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Alberto Olivares Gallardo con UNIVERSIDAD DE TALCA Rol: C6231-18

Consejo para la Transparencia, 23/05/2019

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Universidad de Talca, ordenando entregar el listado de todos los sumarios iniciados contra académicos durante el año 2018, con indicación de la resolución que ordena su instruir cada proceso disciplinario, su fecha, y materia sin mención a las personas involucradas. Lo anterior, por tratarse de información pública respecto de la cual el órgano reclamado no acreditó la causal de reserva del privilegio deliberativo. Asimismo se ordena la entrega de copia de los expedientes de todos los sumarios que se encuentren terminados en el año 2018, por tratarse de información pública respecto de la cual no se acreditó las causales de reserva alegadas de afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, como tampoco a los derechos de las personas.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6231-18

Entidad pública: Universidad de Talca

Requirente: Alberto Olivares Gallardo

Ingreso Consejo: 11.12.2018

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Universidad de Talca, ordenando entregar el listado de todos los sumarios iniciados contra académicos durante el año 2018, con indicación de la resolución que ordena su instruir cada proceso disciplinario, su fecha, y materia sin mención a las personas involucradas.

Lo anterior, por tratarse de información pública respecto de la cual el órgano reclamado no acreditó la causal de reserva del privilegio deliberativo.

Asimismo se ordena la entrega de copia de los expedientes de todos los sumarios que se encuentren terminados en el año 2018, por tratarse de información pública respecto de la cual no se acreditó las causales de reserva alegadas de afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, como tampoco a los derechos de las personas.

Lo anterior, dando aplicación al principio de divisibilidad conforme con el cual se resguarda la información cuya entrega afecta el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada y la vida privada tanto de las partes afectadas como de algunas personas que han intervenido en dicho procedimiento, y se da acceso a los antecedentes necesarios para el control social de la función pública en virtud del cual una vez adoptada una decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo, la ciudadanía conozca los fundamentos que han permitido a ésta arribar a determinadas conclusiones en dicho procedimiento disciplinario.

Aplica precedentes de los amparos Roles C2795-17, C3571-17, C1790-18, C1894-18, C1954-18, C2577-18 y C5112-18.

En sesión ordinaria N° 994 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de mayo de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6231-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 09 de noviembre de 2018, don Alberto Olivares Gallardo solicitó a la Universidad de Talca la siguiente información:

a) El listado de todos los sumarios iniciados contra académicos durante el año 2018;

b) Copia de los expedientes de todos los sumarios que se encuentren terminados.

2) RESPUESTA: La Universidad de Talca respondió a dicho requerimiento de información mediante oficio UGT N° 234/2018, de fecha 22 de noviembre de 2018, señalando, en síntesis, que deniega la información pedida en la letra a), por concurrir la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 10 de la ley N° 19.628, como asimismo teniendo presente el artículo 137 del decreto con fuerza de ley N° 29, sobre estatuto administrativo, que establece que el sumario será secreto hasta la fecha de formulación de cargos, razón por la cual no procedería su entrega.

Respecto de lo pedido en la letra b) de la solicitud, referido a copia de los expedientes de los sumarios que se encuentren terminados, deniega el acceso a la información fundado en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto a su juicio en las declaraciones contenidas en dichos procedimientos se incluyen apreciaciones personales respecto de terceros, y no sólo de quienes fueron sujeto del procedimiento, incluyendo en ciertos casos datos sensibles, no siendo posible aplicar la divisibilidad sin afectar el caso los derechos de los denunciantes y testigos involucrados en los referidos procesos sumariales.

3) AMPARO: El 11 de diciembre de 2018, don Alberto Olivares Gallardo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Universidad de Talca, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Rector de la Universidad de Talca, mediante oficio N° E1436, de fecha 04 de febrero de 2019. Se solicitó expresamente al órgano: se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa y los derechos de terceros; aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; se refiera al volumen de la información denegada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida; y, remita copia íntegra de la respuesta otorgada al requirente.

El órgano reclamado, a través de oficio Ord. EXT. N° 014/2019, de fecha 26 de febrero de 2019, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que reitera que se deniega la información pedida en la letra a), por concurrir la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 10 de la ley N° 19.628, como asimismo teniendo presente el artículo 137 del decreto con fuerza de ley N° 29, sobre estatuto administrativo, y en relación a la letra b) de la solicitud, fundado en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Agregó, que encontrándose los antecedentes requeridos en formato papel, implica la revisión y lectura de cada uno de los expedientes a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, esto es, conferir traslado al potencialmente afectado a fin de que este indique si se opone o no a la entrega de los documentos requeridos, lo que debe hacerse no sólo con denunciantes y denunciados, sino con todos aquellos cuyo testimonio o antecedentes consten en cada uno de los expedientes respectivos, cuestión que por su volumen e indeterminación, resulta impracticable.

Finalmente informa que la totalidad de sumarios terminados durante 2018 asciende a la suma de 31, lo que implica -conforme a su volumen- la destinación de, al menos, 10 días hábiles de labor exclusiva de un mínimo de cuatro funcionarios para la revisión acuciosa de cada uno de ellos, además de la sistematización de la información y de los antecedentes de cada uno de los potenciales afectados a quienes debiera conferirse traslado, lo que tiene además como correlato la necesaria preparación y despacho de las debidas notificaciones, cuestión que exige al menos dos días adicionales para dicha tarea. Agrega, que la Secretaría General que, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 letra b) del D.F.L. N° 152 de 1981 sobre Estatuto de la Universidad de Talca, es la unidad encargada de la custodia de los expedientes, sólo cuenta con dos asistentes y el Secretario General, lo que implica desatender todas sus tareas habituales por el tiempo indicado, requiriendo apoyo adicional de al menos un funcionario perteneciente a otra unidad, afectando con ello las funciones de un área adicional.

5) GESTIONES OFICIOSAS: Este Consejo requirió a la Universidad de Talca detallar la materia de las investigaciones y sumarios administrativos concluidos en el año 2018, y a través de correo electrónico de fecha 04 de abril de 2019 el órgano reclamado remitió planilla con el número de resolución que resuelve dichos procedimientos disciplinarios, y las materias sobre las cuales versan.

Al constatar que en la información proporcionada en la planilla remitida figuran un sumario administrativo por acoso laboral y otro por conductas inapropiadas, este Consejo por correo electrónico de fecha 15 de abril de 2019, solicitó a la Universidad de Talca remitir copia de dichos procedimientos disciplinarios, cuestión que el órgano reclamado cumplió a través de correos electrónicos de fecha 18 y 23 de abril de 2019.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de la información denegada por la Universidad de Talca relativa al listado de todos los sumarios iniciados contra académicos durante el año 2018, como asimismo de copia de los expedientes de todos los sumarios que se encuentren terminados.

2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.

3) Que, sobre el fondo de lo reclamado, este Consejo ha sostenido a partir de la decisión de los amparos roles A47-09, A95-09, A159-09, C411-09, C7-10 y C561-11, entre otras, que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, como el inculpado y su abogado. En efecto, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. A mayor abundamiento, en el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al aclarar que la reserva que establece el artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "...sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado..." (Dictamen N° 11.341/2010, entre otros).

4) Que, respecto de lo reclamado en la letra a) de la solicitud, relativo al listado de todos los sumarios iniciados contra académicos durante el año 2018, el órgano reclamado denegó la información pedida por concurrir a su juicio la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 10 de la ley N° 19.628, como asimismo teniendo presente el artículo 137 del decreto con fuerza de ley N° 29, sobre estatuto administrativo, que establece que el secreto será secreto hasta la fecha de formulación de cargos.

5) Que, este Consejo ha establecido como criterio, reiteradamente, que para verificar la procedencia de una causal de reserva, se debe determinar la afectación de los derechos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación negativa, la que a su vez, debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, circunstancia que en este asunto no se produce, toda vez que lo pedido es el listado de todos los sumarios iniciados contra académicos durante el año 2018, y en ningún caso copia de los expedientes respectivos que permita dar conocimiento al contenido de dichos sumarios de modo de afectar el secreto que establece el artículo 137 inciso 2° del Estatuto Administrativo. Luego, a juicio de este Consejo, la publicidad del listado de sumarios requerido, con indicación de la resolución que ordena instruir cada proceso disciplinario, su fecha y materia, sin mención a las personas involucradas, no afecta la honra y demás derechos de dichas personas involucradas, razón por la cual se acogerá el amparo en esta parte.

6) Que, respecto de lo requerido en la letra b), referido a copia de los expedientes de todos los sumarios que se encuentren terminados del año 2018, el órgano reclamado denegó dicha información fundado en la causal prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, agregando que atendido al volumen de lo pedido y al número de las personas que comprende dichos sumarios, no se dio aplicación al artículo 20 de la citada ley. Finalmente señaló que serían 31 los sumarios terminados, lo que requeriría para su entrega 10 días hábiles de labor exclusiva de un mínimo de cuatro funcionarios para la revisión acuciosa de cada uno de ellos, señalando que la Secretaría General es la unidad encargada de la custodia de los expedientes, y sólo cuenta con dos asistentes y el Secretario General, lo que implica desatender todas sus tareas habituales por el tiempo indicado, requiriendo apoyo adicional de al menos un funcionario perteneciente a otra unidad, afectando con ello las funciones de un área adicional.

7) Que, en primer lugar el artículo 20 de la Ley de Transparencia señala que cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, en el plazo de dos días hábiles el órgano requerido debe comunicar a las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados. En el presente caso, el órgano reclamado no procedió a comunicar a los docentes cuya información se solicita, de acuerdo al referido artículo 20 de la Ley de Transparencia, en atención al volumen de sumario administrativos pedidos. No obstante lo anterior, en atención al número de terceros potencialmente afectados y la función que le confiere el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia, este Consejo analizará si la entrega de la información afecta o puede afectar la esfera de la vida privada de los funcionarios municipales cuya evaluación docente se solicita.

8) Que, en cuanto a la alegación del órgano reclamado, en orden a que entregar lo pedido afectaría sus funciones -que sin ser invocada expresamente quedaría comprendida en la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia- cabe tener presente que en virtud de dicha causal puede denegarse la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado números de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7°, N° 1, letra c), del Reglamento de la citada ley, señalando que "...un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

9) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado".

10) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado, toda vez que no ha aportado antecedentes que permitan apreciar el modo en que la entrega de la información de carácter pública, efectivamente afecte el debido cumplimiento de sus funciones, razón por la cual a juicio de este Consejo, dichas argumentaciones no son suficientes para tener por configurada la hipótesis prevista en la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

11) Que, en relación a la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, este Consejo ha establecido como criterio, reiteradamente, que para verificar la procedencia de una hipótesis de reserva, se debe determinar la afectación de los derechos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación negativa, la que a su vez, debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, circunstancia que en este asunto no se produce, toda vez que salvo la existencia de un sumario sobre acoso laboral y otro por conductas inapropiadas, no existen antecedentes que permitan explicar el modo en que dicha afectación se produciría, particularmente considerando que se trata de sumarios administrativos terminados. Luego, a juicio de este Consejo, la publicidad de los procesos disciplinarios requeridos no afecta la honra y demás derechos de los funcionarios y personas involucradas.

12) Que, en dicho contexto -tratándose de los expediente sumariales afinados distintos a aquellos referidos a acoso laboral y conductas inapropiadas- se acogerá el presente amparo ordenando la entrega de dicha información, debiendo la reclamada en forma previa a su divulgación, tarjar todo dato personal de contexto, por ejemplo, cédulas de identidad, números telefónicos, correos electrónicos, entre otros. Lo anterior, en aplicación de lo previsto en la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada como lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 y 33 letra m) de la Ley de Transparencia y 19 N° 4 de la Constitución Política de la Republica.

13) Que, sin perjuicio de lo expuesto, en atención a la especial naturaleza del objeto de dos de los sumarios terminados cuya copia se requiere, esto es, de los expedientes pedidos referidos a acoso laboral y conductas inapropiadas, ordenados instruir mediante resolución N° 1488 de fecha 03 de septiembre de 2018, y resolución N° 1548 de fecha 10 de septiembre de 2018, respectivamente, los cuales fueron tenidos a la vista en virtud de las gestiones oficiosas señaladas en el N° 5 de lo expositivo, es menester consignar lo razonado por esta Corporación respecto de antecedentes sobre una denuncia de acoso efectuada al interior de un servicio público. Al efecto, entre otras, en las decisiones de amparos roles C429-14 y C2049-15 y C1834-17 razonó que: "la divulgación de los antecedentes solicitados afectaría no sólo la vida privada de la parte denunciante atendida la materia de los hechos a que se refiere sino también, tendría el efecto de inhibir la formulación de denuncias por parte de potenciales víctimas de acoso laboral, sexual u otro tipo de conducta impropia al interior de organismos públicos, afectando con ello la labor investigativa y preventiva que el organismo reclamado pueda desplegar ante futuras situaciones que impliquen algún tipo de responsabilidad funcionaria, afectando con ello el debido cumplimiento de las funciones del Servicio (...) en estas materias".

14) Que, del mismo modo, en la decisión de amparo Rol C2371-15 en que se requirió copia de cada uno de los procedimientos administrativos incoados con ocasión de denuncias por acoso laboral al interior de una entidad pública, esta Corporación señaló que dada la especial naturaleza de la materia a que se refiere el sumario administrativo en comento, cabe tener presente que las declaraciones prestadas por los funcionarios en el curso de la investigación constituyen un insumo inestimable para una adecuada decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo. De este modo, existe un riesgo de que la divulgación de lo requerido inhiba a otros testigos a entregar ciertas opiniones o juicios personales que sólo se emiten bajo una razonable y evidente expectativa de reserva, lo que, en definitiva afectaría futuras investigaciones y, por tanto, el adecuado cumplimiento de las funciones del órgano.

15) Que, en dicho contexto, divulgar íntegramente los expedientes sumariales afinados relativos tanto a acoso laboral y como a conductas inapropiadas, supone necesariamente restar efectividad a las labores que la reclamada pueda desplegar en el cuidado y protección de sus funcionarios, por cuanto éstos podrían inhibirse no sólo de ingresar denuncias por concepto de hostigamiento laboral, acoso sexual, maltrato, etc., sino también a colaborar con su testimonio en forma plena y veraz, al verse expuestos a que sus declaraciones u otro antecedente aportados por éstos, puedan ser conocidos por terceros, todo lo cual afectaría sus derechos y, asimismo, el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada.

16) Que, sin embargo, conforme con el principio de divisibilidad establecido en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia "si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causal legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda.", de modo que, en la especie, a juicio de este Consejo es posible acoger parcialmente el presente amparo, -respecto de los expedientes pedidos referidos a acoso laboral y conductas inapropiadas, ordenados instruir mediante resolución N° 1488 de fecha 03 de septiembre de 2018, y resolución N° 1548 de fecha 10 de septiembre de 2018, respectivamente, incluidas las pruebas testimoniales rendidas durante el proceso-, dando aplicación del referido principio, a fin de conciliar el resguardo de los bienes jurídicos que subyacen a la materia de dichos sumario - artículos 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia- con el control social de la función pública en virtud del cual una vez adoptada una decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo, la ciudadanía conozca los fundamentos que han permitido a ésta arribar a determinadas conclusiones en dicho procedimiento disciplinario, sea cual fuere el resultado de aquél, y la naturaleza de los hechos que hayan motivado su instrucción. En el mismo sentido, se resolvieron los amparos Roles C2795-17, C3571-17, C1954-18 y C1894-18, sobre acceso a expedientes sobre acoso laboral afinados.

17) Que, en tal orden de ideas, y conforme a lo razonado por este Consejo a partir de las mencionadas decisiones la reclamada deberá proporcionar una copia de los expedientes en análisis, reservando previamente los antecedentes que se indicarán en los considerandos siguientes.

18) Que, el órgano reclamado deberá tarjar la identidad de las personas denunciantes y de los particulares que declararon en el mismo, así como la de los funcionarios públicos que concurrieron a declarar en calidad de testigos en el proceso. Al efecto, y con el objeto de que dicha reserva tenga efecto, la reclamada deberá además reservar cualquier dato o antecedente que permita inferir la identidad de los sujetos señalados precedentemente. En este sentido, deberá suprimir toda mención al cargo o funciones desempeñadas -incluyendo el año de ingreso-, así como las descripciones o menciones de cualquier situación o hecho que las haga identificables.

19) Que, asimismo, en lo que atañe a correos electrónicos, este Consejo estima que dicha información se encuentra protegida por los derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 N° 4 y 5 de la Constitución Política de la República, que aseguran a toda persona el respeto y protección de su vida privada y la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, lo que implica el deber positivo de protección de ese espacio de intimidad y, asimismo, prohíbe acciones u omisiones que puedan afectar el núcleo esencial de este derecho constitucional o su libre ejercicio, pues éstas contravendrían la seguridad que garantiza el numeral 26 del artículo 19 de la Constitución, todo lo cual a su vez se encuentra en armonía con el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental que establece entre las causales de secreto o reserva, respecto de la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos o fundamentos de la actividad de los órganos del Estado, precisamente, a los derechos de las personas, los que en su mayoría se encuentran establecidos en el mencionado artículo 19 del texto constitucional. A mayor abundamiento, los mencionados antecedentes no constituyen un elemento gravitante para el acertado escrutinio de dicho procedimiento investigativo, razón por la que la reclamada deberá reservarlos previo a la entrega del expediente.

20) Que, a su turno, procede igualmente que tarje los datos personales de contexto contenidos en el expediente -domicilio, teléfono, correo electrónico particulares, RUT, estado civil, fecha de nacimiento, entre otros- de conformidad a lo dispuesto en la ya citada Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Alberto Olivares Gallardo en contra de la Universidad de Talca, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Rector de la Universidad de Talca:

a) Entregar al reclamante la siguiente información:

i) El listado de todos los sumarios iniciados contra académicos durante el año 2018, con indicación de la resolución que ordena su instruir cada proceso disciplinario, su fecha, y materia sin mención a las personas involucradas.

ii) Copia de los expedientes de todos los sumarios que se encuentren terminados en el año 2018, tarjando previamente aquellos datos personales de contexto incorporados en la información que se ordena entregar, por ejemplo, número de cédula de identidad, domicilio particular, datos bancarios, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correos electrónicos particulares, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, como asimismo tarjando tratándose de los expedientes pedidos referidos a acoso laboral y conductas inapropiadas, ordenados instruir mediante resolución N° 1488, de fecha 03 de septiembre de 2018, y resolución N° 1548, de fecha 10 de septiembre de 2018, los antecedentes señalados en los considerandos 18° a 20° del presente acuerdo.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento.

III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Alberto Olivares Gallardo y al Sr. Rector de la Universidad de Talca.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.