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Felipe Guerra Schleef con CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF) Rol: C6417-18

Consejo para la Transparencia, 13/06/2019

Se acoge el amparo deducido en contra de la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables, ordenando la entrega de los antecedentes relativos a las fiscalizaciones, procedimientos sancionatorios y eventuales sanciones cursadas al titular de la Minicentral Hidroeléctrica Las Flores S.A., en el contexto de la construcción u operación del referido proyecto hidroeléctrico. Lo anterior, por tratarse de información pública que obra en poder del órgano reclamado, respecto de la cual se han desestimado las alegaciones del tercero, fundadas en la falta de claridad respecto de la información solicitada, la afectación al privilegio deliberativo del órgano, y la afectación a los derechos económicos o comerciales.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Medio Ambiente
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6417-18

Entidad pública: Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables (CONAF).

Requirente: Felipe Guerra Schleef.

Ingreso Consejo: 18.12.2018

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables, ordenando la entrega de los antecedentes relativos a las fiscalizaciones, procedimientos sancionatorios y eventuales sanciones cursadas al titular de la Minicentral Hidroeléctrica Las Flores S.A., en el contexto de la construcción u operación del referido proyecto hidroeléctrico.

Lo anterior, por tratarse de información pública que obra en poder del órgano reclamado, respecto de la cual se han desestimado las alegaciones del tercero, fundadas en la falta de claridad respecto de la información solicitada, la afectación al privilegio deliberativo del órgano, y la afectación a los derechos económicos o comerciales.

En sesión ordinaria N° 999 del Consejo Directivo, celebrada el 13 de junio de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información rol C6417-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de noviembre de 2018, don Felipe Guerra Schleef solicitó a la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables, en adelante e indistintamente, la Corporación o la CONAF, la siguiente información: "Toda la información de la que se disponga sobre fiscalizaciones, procedimientos sancionatorios y/o eventuales sanciones cursadas por la CONAF al titular de la Minicentral Hidroeléctrica Las Flores (antes Hydrowac y Compañía Ltda.; hoy Hidroeléctrica Las Flores S.A.) emplazada en el Río Quimán, en el sector de Pumol Alto, comuna de Futrono, Región de Los Ríos, en el contexto de la construcción y/o operación del referido proyecto hidroeléctrico".

2) RESPUESTA: Mediante Carta Oficial N° 48/2018, de fecha 13 de diciembre de 2018, el órgano dio respuesta a la solicitud, denegando la entrega de la información requerida, en virtud de lo oposición presentada por el tercero, la empresa Hidroeléctrica Las Flores, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, quedando la Corporación impedida de proporcionar la documentación pedida, y adjuntando copia de la Carta Oficial N° 44/2018, de fecha 22 de noviembre de 2018, por medio del cual la CONAF notificó la solicitud al tercero, y copia de la respuesta de la empresa.

En dicha comunicación, el tercero alega que la solicitud de información no reúne los requisitos indicados en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, al no identificar claramente la información que se requiere, señalando que "no especifica ningún antecedente específico, sino que solo se limita a solicitarlo en términos generales. A este respecto, conviene recordar que todos los procedimientos administrativos están compuestos de una serie de actos y documentos que lo componen, y que son claramente identificables. Demás está decir que la solicitud de ‘antecedentes’, ‘fiscalizaciones’, ‘procedimientos sancionatorios’ o ‘eventuales sanciones cursadas’ son ciertamente demasiado amplias para cumplir con el requisito de identificación clara de la información".

Acto seguido, la empresa aludida señala que "CONAF lleva a cabo labores de fiscalización que le están encomendadas para efectos de verificar el cumplimiento de distintos cuerpos normativos. Dichos procedimientos no son públicos, ni siquiera para la parte, hasta su deliberación pues ello afectaría el debido ejercicio de esta función al permitir acceder en forma anticipada y parcial a los fundamentos de una decisión que deben ser comunicados en la oportunidad establecida", en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra b), de la Ley de Transparencia. En el mismo sentido, alega que "mi representada, a lo largo de los años, ha desarrollado un conocimiento respecto del funcionamiento de la operación de su Planta, que bien podría haber sido entregado a este Servicio en requerimientos de información solicitados. Dicha información, como puede ser la ingeniería del proyecto, son de carácter absolutamente privados, y por lo tanto existe un derecho de propiedad sobre ellos, situación que se encuentra protegida constitucionalmente por el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República de Chile", denegando la entrega de la información de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°2 de la citada ley.

Luego, el tercero manifiesta que la publicidad de los antecedentes afecta los derechos de carácter económico de la empresa, señalando que "podrían existir antecedentes de la operación de mi representada y sus contrataciones con terceros, se podría estar solicitando la entrega de contratos con terceros prestadores de servicios cuya información es estrictamente confidencial para cualquier empresa de esta índole (...) Es totalmente improcedente que personas ajenas al funcionamiento de mi representada, a excepción de autoridades que actúan con el objeto de hacer cumplir y fiscalizar ciertas regulaciones, puedan tener acceso a antecedentes que dan cuenta de temas tan sensibles", haciendo mención a los requisitos establecidos para la concurrencia de la causal de reserva alegada, indicando que "los requisitos anteriores concurren plenamente en el presente caso. Lo anterior, porque los antecedentes se refieren a materias técnicas propias del funcionamiento de una planta de tratamiento, los cuales no son generalmente conocidos, ni accesibles a personas que no forman parte de la misma, ya que evidentemente corresponden a la estrategia comercial y económica de cada empresa en particular".

3) AMPARO: El 18 de diciembre de 2018, don Felipe Guerra Schleef dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo y, mediante oficio N° E1798, de 11 de febrero de 2019, confirió traslado al Sr. Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos u observaciones, particularmente, respecto de: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) acompañe todos los documentos que acrediten la fecha de notificación de la comunicación al tercero, de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la oposición ingresó ante el órgano que usted representa; y, (4°) remita copia de la información denegada, haciendo presente a usted que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento.

Mediante Ord. N° 18/2019, de fecha 27 de febrero de 2019, el órgano evacuó sus descargos, adjuntando copia de escrito, en el cual, junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, que "en el avanzar de este análisis tanto técnicamente como en forma jurídica, esta parte ha llegado a la conclusión que resulta procedente la entrega de esta información, toda vez que formaron parte de procedimientos judiciales iniciados por CONAF con las correspondientes denuncias según lo establecido en la Ley 20.283 y D.L. 701", haciendo mención a 4 denuncias que el órgano habría interpuesto en contra de la empresa aludida en la solicitud, indicando que "las denuncias por infracción a la normativa forestal presentadas por CONAF ante los Juzgados de Policía Local tienen el carácter de públicas por lo que esta Institución calificó jurídicamente la causal de denegación de la información erróneamente, razón por la cual se acompañan todos los documentos solicitados por el interesado", adjuntando copia de una serie de informes técnicos, planos de inspección, minuta de fiscalizaciones, denuncias, sentencia, entre otros.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO: Este Consejo, mediante oficio N° E1799, de fecha 11 de febrero de 2019, notificó al tercero eventualmente afectado con la entrega de la información solicitada, esto es, a la empresa Hidroeléctrica Las Flores S.A., a fin de que presentara sus descargos y observaciones, haciendo mención expresa a los derechos que le asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la documentación requerida.

Sin perjuicio de lo anterior, hasta esta fecha, no existe constancia de que el tercero se haya pronunciado en los términos referidos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a diversos antecedentes relativos a las fiscalizaciones, procedimientos sancionatorios y/o eventuales sanciones cursadas por la CONAF al titular de la Minicentral Hidroeléctrica Las Flores S.A., en el contexto de la construcción u operación del referido proyecto hidroeléctrico. Al respecto, en su respuesta, el órgano denegó la entrega de la información solicitada, en virtud de la oposición formulada por el tercero, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, fundada en las causales de reserva del artículo 21 N°1, letra b), N°2, y lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Transparencia.

2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

3) Que, en la especie, cabe tener presente la alegación del tercero, en el sentido de que la solicitud de información no reuniría la totalidad de los requisitos que establece el artículo 12 de la Ley de Transparencia, particularmente, el indicado en la letra b). Al respecto, la citada norma señala los aspectos que toda solicitud de acceso a la información debe contener, entre ellos la "b) identificación clara de la información que se requiere", y, a su vez, dispone en su inciso 2° que "si la solicitud no reúne los requisitos (...) se requerirá al solicitante para que, en un plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición". Por su lado, el inciso 1° del numeral 2.2 de la Instrucción General N°10 del Consejo para la Transparencia, dispone que "Para el caso de no cumplir con uno o más de ellos, se comunicará de inmediato al requirente de esta situación, indicándole con exactitud cuál o cuáles requisitos debe subsanar y la forma de hacerlo".

4) Que, en dicho contexto, la información solicitada se refiere a toda la documentación que se disponga sobre fiscalizaciones, procedimientos sancionatorios o eventuales sanciones cursadas por CONAF a la empresa aludida, en la construcción u operación del proyecto hidroeléctrico, por lo que la documentación requerida aparece suficientemente explicitada y detallada. En efecto, el solicitante ha señalado claramente el tipo de información que requiere, el ámbito sobre el cual se refiere dicha petición, y la circunscribe específicamente a la empresa que indica. A mayor abundamiento, el procedimiento descrito en el inciso 2° del artículo 12 de la Ley de Transparencia, debe ser aplicado, en caso de ser necesario, por parte del órgano que recibe la solicitud de acceso, y no corresponde sea alegada por el tercero. Asimismo, cabe tener presente que, en la especie, la CONAF no dio lugar a dicho procedimiento, comprendiendo, a cabalidad, el alcance de la petición, incluso dando lugar a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, se desestimará dicha alegación.

5) Que, por otra parte, los argumentos esgrimidos por el tercero respecto de la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia no pueden ser considerados por carecer de la legitimación activa para alegarla. En efecto, conforme ha resuelto este Consejo, la mentada causal de reserva está establecida en forma exclusiva y excluyente, en favor de los órganos que pudiesen ver afectado el debido cumplimiento de sus funciones, y no en favor de los terceros. Asimismo, en virtud de lo expuesto por el órgano en sus descargos, vale tener en consideración que la decisión respecto de los procesos de fiscalización no corresponde a la institución reclamada, sino que depende de una sentencia dictada por el Juez de Policía Local competente, a partir de las denuncias interpuestas por la CONAF. En virtud de lo expuesto, la causal alegada por el tercero no podrá prosperar.

6) Que, con relación a la alegación del tercero referida a la afectación a los derechos económicos o comerciales, el órgano denegó la entrega de la información solicitada en virtud de la oposición de la empresa, fundada en la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia. Conforme a dicha norma se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información requerida "cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico". En tal sentido, este Consejo ha establecido los criterios orientadores a fin de determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales, esto es: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo).

7) Que, al respecto, conviene tener presente lo expuesto por el órgano, con ocasión de sus descargos, en el sentido de que la información consultada se refiere a fiscalizaciones que fueron puestas en conocimiento del juzgado de policía local competente, mediante la presentación de diversas denuncias por infracción a la normativa sectorial, y que, teniendo a la vista los antecedentes requeridos, no se refieren, en ningún caso, al funcionamiento o know-how de la empresa aludida, o a la operación de la planta hidroeléctrica, al tenor de lo señalado por el tercero. Asimismo, el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales establece que "Los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley".

8) Que, en virtud de lo expuesto, cabe concluir que la información requerida no es secreta, ni tiene un valor comercial, ni otorga a su titular ventajas competitivas. En consecuencia, igualmente, se desestimará dicha alegación.

9) Que, a mayor abundamiento, cabe tener presente que el órgano, con ocasión de sus descargos, accedió expresamente a la entrega de la información solicitada, señalando que "esta parte ha llegado a la conclusión que resulta procedente la entrega de esta información, toda vez que formaron parte de procedimientos judiciales iniciados por CONAF con las correspondientes denuncias según lo establecido en la Ley 20.283 y D.L. 701", y que "las denuncias por infracción a la normativa forestal presentadas por CONAF ante los Juzgados de Policía Local tienen el carácter de públicas (...)".

10) Que, en consecuencia, habiéndose desestimado las alegaciones del tercero, y tratándose de información que obra en poder del órgano reclamado, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada, pero debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la información que se entregue, tales como número de cédula de identidad, teléfonos, domicilios, correos electrónicos particulares, entre otros, según lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma ley.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Felipe Guerra Schleef en contra de la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables lo siguiente:

a) Entregar al reclamante copia de los antecedentes relativos a las fiscalizaciones, procedimientos sancionatorios y eventuales sanciones cursadas al titular de la Minicentral Hidroeléctrica Las Flores S.A., en el contexto de la construcción u operación del referido proyecto hidroeléctrico, debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la información que se entregue, tales como número de cédula de identidad, teléfonos, domicilios, correos electrónicos particulares, entre otros.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Felipe Guerra Schleef, al Sr. Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables, y a la empresa Hidroeléctrica Las Flores S.A., en su calidad de tercero.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.