de vida. Sólo quedan exentos del proceso de calificación los Oficiales Generales y, excepcionalmente y en forma temporal, el personal que se encuentre en determinadas situaciones que señale el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, a los cuales les será válida su última calificación para todos los efectos legales". Luego, el artículo 8 del D.F.L. N°1, del año 1968, del Ministerio de Defensa Nacional, establece que "Los grados y jerarquía de los Oficiales de Línea y de los Servicios de las Fuerzas Armadas y sus equivalencias, son los siguientes: Armada: a) OFICIALES GENERALES; - Vicealmirante; - Contraalmirante".

6) Que, en virtud de lo expuesto, resulta plausible sostener que, a partir del momento en que el funcionario fue ascendido al grado de Contraalmirante, no se registraron anotaciones en su hoja de vida, por lo que, necesariamente, dicha información resulta inexistente. En atención a lo anterior, no es posible requerir al órgano la entrega de información que no existe o que no obra en su poder. En consecuencia, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo, respecto de esta parte.

7) Que, en tercer lugar, con relación a la hoja de vida correspondiente al año 2010, según lo dispuesto en el artículo 79 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, que estableció el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, "La hoja de vida es el documento que contiene un registro cronológico de todas las actuaciones del personal que incidan directamente en su desempeño durante el correspondiente período de calificación. En ella se efectuarán tanto las anotaciones de mérito como de demérito que lo afecten, como asimismo las que correspondan a su vida funcionaria, tales como, feriados, licencias, comisiones de servicio, resoluciones recaídas por investigaciones sumarias administrativas y sentencias definitivas en causas civiles y criminales. Podrá contemplar también todo otro antecedente que se considere útil para la posterior evaluación del personal, siempre que corresponda al período de calificación de que se trate".

8) Que, este Consejo ha sostenido reiteradamente que, atendido el tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa, ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser funcionarios públicos al servicio de la misma.

9) Que, los antecedentes requeridos en la especie fueron elaborados con presupuesto público, y han debido servir de fundamento de resoluciones dictadas por la Armada de Chile en los respectivos procesos calificatorios del funcionario a que se refiere el requerimiento, y, además, obran en poder de un órgano de la Administración del Estado, por lo que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5°, 10 y 11, letra c), de la Ley de Transparencia, constituye información que posee el carácter de información pública, salvo que concurra a su respecto alguna causal legal de secreto o reserva.

10) Que, con la finalidad de examinar en concreto la información solicitada, este Consejo solicitó a la Armada de Chile, remitir copia íntegra de la hoja de vida requerida. Sin embargo, la institución reclamada no remitió dicha información, lo que será representado al Sr. Comandante en Jefe de la Armada de Chile en lo resolutivo de la presente decisión, como una falta a la debida colaboración por parte de los órganos del Estado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Transparencia, no obstante habérsele señalado expresamente que dicho requerimiento se efectuaba conforme con lo dispuesto por el artículo 26 de la citada ley, esto es, manteniendo el carácter reservado de la información en tanto se tramitara este amparo y, por cierto, una vez resuelto éste, si se declarara -en definitiva- su carácter secreto, siendo sólo pública en la medida que la decisión definitiva declarase tal calidad y una vez ejecutoriada aquélla. Así las cosas, el órgano requerido ha situado a este Consejo en la imposibilidad de analizar la información en concreto y ponderar las alegaciones que ha efectuado respecto de la hipótesis de reserva que estima aplicable en la especie.

11) Que, respecto de las hipótesis de reserva previstas en el artículo 21 N° 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley de Transparencia, esta última en relación con el artículo 436 del Código de Justicia Militar y, especialmente, el artículo 34 letras a) y b) de la Ley N° 20.424, es menester indicar que el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación -de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia- debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. En la especie el órgano reclamado sólo ha realizado alegaciones genéricas sobre la materia, haciendo mención a un conjunto de situaciones hipotéticas que, eventualmente, podrían ocurrir o generarse a partir de la publicidad de las hojas de vida de los funcionarios, y no ha acreditado de qué modo concreto ni específico la entrega de los datos requeridos pueda afectar los bienes jurídicos cautelados por dichos preceptos, máxime si se considera que la información requerida tiene una data de casi 9 años.

12) Que, del mismo modo, las alegaciones del tercero, previamente notificado tanto por el propio órgano, como por este Consejo, fundadas en las normas Constitucionales que garantizan el resguardo de la vida privada y de la honra, sólo se limitan a enunciarlas, haciendo alegaciones genéricas y eventuales, y sin señalar en detalle, y específicamente, la forma en que la entrega de la hoja de vida podría afectarlas.

13) Que, respecto de las alegaciones relativas al artículo 38 de la ley N° 19.974, el cual establece que "se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas", cabe tener presente que, respecto de la hoja de vida correspondiente al año 2010, el funcionario aludido no prestaba funciones de inteligencia, por cuanto en sus descargos ante este Consejo, señaló expresamente que "Con respecto al año 2010 mi trabajo estuvo relacionado con el manejo del Personal de la Armada (Oficiales y Gente de Mar), lo que en sí es un tema clasificado, información que puede ser mal utilizada por personas ajenas a la Armada".

14) Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, esta Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8, inciso 2, de la Constitución Política de la República. De este modo, si bien el artículo 38 de la ley mencionada, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente, es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material; la que debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Lo anterior, en atención a la claridad del vocablo "afectare" que ha sido utilizado en el inciso segundo del precepto constitucional, por cuanto la referida afectación implica necesariamente la existencia de un perjuicio o daño al bien jurídico de que se trate, para el caso de divulgarse la información.

15) Que, en efecto, no basta sólo con que la información "se relacione" con el bien jurídico protegido o que le resulte "atingente" para los efectos de mantener tal información en secreto o reserva, sino que se precisa la afectación. En tal sentido, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que aquella debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad, lo que no ha ocurrido, en la especie.

16) Que, precisado lo anterior, cabe indicar que una interpretación de contexto del mencionado artículo 38 de la ley N° 19.974 permite establecer que la funcionalidad del secreto consagrado en dicha norma está determinada por la posibilidad de restar del conocimiento público aquella información referida a las "actividades de inteligencia" que realicen los órganos y servicios que integran el Sistema de Inteligencia del Estado. Por tanto, la referencia a "los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de (...)" que emplea el artículo 38 de la ley N° 19.974, en tanto hace alusión a la tenencia o control de la información de que se trata, debe entenderse restringida a aquellos antecedentes que, conforme a sus competencias, puede y debe controlar el Sistema de Inteligencia del Estado, esto es, a la información relativa a las actividades de inteligencia, y no a la información cuya materia o naturaleza resulte ajena a dichas actividades. En la especie, la Armada no ha señalado de qué manera el conocimiento de la hoja de vida del funcionario, correspondiente al año 2010, pudiere revelar actividades propias del sistema de inteligencia o una afectación a las actividades de inteligencia o la seguridad de la nación, que son los bienes jurídicos protegidos por la Ley N° 19.974, y no ha aportado antecedente alguno que permita estimar que la entrega de la información reclamada genere una afectación a los bienes jurídicos antes señalados, por lo que dicha alegación, tampoco podrá prosperar.

17) Que, no obstante lo anterior, esta Corporación ha precisado que, previo a la entrega de la información solicitada, en aplicación del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, el órgano reclamado debe tarjar, única y exclusivamente, los datos personales de contexto que pudieran estar contenidos en la documentación requerida, esto es, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, en virtud de lo dispuesto por los artículos 4°, 9° y 20° de la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, y los datos sensibles, en virtud del artículo 10° de la ley antedicha. Asimismo, se deben tarjar previamente las sanciones prescritas o cumplidas anotadas en la hoja de vida del funcionario de que se trata, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 de dicha ley.

18) Que, en consecuencia, en virtud de lo expuesto, tratándose de información que obra en poder del órgano reclamado, y habiéndose desestimado las causales de reserva señaladas por la Armada, fundadas en lo dispuesto en el artículo 21 N°1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley de Transparencia, artículo 34 de la ley N° 20.434, y artículos 255 y 436 N°1 del Código de Justicia Militar, y al no configurarse las alegaciones invocadas por el tercero, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 N°4 y N°5 de la Constitución Política de la República, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada, debiendo el órgano tarjar los datos indicados en el considerando anterior.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Javier Morales Valdés, en contra de la Armada de Chile, rechazándolo respecto de la hoja de vida correspondiente a los años 2011 a 2016, por tratarse de información inexistente, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe de la Armada de Chile lo siguiente:

a) Entregar al reclamante copia de la hoja de vida del funcionario que indica, correspondiente al año 2010, debiendo el órgano tarjar, única y exclusivamente, los datos personales de contexto que pudieran estar contenidos en la documentación requerida, esto es, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, en virtud de lo dispuesto en la ley N° 19.628, los datos sensibles, en virtud de lo expuesto en el artículo 10° de la citada ley, y las sanciones prescritas o cumplidas anotadas en la hoja de vida, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 de dicha ley.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Comandante en Jefe de la Armada de Chile, el entorpecimiento al desarrollo de la labor que la ley ha encomendado a este Consejo al negarse sistemáticamente a proporcionar la información requerida en el marco de la tramitación del presente amparo y de otros similares, aun cuando se le previno que ello se haría bajo la reserva del artículo 26 de la Ley de Transparencia.

IV. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S), indistintamente, notificar la presente decisión a don Javier Morales Valdés, al Sr. Comandante en Jefe de la Armada de Chile, y a don Osvaldo Shwarzenberg Ashton, en su calidad de tercero.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Jorge Jaraquemada Roblero. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 de la ley N° 18.575 y numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.