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Daniel Quinteros Rojas con INTENDENCIA REGIÓN DE TARAPACÁ Rol: C6509-18

Consejo para la Transparencia, 13/06/2019

Se acoge el amparo deducido en contra de la Intendencia de la Región de Tarapacá, respecto de información relativa a la cantidad de denuncias realizadas ante el Ministerio Público por los delitos que indica, entre los años 2010 y 2018, y la cantidad de desistimientos de la acción penal que ha presentado dicho organismo. Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder del órgano reclamado, y por haberse desestimado las alegaciones de afectación al debido funcionamiento del órgano y de distracción indebida de sus funcionarios.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6509-18

Entidad pública: Intendencia de la Región de Tarapacá.

Requirente: Daniel Quinteros Rojas.

Ingreso Consejo: 21.12.2018

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Intendencia de la Región de Tarapacá, respecto de información relativa a la cantidad de denuncias realizadas ante el Ministerio Público por los delitos que indica, entre los años 2010 y 2018, y la cantidad de desistimientos de la acción penal que ha presentado dicho organismo.

Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder del órgano reclamado, y por haberse desestimado las alegaciones de afectación al debido funcionamiento del órgano y de distracción indebida de sus funcionarios.

En sesión ordinaria N° 999 del Consejo Directivo, celebrada el 13 de junio de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información rol C6509-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de noviembre de 2018, don Daniel Quinteros Rojas solicitó a la Intendencia de la Región de Tarapacá, la siguiente información: "cantidad de denuncias realizadas ante el Ministerio Público por los delitos contemplados en el DL 1094 de 1975, entre los años 2010 y 2018. En particular, mucho les agradeceré nos puedan detallar según corresponda a infracciones del artículo 68 o 69 del referido decreto. Asimismo, les agradeceré informar la cantidad de desistimientos de la acción penal que ha presentado vuestro organismo, respecto de los mismos delitos y en los mismos años indicados anteriormente".

2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N° 3571, de fecha 29 de noviembre de 2018, el órgano otorgó respuesta a la solicitud, señalando en síntesis, que "el requerimiento formulado por el señor Quinteros está referido a un elevado número de actos administrativos y sus antecedentes, cuya atención requiere distraer, indebidamente, a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, puesto que la satisfacción del requerimiento del señor Quinteros, implica que los funcionarios de la Intendencia Regional de Tarapacá deban utilizar un tiempo excesivo en ello, considerando su jornada de trabajo, además del alejamiento de sus funciones habituales", rechazando la entrega de la información solicitada, y haciendo mención a los principios de eficiencia y eficacia, de economía procedimental y de oportunidad, artículos 12 y 21 de la Ley 20.285, agregando que "es un hecho público que la Región de Tarapacá, por sus características geográficas, constituye el principal lugar de ingreso clandestino al país".

3) AMPARO: El 21 de diciembre de 2018, don Daniel Quinteros Rojas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Asimismo, agregó que "El argumento de la Intendencia Regional de Tarapacá, respecto a la distracción indebida de sus funcionarios, resulta realmente inaceptable. Más allá de mi solicitud, el artículo 18 de la Ley 19.880 obliga a los órganos del Estado a llevar un registro de sus actuaciones, por lo cual esta información ya debiera haber estado disponible al momento de ingresar la solicitud. En caso de que el Consejo efectivamente considere que lo solicitado desvía indebidamente las funciones, solicito que se acoja parcialmente la solicitud, indicando totales por año, registro que debiera obrar en poder de esta repartición pública".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo y, mediante oficio N° E1943, de 13 de febrero de 2019, confirió traslado al Sr. Intendente de la Región de Tarapacá, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos u observaciones.

Mediante escrito presentado por correo electrónico de fecha 5 de marzo de 2019, el órgano evacuó sus descargos, señalando en síntesis, que "Lo que la norma del artículo 18 de la Ley 19.880 establece es que el procedimiento administrativo debe constar por escrito, y que al registro tienen acceso los intervinientes. Nada dice el legislador en la ley 19.880 respecto de los procedimientos para la denuncia de un hecho ilícito o delito, toda vez que tales procesos se rigen por otra normativa legal".

Acto seguido, indica que "la solicitud planteada por el amparado no resulta tan sencilla de procesar como insinúa en sus afirmaciones, exigiendo a esta Intendencia Regional, para obtenerla, el despliegue de una serie de recursos humanos y logísticos que exceden sus posibilidades y que se traduce en que: a) la información requerida en los términos solicitados no obre en poder de esta repartición; y b) que su elaboración afectará el debido cumplimiento de las funciones de esta Intendencia Regional de Tarapacá, toda vez que consiste en un requerimiento de carácter genérico", haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia.

Asimismo, el órgano agrega que "El amparado solicita un dato estadístico numérico (cantidad de denuncias y desistimientos realizadas ante el Ministerio Público por los delitos contemplados en el Decreto Ley 1094 de 1975 entre los años 2010 y 2018) que debe ser extraído desde nuestras bases de datos, ASOCIADO a tres tópicos o materias de su interés, a saber, ‘infracción al artículo 68, infracción al artículo 69 y número de desistimientos’. En ese tenor, dado que se han solicitado antecedentes específicos de las expulsiones, la entrega de lo pedido supone llevar a cabo una labor de tratamiento de ciertos flujos de información que no se encuentran sistematizados en la base de datos correspondiente", refiriéndose a la tramitación de las resoluciones afectas y exentas, que imponen la sanción de expulsión, y al registro electrónico del Ministerio del Interior y Seguridad Pública constituido por el Sistema B-3000, en el que se consignan los principales antecedentes tramitados por el Departamento de Extranjería y Migración, agregando que "la aplicación de los filtros que posibilitan la obtención de información estadística desde dicho sistema, no permiten a esta Intendencia Regional obtener pura y simplemente la información solicitada por el amparado"¸ indicando los motivos de ello.

Luego, informa que "como el sistema no permite obtener directamente la información en los términos solicitados, esta Intendencia a través de sus funcionarios del Departamento de Extranjería, debería para tal fin, realizar una operación física de procesamiento y análisis de la información de los listados, operación altamente compleja en atención a los siguientes condicionantes", señalando que en el período consultado se han tramitado anualmente, un promedio de 4.900 resoluciones sancionatorias, que cerca del 35% de ese total corresponden a expulsiones, agregando que "deberían analizarse para confeccionar la información requerida por el amparado, el contenido de más de mil (1000) resoluciones por cada año. Ello con el añadido que el análisis del ítem ‘causal de expulsión’, o ‘infracción al artículo 68 o al artículo 69’ exige un procesamiento mayor, por cuanto implica el desglose de diversas hipótesis legales de distinta fuente", detallando los 13 tipos comprendidos en los artículos consultados.

Del mismo modo, la Intendencia argumenta que "el Departamento de Extranjería de esta repartición, se encuentra integrado por su Jefatura y dos funcionarias", indicando sus funciones, horario de trabajo, participación en gestiones judiciales, y agregando que "conforme lo descrito, es evidente que confeccionar la información en los términos requeridos por el amparado, implicaría a esta Intendencia Regional desplegar un conjunto de trabajos significativos, que entre otros aspectos se traducirían en la necesidad de reasignar o destinar especialmente a un funcionario que se encargase de las tareas de búsqueda de la información y su posterior procesamiento, lo que evidentemente aparece como inconveniente atendido la estructuración e integrantes de nuestro Departamento de Extranjería, en términos tales que ello podría significar para dicho funcionario la utilización de un tiempo excesivo en funciones no habituales, configurándose una distracción indebida (...)".

Finalmente, el órgano indica que publica los actos y resoluciones que afectan a terceros, en su portal de transparencia activa, información a partir de la cual puede construir sus estadísticas.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Intendencia de la Región de Tarapacá, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a la cantidad de denuncias realizadas ante el Ministerio Público por los delitos contemplados en el DL 1094 de 1975, entre los años 2010 y 2018, correspondientes a infracciones al artículo 68 o 69 del referido decreto, y la cantidad de desistimientos de la acción penal que ha presentado dicho organismo. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información fundado en la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia.

2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

3) Que, el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7, N° 1, letra c) del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

4) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.

5) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias.

6) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, éste no ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.

7) Que, en el presente caso, cabe tener presente lo señalado por la Intendencia, en el sentido de que, para acceder a la entrega de la información solicitada, debería analizar aproximadamente, unas 1000 resoluciones por cada año, y destinar a un profesional con dedicación exclusiva, para procesar la información, lo cual afectaría el normal desempeño de las funciones del Departamento de Extranjería de la Unidad, al distraer indebidamente a sus funcionarios, alegaciones que no resultan suficientes para configurar la causal de reserva, por cuanto si bien el órgano indicó la cantidad de funcionarios necesarios para revisar la información, y la cantidad aproximada de resoluciones que verificar, no señaló la cantidad específica de documentos, archivos o carpetas que comprende la información solicitada; ni la cantidad de días, horas o jornadas de trabajo que dicho funcionario debiese dedicar, ni la cantidad de procedimientos judiciales incoados por la reclamada en el Ministerio Público por cada año, ni la forma o lugar en que dicha información se encuentra almacenada. En efecto, hace mención a la cantidad de resoluciones emitidas o generadas, relativas a gestiones de extranjería, lo que no dice relación directa con la materia consultada, lo que, a su vez, no permite tener por acreditada, de manera fehaciente e indubitada, la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida, teniendo presente que por tratarse de normas de derecho estricto, dichas causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva, por lo que este Consejo estima que las alegaciones del órgano no revisten una magnitud tal que permitan tener por acreditada la hipótesis prevista en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

8) Que, a modo de contexto, cabe tener presente lo dispuesto en los artículos 68 y 69 del Decreto Ley consultado, los que establecen que "Los extranjeros que ingresen al país o intenten egresar de él, valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona o hagan uso de ellos durante su residencia, serán sancionados con presidio menor en su grado máximo, debiendo disponerse, además, su expulsión, la que se llevará a efecto tan pronto el afectado cumpla la pena impuesta", y que "Los extranjeros que ingresen al país o intenten egresar de él clandestinamente, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo. Si lo hicieren por lugares no habilitados, la pena será de presidio menor en sus grados mínimo a máximo. Si entraren al país existiendo a su respecto causales de impedimento o prohibición de ingreso, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo".

9) Que, en la especie, lo requerido por el solicitante, es la cantidad o número de denuncias interpuestas por la Intendencia de Tarapacá, ante el Ministerio Público, respecto de los ilícitos tipificados en las normas citadas, y los desistimientos de los mismos, si los hubiera, durante los años que indica, y no la cantidad de resoluciones relativas a extranjería, emitidas por el órgano. Al respecto, el órgano no señaló cuántas denuncias se han efectuado, ni la forma en que dicha información se encuentra almacenada, ni ningún otro antecedente vinculado directamente a la materia consultada, información que tampoco se encuentra contenida en las resoluciones publicadas en el Portal de Transparencia Activa del propio órgano, en el ítem Actos y Resoluciones con efectos sobre terceros. Asimismo, resulta pertinente señalar que, en ningún caso, la deficiente o indebida gestión documental por parte de un órgano, respecto de sus documentos internos o funciones propias, puede justificar la denegación al derecho de acceso a la información pública, consagrado en la Ley de Transparencia.

10) Que, en consecuencia, tratándose de información pública que obra en poder del órgano reclamado, y habiéndose desestimado la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Daniel Quinteros Rojas en contra de la Intendencia de la Región de Tarapacá, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Intendente de la Región de Tarapacá lo siguiente:

a) Entregar al reclamante información relativa a la cantidad de denuncias realizadas ante el Ministerio Público por los delitos contemplados en el DL 1094 de 1975, entre los años 2010 y 2018, correspondientes a infracciones al artículo 68 o 69 del referido decreto, y la cantidad de desistimientos de la acción penal que ha presentado dicho organismo.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Daniel Quinteros Rojas y al Sr. Intendente de la Región de Tarapacá.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.