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Soledad Luttino Rojas con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C5912-18

Consejo para la Transparencia, 14/05/2019

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, requiriendo la entrega de información referida a las funciones ejercidas por la funcionaria y el funcionario consultado en cada uno de las unidades o secciones en que se desempeñaron en la Institución. Asimismo, deberá informar las funciones de trabajo operativo policial que realizó la funcionaria en cuestión, en cada uno de los departamentos o unidades en que se desempeñó, sin perjuicio de lo cual, en el evento, de que éstos últimos antecedentes no existieran o no obraran en su poder, deberá informar tal circunstancia, a la reclamante y a este Consejo. Lo anterior, en atención a que no se logró acreditar, en esta sede, ni la entrega ni la inexistencia de los antecedentes requeridos, alegada por el órgano reclamado. Se rechaza el amparo en cuanto a informar las funciones para las cuales fue contratada la funcionaria consultada, en atención a que se otorgó acceso con ocasión de la respuesta proporcionada en su oportunidad.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5912-18

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile (PDI)

Requirente: Soledad Luttino Rojas

Ingreso Consejo: 28.11.2018

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, requiriendo la entrega de información referida a las funciones ejercidas por la funcionaria y el funcionario consultado en cada uno de las unidades o secciones en que se desempeñaron en la Institución. Asimismo, deberá informar las funciones de trabajo operativo policial que realizó la funcionaria en cuestión, en cada uno de los departamentos o unidades en que se desempeñó, sin perjuicio de lo cual, en el evento, de que éstos últimos antecedentes no existieran o no obraran en su poder, deberá informar tal circunstancia, a la reclamante y a este Consejo.

Lo anterior, en atención a que no se logró acreditar, en esta sede, ni la entrega ni la inexistencia de los antecedentes requeridos, alegada por el órgano reclamado.

Se rechaza el amparo en cuanto a informar las funciones para las cuales fue contratada la funcionaria consultada, en atención a que se otorgó acceso con ocasión de la respuesta proporcionada en su oportunidad.

En sesión ordinaria N° 992 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de mayo de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C5912-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 22 de noviembre de 2018, doña Soledad Luttino Rojas solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile - en adelante también PDI-, lo siguiente:

a) "Funciones para las cuales fueron contratada nuestra representada".

b) "Funciones que ejerció nuestra representada en cada uno de los departamentos que fue designada, mientras se encontraba en servicio activo en la PDI".

c) "Cuáles son las funciones de trabajo operativo policial que realizaba nuestra representada en cada uno de los Departamentos o Unidades que estuvo".

d) "Señale las Unidades o Departamentos que se desempeñó el Sr. Manuel González Barría, durante su jornada de trabajo y las funciones que ejercía en cada uno de ellos".

e) "Fundamentos de hecho derecho por el cual el Sr. Samuel González Barría, no se le aplicó el art. 151 de la ley 18834, por el uso prolongado de licencia médica".

f) "Fundamento de derecho de aplicar investigación sumaria al Sr. González Barría, si la falta estaba acreditada respecto a estar realizando pruebas en la Universidad estando haciendo uso de licencia médica".

g) "Fundamento de derecho por el cual no se le dio de baja de acuerdo al Reglamento de Licencias Médicas y Disciplina".

2) RESPUESTA: La Policía de Investigaciones de Chile, mediante carta de fecha 28 de noviembre de 2018, en cuanto a lo pedido en los literales a), b), c) y d) del requerimiento, reiteró la respuesta evacuada en idéntico tenor en solicitud de fecha 25 de octubre de 2018, la que se adjunta. Respecto de lo solicitado en los literales e), f) y g) de la presentación, hace presente que no se requiere información pública en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Transparencia, reiterando que ésta no es vía para exigir pronunciamientos, ni opiniones respecto de actos administrativos que se dictan en esa Institución, como tampoco de aquellos que no se han emitido.

Por su parte, en carta respuesta, de fecha 25 de octubre de 2018, informaron lo siguiente:

a) En cuanto a lo pedido en los literales a), b) y c) del requerimiento, reitera las respuestas otorgadas contenidos en las cartas respuesta, de fecha 27 de diciembre de 2017 y 28 de febrero de 2018, respectivamente, las que adjuntan. En las que se informa que la funcionaria consultada, conforme lo consignado en su Hoja de Vida Anual, se desempeñaba en la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial. Además, señala que aquella fue nombrada como Oficial Policial mediante decreto supremo por el Presidente de la República, en tal sentido las funciones de todo oficial policial corresponden a las descritas por los artículos 4 y 5 del decreto ley N° 2.460, que dicta Ley Orgánica de Policía de Investigaciones de Chile - en adelante D.L. N° 2.460-. Luego, da cuenta de las funciones que desempeñó en cada una de las unidades de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial a la que fue destinada, indicando lo siguiente:

i. 1° de agosto de 2008, cumple funciones en la Sección Procesamiento y Análisis del Departamento de Informaciones, además de integrar la Comisión Credenciales.

ii. 1° de agosto de 2009, cumple funciones en la Sección Análisis e integra comisión credenciales, distintivos, vestuarios y equipos.

iii. 1° de agosto de 2010, cumple funciones en la Sección Análisis e integra comisión credenciales, distintivos, vestuarios y equipos.

iv. 1° de agosto de 2011, integrante de la comisión de Procesamiento y Análisis de Inteligencia.

v. 1° de agosto de 2012, cumple funciones en la Sección Análisis de la Plana Mayor.

vi. 1° de agosto de 2013, cumple funciones en la Oficina de Procesamiento del Departamento de Informaciones.

vii. 1° de agosto de 2014, cumple funciones en la Oficina de Partes del Departamento de Informaciones e integra comisión de Relaciones Públicas.

b) Respecto de lo requerido en el literal d) de la solicitud, informa que el funcionario por el cual se consulta prestó servicios en las Unidades que se indican.

3) AMPARO: Con fecha 28 de noviembre de 2018, doña Soledad Luttino Rojas dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, fundado en la respuesta incompleta o parcial, puesto no se le otorgó lo pedido en los literales a), b), c) y d) del requerimiento. En particular, sostuvo que "La PDI alude que ya entregó la información en solicitud de información 525972018, pero sólo ha mencionado las unidades y no las funciones de los funcionarios aludidos, por lo cual debe hacer entrega inmediata".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante oficio N° E700, de fecha 18 de enero de 2019, para que formule sus descargos y observaciones, solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) refiérase a las alegaciones de la reclamante, en el sentido que se habría otorgado respuesta incompleta a su requerimiento; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de lo reclamado; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente su denegación; y, (5°) si de un nuevo análisis del requerimiento se encontrare información adicional a la ya entregada, remita la misma a la solicitante con copia a este Consejo, con el objeto de evaluar la derivación a SARC del presente amparo

El órgano reclamado, por medio de ordinario N° 129, de fecha 31 de enero de 2019, reiteró lo señalado en su respuesta, agregando que otorgó a la reclamante toda aquella información solicitada al tenor de lo expresado en el artículo 5 de la Ley de Transparencia, sin contar con más antecedentes que los ya proporcionados en reiteradas oportunidades.

Finalmente, informa que la reclamante ha ingresado a contar del 5 de mayo de 2017 un total de 189 solicitudes de acceso y 38 amparos, muchas de las cuales dicen relación con la misma materia, planteando aquellas de diversas formas. Por lo que consideran, que muchos de los requerimientos tendrían el carácter de abusivos, en atención a que se trata de solicitudes sustancialmente similares, deducidas en periodos acotados de tiempo. De esta forma, si bien es cierto que la ley otorga el derecho a los ciudadanos de requerir información de carácter público que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, ello no ampara el ejercicio abusivo de este derecho, pues en tal supuestos se podría requerir a cualquier órgano información sin ningún tipo de limitaciones, torciendo con ello la finalidad y el espíritu del procedimiento de acceso a la información pública, cuyo propósito es que los ciudadanos puedan ejercer un control de las actuaciones de los órganos públicos sometidos a la Ley de Transparencia y no con fines propios.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se funda en la respuesta incompleta o parcial, circunscribiéndose el objeto de éste a lo pedido en los literales a), b), c) y d) de la solicitud de acceso. Al respecto el órgano reclamado argumenta que habría otorgado acceso en reiteradas oportunidades a lo requerido y que no obran en su poder más antecedentes que los ya proporcionados. Además, de considerar que muchos de los requerimientos tendrían el carácter de abusivos.

2) Que, en primer lugar, en cuanto a la alegación de que la reclamante ha hecho un ejercicio abusivo del derecho de acceso a la información, el órgano reclamado no ha otorgado, en esta instancia, mayores antecedentes en tal sentido, pues sólo informa que a partir del 5 de mayo de 2017, habría realizado un total de 189 requerimientos, sin identificarlos, señalar el periodo contabilizado o el contenido de cada uno de éstos, así como tampoco acredita, de forma fehaciente, cómo el conocimiento de éstas presentaciones obligaría a la Policía de Investigaciones de Chile a destinar un tiempo excesivo y desproporcionado de la jornada de sus funcionarios a la atención de los requerimientos de una sola persona, comprometiendo, de esta forma, su debido funcionamiento, con el evidente perjuicio de su normal quehacer institucional. En atención a lo razonado, este Consejo desestimará las alegaciones del órgano reclamado en tal sentido.

3) Que en cuanto a lo pedido en los literales a), b) y c) del requerimiento, el órgano reclamado sostiene que otorgó acceso a aquello remitiendo las diversas respuestas proporcionadas en tal sentido. Así, tras la revisión del contenido de aquellas, se constata que en lo referente a las funciones para las que fue contratada la persona consultada, requerido en el literal a) de la presentación, en carta de fecha 28 de febrero de 2018, ante idéntica solicitud, se informó que todo oficial policial es nombrado por decreto supremo para cumplir con las funciones descritas, en términos generales, por los artículos 4 y 5 del D.L. N° 2460. Razón por la cual, se rechazará el amparo respecto de este literal, por haberse otorgado acceso a lo pedido en su oportunidad.

4) Que respecto a las funciones ejercidas en cada uno de los departamentos en los que se desempeñó la funcionaria consultada solicitada en el literal b) de la presentación, si bien el órgano reclamado informa acerca de las distintas secciones y oficinas en que se desempeñó durante su permanencia en la Institución, no da cuenta de las labores llevabas a cabo por ésta, ni aún señala el cargo que ella detentaba. Así como tampoco, indica si realizó funciones de trabajo operativo policial durante su servicio, al tenor de lo requerido en el literal c) de la solicitud. Así, al no proporcionar acceso a lo requerido, se concluye que a su respecto el órgano reclamado, alega que dicha información no obraría en su poder.

5) Que, en este punto, cabe hacer presente que la inexistencia de la información es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla, sino que esta alegación debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo por el cual ésta no obra en su poder, lo que debe ser acreditado en forma fehaciente. En la especie, el órgano reclamado no otorga antecedentes que fundamenten la circunstancia de hecho alegada, más allá de señalarlo, por lo que, al no lograr acreditarla.

6) Que, en consecuencia, se acogerá el amparo en estos literales, requiriendo proporcione a la reclamante la información solicitada. Sin perjuicio de lo cual, en el evento de que los antecedentes consultados en el literal c) de la solicitud, a saber, las funciones de trabajo operativo policial que realizaba la persona consultada en cada uno de los departamentos o unidades en los que se desempeñó, no existieran o no obraran en su poder, deberá informar tal circunstancia expresa y fundadamente, tanto a la reclamante como a este Consejo.

7) Que respecto de lo solicitado en el literal d) del requerimiento, el órgano reclamado en carta respuesta de fecha 25 de octubre de 2018, informa las unidades en las cuales prestó servicio el funcionario consultado, sin señalar las funciones que desempeñaba en cada una de aquellas. Por lo que, de acuerdo a lo razonado en los considerandos anteriores, en orden a descartar la procedencia de la inexistencia alegada por el órgano reclamado, se acogerá el amparo en este literal, requiriendo la entrega de la información pedida.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Soledad Luttino Rojas en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, lo siguiente:

a) Hacer entrega a la reclamante de la siguiente información:

i. Documentación que dé cuenta de las funciones que ejercieron las personas por las cuales se consulta, en cada uno de los departamentos o unidades en los que se desempeñaron.

ii. Documentación que dé cuenta de las funciones de trabajo operativo policial realizado por la funcionaria consultada en cada uno de los departamentos o unidades en los que se desempeñó. En el evento, de que dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder, deberá informar tal circunstancia expresa y fundadamente, tanto a la reclamante como a este Consejo.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo en cuanto a lo pedido en el literal a) del requerimiento, por haberse otorgado acceso en su oportunidad, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

IV. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a doña Soledad Luttino Rojas y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.