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Matías Rojas Medina con SUBSECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Rol: C6453-18

Consejo para la Transparencia, 18/04/2019

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría General de Gobierno, ordenando la entrega de la información relativa a las autoridades públicas o servicios públicos a los cuales les fueron comunicadas o derivadas las minutas o productos comunicacionales estratégicos elaboradas por la Secretaría de Comunicaciones (SECOM), referidas al procedimiento de Carabineros que derivó en la muerte de Camilo Catrillanca en la Región de La Araucanía y al denominado Comando Jungla, como asimismo las vías o medios utilizados para su comunicación o derivación, sin hacer referencia al contenido de dichas minutas. Lo anterior, por tratarse de información pública respecto de la cual el órgano reclamado no acreditó la concurrencia de las causales alegadas en orden a que su entrega afecta el debido cumplimiento de sus funciones. Por otra parte, se rechaza el amparo respecto de la entrega de copia digital de todas las minutas elaboradas por la Secretaría de Comunicaciones (SECOM), al procedimiento policial ya señalado, con las demás indicaciones señalados en la solicitud formulada. Lo anterior, por tratarse de información cuya entrega afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6453-18

Entidad pública: Subsecretaría General de Gobierno

Requirente: Matías Rojas Medina

Ingreso Consejo: 20.12.2018

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría General de Gobierno, ordenando la entrega de la información relativa a las autoridades públicas o servicios públicos a los cuales les fueron comunicadas o derivadas las minutas o productos comunicacionales estratégicos elaboradas por la Secretaría de Comunicaciones (SECOM), referidas al procedimiento de Carabineros que derivó en la muerte de Camilo Catrillanca en la Región de La Araucanía y al denominado Comando Jungla, como asimismo las vías o medios utilizados para su comunicación o derivación, sin hacer referencia al contenido de dichas minutas.

Lo anterior, por tratarse de información pública respecto de la cual el órgano reclamado no acreditó la concurrencia de las causales alegadas en orden a que su entrega afecta el debido cumplimiento de sus funciones.

Por otra parte, se rechaza el amparo respecto de la entrega de copia digital de todas las minutas elaboradas por la Secretaría de Comunicaciones (SECOM), al procedimiento policial ya señalado, con las demás indicaciones señalados en la solicitud formulada.

Lo anterior, por tratarse de información cuya entrega afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado.

En sesión ordinaria N° 983 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de abril de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6453-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 23 de noviembre de 2018, don Matías Rojas Medina solicitó a la Subsecretaría General de Gobierno "copia digital de todas las minutas elaboradas por la Secretaría de Comunicaciones (SECOM), relativas al procedimiento de Carabineros que derivó en la muerte del comunero Camilo Catrillanca en la Región de La Araucanía y al denominado Comando Jungla, especificando el propósito de las mismas, e identificando a los funcionarios que redactaron dichas minutas, las autoridades públicas o servicios públicos a los cuales les fueron comunicadas o derivadas dichas minutas, y por qué vías se comunicaron o derivaron, acompañando copia digital de los documentos que así lo acrediten."

2) RESPUESTA: La Subsecretaría General de Gobierno respondió a dicho requerimiento de información mediante Carta LT N° 58/8, de fecha 18 de diciembre de 2018, señalando, en síntesis, que deniega la información pedida por concurrir las causales de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra b), y N° 4 de la Ley de Transparencia.

En este sentido señaló que la ley N° 19.032 establece en su artículo 2° las funciones del Ministerio Secretaría General de Gobierno, entre las que están:

a) Ejecutar todas las labores de Secretaría de Gobierno y de los Consejos de Gabinete; como también registrar y comunicar, cuando procediere, los acuerdos, conclusiones y determinaciones de tales Consejos;

b) Establecer canales efectivos de comunicación entre gobernantes y gobernados;

c) Constituir un canal de vinculación entre el Gobierno y las diversas organizaciones sociales, cualquiera sea su naturaleza, respetando plenamente la autonomía de éstas, con el propósito de facilitar la expresión de las necesidades de la ciudadanía y resolverlas en función del interés social;

d) Estudiar y fomentar los valores propios de la cultura nacional a través de la participación de la ciudadanía, en coordinación con el Ministerio de Educación;

e) Servir de órgano de informaciones del Gobierno, proporcionando el material que corresponda a los medios de comunicación, nacionales e internacionales;

f) Identificar las necesidades globales y específicas de comunicación de las diferentes instancias gubernamentales y proponer o éstas las estrategias adecuados para satisfacerlos;

g) Colaborar con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la vinculación e inserción cultural de Chile a nivel internacional, propendiendo al fortalecimiento de relaciones culturales interregionales;

h) Participar en la elaboración de las políticas globales del Gobierno, y

i) Dar cuenta anualmente sobre la participación ciudadana en la gestión pública, para lo cual deberá establecer los mecanismos de coordinación pertinentes".

Por otra parte, agrega que dentro de las funciones específicas que le corresponden a la División Secretaría de Comunicación se encuentra la de proveer al Sr. Presidente de la República y otros órganos de las administración de información actualizada del acontecer nacional e internacional, como también de análisis de prensa de otras materias relativas a la comunicación, además de identificar las necesidades globales y específicas de comunicación de las diferentes instancias gubernamentales y proponer a éstas las estrategias adecuadas y proporcionar la asesoría para satisfacerlas.

Por consiguiente, deniega la entrega de la información pedida por cuanto afecta el debido cumplimiento de las funciones del Ministerio Secretaría General de Gobierno, configurándose la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° letra b) de la Ley de Transparencia, toda vez que la función primordial que tiene en estas materias, es proveer de información actualizada a las autoridades y los respectivos análisis de prensa a fin de que se puedan tomar las medidas, directrices o decisiones de índole político, técnico o políticas públicas adecuadas al contexto. Por ello, estima que la información pedida son antecedentes previos a la adopción de una resolución, medida o política por parte del Sr. Presidente de la República u otros órganos de la administración del estado, respecto de un acontecimiento que se encuentra en desarrollo, la divulgación de la información requerida puede perjudicar y alterar significativamente las medidas que se puedan o pretendan adoptar.

Finalmente señala que los reportes emanados desde la División Secretaría de Comunicaciones hacia el Gabinete Presidencial, son antecedentes de suma relevancia en la toma de decisiones, por lo tanto, su publicidad, comunicación o conocimiento, podría afectar el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país, concurriendo a su juicio la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 20 de diciembre de 2018, don Matías Rojas Medina dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Subsecretaría General de Gobierno, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información, agregando que se trata de información pública sobre hechos ocurridos en el caso Catrillanca y el denominado Comando Jungla, y sobre los cuales las versiones entregadas por las autoridades ya fueron entregadas.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario General de Gobierno, mediante oficio N° E1750, de fecha 11 de febrero de 2019. Se solicitó expresamente al órgano: se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo; y, detalle cómo la entrega de dicha información afectaría el interés nacional.

El órgano reclamado, a través de oficio N° LT/46/D1, de fecha 27 de febrero de 2019, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis, que denegó la información pedida por estimar que concurren las causales de reserva contempladas en el artículo 21 N° 1 letra a), y b), N° 3 y N° 4 de la Ley de Transparencia.

Hace presente que la División de Secretaría de Comunicaciones del Ministerio Secretaría General de Gobierno, no elabora minuta o informe alguno, sino que más bien se dedica a la confección de productos comunicacionales estratégicos, respecto de los cuales no es posible acceder a su entrega, puesto que existen variadas circunstancias de índole normativa, como el desarrollo de procesos políticos y judiciales que se están llevando a cabo, y específicamente en la Región de la Araucanía a propósito del caso del lamentable deceso del comunero mapuche Camilo Catrillanca.

En este sentido reitera que las funciones del Ministerio Secretaría General de Gobierno se encuentran estipuladas en la ley N° 19.032, que reorganiza el Ministerio Secretaría General de Gobierno y que dispone en su artículo 1° que está encargado de actuar como órgano de comunicación del Gobierno, pudiendo para estos efectos llevar a cabo las relaciones de éste con las organizaciones sociales, en su más amplia acepción; de ejercer la tuición del sistema de comunicaciones gubernamentales, y de servir de Secretaría del Consejo de Gabinete, agregando en su artículo 2° las funciones específicas que la ley le encomienda.

Sobre el caso respecto del cual versa la información pedida, señala que existen a lo menos tres aristas distintas y que inciden directamente en el cumplimiento de las funciones de esta Cartera Ministerial:

a) En primer lugar, actualmente existe una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados que ha oficiado al Presidente de la República y a la Ministra Secretaria General de Gobierno, a fin de que den cuenta de la información recibida respecto de los hechos acontecidos en relación a la "Actuación del Ministerio del Interior y organismos policiales en muerte de Camilo Catrillanca", constituyéndose el día 3 de enero de 2019 y fijándose un plazo de 120 días.

b) Las decisiones y políticas a implementar en el Acuerdo Nacional para el Desarrollo y la Paz en La Araucanía. En este contexto, dicho acuerdo es diferente a los otros acuerdos porque no parte de cero y no se conformó una nueva mesa de trabajo multisectorial para discutir el diagnóstico, sino que el trabajo se inició estudiando y recogiendo lo que ya se ha avanzado: tanto el diagnóstico de la situación de la región levantado por comisiones presidenciales anteriores, como de planes de desarrollo elaborados previamente.

c) Finalmente, como tercera arista, consta en el sistema del Poder Judicial, existe una causa penal abierta como consecuencia de estos hechos, cuyo orden cronológico detalla pormenorizadamente.

Agrega, que revisadas sus funciones conforme a la normativa citada, con las aristas mencionadas, a su juicio se verían entorpecidas gravemente dichas funciones en cuanto a la propuesta y estrategias comunicacionales que realiza el Ministerio, tanto al Sr. Presidente de la República como a la Sra. Ministra Secretaria General de Gobierno.

Por otra parte, agrega que la entrega de estos productos comunicacionales estratégicos elaborados por la División de Secretaría de Comunicaciones (SECOM) afectaría y alteraría sustancialmente el debido proceso con miras a los requerimientos realizados al Presidente de la República y a la Ministra que encabeza esta repartición, en vistas de que se revelaría información importante requerida por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, y que impediría el normal flujo del procedimiento adoptado por los Congresistas.

A mayor abundamiento, sostiene que existen razones de política pública, seguridad e interés nacional involucrados en el requerimiento de transparencia realizado, por la existencia del Acuerdo Nacional para el Desarrollo y la Paz en la Araucanía, en el cual participa con su función de provisión de información a las autoridades, en base a las cuales se han trabajo aspectos de dicho acuerdo, específicamente en materia de Seguridad por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y en materia de desarrollo e integración por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

Finalmente, la entrega de los productos que posee implica necesariamente una afectación a la investigación judicial que actualmente está llevando a cabo el Ministerio Público en causa RIT 1353-2018 (RUC: 1810053020-8) del Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli.

Por lo anterior, conforme a los artículos 1 y 2 letras e), f) y h) de la ley N° 19.032, concluye que siendo el Ministerio Secretaría General de Gobierno quien lidera el sistema de información de todos los órganos de la Administración Central del Estado, en consecuencia, acceder a la entrega de los productos comunicacionales que han sido proporcionadas tanto al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, al Consejo de Gabinete en su totalidad y asimismo, al Presidente de la República, a fin de que se pudiese adoptar las estrategias y políticas globales en materia de seguridad pública en la región de la Araucanía, afectaría por completo el interés y la seguridad nacional, ya que según se desprende de la normativa antes citadas, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública utiliza como base fundante los productos aportados por la División Secretaria de Comunicaciones dependiente de esta cartera Ministerial, para elaborar querellas criminales y asimismo, adoptar estrategias seguridad pública, función específica que ostenta dicho ministerio.

Por otra parte, respecto del estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo, hace presente que los procesos que se están desarrollando, no han sido impulsados por la Subsecretaría General de Gobierno, desconociendo los plazos que se tomará el Ministerio Público en la investigación del delito en contra de Camilo Catrillanca, como tampoco existe certeza del tiempo que tardaría la tramitación del proceso penal en el juzgado de garantía y/o Tribunal Oral en lo Penal.

Finalmente, señala que teniendo presente las diferentes aristas de la materia sobre lo cual versa lo pedido, se hace imposible la entrega de dichos antecedentes puesto que se produce una clara afectación al interés nacional, específicamente las decisiones que se adopten en el Consejo de Gabinete en base a esas informaciones; las estrategias comunicacionales adoptadas por las distintas instancias gubernamentales en base a los productos elaborados por la SECOM; el respeto al debido proceso en el marco de las respuestas que debe emitir el Sr. Presidente de la República y la Ministra Secretaria General de Gobierno a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, como asimismo la fluidez de dicho proceso; la estrategia judicial adoptada por el Ministerio del Interior en la querella deducida por la muerte del comunero Camilo Catrillanca, como el correcto desempeño de las policías, Ministerio Público y Tribunales de Justicia en dicho caso. Adjunta querella criminal presentada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y copia de las resoluciones judiciales del Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli en causa RIT 1353-2018 (RUC: 1810053020-8).

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega por parte de la Subsecretaría General de Gobierno de "copia digital de todas las minutas elaboradas por la Secretaría de Comunicaciones (SECOM), relativas al procedimiento de Carabineros que derivó en la muerte del comunero Camilo Catrillanca en la Región de La Araucanía y al denominado Comando Jungla, especificando el propósito de las mismas, e identificando a los funcionarios que redactaron dichas minutas, las autoridades públicas o servicios públicos a los cuales les fueron comunicadas o derivadas dichas minutas, y por qué vías se comunicaron o derivaron, acompañando copia digital de los documentos que así lo acrediten", información que fue denegada por el órgano reclamado al estimar que concurren las causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 1 letra a) y b), N° 3 y N° 4 de la Ley de Transparencia.

2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

3) Que, respecto a la causal de reserva invocada por el órgano, contenida en el artículo 21 N° 1, letra a) de la Ley de Transparencia, resulta pertinente tener presente el criterio sostenido reiteradamente por este Consejo a partir de las decisiones recaídas en los amparos Roles C68-09, C293-09 y C380-09, mediante las cuales se resolvió que la causal de reserva citada, debe interpretarse de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido, no transforma en secretos los documentos relacionados con éste. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre los documentos o información que se solicita y el litigio que se sustancia, debiendo verificarse, además, una afectación al debido funcionamiento del órgano en caso de revelarse aquéllos.

4) Que, de acuerdo a lo informado por el órgano reclamado existe una causa judicial, RIT 1353-2018, del Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli, la que se acumuló a la causa RIT 1393-2018, que a su vez quedó vigente para todos los efectos como causa RIT 1353-2018 de dicho Juzgado de Letras y Garantía. No obstante lo señalado, el órgano reclamado se limitó a señalar que entregar la información pedida afectaría la estrategia judicial adoptada por el Ministerio del Interior en la querella deducida por la muerte del comunero Camilo Catrillanca, sin aportar antecedente alguno que acredite el modo en que ello ocurre. En tal sentido, y conforme ha resuelto este Consejo en la decisión de amparo Rol C39-09, siendo la reserva de derecho estricto, cuando se invoca una circunstancia que exima de la obligación de entregar la información pedida, corresponde al órgano respectivo, o en su caso al tercero, acreditar fehacientemente los hechos que configuran la hipótesis de reserva invocada, lo que no ha ocurrido en la especie, razón por la cual se desestimará dicha alegación.

5) Que, en relación a la causal de reserva invocada prevista en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando la divulgación de lo pedido afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente "tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas". Además, según lo previsto en el artículo 7° N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios.

6) Que, este Consejo ha sostenido que, para los efectos de configurar dicha causal, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, cuales son: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política, y b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. En este sentido, de conformidad con el texto expreso del artículo 21 de la Ley de Transparencia, para verificar la procedencia de la causal invocada es menester determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella -en la especie, las funciones del órgano-, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.

7) Que, respecto al primero de los requisitos señalados en el considerando precedente, este Consejo ha estimado que debe existir un vínculo preciso de causalidad entre los antecedentes o deliberaciones previas, en la especie, la información cuya copia fuera solicitada, y la resolución o medida a adoptar por dicho órgano, de manera que sea claro que los antecedentes o deliberaciones originarán la resolución, medida o política de que se trata. En este caso, a juicio de esta Corporación no ha sido posible establecer que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política por parte del órgano reclamado, sino que por el contrario, se refiere a los antecedentes elaborados por la Secretaría de Comunicaciones relativa al procedimiento de Carabineros de Chile que derivó en la muerte de Camilo Catrillanca en la Región de La Araucanía con fecha 14 de noviembre de 2018, y que atendida a la coyuntura política y social en que ocurrieron los hechos, sirvieron para adoptar las resoluciones, medidas o políticas en dicha oportunidad y contexto, no pudiendo obviarse por tanto, que el propio artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, prescribe que dichos antecedentes son reservados sólo en cuanto sean previos a la adopción de la respectiva resolución, medida o política, sin perjuicio que sus fundamentos sean públicos una vez adoptadas. Por lo expuesto, a juicio de este Consejo, no habiéndose acreditado los elementos de ponderación citados precedentemente para configurar la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, se desestimará dicha alegación.

8) Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, este Consejo hace presente que el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, establece que "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido".

9) Que, en este sentido, atendida la especial naturaleza de la información solicitada, en cuanto se refiere a las minutas o productos comunicacionales estratégicos como indica el órgano reclamado, elaboradas por la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio Secretaría General de Gobierno, y en particular el marco normativo al que está sometido dicha entidad pública, esto es, la ley N° 19.032, que reorganiza el Ministerio Secretaría General de Gobierno, como asimismo el artículo 4° del D.F.L. N° 1, de Segegob, de 1992, que señala las funciones encomendadas a División de Secretaría de Comunicaciones de dicho Ministerio, cabe destacar que se establece como órgano de comunicación del Gobierno, pudiendo para estos efectos llevar a cabo las relaciones de éste con las organizaciones sociales, en su más amplia acepción, ejercer la tuición del sistema de comunicaciones gubernamentales, y de servir de Secretaría del Consejo de Gabinete, entregando a las principales autoridades de gobierno asesoría comunicacional que permita identificar necesidades estratégicas y coyunturales y orientar la toma de decisiones para apoyar coordinadamente la gestión del Ejecutivo, sin perjuicio de las funciones específicas que la ley le asigna, y que fueron señaladas en extenso en lo expositivo de la presente decisión.

10) Que, en dicho contexto, a juicio de este Consejo en este caso otorgar acceso al contenido de la información pedida configura la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, pues da cuenta de modo detallado, de las alternativas y análisis en la gestión de las comunicaciones oficiales del Ejecutivo en cada una de las coyunturas políticas y sociales que debe enfrentar, como acontece con el procedimiento policial al que se refiere el requerimiento, cuya divulgación podría afectar el normal desarrollo de la función de elaboración de comunicaciones internas que debe efectuar la reclamada al estar expuestas a su entrega, desincentivando el documentar la reflexión propia de cada toma de decisiones por parte de dicho órgano, toda vez que se darían a conocer los proyectos de comunicados, sus debilidades y fortalezas con un grado de especificación que permitiría cuestionar la comunicación oficial realizada en cada caso, lo que evidentemente afectaría las funciones encomendadas al Ministerio Secretaría General de Gobierno.

11) Que, por lo expuesto, a juicio de este Consejo entregar la información pedida produce una afectación presente y con suficiente especificidad al debido cumplimiento de las funciones del Ministerio Secretaría General de Gobierno, por cuanto significará un claro desmedro y afectación a la gestión de la política comunicacional del Gobierno que le encomienda tanto la ley la ley N° 19.032, como el D.F.L. N° 1, de Segegob, de 1992. Por consiguiente, se rechazará el presente amparo, por configurarse la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia

12) Que, por otra parte, en cuanto a la individualización de los funcionarios públicos a que se refiere la solicitud formulada, cabe tener presente lo razonado por este Consejo en el amparo Rol C2306-14 en orden a que "la divulgación de la identidad de los profesionales médicos que toman parte en los respectivos pronunciamientos institucionales de la reclamada, necesariamente supone un riesgo de afectación en el cumplimiento de sus funciones habituales. En efecto, exponer a los referidos especialistas a consultas de interesados, a recibir antecedentes por medios postales y electrónicos o verse obligados a atender llamados telefónicos que se le formulen para requerir información sobre el avance de sus respectivas presentaciones como a dar explicaciones por un eventual rechazo de los recursos o presentaciones efectuados por un particular, supone distraer a dicho personal de las tareas habituales que les han sido encomendadas, perjudicando además los procedimientos administrativos internos establecidos por la Superintendencia de Seguridad Social para impugnar sus dictámenes, circulares o resoluciones, tornándolos inoficiosos." A igual conclusión arribó esta Corporación en los amparos Roles C2361-14, C2020-16, C129-17 y C135-17, respecto de la identidad de los funcionarios que forman parte en causas judiciales o extrajudiciales, los encargados de revisión de estudio realizado por el Ministerio de Desarrollo Social y los responsables de informar ante requerimientos de acceso efectuado ante la Policía de Investigaciones de Chile, respectivamente. Por otra parte, además de la naturaleza de las funciones que desempeña el órgano reclamado, en este caso no se trata de funcionarios que hayan intervenido en la elaboración de un acto administrativo o en la toma de decisiones durante un procedimiento administrativo que amerite ser escrutada. En consecuencia, y acorde con el criterio citado se rechazará en esta parte el presente amparo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, y de la atribución de este Consejo conferida por el artículo 33, literal j), de la Ley de Transparencia.

13) Que, sin embargo, respecto de la información pedida relativa a las autoridades públicas o servicios públicos a los cuales les fueron comunicadas o derivadas las minutas o productos comunicacionales estratégicos sobre las cuales versa el requerimiento formulado, como las vías por las cuales se comunicaron o derivaron, de los antecedentes examinados en el presente caso a juicio de este Consejo las alegaciones del órgano reclamado no resultan suficientes para tener por configurada la causal de reserva alegada, toda vez que no se acreditó ningún elemento que permita apreciar el modo en que la entrega de información pública, como lo es conocer las autoridades o servicios públicos a quienes se remitieron las minutas a que se refiere la solicitud por parte de la Subsecretaría General de Gobierno y las vías o medios utilizados para ello, sin referencia alguna al contenido de dichas comunicaciones, que por lo demás son tareas propias de las funciones que le asigna la ley a dicho organismo público, efectivamente afecte el debido cumplimiento de sus funciones, exigido en cada una de las causales de reserva alegadas, razón por la cual serán desestimadas. Por consiguiente, este Consejo acogerá el amparo en esta parte, ordenando la entrega de la información reclamada en este punto.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Matías Rojas Medina en contra de la Subsecretaría General de Gobierno, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario General de Gobierno:

a) Entregar al reclamante la información relativa a las autoridades públicas o servicios públicos a los cuales les fueron comunicadas o derivadas las minutas o productos comunicacionales estratégicos sobre las cuales versa el requerimiento formulado, como asimismo las vías o medios utilizados para su comunicación o derivación, sin hacer referencia al contenido de dichas minutas.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento.

III. Rechazar el amparo deducido por don Matías Rojas Medina en contra de la Subsecretaría General de Gobierno, por configurarse la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

IV. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Matías Rojas Medina y al Sr. Subsecretario General de Gobierno.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.