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Moira Alvear Hananías con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SP) Rol: C5428-18

Consejo para la Transparencia, 18/04/2019

Se acoge el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Pensiones, requiriéndole que se pronuncie afirmativa o negativamente respecto de las consultas efectuadas por la requirente acerca de ampliación de plazo de respuesta conferido a AFP Provida como si dicho trámite fue evacuado por la referida entidad. Lo anterior, atendido que dar respuesta a la solicitud en ningún caso tiene el potencial de afectar el desarrollo normal de un proceso de fiscalización.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5428-18

Entidad pública: Superintendencia de Pensiones

Requirente: Moira Alvear Hananías

Ingreso Consejo: 08.11.2018

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Pensiones, requiriéndole que se pronuncie afirmativa o negativamente respecto de las consultas efectuadas por la requirente acerca de ampliación de plazo de respuesta conferido a AFP Provida como si dicho trámite fue evacuado por la referida entidad.

Lo anterior, atendido que dar respuesta a la solicitud en ningún caso tiene el potencial de afectar el desarrollo normal de un proceso de fiscalización.

En sesión ordinaria N° 983 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de abril de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol N°C5428-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 3 de octubre de 2018, doña Moira Alvear Hananías solicitó a la Superintendencia de Pensiones -en adelante también en Superintendencia-« expediente completo sobre mi ingreso a listado de agentes irregulares desde la AFP Provida, solicito mi ingreso hasta la fecha de hoy 3 de octubre de 2018....».

2) RESPUESTA: El 31 de octubre de 2018, la Superintendencia informó al requirente que no le era posible acceder a la entrega de la información por cuanto lo pedido formaba parte de una fiscalización en desarrollo. Por lo anterior, y en aplicación de lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia denegó la divulgación del expediente consultado. Agregó, que el requerimiento versaba sobre un número elevado de actos administrativos, hipótesis recogida en el artículo 21 N°1 letra c) del referido cuerpo legal.

3) AMPARO: El 8 de noviembre de 2018, doña Moira Alvear Hananías dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado. Lo anterior, por cuanto según indicó «mi consulta fue generalizada y quizá no explique el motivo de esta y que necesitaba una confirmación por escrito de esta entidad de información que me entregaron solamente de forma verbal en la Superintendencia de Santiago y Viña del Mar (...) solo pido que se me confirme que el 6 de septiembre de 2018 se autorizó la ampliación de plazo de 5 días a AFP Provida para que respondiese a dicho requerimiento. Agradecería confirmar dicha información (...) y confirmar que AFP Próvida no ha entregado ni contestado dicha solicitud que venció el 5 de septiembre del 2018 y por ello la eliminación del Registro de Agentes Irregulares está aun inconcluso porque faltan antecedentes que no ha proporcionado (...) para concluir dicho trámite...».

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Pensiones mediante Oficio N°E 10700, de 19 de diciembre de 2018, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información requerida; (2°) señale cómo la entrega de dicha información afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; (3°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo; y, (4°) para el caso de encontrarse afinado el procedimiento indicado, remita copia íntegra de su expediente.

El referido funcionario, mediante presentación de 8 de enero de 2019, informó en síntesis que aún se encontraba pendiente el procedimiento de fiscalización ya informado a la reclamante en su respuesta, razón por la cual era aplicable lo previsto en el artículo 21 N° 1 letra b).

Y CONSIDERANDO:

1) Que en conformidad al tenor del amparo - anotado en el numeral 3° de lo expositivo-, lo solicitado es la confirmación acerca de si la Superintendencia amplió el plazo a AFP Próvida para evacuar un traslado conferido por dicho organismo y, si la referida entidad evacuó el mismo.

2) Que en virtud de lo anterior, y entendiendo esta Corporación que lo requerido se satisface respondiendo afirmativa o negativamente, acción que en ningún caso tiene el potencial de afectar el desarrollo normal de un proceso de fiscalización, toda vez que lo consultado es meramente sobre la ampliación de un plazo para evacuar un pronunciamiento como también si la entidad previsional consultada lo evacuó, se desestimará la hipótesis de reserva alegada por la Superintendencia para denegar la información, por cuanto esta no se configura en la especie.

3) Que al efecto, cabe señalar que este Consejo a partir de las decisión de amparo C603-09, ha sostenido que se encuentran amparadas por el derecho de acceso aquellas solicitudes que impliquen informar, afirmativa o negativamente, sobre un hecho.

4) Que en concordancia con lo señalado precedentemente, se acogerá el presente amparo y conjuntamente con ello, se requerirá a la reclamada que entregue al solicitante la referida información.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por doña Moira Alvear Hananías en contra de la Superintendencia de Pensiones, por las razones expuestas precedentemente.

II. Requerir al Superintendente de Pensiones que:

a) Informe al reclamante si amplió o no el plazo consultado como también si la entidad previsional consultada evacuó el traslado conferido.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 3 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Moira Alvear Hananías y al Sr. Superintendente de Pensiones.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.