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Javier Morales con ARMADA DE CHILE Rol: C5262-18

Consejo para la Transparencia, 23/04/2019

Se acoge el amparo deducido en contra de la Armada de Chile, ordenándose la entrega de la siguiente información: - Nómina o listado -con indicación exclusiva de nombre y apellido- de Almirantes, Vicealmirantes y Contralmirantes y empleados civiles acogidos a retiro entre enero de 2010 a septiembre de 2018, que se hayan desempeñado como profesor en cualquier especialidad. - Copia de sus respectivos decretos o resoluciones de nombramiento como profesor militar, según sea pertinente; previa reserva de los datos personales de contexto. Lo anterior, por haberse desestimado las alegaciones de inadmisibilidad, incompetencia e inexistencia, y no haberse acreditado en esta sede, las causales de reserva invocadas por el órgano relativa a la afectación de la seguridad de la Nación y el interés nacional. Aplica el criterio seguido en las decisiones de amparo Rol C4072-17 y C1837-18, respectivamente, referidas a información de similar naturaleza.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:


Reclamaciones contra esta decisión (Ver estado procesal):



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5262-18

Entidad pública: Armada de Chile

Requirente: Javier Morales

Ingreso Consejo: 30.10.2018

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Armada de Chile, ordenándose la entrega de la siguiente información:

- Nómina o listado -con indicación exclusiva de nombre y apellido- de Almirantes, Vicealmirantes y Contralmirantes y empleados civiles acogidos a retiro entre enero de 2010 a septiembre de 2018, que se hayan desempeñado como profesor en cualquier especialidad.

- Copia de sus respectivos decretos o resoluciones de nombramiento como profesor militar, según sea pertinente; previa reserva de los datos personales de contexto.

Lo anterior, por haberse desestimado las alegaciones de inadmisibilidad, incompetencia e inexistencia, y no haberse acreditado en esta sede, las causales de reserva invocadas por el órgano relativa a la afectación de la seguridad de la Nación y el interés nacional.

Aplica el criterio seguido en las decisiones de amparo Rol C4072-17 y C1837-18, respectivamente, referidas a información de similar naturaleza.

En sesión ordinaria N° 986 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de abril de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5262-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de septiembre de 2018, don Javier Morales solicitó a la Armada de Chile la siguiente información:

a) "Listado con nombre y apellido de almirantes, vicealmirantes, contralmirantes en retiro desde 2010 hasta septiembre del presente año, que se hayan desempeñado como profesor de cualquier especialidad. Para el caso de los civiles que han ocupado dicho cargo, se solicita la misma información.

b) Junto a lo anterior se solicita decreto o resolución o documento de cualquier que acredite su nombramiento.

c) Cualquier documento que dé cuenta a si respecto si las clases como profesor de cualquier especialidad, mientras el funcionario está en servicio activo, son pagadas como cargo extra al sueldo".

2) RESPUESTA: El 30 de octubre de 2018, mediante Ord. N° 12.900/816, la Armada de Chile dio respuesta a dicho requerimiento de información, señalando en síntesis que:

a) Respecto de lo pedido en la letra a), indica que dicho requerimiento no cumple con los requisitos exigidos por los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. Ello, toda vez que lo requerido implicaría que la Institución deba recopilar y elaborar un acto administrativo consistente en un informe con el detalle solicitado, sin que dicha información se encuentre previamente procesada, situación que es más bien una manifestación del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República.

b) Agrega, que aun cuando dicho listado fuese elaborado, la Institución se encontraría impedida de entregarlo por disposición expresa del artículo 34, letras a) y b) de la ley N° 20.424, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional y el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, ambos en relación al artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. De la misma forma, la entrega podría significar eventualmente incurrir en algunos tipos penales militares contenidos en los artículos 255 y siguientes del Código de Justicia Militar. En efecto, la elaboración y entrega de listados o nóminas implicaría, por una parte, dar acceso a parte de la planta o dotación Institucional y, por otra parte, informar acerca de los planes de empleo y estándares con las que opera la institución, considerando que dicho personal es contratado por su preparación, capacidad y especialidad para entregar sus conocimientos, formando a los futuros servidores institucionales, información que forma parte de la planificación del presupuesto anual de la defensa institucional.

c) En cuanto a lo pedido en la letra b), sostiene que se trata de documentos referentes a personal que forma parte de la planta o dotación de la Armada de Chile, por lo que la Institución se encuentra impedida de acceder a lo solicitado en virtud del artículo 34 letras a) y b) de la Ley N° 20.424 ya citada y el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, en relación al artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia.

d) Finalmente, respecto de lo pedido en la letra c), indica que se trata de información que se encuentra en normas jurídicas expresas sobre las cuales toda persona tiene acceso desde su publicación, y, consecuentemente se encuentran fuera de la Ley de Transparencia. Sin perjuicio de lo anterior y, conforme al derecho de petición, las respuestas a las consultas se pueden obtener de las siguientes normas: artículo 101 y siguientes de la Constitución; artículos 1, 4, 7, 18 y siguientes y 47 de la ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, entre otras; artículos 20 y siguientes, 24, 174 y siguientes del decreto con fuerza de ley N° 1 de 1997 del Ministerio de Defensa Nacional, que establece estatuto del personal de las fuerzas armadas; decreto supremo N° 48, de 2003, del Ministerio de Defensa Nacional, que contiene el Reglamento de Educación de las Fuerzas Armadas.

e) Dichas normas se refieren a la capacitación y "señalan las formas de contratación, que el personal en servicio activo, que se desempeña como profesor militar, tiene derecho a la misma remuneración por hora de clases que los profesores civiles, de conformidad con la correspondiente categoría de nombramiento".

3) AMPARO: El 30 de octubre de 2018, la solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información, "invocando diversos cuerpos legales entre ellos el artículo 21 número 5 y primero transitorio de la ley 20.285".

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante en Jefe de la Armada de Chile mediante Oficio N° E10316, de 07 de diciembre de 2018.

Mediante O.T.A.I.P. Ordinario N° 12900/996, de 26 de diciembre de 2018, la Armada de Chile presentó sus descargos u observaciones en esta sede señalando, en síntesis, que:

a) Respecto de lo pedido en la letra a) de la solicitud de acceso, sostiene que jamás denegó el acceso al listado requerido, sino que se le señaló que dicho requerimiento no constituía un derecho amparado por la Ley de Transparencia, toda vez que dicho cuerpo normativo no tiene por objeto la confección de actos administrativos. "En efecto, en la práctica estamos frente a la elaboración de un certificado que da cuenta de una serie de antecedentes que se enmarca dentro de las definiciones de acto administrativo (...). Claro, si se tuviera un listado con las características indicadas en el requerimiento, es aplicable la Ley de Transparencia. De lo contrario, significaría que la Institución recopile antecedentes buscando información relacionada con lo solicitado".

b) De esta forma, en lo referido al listado requerido que contendría, entre otros detalles, nombres y apellidos de Almirantes, Vicealmirantes, Contraalmirantes en retiro y de igual manera para el caso de los civiles, no le es aplicable la Ley de Transparencia y, consecuentemente, no es de competencia del Consejo para la Transparencia.

c) Por el contrario, lo que se dijo, en respuesta a su derecho de petición, fue que la Institución no va a confeccionar un listado de dicha naturaleza porque dice relación con antecedentes que una ley de quórum calificado estableció como secretos y reservados, explicando que la elaboración y entrega de listados o nominas implicaría, por una parte, dar acceso a parte de la planta o dotación Institucional y, por otra parte, informar acerca de los planes de empleo y estándares con las que opera la Institución, considerando que dicho personal es contratado por su preparación, capacidad y especialidad para entregar sus conocimientos, formando a los futuros Servidores Institucionales, información que forma parte de la planificación, a efectos del Presupuesto anual de la Defensa institucional.

d) Los conocimientos impartidos a quienes son Oficiales y los antecedentes de los profesores que imparten dichas asignaturas, dicen clara relación con las plantas, los citados planes y estándares indicados, considerando que dicho personal es contratado por la Armada por su preparación, capacidad y especialidad para entregar sus conocimientos en la Escuela Naval y/o la Academia de Guerra Naval, formando a los futuros Oficiales de Estado Mayor, información que forma parte de la planificación y los estándares con que quiere operar la Institución, a efectos del Presupuesto Anual de la Defensa institucional. Por tanto, "[e]ntregar información de esta naturaleza, significará acceder a información relativa a la planta de las Fuerzas Armadas; cómo ha estado y está determinada estratégicamente parte de dicha planta, lo que, además, determina y proyecta el presupuesto que ha invertido e invierte el Estado de Chile en recursos humanos y la formación educacional del sector defensa, con el objeto de cumplir con el alistamiento a que está obligado, cuestiones que, justamente, fundamentan los presupuestos de la Defensa de la Nación".

e) Indica que conforme lo dispuesto en los artículos 101 y siguientes de la Constitución Política de la República y artículo 1° de la ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, "éstas para la consecución de dichos fines, son permanentes y descansa en un adecuado nivel de alistamiento del personal (no sólo del material), en el cumplimiento del juramento de servicio a la patria. Derivado de las particulares exigencias que impone la función militar y la carrera profesional, los organismos y el personal que la desarrollan, así como sus institutos de formación profesional, se ajustarán a normas jurisdiccionales, disciplinarias y administrativas que se establecen en esta ley y en la legislación respectiva. / De esta manera, el personal que forma parte de la dotación o planta de dichos institutos de formación profesional, cantidad de integrantes de parte de ella, las especialidades y conocimientos de personas recontratadas, necesariamente responden a las necesidades estratégicas institucionales, su nivel de alistamiento y, naturalmente, al presupuesto otorgado, según los planes de empleo de las FF.AA. y los estándares con los que ha operado, opera y se requiere operar con las FF.AA., constituyendo en sí misma información útil, vinculada a la potencialidad de la defensa de nuestro país y que, como se dijo, forma parte de la planificación, a efectos del presupuesto anual de la Defensa institucional".

f) Sostiene que, a su juicio, la obtención parcializada de información a través de distintos requerimientos "disminuye las capacidades de la Defensa Nacional entendiendo que se facilita las capacidades de reclutamiento de los organismos de inteligencia adversarios quienes buscan aprovechar los conocimientos específicos que poseen los servidores con objeto de efectuar operaciones de sabotaje y espionaje y así degradar, debilitar o destruir las capacidades bélicas que posee la Institución y la Defensa Nacional, ya en tiempos de paz y más aún frente a un escenario de crisis".

g) Por otra parte, alega que el reclamante tampoco cumplió con los requisitos del amparo, establecidos en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, siendo por tanto, inadmisible. Al respecto, argumenta que la reclamante se limitó a señalar que la actitud de la Armada de Chile fue negativa, en circunstancias que el legislador obliga a señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, debiendo acompañar los medios de prueba que los acrediten.

h) Finalmente, en cuanto a los decretos, resoluciones o documentos de nombramiento de profesores, sostiene que se trata de documentos referentes a personal que forma parte de la planta o dotación de la Armada de Chile, así que por los mismos argumentos señalados, la Institución se encuentra impedida de acceder a lo requerido.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer término, cabe pronunciarse sobre la alegación formulada por la Armada de Chile en orden a que la reclamación de la especie adolecería de un vicio de admisibilidad, ya que esta no daría cuenta de la existencia de alguna infracción ni los hechos que la configurarían. Cabe anotar al respecto que, si bien, el artículo 24 de la Ley de Transparencia, refrendado por el artículo 43 del Reglamento, establece como requisitos de toda reclamación de amparo, el señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, así como acompañar los medios de prueba que los acrediten, en especial copia de la solicitud de información y de la resolución denegatoria, al mismo tiempo el inciso final del citado precepto reglamentario establece que "El Consejo para la Transparencia, para facilitar la reclamación, pondrá a disposición de los interesados, formularios de reclamos. No obstante, los solicitantes podrán siempre presentar sus propios escritos". Pues bien, el reclamante al deducir amparo ante esta sede utilizó el formulario dispuesto al efecto por este Consejo en su página web, señalando claramente como infracción cometida por la Armada de Chile, el haber dado respuesta negativa a su solicitud de información, fundando por tanto en dicha circunstancia su reclamación. En consecuencia, el reclamante satisfizo suficientemente el estándar normativo recién mencionado correspondiendo la resolución del presente reclamo al fondo del asunto controvertido dado que, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del artículo 33 de la citada ley, corresponde a este Consejo "Resolver fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley", debiendo, por tanto, desestimarse la alegación de forma planteada por el organismo.

2) Que, el objeto del amparo dice relación con información denegada por el organismo, correspondiente a la nómina o listado -con indicación de nombre y apellido- de Almirantes, Vicealmirantes y Contralmirantes y empleados civiles acogidos a retiro, entre enero de 2010 a septiembre de 2018 que se hayan desempeñado como profesores en cualquier especialidad -letra a) del requerimiento-, así como copia de sus respectivos decretos o resoluciones de nombramiento según sea pertinente -letra b) del requerimiento-.

3) Que, en cuanto al fondo de la controversia, es menester señalar que respecto de solicitudes de acceso referidas a similares materia este Consejo adoptó las decisiones Rol C4072-17 y C1837-18 respectivamente, cuyos razonamientos se seguirán en la presente decisión.

4) Que, respecto del listado requerido en la letra a), el órgano reclamado sostuvo que se trata del ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, y no una solicitud amparada por la Ley de Transparencia, toda vez que es información que tendría que ser elaborada, por no encontrarse previamente procesada. Con todo, igualmente alegó que aun cuando dichos listados fuesen elaborados, se denegaría su entrega en virtud del artículo 4 de la ley N° 18.948, artículo 34, letras a) y b) de la ley N° 20.424 y artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, en relación al artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia. Ello por cuanto la entrega de la misma implicaría dar acceso a parte de la planta o dotación Institucional e informar acerca de los planes de empleo y estándares con las que opera la institución.

5) Que, en cuanto a la primera alegación invocada por la Armada de Chile, esto es que los requerimientos en análisis corresponden al ejercicio del derecho de petición por referirse a información que no existiría en los términos requeridos, es menester señalar que el artículo 10° de la Ley de Transparencia, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado «cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga (...)». En tal sentido y complementando lo anterior, el artículo 3°, letra d), del Reglamento del cuerpo legal citado, preceptúa que «toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información que obre en poder de cualquier órgano de la Administración (...)» (énfasis agregado). Luego, conforme se ha en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C1163-11 y C409-13, entre otras, la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente, situación que en la especie no concurre, toda vez que como se indicó, la reclamada se limitó a señalar en su respuesta que la entrega de los listados requeridos, tendrían que ser elaborados, pues se trata información que no se encuentra previamente procesada, sin aportar ningún antecedente que justifique dicha inexistencia. A mayor abundamiento, a juicio de este Consejo, no resulta plausible que la Armada de Chile no disponga de un sistema de gestión documental que le permita acceder de manera expedita y ordenada, a información parametrizada sobre la distribución de sus funcionarios y respectivas funciones, por constituir dichos datos un elemento indispensable para el ejercicio de sus funciones legales. En consecuencia, se desestimará la alegación de incompetencia e inexistencia invocada.

6) Que, por otra parte, tampoco es efectivo lo señalado por el órgano referido a que la solicitud en análisis apunta a obtener un certificado "que da cuenta de una serie de antecedentes que se enmarca dentro de las definiciones de acto administrativo", toda vez que el requerimiento es claro en señalar que lo requerido es únicamente un listado en que conste el nombre y apellido de funcionarios en retiro consultado, sin ningún otro tipo de formalidad o certificación distinta de aquellas que correspondan a la respuesta a una solicitud de acceso a información pública.

7) Que, atendido lo expuesto precedentemente, en cuanto a la concurrencia de las causales de secreto invocadas por el órgano, y que serían procedentes, también respecto de la información pedida en la letra b) del requerimiento -esto es, decreto o resolución o documento de cualquier que acredite el nombramiento como profesor, de los oficiales y empleados civiles consultados-, cabe señalar a modo de contexto, que según prescribe el artículo 4° de la ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, "El personal de las Fuerzas Armadas estará constituido por el personal de planta, el personal a contrata y el personal de reserva llamado al servicio activo (...)"; y, el artículo 436 del Código de Justicia Militar prescribe que se "entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y, entre otros", específicamente su numeral 1°, "Los relativos a las plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal". Por su parte, también resultan relevantes, las normas establecidas en el artículo 20 inciso 2°, del decreto con fuerza de ley N° 1 de 1997 del Ministerio de Defensa Nacional, que establece estatuto del personal de las fuerzas armadas, que dispone "El personal a contrata nombrado para ejercer labores docentes en algún establecimiento de enseñanza de las Fuerzas Armadas, se denominará profesor civil. Si este personal tuviere un nombra nombramiento previo en estas Instituciones en otra calidad jurídica ejercerá la docencia como profesor militar"; y los artículos 38, 40, 41, 42 y 43, del decreto supremo N° 48, de 2003, del Ministerio de Defensa Nacional, que contiene el Reglamento de Educación de las Fuerzas Armadas, que establece que los profesores militares se clasifican en: a.- profesores militares de academia y, b.- profesores militares de escuela; que los títulos de profesor militar son conferidos por resolución del Comandante en Jefe, o por la autoridad que él establezca a solicitud de los respectivos organismos superiores de educación; que el título de profesor militar de academia solo se otorgará con mención en asignaturas particulares, con un máximo de dos; que el título de profesor de escuela se otorgará hasta en dos asignaturas y solo en una determinada arma o especialidad; y, que los títulos otorgados conservarán sus validez aún después que el personal se haya retirado de la Institución, lo que lo habilita para ejercer funciones docentes como profesor civil con título. Por su parte, el artículo 56 del mismo Reglamento, prescribe que el nombramiento de los profesores civiles se hará por resolución del respectivo Comandante en Jefe Institucional, a proposición de la Dirección del establecimiento educacional en que cumplirán sus funciones, la cual indicará básicamente, la categoría de la asignatura, las horas semanales de clase y el período que comprenderá.

8) Que, en cuanto a la aplicación en la especie del artículo 436 del Código de Justicia Militar invocada por el órgano, este Consejo, a partir de la decisión del amparo rol C45-09, ha establecido que la citada disposición posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, algunos de los cuales menciona a titulo ejemplar. Ahora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, esta Corporación ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material).

9) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Lo anterior, en atención a la claridad del vocablo «afectare» que ha sido utilizado en el inciso segundo del precepto constitucional, por cuanto la referida afectación implica necesariamente la existencia un perjuicio o daño al bien jurídico de que se trate, para el caso de divulgarse la información. En efecto, no basta sólo con que la información «se relacione» con el bien jurídico protegido o que le resulte «atingente» para los efectos de mantener tal información en secreto o reserva, sino que se precisa la afectación, resultando esta «(...) la forma, a juicio de este Consejo, en que la aludida disposición del Código de Justicia Militar debe ser interpretada para obtener un resultado que sea conforme con el texto vigente de la Constitución». Pues bien, con respecto a la afectación de éstos, la Armada de Chile sólo se refiere a la existencia de la prohibición establecida por el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar y aseveró que el personal que forma parte de sus institutos profesionales, la cantidad de sus integrantes, las especialidades y los conocimientos, responden a necesidades estratégicas institucionales, lo que constituye en sí mismo informacion vinculada a la potencialidad de la defensa de nuestro país, y en tal sentido, su entrega puede disminuir las capacidades de la Defensa Nacional al facilitarse las capacidades de reclutamiento de los organismos de inteligencia adversarios que aprovecharían los conocimientos específicos que poseen los servidores.

10) Que, a juicio de este Consejo, tal argumentación constituye un razonamiento desproporcionado respecto de la información que es objeto del requerimiento, pues no resulta presumible que la revelación de información referida a la nomina o listado -con indicación exclusiva del nombre y apellido- de Almirantes, Vicealmirantes y Contralmirantes y empleados civiles acogidos a retiro entre enero de 2010 a septiembre de 2018, que se hayan desempeñado como profesores en cualquier especialidad, así como copia de sus respectivos decretos o resoluciones de nombramiento según sea pertinente; sean antecedentes que tengan la virtud de afectar alguno de los bienes jurídicos protegidos por el estatuto constitucional.

11) Que, en tal orden de ideas, no es plausible sostener que dar a conocer el nombre de Almirantes, Vicealmirantes y Contralmirantes y empleados civiles en retiro en determinado periodo de tiempo, implique dar a conocer la totalidad de la dotación o planta de todas las academias o escuelas de la Armada de Chile ni que aquello se vincule de modo alguno con la seguridad de la Nación o con el interés nacional, pues se trata de información de índole administrativa, que jamás podría develar información de inteligencia relacionada con la actividad profesional de las fuerzas armadas. Asimismo, tampoco es posible estimar que la divulgación de los antecedentes referidos al nivel de instrucción, entrenamiento o alistamiento formal de su personal, pueda poner en riesgo la defensa de la Nación, máxime si se considera que prácticamente toda la información vinculada a las asignaturas que conforman las mallas curriculares de los planes educaciones que imparten las Academias y Escuelas dependientes de la Armada de Chile (Escuela Naval "Arturo Prat", Escuela de Grumetes, Academia Politécnica Naval, Academia de Guerra Naval, Escuela de Submarinos y Armadas A/S, Escuela de Aviación Naval, Buque Escuela Esmeralda, Centro de Instrucción Shoa, Centro Naval de Instrucción de Reclutas, Centro de Entrenamiento Básico del Cuerpo de Infantería de Marina), se encuentran publicadas en el sitio web de la reclamada www.educacionnaval.cl, como parte de su oferta educacional.

12) Que, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume, sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. Tal parámetro no se satisface en este caso, razón por la cual no se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación al artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar. Por lo demás, la interpretación sostenida por la reclamada con respecto de la aludida norma pugna con el sentido restrictivo con que deben ser aplicadas las disposiciones de excepción, como lo son las normas de secreto o reserva, pues, de esta forma, se entregaría la determinación de tal carácter a la pura discrecionalidad del órgano que toma conocimiento de la información comprendida en dicha norma.

13) Que, en sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 23 de noviembre de 2010, causa Rol 2275-2010, que rechazó un reclamo de ilegalidad interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado en representación del Ejército de Chile, en contra de la decisión de este Consejo (amparo rol C512-09), el tribunal razonó en su considerando sexto, que "siendo la publicidad de los actos de la administración un principio de rango constitucional, las excepciones a él deben ser interpretadas en forma restrictiva. Dichas excepciones en este caso, establecidas en el inciso 2° del mismo artículo 8° de la Carta Fundamental y en el artículo 21 N° 3 de la ley N° 20.285 exigen, además de declaración de reserva o secreto mediante ley de quórum calificado, la afectación de la seguridad de la Nación o del interés nacional". Asimismo, en el considerando séptimo, ilustra que "resulta ser efectivo que las normas del Código de Justicia Militar constituyen ley de quórum calificado, y que los capellanes y pastores que ejercen funciones en las Fuerzas Armadas forman parte de la dotación institucional. Sin embargo, tales circunstancias no logran configurar, por sí solas, una excepción al acceso a la información (...) y que le ha reconocido el Consejo para la Transparencia en la decisión adoptada en el Amparo C512-09. En efecto, para configurar dicha excepción ha de estar, además, afectada la seguridad de la Nación o el interés nacional, y respecto de esta materia no existen antecedentes de que ello pueda razonablemente producirse de proporcionarse la información solicitada. Las afirmaciones del reclamante de que los antecedentes denegados, en conocimiento de potenciales adversarios, les permitiría diseñar estrategias defensivas u ofensivas que dañen gravemente al país, a sus intereses y a su población, por no estar respaldadas en antecedentes concretos, constituyen sólo apreciaciones personales y subjetivas".

14) Que, asimismo, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago ha señalado en la sentencia del Reclamo de Ilegalidad Rol 4453-2017, que: "Noveno: (...) Tal argumento por si sólo es insuficiente para determinar que la información requerida a la Armada de Chile por el señor Cifuentes, Tapia es secreta o reservada. Para atribuirle dicho carácter, se requería de antecedentes que permitiesen al juzgador considerar que la publicidad de la información que se pesquisaba afecta los intereses que resguarda el artículo 8° de la CPR. En el presente caso, en la ausencia de tales antecedentes, estos sentenciadores, al igual que el CPLT, no logran, siquiera presumir, que la información relativa al "personal de ex oficiales que hayan sido recontratados desde el año 2010 a la fecha, con indicación del cargo y sueldo con el que reingresaron y la unidad o repartición en que se desempeñan actualmente, de aquellos funcionarios que cumplen funciones relacionadas con labores administrativas, servicios generales, legales, de docencia de salud, entre otros, excluidos aquellos que cumplen labores militares con la cual pudiera develarse información específica del ámbito de la estrategia e inteligencia militar", pudiere generar una afectación a la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o el debido cumplimiento de las funciones del órgano".

15) Que, igualmente, dicho tribunal recientemente en sentencia de 1 de abril de 2019, causa Rol 281-2018, que rechazó un reclamo de ilegalidad interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado en representación de la Armada de Chile, en contra de la decisión de este Consejo Rol C4072-17, referido a materia de idéntica naturaleza a la reclamada, sostuvo que "Para entender la reserva o publicidad de un acto o resolución o de sus fundamentos o procedimientos debe necesariamente considerarse si la publicidad afecta el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional (considerando 9°)/ En el caso que nos ocupa no existe ningún antecedente que permita siquiera presumir que la información relativa a los listados de Almirantes acogidos a retiro entre los años 2010 a 2017 que se hayan desempeñado como profesores militares de academia o escuela en cualquier especialidad o de aquellos acogidos a retiro entre los mismos años y que fueron recontratados como profesores civiles, o las asignaturas que realizaron, o el valor de las horas de clases, o la fecha de inicio de sus servicios y horas totales ejecutadas, como las copias de los documentos o decretos de nombramiento o documentos donde conste esta información afecte alguno de los bienes jurídicos previamente indicados. En efecto, la información ordenada entregar es más bien de carácter administrativa y no dice relación con estrategias o procedimientos relativos a las actividades de la Armada en su rol de mantención de la seguridad nacional o defensa del espacio marítimo" (considerando 10°).

16) Que, por otra parte en cuanto a la aplicación en el especie del artículo 34 de la ley N° 20.424, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, alegada por el órgano, será igualmente desestimada, toda vez que dicha disposición en sus literales a) y b), dispone que los fundamentos de los actos y resoluciones presupuestarios de la defensa nacional, incluidos los que acompañan el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público, serán secretos o reservados en todo lo relativo a los planes de empleo de las Fuerzas Armadas y a los estándares en los que operan las Fuerzas Armadas. Luego, a juicio de este Consejo, la antedicha normativa no tiene vinculación alguna con la información que es objeto de la solicitudes en análisis, la cual no tiene relación con planes de empleo o estándares de operación, y menos aún es posible vincularla a estrategias de defensas o inteligencia, por tanto, su divulgación no puede afectar la defensa nacional o la seguridad de la Nación, sobre todo si se considera que no es información referida a la totalidad de la dotación de empleados civiles de la Armada de Chile, sino solo con aquel personal docente acogido a retiro en determinado periodo de tiempo.

17) Que, en consecuencia, los argumentos del órgano reclamado no cumplen con el juicio necesario de afectación y proporcionalidad, sino que se sustentan sobre la base de meras aseveraciones, apartándose de la exigencia contenida en el mandato constitucional del inciso 2° del artículo 8° de la Carta Fundamental, de modo que la revelación de lo requerido no tiene la virtud de afectar ninguno de los bienes jurídicos protegidos por el estatuto constitucional, que excepcionalmente permite reservar información pública, razón por la cual se desestimaran las causales de reserva invocadas por el órgano, específicamente, el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación al artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar y el artículo 34, letras a) y b) de la ley N° 20.424, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional.

18) Que, conforme con lo expuesto precedentemente, se acogerá el presente amparo, y se ordenará a la reclamada hacer entrega al solicitante la nómina o listado -con indicación exclusiva de nombre y apellido- de Almirantes, Vicealmirantes y Contralmirantes y empleados civiles acogidos a retiro entre enero de 2010 a septiembre de 2018, que se hayan desempeñado como profesores en cualquier especialidad, así como copia de sus respectivos decretos o resoluciones de nombramiento como profesor militar, según sea pertinente. Con todo, se hace presente al organismo que en el evento que en la información a entregar se encuentren ciertos datos personales -tales como RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfonos fijos o celulares, correo electrónico particular, entre otros- en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 19.628 y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, éstos deben ser tachados al momento de proporcionar la información, por estimarse que su revelación afectaría los derechos de los titulares de los mismos. Lo anterior en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Javier Morales en contra de la Armada de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe de la Armada de Chile, que:

a) Entregue al reclamante, la siguiente información:

- Nómina o listado -con indicación exclusiva de nombre y apellido- de Almirantes, Vicealmirantes y Contralmirantes y empleados civiles acogidos a retiro entre enero de 2010 a septiembre de 2018, que se hayan desempeñado como profesores en cualquier especialidad.

- Copia de sus respectivos decretos o resoluciones de nombramiento como profesor militar, según sea pertinente. Lo anterior, previa reserva de datos personales de contextos, según se indica en el considerando 18° precedente.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Javier Morales y al Sr. Comandante en Jefe de la Armada de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.