logo
 

Juan Pablo Sanhueza Sanhueza con SUBSECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Rol: C5445-18

Consejo para la Transparencia, 23/05/2019

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría General de Gobierno, ordenando entregar al reclamante respecto de la convocatoria al Fondo Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, año 2018, para la Región del Bío Bío, lo siguiente: i. Copia de los 40 proyectos seleccionados por el órgano como beneficiarios del fondo, previa reserva de los datos personales de contexto, correspondiente a personas naturales, que pudieren estar incorporados en la información solicitada, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, correo electrónico y teléfono. ii. Los puntajes obtenidos por cada uno de los proyectos evaluados en la señalada convocatoria de trasferencia de recursos, desglosados -por criterio de evaluación de acuerdo a bases-, y final asignado, pero anonimizado respecto de aquellos proyectos que no resultaron beneficiados, esto es, reservando su nombre así como cualquier otro dato que permita su identificación. Lo anterior, al tratarse de información pública, que obra en su poder, respecto de la cual no se acreditó la concurrencia de la causal de distracción indebida alegada. Se rechaza el amparo en lo que se refiere a la entrega de los 406 proyectos presentados a la convocatoria consultada que no fueron seleccionados, por tratarse de un requerimiento que exige la realización del trámite establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, comunicando la solicitud a los terceros a los que se refiere dicha información, el cual configura la causal de distracción indebida de las funciones del órgano reclamado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5445-18

Entidad pública: Subsecretaría General de Gobierno

Requirente: Juan Pablo Sanhueza Sanhueza

Ingreso Consejo: 08.11.2018

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría General de Gobierno, ordenando entregar al reclamante respecto de la convocatoria al Fondo Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, año 2018, para la Región del Bío Bío, lo siguiente:

i. Copia de los 40 proyectos seleccionados por el órgano como beneficiarios del fondo, previa reserva de los datos personales de contexto, correspondiente a personas naturales, que pudieren estar incorporados en la información solicitada, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, correo electrónico y teléfono.

ii. Los puntajes obtenidos por cada uno de los proyectos evaluados en la señalada convocatoria de trasferencia de recursos, desglosados -por criterio de evaluación de acuerdo a bases-, y final asignado, pero anonimizado respecto de aquellos proyectos que no resultaron beneficiados, esto es, reservando su nombre así como cualquier otro dato que permita su identificación.

Lo anterior, al tratarse de información pública, que obra en su poder, respecto de la cual no se acreditó la concurrencia de la causal de distracción indebida alegada.

Se rechaza el amparo en lo que se refiere a la entrega de los 406 proyectos presentados a la convocatoria consultada que no fueron seleccionados, por tratarse de un requerimiento que exige la realización del trámite establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, comunicando la solicitud a los terceros a los que se refiere dicha información, el cual configura la causal de distracción indebida de las funciones del órgano reclamado.

En sesión ordinaria N° 994 del Consejo Directivo, celebrada el 23 mayo de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C5445-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Que el 24 de octubre de 2018, don Juan Pablo Sanhueza Sanhueza solicitó a la Subsecretaria General de Gobierno (en adelante e indistintamente la Subsecretaría o SEGEGOB) la siguiente información: "pauta de evaluación y criterios utilizada para ponderar los distintos proyectos presentados en la región del Biobío al Fondo Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, año 2018. En sus categorías Local y Regional. Solicito además puedan entregarme copia de cada proyecto presentado al fondo respectivo, en las categorías Local y Regional, como también el puntaje desglosado y puntaje final de cada uno de estos. Sugiero puedan hacérmelo llegar a través de archivos PDF y/o Excel".

2) RESPUESTA: El 8 de noviembre de 2018, mediante Carta N° 188/25, la Subsecretaria dio respuesta al requerimiento, señalando, en síntesis, que adjuntaba la pauta de evaluación y criterios utilizados para la adjudicación de los proyectos al Fondo Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público (FFOIP), año 2018, en la Región del Bío Bío, que corresponden a los publicados en las Bases Administrativas y Técnicas 2018, en su apartado N° 8 Evaluación, cuyo contenido reproduce. Agregó, que el puntaje de corte fue de 100 y los que quedaban bajo dicho puntaje quedan fuera del concurso y no serán priorizados.

Adicionalmente, de acuerdo al artículo 15 de la Ley de Transparencia, proporcionó el enlace web desde el cual acceder a las Bases Administrativas y Técnicas del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, año 2018.

En relación a la parte de la solicitud relativa a la copia de cada proyecto presentado al Fondo respectivo, en las categorías Local y Regional, puntaje desglosado y final de cada uno de ellos, informan que la Unidad de Fondos Concursables del Ministerio SEGEGOB cuenta con un solo funcionario a cargo del cumplimiento de la Ley de Transparencia, quien además de tener que recopilar la información solicitada por Transparencia, cumple otras funciones propias de su cargo, razón por la cual se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) del citado cuerpo normativo.

3) AMPARO: El 8 de noviembre de 2018, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta entregada es incompleta o parcial. Hace referencia a que el órgano le denegó dos informaciones distintas bajo el mismo argumento, esto es, que se afectarían las labores del único funcionario a cargo de la revisión de proyectos.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario General de Gobierno, mediante Oficio N° E10661, de 18 de diciembre de 2018.

Mediante Ord. N° 46/2, de 07 de enero de 2019, el órgano reclamado presentó sus descargos u observaciones del caso, señalando, en síntesis, que respecto de la información denegada concurre la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, pues los proyectos presentados al Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público en la región del Bío Bío, del año 2018, fueron 446, resultando un total de 40 proyectos adjudicados. Luego, a fin de descargar del Sistema de Gestión de Fondos, la ficha de postulación de cada proyecto, se requeriría destinar 37 horas de trabajo, considerado 5 minutos por proyecto. Agrega que igual cantidad de tiempo se requeriría para tarjar de cada documento los datos personales allí contenidos, conforme a la ley N° 19.628.

En cuanto a los puntajes requeridos se limitó a señalar que "el funcionario de la Unidad de Fondos Concursables tendría que solicitar al Coordinador Regional de la Secretaría Regional Ministerial del Biobío, que le haga envío de las fichas de evaluación de cada uno de los 389 proyectos declarados admisibles con el objeto de recopilar el puntaje desglosado y puntaje final de cada uno de estos proyectos, lo cual adiciona más tiempo al proceso de recopilación y tarjado de las fichas de postulación".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, atendido los dichos del reclamante, este Consejo entiende que el presente amparo se encuentra circunscrito a aquella parte del requerimiento relativo a la entrega de los proyectos presentados al Fondo Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público (FFOIP), año 2018, para la Región del Bío Bío, así como los puntajes desglosados -por criterio de evaluación de acuerdo a bases- y final obtenidos por cada uno de ellos. Por su parte, el órgano reclamado denegó el acceso a la información fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia.

2) Que, en primer término, respecto de aquella parte de la solicitud relativa a los proyectos presentados, cabe distinguir aquellos que resultaron seleccionados o ganadores, de aquellos que no lo fueron y por tanto no recibieron fondos públicos asociados a la convocatoria.

3) Que, respecto de aquellos proyectos que resultaron seleccionadas en la convocatoria (40) y, por tanto, si fueron beneficiados con fondos públicos, este Consejo ha sostenido reiteradamente que corresponde a antecedentes que constituyen parte de los fundamentos del acto administrativo por medio del cual se otorgó el financiamiento respectivo, siendo en consecuencia dicha información de naturaleza pública, de conformidad al artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República. En efecto, dicho precepto dispone que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". A mayor abundamiento, atendida la asignación de recursos por parte del Estado a los titulares de dichos proyectos, existe una necesidad de mayor control social y escrutinio de la ciudadanía respecto de los mismos.

4) Que, por su parte, respecto de aquellos proyectos que no resultaron seleccionados, encontrándose en una situación distinta a la de aquellos que sí resultaron elegidos, procedería que el titular de los mismos se pronuncie sobre si su divulgación afecta o no sus derechos, conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Con todo, el órgano reclamado omitió la notificación a que alude el párrafo primero de la citada disposición, y procedió a denegar la solicitud por configurarse la causal de distracción indebida del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia.

5) Que, la causal de reserva invocada por el órgano, permite denegar el acceso a información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7 N° 1, letra c), del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

6) Que, en cuanto a la interpretación de la causal de reserva, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden actividades de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias.

7) Que, en la especie, tratándose de un requerimiento que se refiere a información cuya divulgación puede afectar los derechos de terceros, exige que aquellos se les comunique, mediante carta certificada, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados. Luego, atendido el elevado número de terceros potencialmente afectados (406 proyectos presentados que no fueron seleccionados), así como la acotada extensión del plazo que el artículo 20 de la citada ley contempla para dicha gestión, a juicio de este Consejo, respecto de la realización de dicho trámite esencial se configura la causal de reserva de distracción indebida alegada. A mayor abundamiento, atendido el número de terceros, tampoco fue posible practicar, en esta sede, el procedimiento de traslado que contempla el artículo 25 de la Ley de Transparencia.

8) Que, en razón de lo anterior, se acogerá parcialmente el amparo en esta parte, ordenándose la entrega de los 40 proyectos que resultaron seleccionados, por tratarse de información esencialmente pública, previa reserva de los datos personales de contexto, correspondiente a personas naturales, que pudieren estar incorporados en la información solicitada, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, correo electrónico, teléfono, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la Ley N° 19.628, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia así como el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 literal e) de la referida disposición legal; rechazándose en lo que se refiere a la entrega de los 406 proyectos presentados a la convocatoria consultada que no fueron seleccionados, por tratarse de un requerimiento que exige la realización del trámite establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, respecto del cual se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) del mismo cuerpo legal.

9) Que, en cuanto a la entrega de los puntajes obtenidos por todos los proyectos presentados y declarados admisibles en la convocatoria, procede la entrega de los mismos pero de forma anonimizada respecto de aquellos proyectos que no resultaron beneficiados, atendido los argumentos expuestos en los considerados 4) y 7) precedentemente, con la finalidad de poder comparar esas calificaciones con las de los proyectos seleccionados en la convocatoria, facilitando el control social sobre el respectivo concurso de transferencia de fondos. Luego, el órgano reclamado no acreditó cómo la entrega de dichos antecedentes implicaría también una distracción indebida de sus funciones, toda vez que no señaló de forma clara cuál es el tiempo de dedicación que la recopilación de dicha información le demandaría. Razón por la cual no es posible configurar la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, a la luz de los criterios expuestos anteriormente.

10) Que, en consecuencia, se acogerá el amparo en esta parte, ordenándose entregar al reclamante los puntajes obtenidos por cada uno de los proyectos evaluados, desglosados -por criterio de evaluación de acuerdo a bases-, y final asignado, pero anonimizado respecto de aquellos proyectos que no resultaron beneficiados, esto es, reservando su nombre así como cualquier otro dato que permita su identificación.

11) Que, finalmente, este Consejo recomendará al organismo reclamado, en lo resolutivo de la presente decisión, que en futuras convocatorias como la consultada, incluya en su proceso de postulación un mecanismo que permita a los interesados comunicar si desea o no que, de no resultar seleccionado, los antecedentes puedan ser entregados de ser estos objeto de una solicitud de acceso a información pública.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Juan Pablo Sanhueza Sanhueza, en contra de la Subsecretaría General de Gobierno, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario General de Gobierno, que:

a) Entregue al reclamante respecto de la convocatoria al Fondo Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, año 2018, para la Región del Bío Bío, lo siguiente:

i. Copia de los 40 proyectos seleccionados, previa reserva de los datos personales de contexto, correspondiente a personas naturales, que pudieren estar incorporados en la información solicitada, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, correo electrónico, teléfono, entre otros.

ii. Los puntajes obtenidos por cada uno de los proyectos evaluados en la señalada convocatoria de trasferencia de recursos, desglosados -por criterio de evaluación de acuerdo a bases-, y final asignado, pero anonimizado respecto de aquellos proyectos que no resultaron beneficiados, esto es, reservando su nombre así como cualquier otro dato que permita su identificación.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto de aquella parte de la solicitud relativa a copia de los 406 proyectos presentados a la convocatoria consultada que no fueron seleccionados, por tratarse de un requerimiento que exige la realización del trámite establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, respecto del cual se configura la causal de distracción indebida.

IV. Recomendar al Sr. Subsecretario General de Gobierno que en futuras convocatorias como la consultada, incluya en su proceso de postulación un mecanismo que permita a los interesados comunicar si desean o no que, de no resultar seleccionados, los antecedentes puedan ser entregados de ser estos objeto de una solicitud de acceso a información pública.

V. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan Pablo Sanhueza Sanhueza y al Sr. Subsecretario General de Gobierno.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.