logo
 

Yerko Roa Núñez con SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR Rol: C5630-18

Consejo para la Transparencia, 23/05/2019

Se rechaza el amparo en contra del Servicio de Salud Metropolitano Sur, respecto de la copia de todos los sumarios finalizados contra médicos por cualquier conducta que pueda ser calificada -independiente si fue comprobada o no- como abuso sexual, violación, estupro, promoción de prostitución, producción de material pornográfico o almacenamiento de material pornográfico", para el período entre 1998 hasta octubre de 2018. Lo anterior, por cuanto, si bien la información en principio es pública, para entregar los antecedentes solicitados, habría que proceder previamente a la búsqueda y determinación de aquellos expedientes relativos a la materia específica solicitada, con las dificultades que ello implica atendido el sistema de registro, archivo y sistematización de los expedientes con que cuenta el Servicio; y, posteriormente, habría que proceder a revisar y analizar cada uno de los documentos que integran los referidos expedientes, para proceder a tarjar un elevado número de datos personales y sensibles contenidos en los expedientes, produciéndose con ello la distracción indebida de las funciones del órgano.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5630-18

Entidad pública: Servicio de Salud Metropolitano Sur

Requirente: Yerko Roa Núñez

Ingreso Consejo: 16.11.2018

RESUMEN

Se rechaza el amparo en contra del Servicio de Salud Metropolitano Sur, respecto de la copia de todos los sumarios finalizados contra médicos por cualquier conducta que pueda ser calificada -independiente si fue comprobada o no- como abuso sexual, violación, estupro, promoción de prostitución, producción de material pornográfico o almacenamiento de material pornográfico", para el período entre 1998 hasta octubre de 2018.

Lo anterior, por cuanto, si bien la información en principio es pública, para entregar los antecedentes solicitados, habría que proceder previamente a la búsqueda y determinación de aquellos expedientes relativos a la materia específica solicitada, con las dificultades que ello implica atendido el sistema de registro, archivo y sistematización de los expedientes con que cuenta el Servicio; y, posteriormente, habría que proceder a revisar y analizar cada uno de los documentos que integran los referidos expedientes, para proceder a tarjar un elevado número de datos personales y sensibles contenidos en los expedientes, produciéndose con ello la distracción indebida de las funciones del órgano.

Se recomienda al Servicio adoptar las medidas necesarias y ajustes pertinentes, de forma tal de disponer de un mecanismo de gestión documental que facilite la búsqueda y sistematización de la información requerida, de modo tal de hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso a información pública.

En sesión ordinaria N° 994 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de mayo de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5630-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de octubre de 2018, don Yerko Roa Núñez solicitó al Servicio de Salud Metropolitano Sur "copia de todos los sumarios finalizados en el Servicio de Salud contra médicos por cualquier conducta que pueda ser calificada -independiente si fue comprobada o no- como abuso sexual, violación, estupro, promoción de prostitución, producción de material pornográfico o almacenamiento de material pornográfico". La información se requiere para el período entre 1998 hasta la actualidad.

El solicitante indica que, en caso de existir menores de edad involucrados se omitan sus datos de identificación. También pide que se omita cualquier dato de identificación que se considere afecte la privacidad del paciente, independiente de su edad, en base a las disposiciones que las leyes establecen.

2) RESPUESTA: Mediante Ordinario N° 2294, de 15 de noviembre de 2018, el órgano deniega acceso a lo requerido, fundado en la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1 literal c) de la Ley de Transparencia. Indica que la solicitud se encuentra formulada en términos amplios, además que, al requerirse información desde el año 1998, la solicitud comprende el análisis y revisión de un gran número de documentos por parte del personal, lo cual significaría distraer indebidamente a funcionarios de las labores que regularmente desarrolla a diario el Servicio.

Agrega, que al solicitarse información respecto de sumarios finalizados por el Servicio, sin perjuicio del carácter público que puedan adoptar una vez finalizada la etapa de investigación y su correspondiente resolución de término, la materia en particular, reviste complejidad por cuanto afecta la honra de las personas por la naturaleza de los procedimientos, al igual que su legítimo derecho de la intimidad, por lo tanto, también deniega fundado en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en la Ley N° 19.628.

AMPARO: El 16 de noviembre de 2018, don Yerko Roa Núñez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que se otorgó respuesta negativa a su solicitud.

El reclamante solicita al Consejo que requiera al Servicio precisar su forma de sistematizar los sumarios, especificando el período sistematizado, indicando si es que la clasificación distingue entre el tipo de funcionario involucrado y si se distingue el tipo de sumario. Realizado lo anterior, solicita que se dé respuesta a esta solicitud, pero con un período de tiempo que reemplace al actual solicitado, que permita encontrar los sumarios correspondientes en base a las clasificaciones, sin distraer excesivamente a un funcionario. Por último, en subsidio de lo anterior, y en caso de no existir sistematización alguna, solicita que se dé curso a la solicitud para el período 2013 a 2018.

3) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora del Servicio de Salud Metropolitano Sur, mediante Oficio N° E10.978, de 27 de diciembre de 2018, requiriéndole lo siguiente: (1°) referirse, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señalar cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano y los derechos de terceros; (3°) aclarar si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (4°) referirse al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida; y, (5°) para el caso de contar con la información del período 2013 - 2018, y que a su juicio, no concurran causales de secreto o reserva para su denegación, es que se solicita remitir la información al requirente -con el debido resguardo de los datos personales y sensibles -, con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del amparo a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC).

Mediante Ord. N° 77, de 14 de enero de 2019, el órgano presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que:

a) Respecto de la forma en que la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del Servicio, indica que, para cumplir con las funciones de registro y archivo de expedientes sumariales, el órgano cuenta sólo con una persona de apoyo, quien además, debe realizar otras tareas propias de su quehacer normal dentro de la Institución, por lo que, el enviar a la única persona que mantiene el registro, implicaría desviarlo con dedicación casi exclusiva al presente requerimiento de sus funciones normales.

b) En cuanto a la eventual afectación de derechos de terceros incorporados en la información requerida, indica que no solo se trataría de derechos de los médicos, sino que, además, se busca mantener el debido resguardo y otorgar protección a la intimidad de cada persona que pudiere encontrarse mencionada en los referidos procedimientos administrativos, indistintamente si tiene la calidad de paciente, médico, funcionario u otra calificación cualquiera sea ésta.

c) La consideración principal tenida en vista, es lo impactante para cualquier individuo que resulta cualquier vulneración a sus derechos y sobre todo si la consulta es abierta para delitos de connotación sexual, indistintamente -sea que se hayan o no comprobado- tal y como refiere el solicitante. Acceder a la entrega de lo requerido, implicaría vulnerar nuevamente los derechos de las posibles víctimas, ya sea por un hecho concreto o bien por una simple difamación.

d) Respecto del formato en que se encuentra la información requerida, indica que toda información de carácter sumarial, se encuentra en formato papel, por lo que ésta no se encuentra contenida en archivos digitales.

e) A su turno, el volumen de sumarios a revisar es elevado, tomando en consideración el período consultado. Conjuntamente con ello, se debe precisar que no existe un método que entregue directamente la razón u objeto de haber iniciado una investigación sumaria o bien un sumario administrativo. A mayor abundamiento, en la práctica, los archivos de expedientes sumariales, se encuentran almacenados en una bodega determinada del Servicio, y que mantienen un único descriptor, correspondiente a un número de folio correlativo sin establecer la materia propiamente tal a que se refiere, por lo que ubicar un expediente sumarial sobre la materia consultada y del periodo a considerar, resulta total y completamente complejo. Lo anterior, teniendo especialmente en consideración que durante los 20 años consultados también ha sufrido variaciones la forma de registro de los sumarios, como asimismo, la cantidad de personas a cargo de este registro. Por último, sobre el particular, precisa que cuenta solo con un funcionario a cargo de la mantención del registro sumarial.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en forma previa a pronunciarse sobre el fondo del presente reclamo, cabe advertir que en su amparo el reclamante solicita a este Consejo que se requiera al Servicio precisar la forma en que sistematiza la información referida a sumarios administrativos, especificando el período sistematizado, si es que la clasificación distingue entre el tipo de funcionario involucrado y si se distingue el tipo de sumario. Sobre la materia, dicho requerimiento excede los términos de aquello que fuere requerido en su oportunidad, extendiéndose a un punto no solicitado al órgano originalmente, razón por la cual se rechazará el amparo en esta parte, por improcedente.

2) Que, a su turno, el reclamante sostiene que, una vez precisada la forma de sistematización por parte del órgano, la solicitud se circunscriba "a un período de tiempo que reemplace al actual solicitado", que permita encontrar los sumarios correspondientes en base a las clasificaciones, sin distraer excesivamente a un funcionario. Por último en caso de no existir sistematización alguna, solicita que se de curso a la solicitud para el período 2013 a 2018. Respecto de dichos puntos, esta Corporación observa que el reclamante -a través de su amparo- y atendida la respuesta inicial otorgada por el Servicio reclamado, modifica los términos originales de la solicitud presentada, acotando sustancialmente el período de tiempo de lo requerido y condicionando la solicitud bajo ciertas premisas nuevas, modificando con ello las características esenciales de la información solicitada, cuestiones de hecho que ponderó el órgano al pronunciarse en su oportunidad en el procedimiento administrativo de acceso a la información requerida. Por lo anterior, esta Corporación desestimará estos nuevos requerimientos condicionados y acotados en el tiempo, y procederá a pronunciarse derechamente respecto de las causales de reserva invocadas por el órgano, para el período de tiempo contemplado en la solicitud original de información (esto es, entre 1998 hasta la fecha de la solicitud de información).

3) Que, establecido lo anterior, el presente amparo se funda en la denegación de la información requerida por configurarse -a juicio de la reclamada- las causales de reserva prescritas en el artículo 21 N° 1 literal c) y N° 2 de la Ley de Transparencia.

4) Que, respecto del artículo 21 N° 1 literal c) de la Ley de Transparencia, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta causal sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado".

5) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud de acceso podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

6) Que, a fin de ponderar en concreto la causal de reserva expuesta, resulta procedente atender -especialmente- a la naturaleza, el origen y volumen de la información solicitada. Sobre este punto, se deba hacer presente que lo requerido corresponde a copia de todos los expedientes de sumarios finalizados en el Servicio contra médicos por cualquier conducta que pueda ser calificada -independiente si fue comprobada o no- como abuso sexual, violación, estupro, promoción de prostitución, producción de material pornográfico o almacenamiento de material pornográfico". Lo anterior, para el período entre 1998 hasta la fecha de la solitud de información (octubre de 2018).

7) Que, respecto de la naturaleza de la información requerida, se debe dejar establecido que respecto sumarios administrativos, este Consejo ha establecido que una vez que un sumario está afinado el expediente sumarial adquiere el carácter de información pública de acuerdo a los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, pues a la luz de la Constitución y la Ley de Transparencia, el artículo 137, del Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo, al igual que toda norma que establezca un caso de secreto o reserva de información, constituye una regla excepcional, cuya interpretación debe ser restrictiva, y en el caso concreto el supuesto de dicha norma se basa en el secreto durante la investigación, y no una vez que éste se encuentre afinado. En el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al precisar que la reserva que establece el artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "(...) sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado (...)" (criterio adoptado en el dictamen N° 11.341/2010, entre otros).

8) Que, con ocasión de sus descargos el órgano informó que el volumen de información a revisar sería elevado, teniendo presente que el requerimiento comprende la entrega de copia íntegra de todos los expedientes de sumarios finalizados en el Servicio de Salud, instruidos contra médicos por cualquier conducta relativas a actos de connotación sexual, específicamente, abuso sexual, violación, estupro, promoción de prostitución, producción de material pornográfico o almacenamiento de material pornográfico. Lo anterior, con independencia de si la conducta fue comprobada o no, para el período entre 1998 a octubre de 2018 (esto es, un período de 20 años aproximadamente). Para efectos de fundar dichas alegaciones, el Servicio ha precisado que los archivos de sumarios administrativos sólo se encuentran en formato papel. Además, indica que la información se encuentra almacenada en una bodega del Servicio. Con todo, respecto de la forma de sistematización de los expedientes sumariales, hace presente que éstos se mantienen asociados a un único descriptor, correspondiente a un número de folio correlativo, sin establecer la materia propiamente tal la materia u objeto por el cual cada sumario fue instruido, por lo que se presenta la dificultad material para ubicar y seleccionar, dentro del universo total de procedimientos administrativos sancionatorios, sólo aquellos que se vinculen con la materia consultada, esto es, aquellos relativos a hechos constitutivos de alguno de los delitos de connotación sexual específicos que fueren requeridos por el solicitante (abuso sexual, violación, estupro, promoción de prostitución, producción de material pornográfico o almacenamiento de material pornográfico). En este sentido, y a mayor abundamiento, esta Corporación advierte que los procedimientos administrativos comprendidos en el período de la solicitud, pudieron haberse instruido por determinados y diversos hechos, que no se vinculen directamente con la materia específica requerida, cuestión que requeriría la revisión íntegra y manual de los expedientes materiales, a fin de determinar si éstos quedan o no comprendidos dentro del universo de expedientes que fueron consultados. Al efecto, además, se debe ponderar el hecho que el órgano cuenta con un funcionario encargado del archivo y registro de los expedientes sumariales del Servicio.

9) Que, una vez determinado el universo de expedientes sumariales que versen sobre aquellas materias específicas que fueron requeridas, éstos deben ser revisados y analizados uno a uno, para proceder a tarjar en lo pertinente los datos personales y sensibles que éstos contengan. Cabe hacer presente que dichos expedientes sumariales, atendida su naturaleza, pueden contener declaraciones, fotografías u otro tipo de documentos, con datos personales y sensibles, tanto del médico tratante, como de pacientes, otros funcionarios del Servicio y terceros, incluyendo además eventualmente, datos de menores de edad. Además, se debe tarjar toda aquella información que permita identificar o individualizar a personas determinadas en los referidos sumarios, cuestión que asimismo supone la revisión material y acuciosa de cada una de las fojas que integran los expedientes, las declaraciones contenidas en éstos, los medios de prueba incorporados a los expedientes, entre otros. Lo anterior, para efectos de dar cumplimiento al principio de divisibilidad, establecido en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. En síntesis, las acciones de revisión, análisis y tarjado de datos personales y sensibles, respecto de este elevado número de actos administrativos, implica -en este caso específico- distraer indebidamente a funcionarios del Servicio del cumplimiento regular de sus labores habituales.

10) Que, atendido lo expuesto, si bien la información requerida por el solicitante existe en poder del órgano reclamado, y por su propia naturaleza es en principio pública (por tratarse de sumarios administrativos afinados), a juicio de este Consejo resultan plausibles los antecedentes de hecho proporcionados por el órgano para configurar la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia invocada, por cuanto para entregar la información pedida, en primer término se tendría que proceder a la búsqueda y determinación de aquellos expedientes relativos a la materia solicitada por el reclamante, con las dificultades que ello implica atendido el sistema de registro, archivo y sistematización de los antecedentes con que cuenta el Servicio; y, posteriormente, habría que proceder a revisar y analizar cada uno de los documentos que integran los referidos expedientes, para proceder a tarjar un elevado número de datos personales y sensibles que pudieren contenerse en los referidos procedimientos (tomando en consideración, especialmente, la naturaleza de los hechos que fueren objeto de investigación por parte del Servicio), debiendo considerarse el período para el cual fue requerida la solicitud (20 años), situaciones fácticas que en definitiva configuran una distracción indebida a las funciones del órgano reclamado, en la forma exigida por la citada norma legal, como por el artículo 7 N° 1 letra c) de Reglamento de la Ley de Transparencia, razón por la cual se rechazará el presente amparo, sin perjuicio de lo que se indicará a continuación.

11) Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, este Consejo advierte deficiencias manifiestas en el sistema de registro, archivo y sistematización de expedientes de sumarios administrativos afinados en el órgano reclamado, que dificultan la búsqueda -y eventual entrega- de información de naturaleza pública. Por tanto, se recomendará al Servicio adoptar las medidas necesarias y ajustes pertinentes, de forma tal de disponer de un mecanismo de gestión documental que facilite la búsqueda y sistematización de la información requerida. Lo anterior, con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, permitiendo de esa forma dar respuesta oportuna y expedita a las solicitudes de acceso que se le formulen y, en definitiva, garantizar adecuadamente dicho derecho en favor de los ciudadanos respecto de aquella información de naturaleza pública que obre en su poder.

12) Que, finalmente, atendida la configuración de la hipótesis de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1 literal c) de la Ley de Transparencia, esta Corporación estima inoficioso pronunciarse sobre la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la citada Ley, que también fuere alegada por el órgano.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Yerko Roa Núñez, en contra del Servicio de Salud Metropolitano Sur, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Recomendar a la Sra. Directora del Servicio de Salud Metropolitano Sur adoptar las medidas necesarias y ajustes pertinentes, de forma tal de disponer de un mecanismo de gestión documental que facilite la búsqueda y sistematización de la información requerida. Lo anterior, con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, permitiendo de esa forma dar respuesta oportuna y expedita a las solicitudes de acceso que se le formulen y, en definitiva, garantizar adecuadamente dicho derecho en favor de los ciudadanos respecto de aquella información de naturaleza pública que obre en su poder .

III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Yerko Roa Núñez, y a la Sra. Directora del Servicio de Salud Metropolitano Sur.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.