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Orlando Cabezas Godoy con MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN Rol: C5971-18 / C5972-18

Consejo para la Transparencia, 14/05/2019

Se acogen los amparos en contra de la Municipalidad de Alto del Carmen, ordenándose la entrega de información propia del reclamante referida a sus contratos y anexos, permisos, certificados de estudios, capacitaciones, trabajos extraordinarios y registros de ingreso y salida, desde 2013 hasta septiembre de 2018. Lo anterior, ya que no se acredita ni se configura la distracción indebida de las funciones del órgano, atendida la naturaleza de la información solicitada, la que debe obrar en poder del municipio reclamado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPAROS ROLES C5971-18 Y C5972-18

Entidad pública: Municipalidad de Alto del Carmen

Requirente: Orlando Cabezas Godoy

Ingreso Consejo: 03.12.2018

RESUMEN

Se acogen los amparos en contra de la Municipalidad de Alto del Carmen, ordenándose la entrega de información propia del reclamante referida a sus contratos y anexos, permisos, certificados de estudios, capacitaciones, trabajos extraordinarios y registros de ingreso y salida, desde 2013 hasta septiembre de 2018.

Lo anterior, ya que no se acredita ni se configura la distracción indebida de las funciones del órgano, atendida la naturaleza de la información solicitada, la que debe obrar en poder del municipio reclamado.

En sesión ordinaria N° 992 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de mayo de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información Roles C5971-18 y C5972-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Que el 5 de octubre de 2018, don Orlando Cabezas Godoy solicitó -en formato PDF- a la Municipalidad de Alto del Carmen diversos antecedentes relativos a su contratación en dicho Municipio. En particular:

a) Todos sus contratos con la municipalidad desde abril de 2013 hasta septiembre 2018;

b) Todos los permisos solicitados por éste a la municipalidad;

c) Copia de todos los certificados de estudio y certificados de cursos entregados a la municipalidad;

d) Todas las salidas a capacitaciones y/o cursos pagados por la municipalidad con sus documentos de respaldo;

e) Todos los anexos de contrato;

f) Todas las órdenes de compra por trabajos extraordinarios (no solo las horas extras también trabajos fuera del contrato); y,

g) Todos los registros de ingreso y salida, ya sea del libro o del reloj control".

2) PRÓRROGA Y RESPUESTA: Con fecha 5 de noviembre de 2018, el órgano comunicó al solicitante la prórroga para pronunciarse sobre la solicitud. Luego, mediante Resolución N° 97, de 21 de noviembre de 2018, el órgano denegó acceso a lo pedido, por configurarse la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1 literal c) de la Ley de Transparencia. Señala, en lo que interesa a la presente solicitud, que el municipio tiene una planta de funcionarios con responsabilidad administrativa acotada (30 personas), por lo que no posee personal específico para recopilar información desde 2013 a la fecha. Además, muchos de los documentos requeridos habrían sido entregados en su oportunidad al mismo, en su calidad de ex prestador de servicios.

3) AMPAROS: El 3 de diciembre de 2018, don Orlando Cabezas Godoy dedujo dos amparos a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundados en la respuesta negativa a su solicitud.

4) AUSENCIA DE DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación estos amparos, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Alto del Carmen, mediante Oficio N° E532, de 17 de enero de 2019, requiriéndole: (1°) referirse, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señalar cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano; (3°) acreditar qué información de la solicitada ya habría sido proporcionada al reclamante; (4°) aclarar si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (5°) referirse al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida. Se deja constancia que, a la fecha del presente acuerdo no consta que el municipio hubiere presentado descargos u observaciones en esta instancia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el principio de economía procedimental, consagrado en el artículo 9° de la ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos mediante las cuales se rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, exige responder con la máxima economía de medios y eficacia, evitando trámites dilatorios. Por lo anterior, y atendido que entre los amparos deducidos existe identidad respecto del requirente, órgano reclamado y la materia solicitada, este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto en la presente decisión

2) Que, los presentes amparo se fundan en la denegación de acceso a la información requerida por configurarse la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1 literal c) de la Ley de Transparencia.

3) Que, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta causal sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado".

4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud de acceso podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

5) Que, a fin de ponderar en concreto la causal de reserva expuesta, resulta procedente atender -especialmente- a la naturaleza, el origen y volumen de la información solicitada. En efecto, respecto de la naturaleza de lo requerido, la solicitud se encuentra referida a antecedentes propios del reclamante, en su calidad de prestador de servicios de la municipalidad reclamada. En particular, se refiere a información relativa a sus contratos y anexos; permisos otorgados por el municipio al solicitante; certificados de estudios y de cursos entregados por éste al municipio, las salidas a capacitaciones y/o cursos pagados por el municipio, con sus documentos de respaldo; órdenes de compra por trabajos extraordinarios esto es, no sólo las horas extras también trabajos fuera del contrato); y, los registros de ingreso y salida. Lo anterior, desde el año 2013 hasta septiembre de 2018. De esta forma, se advierte que todos los antecedentes requeridos son de naturaleza pública, ya que se trata de antecedentes laborales referidos al propio reclamante en su calidad de ex prestador de servicios al municipio reclamado, por lo que ésta debe obrar en poder de la reclamada. Además, respecto de estos antecedentes, el municipio no especifica el formato en que éstos se encuentran, tampoco hace referencia alguna al volumen de la información solicitada ni a la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida. Por su parte, a juicio de esta Corporación, tampoco resulta suficientemente fundada la alegación referida a la inexistencia de personal específico para cumplir con el requerimiento, sin explicarse, a su turno, de qué forma la entrega de lo requerido afectará el debido cumplimiento de las funciones del órgano, por lo que dicha alegación será desestimada. Por último, cabe hacer presente al órgano que, el hecho que éste hubiere entregado previamente parte de los antecedentes requeridos al reclamante (cuestión que tampoco fue acreditada en esta sede), no obsta a que el solicitante pueda volver a requerirlos, ejerciendo su derecho de acceso a la información, conforme lo prescrito en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, iniciando un nuevo procedimiento administrativo al efecto, conforme ha establecido precedentemente este Consejo.

6) Que, tras análisis de los antecedentes expuestos, teniendo especialmente en consideración la naturaleza pública de los antecedentes consultados, referidos a antecedentes laborales del propio reclamante, en su calidad de prestador de servicios del municipio reclamado, a juicio de este Consejo, las alegaciones de hecho planteadas por el órgano reclamado no resultan suficientes para acreditar ni configurar en la especie la causal de reserva alegada, razón por la cual se acogerán los amparos presentados y se requerirá al municipio la entrega de la información individualizada en el numeral 1) de lo expositivo del presente acuerdo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger los amparos deducidos por don Orlando Cabezas Godoy, de 3 de diciembre de 2018, en contra de la Municipalidad de Alto del Carmen, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Alto del Carmen:

a) Hacer entrega al reclamante de copia -en formato PDF- de todos sus contratos y sus anexos de contrato con la municipalidad desde abril de 2013 hasta septiembre 2018; todos los permisos solicitados por éste a la municipalidad; todos los certificados de estudio y certificados de cursos entregados a la municipalidad; todas las salidas a capacitaciones y/o cursos pagados por la municipalidad con sus documentos de respaldo; todas las órdenes de compra por trabajos extraordinarios (no solo las horas extras también trabajos fuera del contrato); y, todos los registros de ingreso y salida, ya sea del libro o del reloj control.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Orlando Cabezas Godoy, y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Alto del Carmen.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.