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Javier Morales con SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD (SENADIS) Rol: C5024-18 / C5035-18

Consejo para la Transparencia, 18/04/2019

Se acogen los amparos deducidos en contra del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), ordenando entregar información estadística sobre denuncias interpuestas por el órgano en el ejercicio de sus funciones en la época consultada. Lo anterior, por cuanto no se acreditó la causal de reserva alegada relativa a la distracción indebida al debido cumplimiento de sus funciones. Sin perjuicio de lo anterior, en virtud de los Principios de Máxima Divulgación y Facilitación, se deriva igualmente el requerimiento a las Corporaciones de Asistencia Judicial en atención a que el órgano reclamado habría celebrado convenios de colaboración para la interposición de dichas denuncias.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Conformidad objetiva

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPAROS ROLES C5024-18 y C5035-18

Entidad pública: Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS).

Requirente: Javier Morales.

Ingreso Consejo: 18.10.2018.

RESUMEN

Se acogen los amparos deducidos en contra del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), ordenando entregar información estadística sobre denuncias interpuestas por el órgano en el ejercicio de sus funciones en la época consultada.

Lo anterior, por cuanto no se acreditó la causal de reserva alegada relativa a la distracción indebida al debido cumplimiento de sus funciones.

Sin perjuicio de lo anterior, en virtud de los Principios de Máxima Divulgación y Facilitación, se deriva igualmente el requerimiento a las Corporaciones de Asistencia Judicial en atención a que el órgano reclamado habría celebrado convenios de colaboración para la interposición de dichas denuncias.

En sesión ordinaria N° 983 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de abril de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de los amparos roles C5024-18 y C5035-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de septiembre de 2018, don Javier Morales solicitó al Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS), la siguiente información: "en cumplimiento de la facultad del artículo 62 letra j, desde el 2010 hasta la fecha, cuantas denuncias se han hecho ante los organismos correspondientes o ante los tribunales de justicia, desglosado por denuncias, por mes, por año y desenlace de cada una".

2) RESPUESTA: Por medio de ordinario N° 2229 de 17 de octubre de 2018, el órgano señaló en resumen, lo siguiente:

a) Para efectos de llevar a cabo esta función, SENADIS desarrolló una estrategia de coordinación con otros servicios públicos e instituciones sin fines de lucro, que prestan asesoría jurídica gratuita. Esta estrategia en un principio se tradujo en la suscripción de convenios de colaboración con las Corporaciones de Asistencia Judicial de todo el país, las cuales asumieron la asesoría y defensa gratuita de los casos de discriminación y/o vulneración de derechos producidos en razón de la discapacidad, y que hubiesen sido conocidos por este Servicio a nivel nacional.

b) En el año 2014, considerando la experiencia de los convenios de colaboración que ya se habían ejecutado años anteriores, se propuso el desarrollo del Programa Acceso a la Justicia, el cual contaría con presupuesto propio para su ejecución a partir del año 2015. Para el desarrollo del programa, las CAJ, contratan con recursos aportados por SENADIS, a un abogado por región.

c) El Servicio Nacional de la Discapacidad, recibe anualmente los informes de las actividades realizadas en el marco de este programa; no obstante, son las propias Corporaciones de Asistencia Judicial, quienes en cumplimiento de los convenios de colaboración con SENADIS, asumen la defensa y la estrategia jurídica que requiera el caso que llega a su conocimiento y que por ende, registran el estado actual de cada causa asumida.

d) El Servicio Nacional de la Discapacidad, sólo ha actuado directamente en casos excepcionales, presentando informes en derecho; enviando oficios a las instituciones que hayan infringido alguna normativa sobre derechos de las personas con discapacidad, en el contexto de alguna consulta ciudadana o bien, respondiendo a los requerimientos de los propios tribunales de justicia. Sin perjuicio de ello, no se cuenta con un registro sistematizado de esta información, en el sentido que es solicitado; por lo cual sólo informa una planilla con id de causa, tribunal, materia, actuación y estado.

e) Respecto de las causas que se hayan presentado en razón del Programa Acceso a la Justicia, dicha información puede ser requerida a las propias Corporaciones de Asistencia Judicial.

3) AMPARO: El 18 de octubre de 2018, el solicitante dedujo dos amparos a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta:

Al efecto, señaló en resumen, lo que sigue:

a) "No da información sobre denuncias ante organismos correspondiente, a modo de ejemplo ante el Consejo Nacional de Televisión, como también pueden ser otros organismos;

b) La solicitud dice desde el 2010 a la fecha, solo da información desde el 2015 en adelante sobre denuncias en tribunales (...)".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora del Servicio Nacional de la Discapacidad, mediante oficios N° E9421 y E9998, de fecha 21 y 30 de noviembre de 2018, respectivamente, requiriendo entre otras cosas, que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) en caso de no obrar en su poder la información requerida, señale si era procedente aplicar el procedimiento de derivación establecido en el artículo 13 de la Ley de Transparencia; (4°) de ser así, remita copia de la derivación y del comprobante de notificación de la misma ante el órgano derivado; (5°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; y, (6°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.

Posteriormente, el órgano por medio de ordinarios N° 2566 y 2572 de 7 y 12 de diciembre de 2018, en síntesis, refirió lo siguiente:

a) La respuesta enviada al solicitante se circunscribió únicamente a las denuncias judicializadas en las que el Servicio ha tenido participación, motivo por el cual, se incorporó una tabla enunciativa de aquellas causas.

b) SENADIS, desde su creación para cumplir con esta disposición, desarrolló una estrategia de coordinación con otros servicios públicos, como lo fueron los convenios de colaboración con las Corporaciones de Asistencia Judicial de todo el país, y éstos en particular permitían que fueran abogados de la Corporación quienes intervinieran en este tipo de causas sin involucramiento directo del Servicio. Posteriormente, y sólo a partir del año 2010, SENADIS inició un Programa de Acceso a la Justicia para las Personas en Situación de Discapacidad, cuyo principal ámbito de acción es el judicial. Dicho Programa consiste en que aquellas Instituciones que administran y se relacionan con el poder judicial, otorguen a las personas que requieran acceder a la justicia, una adecuada atención en situación de discapacidad. De tal forma que, las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) de Tarapacá, Valparaíso, Región Metropolitana y Biobío, asumieron el rol de defensoría en todo Chile. En este contexto, las denuncias se radican directamente en dichas Corporaciones, pues SENADIS, no cuenta con defensoría judicial propiamente tal, ni tampoco con un presupuesto que la sustente, ni una infraestructura que lo permita, pero el Servicio puede hacer seguimiento de dichas causas.

c) Al parecer el requirente entiende que se trata de dos tipos de denuncias, cuando se trata de sólo una. Al órgano corresponde efectuar denuncias a los tribunales de justicia, no facultando a SENADIS a denunciar ante otro organismo que no sea jurisdiccional.

d) Respecto al segundo punto del amparo, relativo a entregar información solicitada durante los años 2010-2015, en dicho periodo SENADIS sólo celebró convenios de colaboración con las Corporaciones de Asistencia Judicial para que ellas hicieran ejercicio de las acciones y denuncias en materias judiciales y asesorías extrajudiciales vinculadas con la defensoría de los discapacitados. Bajo esa modalidad de convenios, la disponibilidad de la información mediante bases de datos, se radicaba en dichas Corporaciones, ello debido a la naturaleza de los convenios, esencialmente de colaboración, a la inexistencia de un soporte software, así como de medios humanos para su registro y clasificación en el Servicio.

e) Por lo tanto la información reclamada, obra en poder de las Corporaciones de Asistencia Judicial; pero se ignora si consta que dicha información necesariamente forma parte del inventario documental físico o digital de aquéllas.

f) SENADIS, recibe anualmente los informes de las actividades realizadas en el marco del Programa de Acceso a la Justicia para las Personas en Situación de Discapacidad pero, no obstante lo anterior, son las propias Corporaciones de Asistencia Judicial quienes en cumplimiento con dicho Programa, asumen la defensa y la estrategia jurídica que requiere cada caso. Por lo mismo y en ese mismo contexto, ciertamente la consulta tendría que ser derivada a dichas instituciones.

g) Ahora bien, en el improbable caso que se disponga que esta nueva solicitud debe ser proporcionada por SENADIS -cuestión que no procedería a través de este Amparo- cabe hacer presente que dicha información no se encuentra sistematizada ni tampoco en un lugar único físico, de manera tal que para poder hacer entrega de ella al requirente, sería necesario distraer indebidamente a funcionarios del Servicio del cumplimiento regular de sus labores habituales, toda vez que lo solicitado no sólo comprende recopilar información en un extenso periodo de tiempo -desde 2010 a esta fecha- sino también clasificarla según distintos criterios, configurándose en consecuencia la causal de denegación de acceso a la información conforme lo establece la parte final de la letra c), del numeral 1° del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

h) El SENADIS no es el órgano obligado ni facultado para proporcionar información respecto de estas denuncias en los términos requeridos por el Reclamante.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en atención a que entre los reclamos roles C5024-18 y C5035-18 existe identidad respecto del reclamante y del órgano de la Administración reclamado, a efectos de facilitar la comprensión y resolución de los mismos y en virtud del artículo 9° de la ley N° 19.880, que consagra el principio economía procedimental, este Consejo ha resuelto acumular los citados reclamos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto en la presente decisión.

2) Que, habiéndose solicitado a la luz del artículo 62 letra j), de la ley N° 20.422 -que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad-, el número de denuncias deducido por SENADIS ante los organismos correspondientes o ante los tribunales de justicia, desglosado con el detalle que se indica, luego de la respuesta del órgano, se reclama la falta de entrega de información sobre:

a) Denuncias ante organismos -distintos a los tribunales-;

b) Denuncias ante tribunales entre los años 2010 a 2014 -ambos años inclusive-.

3) Que, antes de entrar al fondo del asunto, cabe tener presente que el mencionado artículo 62 letra j), de la ley N° 20.422, dispone que: "Con el propósito de promover la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas con discapacidad, las funciones del Servicio Nacional de la Discapacidad serán las siguientes: j) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Esta facultad incluye la atribución de denunciar los posibles incumplimientos ante los organismos o instancias jurisdiccionales respectivas, y ejercer acciones y hacerse parte en aquellas causas en que estén afectados los intereses de las personas con discapacidad, de conformidad a la ley".

4) Que, expuesto lo anterior, en lo que atañe a la falta de entrega de información referente a denuncias ante organismos, el servicio indicó que la norma del artículo 62 letra j), antes transcrita, sólo dice relación con denuncias deducidas ante tribunales de justicia, mas no incluiría a órganos públicos distintos de aquéllos, interpretación que a juicio de este Consejo no se ajusta al tenor literal de referido precepto legal, que claramente expresa la atribución de SENADIS de deducir denuncias ante "los organismos o instancias jurisdiccionales respectivas". En dicho contexto, el legislador al utilizar la conjunción disyuntiva "o" no hace otra cosa que manifestar alternancia entre dos opciones igualmente viables, dado que en nuestro ordenamiento jurídico existen órganos de la Administración del Estado que reciben denuncias en cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras o sancionadoras. Por lo tanto, se acogerán los amparos en esta parte, ordenando la entrega de información solicitada, debiendo tarjarse todo antecedente por medio de las cuales se pueda identificar a las personas involucradas, por cuanto lo solicitado constituye información estadística de acuerdo a lo leído en el numeral 1°, de lo expositivo, como asimismo, por lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. Por otra parte, en el evento de no obrar lo pedido en poder del órgano, dicha situación se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de conformidad a la normativa aplicable a la materia.

5) Que, en otro orden de ideas, respecto de la falta de entrega de información sobre las denuncias interpuestas en instancias jurisdiccionales entre los años 2010 a 2014 -ambos años inclusive-, el órgano si bien indicó en su respuesta que dicha facultad la ejercían las Corporaciones de Asistencia Judicial, en virtud de convenios de colaboración, y por lo tanto, ellas tendrían la información solicitada, precisó en sus descargos que entregar lo solicitado configuraría una distracción indebida para SENADIS, en los términos del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

6) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado".

7) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

8) Que, de acuerdo a lo anterior, y analizando las alegaciones del órgano se advierte que sus fundamentos, precisamente, constituyen invocaciones generales, no resultando suficientes para acreditar ante este Consejo, el supuesto establecido en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. En efecto, la reclamada ni siquiera precisó el número de funcionarios necesarios para abocarse a la búsqueda de la información y elaboración de la respuesta, ni al tiempo que éstos deberían destinar a las referidas tareas, ni la extensión de los documentos respectivos. Por este motivo, los amparos en esta parte serán acogidos, ordenándose la entrega de lo reclamado, debiendo tarjarse todo antecedente por medio de las cuales se pueda identificar a las personas involucradas, por cuanto lo solicitado constituye información estadística de acuerdo a lo anotado en el numeral 1°, de lo expositivo, como asimismo, por lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. Por otra parte, en el evento de no obrar lo pedido en poder del órgano, dicha situación se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de conformidad a la normativa aplicable a la materia.

9) Que, sin perjuicio de lo anterior, en virtud de los Principios de Máxima Divulgación y Facilitación, consagrados respectivamente en las letras d) y f), del artículo 11 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 13 de la misma ley, y a la luz de lo expuesto por el órgano reclamado, de igual forma este Consejo derivará la solicitud de información a las Corporaciones de Asistencia Judicial Regiones de Tarapacá y Antofagasta (CAJTA), de la Región de Valparaíso (CAJVAL), de la Región Metropolitana (CAJMETRO) y de la Región del Biobío (CAJBIOBIO), para entregar la información que obre en su poder, respecto de lo solicitado en el numeral 1°, de lo expositivo, en virtud de los convenios de colaboración que SENADIS refiere haber suscrito con dichas corporaciones.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger los amparos deducidos por don Javier Morales en contra del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Directora del Servicio Nacional de la Discapacidad, que:

a) Entregue al solicitante lo siguiente, en relación con el cumplimiento de la facultad del artículo 62 letra j), de la ley N° 20.422:

i. Cuántas denuncias se han interpuesto ante los organismos correspondientes desde el 2010 hasta la fecha de la solicitud de información, desglosado por denuncias, por mes, por año y desenlace de cada una;

ii. Cuántas denuncias se han interpuesto en instancias jurisdiccionales desde el 2010 hasta el año 2014 (ambos años inclusive), desglosado por denuncias, por mes, por año y desenlace de cada una.

Para lo anterior, deberá tarjar todo antecedente por medio de las cuales se pueda identificar a las personas involucradas, por cuanto lo solicitado constituye información estadística de acuerdo a lo anotado en el numeral 1°, de lo expositivo, como asimismo, por lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.

Por otra parte, en el evento de no obrar en su poder alguno de los antecedentes solicitados, deberá explicar y acreditar dicha situación en sede de cumplimiento, de conformidad a la normativa aplicable en la especie.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente:

a) Derivar la solicitud de información anotada en el numeral 1°, de lo expositivo, a las Corporaciones de Asistencia Judicial Regiones de Tarapacá y Antofagasta (CAJTA); Región de Valparaíso (CAJVAL); Región Metropolitana (CAJMETRO) y Región del Biobío (CAJBIOBIO), en virtud de los convenios de colaboración que SENADIS refiere haber suscrito con ellos en el numeral 4°, de lo expositivo.

b) Notificar la presente decisión a don Javier Morales y a la Sra. Directora del Servicio Nacional de la Discapacidad.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.