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Víctor Vargas Maldonado con DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL Rol: C5632-18

Consejo para la Transparencia, 18/04/2019

Se acoge parcialmente el amparo, en contra de la Dirección General de Movilización Nacional, ordenando proporcionar al recurrente los antecedentes que fueron tarjados de los expedientes solicitados, sobre investigaciones sumarias finalizadas, y que dicen relación con su persona, en calidad de parte en dicho procedimiento; así como también, la información que fue reservada en las hojas de vida, de calificación e informes de desempeño contenidas en dichos expedientes, respecto de los otros funcionarios involucrados en las investigaciones consultadas, pero referidas únicamente a su desempeño funcionario. Lo anterior, por cuanto, la información del peticionario y que fue tarjada, corresponde a datos personales de éste, no siendo justificada su reserva respecto de quien acreditó su calidad de titular de dichos antecedentes; a su vez, y respecto a los instrumentos de calificación, constituyen información pública que obra en poder del órgano, no acreditándose que su entrega pueda afectar la vida privada de los funcionarios. Se rechaza el amparo respecto de la restante información que fue reservada en los aludidos expedientes, relativa al RUT, domicilio, edad, estado civil, datos de contacto, antecedentes médicos, familiares, entre otros, -incluidos aquellos consignados en las hojas de vida, calificación y evaluación- respecto de personas distintas al solicitante, por cuanto estos antecedentes corresponden a datos personales y sensibles de éstos, no mediando la autorización de sus titulares.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Defensa
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5632-18

Entidad pública: Dirección General de Movilización Nacional.

Requirente: Víctor Vargas Maldonado.

Ingreso Consejo: 16.11.2018

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo, en contra de la Dirección General de Movilización Nacional, ordenando proporcionar al recurrente los antecedentes que fueron tarjados de los expedientes solicitados, sobre investigaciones sumarias finalizadas, y que dicen relación con su persona, en calidad de parte en dicho procedimiento; así como también, la información que fue reservada en las hojas de vida, de calificación e informes de desempeño contenidas en dichos expedientes, respecto de los otros funcionarios involucrados en las investigaciones consultadas, pero referidas únicamente a su desempeño funcionario.

Lo anterior, por cuanto, la información del peticionario y que fue tarjada, corresponde a datos personales de éste, no siendo justificada su reserva respecto de quien acreditó su calidad de titular de dichos antecedentes; a su vez, y respecto a los instrumentos de calificación, constituyen información pública que obra en poder del órgano, no acreditándose que su entrega pueda afectar la vida privada de los funcionarios.

Aplica criterio contenido en las decisiones roles C1241-18, C1579-18, C1617-18, C1961-18, C2047-18 y C2048-18, entre otras.

Se rechaza el amparo respecto de la restante información que fue reservada en los aludidos expedientes, relativa al RUT, domicilio, edad, estado civil, datos de contacto, antecedentes médicos, familiares, entre otros, -incluidos aquellos consignados en las hojas de vida, calificación y evaluación- respecto de personas distintas al solicitante, por cuanto estos antecedentes corresponden a datos personales y sensibles de éstos, no mediando la autorización de sus titulares.

Finalmente, se representa al organismo la infracción a la Ley sobre Protección a la Vida Privada, al haber divulgado datos personales y sensibles -tales como RUT, dirección y relatos médicos- de algunas personas consignados en los expedientes pedidos, sin contar con la autorización de sus titulares.

En sesión ordinaria N° 983 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de abril de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5632-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 23 de octubre de 2018, don Víctor Vargas Maldonado solicitó a la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN):

"copia de los siguientes expediente sumariales, con todas sus fojas, incluyendo dictamen de fiscal y con la Resolución del Sr. Director General:

1.- Expediente dispuesto por resolución exenta DGMN. N° 001638 de fecha 02.MAY.2017.

2.- Expediente dispuesto por resolución exenta DGMN. N° 001537 de fecha 21.ABR.2017.

3.- Expediente dispuesto por resolución exenta DGMN. N° 001639 de fecha 02.MAY.2017"

2) RESPUESTA: El 30 de octubre de 2018, la Dirección General de Movilización Nacional respondió a dicho requerimiento de información, accediendo a la entrega de los expedientes solicitados, previo pago de los costos de reproducción que señalan. A su vez, exponen que en los expedientes solicitados, fue tarjada información de tipo sensible contenida en éstos. Finalmente, solicitan al recurrente el retiro presencial de la documentación, previa acreditación de su identidad.

3) AMPARO: El 16 de noviembre de 2018, don Víctor Vargas Maldonado dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta, por cuanto en los expedientes proporcionados fue tarjada información de las personas sumariadas.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Director General de Movilización Nacional, mediante Oficio N° E10999 de 27 de diciembre de 2018. El órgano reclamado evacuó sus descargos mediante escrito ingresado con fecha 23 de enero de 2019, señalando, en síntesis, que en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y la Ley N° 19.628 Sobre Protección de la Vida Privada, solo fueron protegidos aquellos datos de tipo personal de los involucrados, cuya entrega puede afectar su vida privada. Asimismo, acompaña copia íntegra de los expedientes pedidos.

5) COMPLEMENTO DE DESCARGOS: Por medio de correo electrónico de fecha 3 de abril de 2019, el órgano recurrido, a solicitud previa de este Consejo, precisó los antecedentes que fueron tarjados de los expedientes proporcionados, siendo éstos, en síntesis, el RUT, fecha de nacimiento, estado civil, edad, datos de contacto particulares (domicilio, teléfono y correo electrónico) de los distintos partícipes en el proceso, copia de certificado de nacimiento, cédula de identidad y antecedentes médicos del denunciante, hojas de vida, de calificación e informes de desempeño, del denunciante y los dos funcionarios involucrados en los hechos investigados, entre éstos, del reclamante.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo versa, en síntesis, es el acceso íntegro a los expedientes relativos a investigaciones sumarias descritos en el numeral 1) de lo expositivo, toda vez que, en su entrega, fueron tarjados ciertos antecedentes respecto de las personas involucradas. De acuerdo con lo argumentado por el órgano reclamado, aquellos antecedentes corresponden a datos personales y sensibles de las personas que participaron en dichos procesos, los cuales conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, y lo establecido en la Ley N° 19.628, están sujetos a protección.

2) Que, revisados los tres expedientes objeto de requerimiento, aquellos, en resumen, corresponden a investigaciones sumarias administrativas realizadas por la DGMN, con ocasión a una denuncia presentada por un ex funcionario de la entidad, la cual comprendía una serie de circunstancias a indagar, siendo el recurrente uno de los funcionarios investigados en los hechos descritos en la denuncia; dichos procedimientos fueron sobreseídos, al no lograr acreditarse las respectivas imputaciones. Ahora bien, y en virtud de las diligencias realizadas, los expedientes contienen datos tales como el RUT, estado civil, edad y domicilio de quienes prestaron declaración en los procesos -entre ellos el recurrente-, antecedentes médicos del denunciante (incluida la copia de su cédula de identidad y certificado de nacimiento), datos de contacto de especialistas, y las hojas de vida, calificación e informes de desempeño del denunciante y los dos funcionarios implicados en los hechos investigados - uno de ellos, se reitera, es el recurrente-.

3) Que, atendida la circunstancia alegada por el recurrente, es menester tener presente que de conformidad a lo preceptuado en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, en su artículo 2°, letra f), son datos de carácter personal "los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables", y su literal g) define como datos sensibles "aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.". Por tanto, en virtud de la normativa precitada, los antecedentes contenidos en los expedientes consultados, tales como, RUT, fecha de nacimiento, edad, estado civil, datos de contacto (dirección, teléfono y correo electrónico particulares), y los antecedentes médicos en general de los distintos partícipes en los procesos, efectivamente implica por parte del órgano reclamado un tratamiento de datos personales y sensibles, cuya divulgación puede implicar una afectación al derecho a la privacidad de éstos, de lo cual deriva la necesidad de garantizar la protección de aquellos datos, velando por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628. Asimismo, de acuerdo a los artículos 4°, 7° y 10° de la norma precitada, estos antecedentes no pueden ser comunicados sin la autorización expresa de sus titulares o representantes legales.

4) Que, en virtud de lo anterior, la reserva de los datos mencionados en el considerando precedente, correspondientes a personas distintas del solicitante, se ajusta a lo dispuesto en la Ley N° 19.628, y a lo establecido en los artículos 11, letra e) y 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por lo que este Consejo no advierte infracción en el proceder de la entidad recurrida a este respecto.

5) Que, sin embargo, siendo el recurrente uno parte en los procesos consultados, conforme pudo constatarse, la protección de la información alcanzó, además, a aquellos datos de titularidad del peticionario, circunstancia que no se justificaba en el presente caso, toda vez que la entrega de los expedientes fue realizada al recurrente de forma presencial, previa acreditación de su identidad, dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, razón por la cual se acogerá el amparo en esta parte, ordenando al organismo hacer entrega al recurrente de aquellas piezas del expediente con la revelación de la información concerniente a su persona y que fue tarjada, debiendo ser proporcionada según lo dispuesto en el aludido numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10, ya aludido.

6) Que, en cuanto a la información que fue reservada de las hojas de vida, de calificación e informes de desempeño, anexados en los expedientes solicitados, es importante destacar que, de su revisión, consta que los instrumentos de medición correspondientes al recurrente y denunciante, fueron generados conforme el procedimiento regulado en el Decreto Supremo N° 205, de 2012, del Ministerio de Defensa, que "Aprueba Reglamento Especial de Calificaciones del personal afecto al Estatuto Administrativo de la Dirección General de Movilización Nacional", normativa que en su artículo 6°, establece los factores a evaluar durante el respectivo periodo, y que van contenidos en la hoja de calificación e informe de desempeño de su personal, los cuales abarcan: 1) Rendimiento, que evalúa la calidad de la labor realizada, conocimientos, comprensión, eficiencia y eficacia; 2) Condiciones Personales, que evalúa el interés por el trabajo que realiza, capacidad para trabajar en equipo, para desplegar iniciativa y para relacionarse con su entorno laboral; y, 3) Comportamiento Funcionario, que evalúa la observancia de normas e instrucciones, asistencia y puntualidad. A continuación, conforme lo dispone el artículo 15 del Reglamento de Calificaciones de la DGMN, en lo no previsto, tiene aplicación supletoria el "Reglamento General de Calificaciones del Personal afecto al Estatuto Administrativo", en cuyo artículo 8°, dispone "La hoja de vida es el documento en que se anotarán todas las actuaciones del empleado que impliquen una conducta o desempeño funcionario destacado o reprochable, producidas durante el respectivo período de calificaciones". Por su parte, respecto del otro funcionario involucrado en la investigación, su evaluación funcionaria fue efectuada conforme lo dispuesto en el DFL N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, que estableció el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, normativa que en su artículo 79, describe a la hoja de vida como "el documento que contiene un registro cronológico de todas las actuaciones del personal que incidan directamente en su desempeño durante el correspondiente período de calificación. En ella se efectuarán tanto las anotaciones de mérito como de demérito que lo afecten, como asimismo las que correspondan a su vida funcionaria, tales como, feriados, licencias, comisiones de servicio, resoluciones recaídas por investigaciones sumarias administrativas y sentencias definitivas en causas civiles y criminales. Podrá contemplar también todo otro antecedente que se considere útil para la posterior evaluación del personal".

7) Que, en primer lugar, los instrumentos de medición en estudio, fueron elaborados con presupuesto público, y han debido servir de fundamento de resoluciones dictadas en los respectivos procesos calificatorios del funcionario a que hacen referencia, y, además, obran en poder de un órgano de la Administración del Estado, por lo que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5°, 10 y 11, letra c), de la Ley de Transparencia, constituye información que posee el carácter de pública, salvo que concurra a su respecto alguna causal legal de secreto o reserva.

8) Que, analizadas las hojas de vida, de calificación y evaluación de desempeño contenidas en los expedientes entregados, consta que el órgano recurrido reservó, en resumen, las apreciaciones generales y resultados obtenidos respecto de los factores descritos en el considerando 6) precedente -inclusive las correspondientes al recurrente-, así como las notas, puntajes logrados, dependencias que integraron, y anotaciones que dan cuenta de la forma de ejecución de las tareas inherentes al cargo realizadas por los funcionarios en cuestión, incluidos ciertos antecedentes médicos y familiares referidos en las hojas de vida de uno de éstos.

9) Que, esta Corporación debe reiterar que atendido el tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y con base a la referida premisa, ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares. Sobre este punto, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser funcionarios públicos al servicio de la misma.

10) Que, dicho razonamiento, se aplica igualmente a todo otro antecedente que se encuentre referido al desempeño de un funcionario público. En tal sentido, esta Corporación ha precisado que previo a la entrega de la información de tal naturaleza, en aplicación del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, el órgano reclamado debe tarjar única y exclusivamente los datos personales de contexto que pudieran estar contenidos en dicha documentación, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en virtud de lo dispuesto por los artículos 4°, 9° y 20° de la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, y los datos sensibles (relativos al estado de salud físicos o psíquicos, hábitos personales, entre otros), en virtud del artículo 10° de la ley antedicha. Asimismo, se deben tarjar previamente las sanciones prescritas o cumplidas anotadas en la hoja de vida del funcionario de que se trata, en cumplimiento del artículo 21 de dicha ley; todos preceptos que no incluyen aquellos antecedentes que dan cuenta de la preparación profesional de los funcionarios, notas que obtuvieron en su evaluación de desempeño, anotaciones sobre las dependencias que hubieren integrado, así como apreciaciones de sus superiores jerárquicos sobre la ejecución de las tareas inherentes al cargo que desempeñaron. Lo anterior, conforme lo razonado en las decisiones de los amparos roles C1241-18, C1579-18 y C1617-18, C2047-18, C2048-18, entre otros.

11) Que, a su vez, respecto de la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, invocada por el organismo, es pertinente indicar que el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación -de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia- debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. En la especie el órgano reclamado sólo ha realizado alegaciones genéricas sobre la materia, y no ha acreditado de qué modo concreto ni específico la entrega de los datos reclamados pueda afectar los bienes jurídicos cautelados por dicho precepto, teniendo en estricta consideración la naturaleza de los antecedentes en estudio, los cuales tuvieron su origen en un procedimiento de calificación funcionaria previa, y posteriormente constituyeron instrumentos probatorios en las investigaciones consultadas.

12) Que, en consecuencia, este Consejo acogerá parcialmente el presente amparo, ordenando proporcionar al recurrente los antecedentes que fueron tarjados en los expedientes solicitados y que dicen relación con su persona -cuya entrega debe ser conforme lo dispone el numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo-; así como también, la información que fue reservada en las hojas de vida, calificación e informes de desempeño de los otros involucrados en las investigaciones consultadas, pero referidas únicamente a su desempeño funcionario, rechazándolo respecto de la restante información que fue protegida en los aludidos expedientes, descrita en los considerandos 3) y 9), en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación a lo establecido en la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

13) Que, finalmente, de la revisión de los expedientes, se advierte que no fueron debidamente tarjados ciertos relatos médicos contenidos en la denuncia que dio origen a los procedimientos consultados, así como el RUT y domicilios de personas naturales contenidos en determinadas piezas sumariales (por ejemplo, en las fojas 72, 74, 82, 86, 107, 194, 197, entre otras, del expediente instruido por Res. Exenta N° 1639, y en las fojas 130, 131, 131, del expediente instruido por Res. Exenta N° 1638). La señalada conducta, constituye una infracción grave a los artículos 4°, 7° y 10 de la ley N° 19.628, en relación con el artículo 2°, letras f) y g), de la misma ley. En tal sentido, y en virtud de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, se representará al Sr. Director General de Movilización Nacional, en lo resolutivo de la presente decisión a fin de que adopte las medidas necesarias para evitar que en lo sucesivo la anotada infracción se reitere.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Víctor Vargas Maldonado en contra de la Dirección General de Movilización Nacional, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director General de Movilización Nacional:

a) Hacer entrega al reclamante de los antecedentes que fueron tarjados en los expedientes solicitados y que dicen relación con su persona, así como también, la información que fue reservada en las hojas de vida, de calificación e informes de desempeño de los otros involucrados en las investigaciones consultadas, pero referidas únicamente a su desempeño funcionario.

En este caso, atendido que la información referida contiene datos de carácter personal del reclamante, sólo procederá su entrega presencial, debiendo el órgano verificar que la información sea retirada por quien efectivamente tenga dicha calidad o su apoderado.

Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

b) Acreditar la entrega efectiva de la información ordenada entregar, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Director General de Movilización Nacional, su vulneración a lo establecido en los artículos 4, 7 y 10 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al no haber protegido en su integridad todos los datos personales y sensibles contenidos en los expedientes entregados -tales como RUT, dirección particular y relatos médicos - de personas distintas al recurrente, al no constar en su divulgación la debida autorización de sus titulares. Lo anterior, en virtud de la facultad otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.

IV. Rechazar el amparo respecto de la restante información que fue reservada en los aludidos expedientes, relativa al RUT, domicilio, edad, estado civil, datos de contacto, antecedentes médicos, familiares, entre otros, -incluidos aquellos consignados en las hojas de vida, calificación y evaluación- respecto de personas distintas al solicitante, en virtud de lo expuesto en los considerandos 3), 4) y 10).

V. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S), indistintamente, indistintamente, notificar la presente decisión a don Víctor Vargas Maldonado y al Sr. Director General de Movilización Nacional.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.