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Octavia Martínez Villagrán con MINISTERIO DE BIENES NACIONALES Rol: C5727-18

Consejo para la Transparencia, 29/04/2019

Se acoge el amparo deducido en contra del Ministerio de Bienes Nacionales, ordenando la entrega de copia de los Decretos Supremos de destinación de inmuebles fiscales N° 156, del año 2001 y N° 1406, del año 2013. Lo anterior, por tratarse de información pública que obra en poder del órgano reclamado, cuyo contenido consta en el registro público del Conservador de Bienes Raíces respectivo, y porque el propio órgano mantiene permanentemente a disposición del público, en su portal de Transparencia Activa, los decretos de destinación de inmuebles fiscales, motivo por los cuales se desestimaron las alegaciones del órgano relativas a una afectación al debido cumplimiento sus funciones, la Seguridad Nacional, Defensa Nacional e Interés Nacional.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Bienes Públicos
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5727-18

Entidad pública: Ministerio de Bienes Nacionales.

Requirente: Octavia Martínez Villagrán.

Ingreso Consejo: 21.11.2018.

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra del Ministerio de Bienes Nacionales, ordenando la entrega de copia de los Decretos Supremos de destinación de inmuebles fiscales N° 156, del año 2001 y N° 1406, del año 2013.

Lo anterior, por tratarse de información pública que obra en poder del órgano reclamado, cuyo contenido consta en el registro público del Conservador de Bienes Raíces respectivo, y porque el propio órgano mantiene permanentemente a disposición del público, en su portal de Transparencia Activa, los decretos de destinación de inmuebles fiscales, motivo por los cuales se desestimaron las alegaciones del órgano relativas a una afectación al debido cumplimiento sus funciones, la Seguridad Nacional, Defensa Nacional e Interés Nacional.

Aplica criterio contenido en la decisión de amparo Rol C3741-18.

En sesión ordinaria N° 987 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de abril de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5727-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 16 de octubre de 2018, doña Octavia Martínez Villagrán solicitó al Ministerio de Bienes Nacionales, información sobre las destinaciones contenidas en los Decretos Supremos N° 156, del año 2001 y N° 1406, del año 2013.

2) PRÓRROGA DE PLAZO Y RESPUESTA: El 8 de noviembre de 2018, el órgano notificó al solicitante la prórroga del plazo de respuesta, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

Posteriormente, el 15 de noviembre de la misma anualidad, mediante Ord. N° 819, la Subsecretaría de Ministerio de Bienes Nacionales dio respuesta al requerimiento, denegando la entrega de la información solicitada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, artículo 1° transitorio de la misma ley, en relación con lo dispuesto en el artículo 436 N°2 del Código de Justicia Militar, y haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución Política de la República. Lo anterior, pues se entienden documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y, entre otros, los atinentes a planos o instalaciones de recintos militares o policiales y los planos de operación o de servicios de dichas instituciones con sus respectivos antecedentes.

3) AMPARO: El 21 de noviembre de 2018, doña Octavia Martinez Villagrán dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Al efecto, sostuvo en resumen, que lo pedido corresponde a copia de los documentos en que se contienen las destinaciones consultadas, y que el órgano denegó la información sin especificar la afectación que experimentaría alguno de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8° de la Constitución.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante oficio N° E336, de 11 de enero de 2019, confirió traslado a la Sra. Subsecretaria del Ministerio de Bienes Nacionales, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.

El 28 de enero de 2019, por medio de Ord. N° 68, el organismo reclamado evacuó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en la respuesta al solicitante, agregó en síntesis, que "[e]n el caso puntual que se revisa, cuyo requerimiento de información se relaciona con aportar documentación relativa a una destinación de un inmueble fiscal efectuada mediante los Decretos Supremos N° 156 del año 2001 y N° 1406 del 2013, a favor de la institución Armada de Chile, se invoca la causal de reserva de información del artículo 21 número 5, ya citada, teniendo en consideración las características críticas de la labor de la institución armada y que lleva a cabo en el ámbito de la seguridad de la Nación, de modo que su develación podría implicar una afectación o daño de los bienes jurídicos, a raíz del conocimiento y geolocalización de los inmuebles asignados, los que se estiman estratégicos para el país; el conocimiento de elementos vinculados con los materiales que emplea; así como, con el carácter y tipo de las actividades que realiza y de la particular manera en que las lleva a cabo para garantizar la Defensa Nacional. Por lo anterior, la divulgación o entrega de dicha información se estima podría producir un menoscabo o daño a los bienes jurídicos, pudiendo afectarse el debido cumplimiento de las funciones de la institución destinataria del inmueble fiscal".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, lo solicitado corresponde a copia de los Decretos Supremos N° 156, del año 2001 y N° 1406, del año 2013, por medio de los cuales el Ministerio de Bienes Nacionales destinó determinados inmuebles fiscales a la Armada de Chile. Luego, el presente amparo se funda en la respuesta negativa otorgada por el órgano requerido, quien denegó la entregada de dichos antecedentes fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 436 N°2 del Código de Justicia Militar.

2) Que, a modo de contexto, se debe precisar que el decreto ley N° 1.939 -fija normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado-, establece que dichas facultades corresponden al Presidente de la República, quien las ejercerá por intermedio del Ministerio de Tierras y Colonización (artículo 1°, inciso 1°). Los bienes del Estado podrán ser objeto, entre otros, de destinaciones (artículo 55), a través de la cual uno o más de éstos se le asignan a la institución que los solicita, con el objeto de que los emplee en el cumplimiento de sus fines propios. Estas destinaciones sólo se dispondrán en favor de los servicios y entidades que conforman la Administración del Estado, el Poder Judicial, los Servicios dependientes del Congreso Nacional y la Contraloría General de la República (artículo 56, incisos 1° y 2°). La Dirección de Tierras y Bienes Nacionales del Ministerio deberá registrar los decretos y resoluciones en los cuales se disponga la destinación de esos bienes, los que deberán contener la frase "Regístrese en la Dirección de Tierras y Bienes Nacionales" (artículo 5°, inciso 1°). Por medio del decreto ley N° 3.274 - fija ley orgánica del Ministerio de Bienes Nacionales-, se dispone que todas las funciones y atribuciones, como asimismo las referencias que las leyes, reglamentos, decretos supremos, resoluciones u otras disposiciones vigentes otorgan o formulan al Ministerio de Tierras y Colonización, a la Dirección de Tierras y Bienes Nacionales y a las unidades o servicios dependientes de éstos, serán ejercidas o se entenderán hechas al Ministerio de Bienes Nacionales (artículo 14).

3) Que, a su vez, conforme al artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. En efecto, artículo 5 de la Ley de Transparencia dispone expresamente que "[e]n virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento (...) son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado".

4) Que, en así las cosas la información solicitada, en principio, es pública, toda vez que corresponde a copia de decretos supremos, esto es, actos administrativos emitidos por el respectivo órgano de la Administración del Estado, en el ejercicio de una potestad pública en los términos del artículo 3° de la ley N° 19.880, siendo necesario, por tanto, analizar la procedencia de la causal de secreto o reserva en que se ampara el órgano recurrido para denegar la entrega de la información, a saber, la contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, con relación al artículo 436 N° 2 del Código de Justicia Militar.

5) Que, el artículo 436 N° 2 del Código de Justicia Militar prescribe que "Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros: () 2.- Los atinentes a planos o instalaciones de recintos militares o policiales y los planes de operación o de servicio de dichas instituciones con sus respectivos antecedentes de cualquier naturaleza, relativos a esta materia". Asimismo, este Consejo, a partir de la decisión del amparo rol C45-09, ha establecido que el artículo 436 del Código de Justicia Militar posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, algunos de los cuales menciona a titulo ejemplar. Ahora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material).

6) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional, lo que, en la especie, no ha ocurrido. En efecto, de los antecedentes examinados, a juicio de este Consejo, aquél no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado, por cuanto no se ha acreditado detalladamente la afectación de ninguno de los bienes jurídicos establecidos en la norma constitucional, sino que sus argumentaciones se sustentan en situaciones hipotéticas respecto a eventuales consecuencias de la publicidad de los decretos reclamados, pero sin acreditarlas de manera concreta, suficiente e indubitada, de forma tal que permita tener por configurada la causal de reserva alegada.

7) Que, por otra parte, el propio Ministerio de Bienes Nacionales, en su Portal de Transparencia Activa -disponible en el enlace web https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-/ta/AQ001/AR/AREST-, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7, letra g) de la Ley de Transparencia, mantiene permanentemente a disposición del público, en el acápite "destinaciones", una gran cantidad de decretos de destinación de inmuebles fiscales a diversos órganos de la Administración del Estado, entre ellos al Ejército de Chile, a Carabineros de Chile, a la Direccion General de Movilización Nacional, mediante la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, a la Dirección de Aeronáutica Civil, entre otros. En dicho contexto, resulta plausible concluir que el órgano no ha publicado los decretos supremos pedidos, no por su contenido, sino, al menos respecto de aquel correspondiente al año 2001, por su data, por tratarse de un documento anterior a la vigencia de la Ley de Transparencia. Lo anterior, sumado a la circunstancia de que los decretos supremos reclamados no se encuentran en el Índice de actos y documentos calificados como secretos o reservados disponible el mismo Portal de Transparencia Activa del organismo.

8) Que, a mayor abundamiento, conforme fue posible verificar de los decretos de destinación de inmuebles fiscales publicados en el sitio web del órgano, aquellos atienden a un similar formato de acto administrativo, en los que se indica, principalmente, el órgano beneficiado con la destinación, la ubicación o dirección del inmueble, los datos de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, así como los datos referidos al plano, superficie y deslindes del inmueble. Luego, conforme resolvió este Consejo en la decisión de amparo Rol C3741-18, referido a información de idéntica naturaleza -específicamente, la entrega de un Decreto Supremo de destinación de inmueble fiscal a favor del Ejercito de Chile- "cabe tener presente que los datos sobre la inscripción de un inmueble, son datos públicos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces. Luego, dichos registros son públicos de fuente accesible al público, pues el requirente podría concurrir al Conservador de Bienes Raíces del respectivo territorio o departamento donde se emplaza el terreno consultado, y con la sola revisión de los índices pertinentes podría acceder a lo requerido, sin necesidad de aportar determinados datos o solicitar certificaciones o copias de los documentos en que dicha información consta. En consecuencia, resulta plausible concluir que la información relativa a la destinación, la inscripción del inmueble en el Conservador de Bienes Raíces, su ubicación, superficie y deslindes, es pública, por cuanto consta su inscripción en un registro de carácter eminentemente público" (considerando 7°).

9) Que, en virtud de lo anterior, tratándose de información que, en principio, el propio órgano publica, que asimismo, consta en registros públicos de fuente accesible al público, este Consejo no advierte de qué forma la entrega de los decretos exentos pedidos -en orden a permitir el "conocimiento y geolocalización de los inmuebles asignados"- puedan afectar algunos de los bienes jurídicos de debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, la Seguridad Nacional, Defensa Nacional e Interés Nacional, puesto que las alegaciones del órgano reclamado al no haber sido acreditadas fehacientemente, constituyen argumentaciones que no revisten la consistencia suficiente para configurar la causal de reserva alegada.

10) Que, en consecuencia, tratándose de información que obra en poder del órgano reclamado, y habiéndose desestimado la causal de reserva del artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 436 N°2 del Código de Justicia Militar, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, disponiendo la entrega de los decretos requeridos.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Octavia Martinez Villagrán en contra del Ministerio de Bienes Nacionales, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Subsecretaria del Ministerio de Bienes Nacionales, que:

a) Entregue a la reclamante, copia de los Decretos Supremos de destinación de inmuebles fiscales N° 156, del año 2001 y N° 1406, del año 2013, a favor de la Armada de Chile.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Octavia Martínez Villagrán y a la Sra. Subsecretaria del Ministerio de Bienes Nacionales.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.