logo
 

Matías Rojas Medina con SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN Rol: C4501-18

Consejo para la Transparencia, 23/04/2019

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, respecto de información relativa a consultas en las bases de datos del Registro Civil referidas al solicitante. Se ordena la entrega sobre la identificación de los órganos cuyos funcionarios realizaron consultas, y la fecha en que se efectuaron, por tratarse de información que obra en poder del SRCeI y por haberse desestimado las alegaciones relativas a la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano. Se rechaza el amparo respecto de la identidad de los funcionarios que efectuaron tales consultas, por cuanto su divulgación puede afectar el debido cumplimiento de las funciones de los órganos respectivos. Se aplica criterio de las decisiones de los amparos Roles C2306-14, C2361-14, C2020-16, C129-17 y C135-17.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4501-18

Entidad pública: Servicio de Registro Civil e Identificación.

Requirente: Matías Rojas Medina.

Ingreso Consejo: 21.09.2018

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, respecto de información relativa a consultas en las bases de datos del Registro Civil referidas al solicitante.

Se ordena la entrega sobre la identificación de los órganos cuyos funcionarios realizaron consultas, y la fecha en que se efectuaron, por tratarse de información que obra en poder del SRCeI y por haberse desestimado las alegaciones relativas a la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano.

Se rechaza el amparo respecto de la identidad de los funcionarios que efectuaron tales consultas, por cuanto su divulgación puede afectar el debido cumplimiento de las funciones de los órganos respectivos.

Se aplica criterio de las decisiones de los amparos Roles C2306-14, C2361-14, C2020-16, C129-17 y C135-17.

En sesión ordinaria N° 986 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de abril de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información, rol C4501-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 9 de agosto de 2018, don Matías Rojas Medina solicitó al Servicio de Registro Civil e Identificación, en adelante e indistintamente, el Servicio o el SRCeI, la siguiente información: "Solicito se me informe la identidad de los funcionarios públicos que han utilizado su clave para consultar en el gabinete de identificación o en las bases de datos del Registro Civil a Matías Rodrigo Rojas Medina, RUT (...), requirente de esta solicitud de información, precisando la fecha de cada consulta y el servicio público al cual pertenecían dichos funcionarios, desde el año 2011 en adelante".

2) RESPUESTA: El 28 de agosto de 2018, mediante Carta SED. N° 1063, el órgano respondió a dicho requerimiento, señalando en síntesis, que "La identidad de los funcionarios públicos que utilizan claves para consultar información contenida en la base de datos de este Servicio, al igual que las fechas de cada consulta y el servicio al cual pertenecen esos funcionarios, corresponde a información que se genera en el marco de las competencias propias de dichos servicios y en base a la suscripción de diversos convenios de acceso a información, los que son desarrollados para un ambiente restringido, que está definido por leyes y reglamentos, como por ejemplo los que rigen a las policías y el Ministerio Público. Por lo tanto, la información requerida no es de acceso público (...) de manera que hacer entrega de los datos requeridos en vuestra solicitud, distrae indebidamente el cumplimiento de funciones por parte de dichos órganos, especialmente tratándose de las circunstancias señaladas en las letras a) y b) del artículo 21 de la Ley de Transparencia".

Acto seguido, informó que "instituciones como el Ministerio Público, organismo que goza de autonomía constitucional, han requerido a este Servicio que se realicen las gestiones que sean procedentes en relación a futuras presentaciones similares a la que usted efectúa disponiendo, en definitiva, que este organismo no entregue información relacionada con indagaciones penales que eventualmente se estén instruyendo o se hayan instruido (...) los datos sobre quién solicitó información de determinada persona (en el caso de su consulta sobre funcionarios públicos), solo se entrega a una autoridad competente, normalmente por orden de un tribunal. Por consiguiente si usted desea conocer la información que indica debe recurrir vía judicial", haciendo mención a lo resuelto por este Consejo en el amparo rol C3174-17 y lo resuelto por el Tribunal Constitucional en sentencia rol 2997-2016, denegando la entrega de la información solicitada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra a) y b), y N°2 de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 21 de septiembre de 2018, don Matías Rojas Medina dedujo amparo a su derecho de acceso a la Información, en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Asimismo, agregó que "La respuesta del servicio entra en conflicto con el espíritu de la ley de protección de datos personales, ya que impide al suscrito -y a la vez titular de los datos en poder del Registro Civil- conocer de qué manera, con qué fines y qué funcionarios públicos son los que conocen y utilizan dichos antecedentes. Impedir acceso a dicha información coartaría no solo el derecho que contempla la Ley de Transparencia, sino cualquier posibilidad de ejercer un control externo sobre el manejo de datos personales efectuados por terceros amparados en el Estado. Luego, se debe observar que la decisión de amparo citada por la reclamada tiene estricta relación con consultas que efectúan particulares que no desempeñan funciones públicas como aquellos que son objeto del requerimiento hecho por el suscrito al Registro Civil (...) el servicio basa la reserva en lo señalado por el Ministerio Público, sin embargo, omite referirse al resto de entidades públicas involucradas en el manejo de datos personales".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el presente amparo y, mediante Oficio N° E8350, de fecha 25 de octubre de 2018, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.

Mediante Oficio DN Ord. N° 0794, de fecha 13 de noviembre de 2018, el órgano evacuó sus descargos, reiterando lo señalado en su respuesta, y agregando en síntesis, que "además de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia, este Servicio invocó en el presente caso, la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N°2, atendido que la información a la que se pretende acceder por parte del reclamante, es recolectada de fuentes no accesibles al público existiendo, por tanto, el deber de guardar secreto de la misma, aún frente a la persona a la cual se refieren tales datos quien, de acuerdo a lo que ha esteblecido el propio legislador, puede acceder a ella por las vías y los mecanismos legales establecidos para aquello".

Acto seguido, el órgano indicó, en relación con la causal del N°2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, que "lo que debe tenerse presente en este caso es que la invocación a tal causal se relaciona con el régimen jurídico que resulta aplicable para este caso, particularmente tratándose de la esfera de la vida privada del solicitante, y de los funcionarios por cuyos datos se consulta (...) la denegación de la publicidad no solo se justifica frente a requerimientos que hacen terceros respecto de la información que se refiere al reclamante, sino que también abarca la información referida al propio reclamante quien intentando utilizar una vía no apta al efecto, pretende acceder a información que se encuentra contenida en fuentes que no son accesibles al publico, y a la que solo se puede acceder por los mecanismos que el legislador ha determinado al efecto, por mucho que aquella diga relación con el propio interesado. Lo anterior, atendido al límite que existe al derecho de acceso a datos propios que se encuentra consagrado en multiples normas legales que existen en nuestro ordenamiento jurídico. Este límite, que por cierto impide el acceso a la información que pretende el reclamante, se encuentra reconocido por el propio Consejo para la Transparencia", haciendo mención a lo dispuesto en las Recomendaciones sobre protección de datos personales por parte de los órganos de la Administración del Estado, en su numeral 5.10, en relación con los datos que se encuentran almacenados por mandato legal, agregando que "uno de los límites que precisa la regla precedentemente señalada, se refiere al hecho de que los datos se encuentren almacenados en determinadas bases ‘por mandato legal’, tal como ocurre con toda la información que administra este Servicio, la que se encuentra situada en fuentes que no son accesibles al público".

Luego, informó que "la circunstancia de que la información pedida (...) se encuentre contenida en diversos registros públicos cuyo acceso está sometido a la restricción de aportar determinados datos, excluye la posibilidad de considerar a dicho registro como una fuente accesible al público, en los términos definidos en el artículo 2, letra i), de la ley N° 19.628. En efecto, a pesar que la información solicitada obre en poder de la Administración y cualquiera pueda acceder a ella mediante un procedimiento de solicitud de certificado, de eso no se sigue que el legislador haya considerado que los datos que se consignan en cualquier registro, por público que este sea, provienen de una fuente accesible al público como si hubiera pretendido asimilar ambas expresiones en los términos de la ley N° 19.628", señalando que este Consejo ha resuelto que las bases de datos que posee el Servicio de Registro Civil no constituyen fuentes accesibles al público, en las decisiones rol C1335-13, C1371-14, C1391-15, C1519-15, C2254-15, C2159-16, C3423-16, C3502-16, C1221-17, entre otras, lo que ha sido también acogido por la I. Corte de Apelaciones de Santiago en causa rol 1085-2013, y haciendo mención a la "Teoría de la llave", y al Reglamento de la Unión Europea 2016/679 del Parlamento Europeo relativo a la protección de las personas físicas, en su artículo 73, y agregando que "tal como dice el texto constitucional, el tratamiento y protección de estos datos se efectúa en la forma y condiciones que determine la ley, que en este caso específico, corresponde a lo dispuesto en el artículo 7° de la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada que, tal como ya se examinó, establece la obligación de guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, obligación que en el caso de este Servicio resulta más intensa, atendido lo dispuesto en el artículo 45 de la ley N° 19.477 Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación".

Asimismo, con relación a la causal de reserva del artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia, el Servicio señaló que "Esta causal de reserva no resulta exclusiva de este Servicio, en tanto que la información que contienen las bases de datos que por ley administra esta institución, deben estar disponibles para otros servicios públicos, a fin de que con ella puedan ejecutar sus propias labores y tareas", haciendo mención al Oficio DEN N° 155/2016 de junio de 2016, de la Directora Ejecutiva Nacional del Ministerio Público, del cual acomaña copia, y señalando que "el acceso a la información sobre la identidad de los funcionarios públicos que han utilizado su clave para consultar en el gabinete de identificación o en las bases de datos del Registro Civil a Matías Rodrigo Rojas Medina, RUT (...), importa afectar el debido cumplimiento de funciones de investigación relativas a indagaciones penales que eventualmente se estén instruyendo o se hayan instruido. Cabe hacer presente que las mencionadas consultas pueden materializarse respecto de cualquier tipo de registro que administre este Servicio, en tanto que todos ellos contienen información que sirve para dar inicio a procesos penales, tal como lo precisó el Ministerio Público en el oficio citado. Con todo, este argumento resulta plenamente aplicable a todo el resto de la Administración Pública que utiliza permanentemente las bases de datos de este Servicio para consultar información de personas en el marco del ejercicio de sus propias competencias", agregando que este Consejo consultó solo por la afectación de funciones del SRCeI, no obstante igualmente podrían verse afectados el Ministerio Público, Carabineros, Policía de Investigaciones u otros organismos fiscalizadores, refiriéndose a la vía idónea y lo razonado por este Consejo en el amparo rol C789-17 y C3174-17.

Del mismo modo, agregó que "permitir el acceso a la identidad de los funcionarios que consultan las bases de datos de este Servicio, funcionarios que no solo pertenecen a este organismo, sino que a un sinnúmero de otros órganos de la Administración del Estado, constituiría sin duda un desincentivo y en un verdadero entorpecimiento a la labor que desempeñan tales servidores públicos, quienes realizan estas funciones en el marco de las competencias que le corresponden tanto a este Servicio, como al resto de las entidades de la Administración, lo que los expondría a eventuales acosos y permanentes cuestionamientos por el desarrollo normal y cotidiano de su labor", refiriéndose a lo resuelto por este Consejo en el amparo rol C136-13 sobre las direcciones de correo electrónico de los funcionarios, y que "bastaría hacer un simple cruce de información, por ejemplo, con Transparencia Activa, para detectar concretamente la Unidad en donde se desempeña el funcionario, e incluso otros datos cuya entrega eventualmente puede ser más lesiva, como la dirección o el RUN del respectivo titular".

Finalmente, indicó que "En consecuencia, no cabe sino concluir que en la especie se dan las hipótesis necesarias para estimar que la entrega distrae indebidamente las funciones, no solo de este organismo público, sino de los demás organismos que permanentemente consultan por las bases de datos de este Servicio", solicitando el rechazo del presente amparo, fundado en las causales del artículo 21 N°1 y N°2 de la Ley de Transparencia.

5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Este Consejo, mediante Oficio N° 171 de 30 de enero de 2019, solicitó al Servicio de Registro Civil e Identificación, como medida para mejor resolver el presente amparo, indicar los organismos que han hecho consultas en las bases de datos del órgano reclamado, con relación al propio solicitante. Por medio del Of. SED RES. N° 163, de fecha 5 de febrero de 2019, el órgano otorgó respuesta a la medida decretada, señalando los organismos que han consultado en las bases de datos indicadas.

6) DESCARGOS DE ORGANISMOS: Este Consejo, mediante Oficios N° 668, 669, 670, 671, 672 y 673, todos de fecha 28 de marzo de 2019, notificó a los organismos cuyos funcionarios consultaron bases de datos del SRCeI información relativa al solicitante, a fin de que se refieran a las causales de secreto que harían procedente la denegación de la información solicitada.

A esta fecha, sólo 4 de dichos órganos evacuaron sus descargos. El primero de ellos, con fecha 4 de abril de 2019, señaló, en síntesis, que tiene un convenio suscrito con el Registro Civil para acceder a sus sistemas informáticos, indicó sus funciones, las que podrían verse afectadas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia, e incluso 21 N°3, e informó que solo utiliza dicha información para los fines propios establecidos en el convenio manteniendo la confidencialidad correspondiente y quedando prohibido un uso distinto al señalado, y se obliga a limitar la divulgación de la información solo a los funcionarios estrictamente autorizados, evitando el acceso a terceros. Al respecto, se prohíbe copiar, revelar, difundir, vender, ceder, reproducir, interferir, interceptar, alterar, modificar, dañar, la información consultada.

El segundo de los organismos consultados, con fecha 5 de abril de 2019, señaló no contar con el detalle de las consultas que se efectúan por cada cuenta de acceso a los sistemas correspondientes al convenio suscrito con el SRCeI, por lo que se trataría de información inexistente.

El tercero de los órganos que evacuó sus descargos, en igual fecha, indicó que "por tratarse de una extensión a un banco de datos externo, la supervisión de uso es de quien provee u otorga su acceso, por ende no existe un registro anexo o independiente al mismo, razón por la que, en general, no se podría identificar en ese contexto al funcionario que utilizó dicha red, si no que por el propio Servicio que brindó su acceso (...) la utilización de los sistemas remotos han sido (...) para dar certeza en la revisión de antecedentes, en donde el límite del secreto o la reserva lo establece la propia ley".

Finalmente, el último de los organismos consultados, con fecha 8 de abril de 2019, haciendo suyos los argumentos expuestos por el Registro Civil, manifestó, igualmente, que suscribió un convenio con el SRCeI para consultar antecedentes personales de terceros, rigiendo las obligaciones de reserva y confidencialidad propias de su estatuto funcionario, además de las contempladas en las disposiciones legales vigentes, lo que constituye un insumo fundamental para poder cumplir con la función que la Constitución y la ley le ha mandatado, agregando que "si cada persona consultara a cada servicio público los datos personales de ese sujeto que se transmiten a otros organismos públicos, se afectaría gravemente las funciones de cada órgano, siendo inconcuso prever el entorpecimiento en el desempeño de las labores cotidianas que se desarrollan día a día en todos los servicios públicos del país (...) ya sea para otorgar prestaciones sociales o referentes a temas de salud, vivienda o educación, o fines de fiscalización de cada servicio (...) o en el ámbito de una investigación penal en determinados servicios públicos".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a la identidad de los funcionarios públicos que han utilizado su clave para consultar en el gabinete de identificación o en las bases de datos del Registro Civil, al propio requirente de esta solicitud, precisando la fecha de cada consulta y el servicio público al cual pertenecen dichos funcionarios, desde el año 2011 en adelante. Al respecto, tanto en su respuesta, como en sus descargos, el órgano denegó la entrega de la información solicitada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1 y N°2 de la Ley de Transparencia.

2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

3) Que, a modo de contexto, el artículo 7, letra i), de la ley N° 19.477, Ley Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, establece que "Al Director Nacional le corresponderán las siguientes atribuciones y obligaciones: i) Celebrar convenios con otros organismos públicos y entidades privadas, con el objeto de proporcionar información contenida en los registros públicos del Servicio, con las limitaciones que la ley establece en lo que se refiera a la seguridad y confidencialidad de los datos".

4) Que, en relación con los nombres de los funcionarios públicos que consultaron información del solicitante, en las bases de datos aludidas en el considerando precedente, cabe tener presente lo razonado por este Consejo en el amparo Rol C2306-14, entre otros, en orden a que "la divulgación de la identidad de los profesionales médicos que toman parte en los respectivos pronunciamientos institucionales de la reclamada, necesariamente supone un riesgo de afectación en el cumplimiento de sus funciones habituales. En efecto, exponer a los referidos especialistas a consultas de interesados, a recibir antecedentes por medios postales y electrónicos o verse obligados a atender llamados telefónicos que se le formulen para requerir información sobre el avance de sus respectivas presentaciones como a dar explicaciones por un eventual rechazo de los recursos o presentaciones efectuados por un particular, supone distraer a dicho personal de las tareas habituales que les han sido encomendadas, perjudicando además los procedimientos administrativos internos establecidos por la Superintendencia de Seguridad Social para impugnar sus dictámenes, circulares o resoluciones, tornándolos inoficiosos." A igual conclusión arribó esta Corporación en los amparos roles C2361-14, C2020-16, C129-17 y C135-17, respecto de la identidad de los funcionarios que forman parte en causas judiciales o extrajudiciales, los encargados de revisión de estudio realizado por el Ministerio de Desarrollo Social y los responsables de informar ante requerimiento de acceso efectuado ante la Policía de Investigaciones de Chile. Por otra parte, del contexto de la solicitud en análisis se advierte que los funcionarios de que se trata únicamente han efectuado consultas en el sistema informático de la reclamada, no pudiendo constatarse que hayan intervenido en la elaboración de un acto administrativo o en la toma de decisiones durante un procedimiento administrativo que amerite ser escrutada. En consecuencia, y acorde con el criterio citado se rechazará en esta parte el presente amparo.

5) Que, asimismo, a criterio de este Consejo, la divulgación de los antecedentes de los funcionarios respectivos, supone afectar y restar eficacia a los mecanismos internos fijados por el órgano, tales como oficina de partes, central telefónica, operadores del portal electrónico, todos los cuales han sido implementados a fin de brindar un servicio oportuno y eficaz a las presentaciones, consultas y reclamos efectuadas por los usuarios del organismo requerido. En consecuencia, y acorde con el criterio citado, este Consejo tendrá por configurada la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia por afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano, y de la atribución de este Consejo conferida por el artículo 33, literal j), de la Ley de Transparencia, por lo que se rechazará, en esta parte, el presente amparo.

6) Que, sin perjuicio de lo anterior, y tratándose de aquella parte de la solicitud referida a la identificación de los órganos cuyos funcionarios hicieron consultas en las bases de datos del SRCeI, y las fechas en que efectuaron esas gestiones, cabe tener presente que, según lo expuesto tanto por el propio Registro Civil, como por los organismos pertinentes, no se ha acreditado, de manera fehaciente e indubitada, la concurrencia de las causales alegadas, sino solo respecto de la identidad de los funcionarios, teniendo presente que por tratarse de normas de derecho estricto, que se contraponen al principio general de Transparencia, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva. En efecto, los organismos no han acreditado la manera en que la entrega de la información relativa al servicio que realizó consultas a la base de datos, ni las fechas en que lo realizaron, podría afectar el debido cumplimiento de sus funciones.

7) Que, en consecuencia, tratándose de información que obra en poder del órgano reclamado, y habiéndose desestimado las alegaciones expuestas por la reclamada así como de los demás órganos a que se refieren los antecedentes requeridos, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, respecto de esta parte, ordenando la entrega de la información solicitada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Matías Rojas Medina en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, rechazándolo respecto de la identidad de los funcionarios públicos que hicieron consultas en las bases de datos, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 1, de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación lo siguiente:

a) Entregar al reclamante información relativa a la identificación de los órganos cuyos funcionarios consultaron en las bases de datos del Registro Civil antecedentes relativos al solicitante, y las fechas en que efectuaron tales consultas.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Matías Rojas Medina, al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, y a los jefes de servicio de los organismos notificados.

En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado, no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.