logo
 

Ricardo Sánchez Valdés con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C6346-18

Consejo para la Transparencia, 06/06/2019

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones, ordenando la entrega de la información relativa a si se han revisado los antecedentes personales del solicitante en los sistemas informáticos del órgano reclamado, entre el 01 de octubre y 05 de noviembre de 2018, toda vez que se trata de antecedentes que quedan comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia. Lo anterior, por cuanto la Policía de Investigaciones puede satisfacer la solicitud de información, a lo menos, con una respuesta afirmativa o negativa, y en el primer caso proporcionar los antecedentes respectivos, y respecto de los cuales no se alegó ni acreditó alguna causal de reserva que justifique su denegación. Se rechaza el amparo en lo referido a la individualización del funcionario que habría revisado los antecedentes personales y reservados del requirente en los sistemas informáticos de la Policía de Investigaciones, para el caso que ello haya ocurrido, por cuanto su divulgación puede afectar el debido cumplimiento de las funciones de la Policía de Investigaciones de Chile.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6346-18

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile

Requirente: Ricardo Sánchez Valdés

Ingreso Consejo: 15.12.2018

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones, ordenando la entrega de la información relativa a si se han revisado los antecedentes personales del solicitante en los sistemas informáticos del órgano reclamado, entre el 01 de octubre y 05 de noviembre de 2018, toda vez que se trata de antecedentes que quedan comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia.

Lo anterior, por cuanto la Policía de Investigaciones puede satisfacer la solicitud de información, a lo menos, con una respuesta afirmativa o negativa, y en el primer caso proporcionar los antecedentes respectivos, y respecto de los cuales no se alegó ni acreditó alguna causal de reserva que justifique su denegación. Aplica criterio contenido en las decisiones Rol C406-12, C1259-12, y C492-13.

Se rechaza el amparo en lo referido a la individualización del funcionario que habría revisado los antecedentes personales y reservados del requirente en los sistemas informáticos de la Policía de Investigaciones, para el caso que ello haya ocurrido, por cuanto su divulgación puede afectar el debido cumplimiento de las funciones de la Policía de Investigaciones de Chile. Se aplica criterio de las decisiones de los amparos Roles C2306-14, C5022-18, y C6453-18.

En sesión ordinaria N° 997 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de junio de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6346-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 14 de noviembre de 2018, don Ricardo Sánchez Valdés formuló ante la Policía de Investigaciones de Chile una solicitud de información, requiriendo "solicito se me informe si se han revisado mis antecedentes personales y reservados, en los sistemas informáticos de la Policía de Investigaciones, entre los días 1 de octubre y 5 de noviembre de 2018. Además, y para el caso en que se haya realizado la revisión, solicito se me confirme si quien realizó la búsqueda de antecedentes fue la funcionaria PDI Milenka Slavia Markusovic u otro funcionario, caso en que solicito se le identifique".

2) RESPUESTA: La Policía de Investigaciones de Chile respondió a dicho requerimiento de información mediante carta de fecha 11 de diciembre de 2018, señalando, en síntesis, que no es posible contestar por esta vía el requerimiento, por cuanto no corresponde a una solicitud de acceso a la información pública.

3) AMPARO: El 15 de diciembre de 2018, don Ricardo Sánchez Valdés dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Policía de Investigaciones, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones, mediante oficio N° E1383, de fecha 01 de febrero de 2019. Se solicitó expresamente al órgano: indique las razones por las que, a su juicio, lo requerido no constituye una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia; considerando lo expuesto por el reclamante, aclare si la información solicitada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada.

El órgano reclamado, a través de oficio Ord. N° 190, de fecha 15 de febrero de 2019, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que, lo pedido no constituye una solicitud de información en los términos previstos en la ley de Transparencia, dado que se trata de los antecedentes del propio requirente, utilizando una norma legal que no solo no resultaría aplicable, sino que no contempla el derecho que exige.

Agrega, que lo solicitado tampoco se encuentra disponible en los términos que dispone el artículo 5 de la Ley de Transparencia, y por tanto para su entrega debería ser necesariamente elaborada o confeccionada a través de un proceso informático denominado "auditoría", cuyo trabajo además no es practicado a solicitud de particulares, por no encontrarse dentro de los derechos que confiere al titular la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada.

Hace presente que el peticionario solicita información respecto a un caso hipotético, referido por él como "para el caso en que se hayan revisado", hecho que tampoco se encuentra amparado en la Ley de Transparencia, y además realizar una auditoría a las bases de datos del sistema Biométrico vulnera los convenios que al efecto mantiene la Institución con el Servicio de Registro Civil e Identificación, destinados únicamente a ayudar en las investigaciones penales que le corresponde diligenciar, según las instrucciones que al efecto le imparta el Ministerio Público.

A mayor abundamiento, señala que realizar una auditoría solicitada por un particular claramente afectaría el orden público, en cuando a que todas las indagaciones llevadas a cabo en el marco de una investigación penal, aún sin formalizar, podrían quedar expuestas al público, al permitirse a través de este mecanismo verificar lo que esta policía realiza en el marco de las investigaciones penales en las que le corresponde intervenir. Asimismo, sostiene que el uso indebido de las claves de acceso a sistemas a través de los cuales se obtiene información personal por parte de los funcionarios policiales, da lugar a una investigación y sanción administrativa o penal, en su caso, y si la intención del solicitante era realizar una denuncia al respecto, ésta no es posible efectuarla al amparo de la Ley de Transparencia.

Finalmente, respecto de si la información pedida obra en su poder, señala que es posible obtenerla sólo si se realiza una auditoría a la clave de acceso al sistema Biométrico de la funcionaria que el solicitante señala, sin embargo, dichas auditorías no se realizan por solicitud de particulares, pues aquellos antecedentes no constan en alguno de los formatos que señala la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo es la entrega por parte de la Policía de Investigaciones de la información relativa a si se han revisado los antecedentes personales y reservados en los sistemas informáticos de la Policía de Investigaciones entre el 01 de octubre y el 05 de noviembre de 2018, y en caso afirmativo la indicación del funcionario que la realizó, al tenor de lo señalado en el N° 1 de lo expositivo, respecto de lo cual el órgano reclamado sostuvo que dicho requerimiento no constituye una solicitud de información conforme a la Ley de Transparencia, y además su entrega afectaría el orden público.

2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.

3) Que, respecto de la información relativa a si se han revisado los antecedentes personales y reservados del requirente en los sistemas informáticos de la Policía de Investigaciones entre el 01 de octubre y el 05 de noviembre de 2018, de los antecedentes examinados en el presente caso, en particular en atención el tenor literal en que se encuentra formulada la información pedida, y que el propio órgano reclamado sostuvo que la información pedida sí obra en su poder, discrepando sólo que no podría requerirse a través de la Ley de Transparencia, a juicio de este Consejo la solicitud queda comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia, por cuanto a lo menos puede ser satisfecha con una respuesta afirmativa o negativa, respecto de la revisión o no de los antecedentes personales del solicitante en los sistemas informáticos de la Policía de Investigaciones entre el 01 de octubre y el 05 de noviembre de 2018.

4) Que, a mayor abundamiento, cabe tener presente que este Consejo, según el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, tiene la atribución de resguardar el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada por parte de los órganos de la Administración del Estado. Por su parte el artículo 12 de la N° 19.628 establece que uno de los derechos del titular de los datos personales es exigir a quien sea responsable de un banco, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre los datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente. Este derecho es también conocido como derecho de acceso del titular de datos personales y se comprende dentro del habeas data. Por lo expuesto, analizada la legislación y los antecedentes del presente amparo, es posible determinar que sin perjuicio de lo dispuesto en la ley N° 19.628, la solicitud realizada por el reclamante puede ser amparada por la Ley de Transparencia, por consistir en información elaborada con fondos públicos y encontrarse en poder de la reclamada, que es pública, salvo que concurra alguna de las causales de reserva legales.

5) Que, sin haber invocado causal de reserva alguna, el órgano reclamado se limitó a señalar que entregar la información pedida afectaría el orden público, pudiendo quedar expuestas la investigaciones en curso, sin perjuicio de hacer presente que el uso indebido de las claves de acceso a sistemas a través de los cuales se obtiene información personal por parte de los funcionarios policiales, da lugar a una investigación y sanción administrativa o penal, pero cuya denuncia no puede realizarse a través de la Ley de Transparencia.

6) Que, de los antecedentes examinados, que tal como se indicó precedentemente, ha sido posible determinar que lo pedido sí queda comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia, por cuanto a lo menos puede ser satisfecha con una respuesta afirmativa o negativa respecto de la revisión de los antecedentes personales del requirente en los sistemas informáticos de la Policía de Investigaciones, todo ello respecto de un breve y determinado periodo, no existiendo elementos que permitan razonablemente denegar lo pedido en esta parte, bajo pretexto que su entrega puede producir una afectación presente o probable a la mantención del orden público, particularmente considerando que se requiere información por parte del propio titular de la misma, como asimismo porque el mismo órgano reclamado reconoce que el uso indebido de los sistemas informáticos por parte de los funcionarios policiales da lugar a una investigación a fin de determinar las responsabilidades administrativas o penales que correspondan, lo que implica que la condición básica para denunciar dicho uso indebido, es que el titular de la información pueda efectivamente tomar conocimiento si sus datos personales han sido revisados en dichos sistemas, sin necesidad de entregar mayor detalle sobre dicha revisión, razón por la cual se desestimará dicha alegación. Por consiguiente, no existiendo controversia acerca de que la información pedida obra en poder del órgano requerido, y no habiéndose acreditado alguna causal de reserva que justifique su denegación, este Consejo acogerá el amparo en esta parte.

7) Que, respecto de la información relativa a la identificación del funcionario que habría revisado los antecedentes personales y reservados del requirente en los sistemas informáticos de la Policía de Investigaciones entre el 01 de octubre y el 05 de noviembre de 2018, en el caso de respuesta positiva acerca de dicha circunstancia, cabe tener presente que el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, establece que "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido". En este sentido, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester acreditar una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.

8) Que, a juicio de este Consejo en este punto es aplicable lo razonado en el amparo Rol C2306-14 en orden a que "la divulgación de la identidad de los profesionales médicos que toman parte en los respectivos pronunciamientos institucionales de la reclamada, necesariamente supone un riesgo de afectación en el cumplimiento de sus funciones habituales. En efecto, exponer a los referidos especialistas a consultas de interesados, a recibir antecedentes por medios postales y electrónicos o verse obligados a atender llamados telefónicos que se le formulen para requerir información sobre el avance de sus respectivas presentaciones como a dar explicaciones por un eventual rechazo de los recursos o presentaciones efectuados por un particular, supone distraer a dicho personal de las tareas habituales que les han sido encomendadas, perjudicando además los procedimientos administrativos internos establecidos por la Superintendencia de Seguridad Social para impugnar sus dictámenes, circulares o resoluciones, tornándolos inoficiosos." Por otra parte, en este caso no se trata de funcionarios que hayan intervenido en la elaboración de un acto administrativo o en la toma de decisiones durante un procedimiento administrativo que amerite ser escrutada. En consecuencia, y acorde con el criterio citado así como lo sostenido en las decisiones C5022-18, y C6453-18, se rechazará en esta parte el presente amparo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Ricardo Sánchez Valdés en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones:

a) Informar al solicitante si se han revisado sus propios antecedentes personales en los sistemas informáticos de la Policía de Investigaciones, entre el 01 de octubre y 05 de noviembre de 2018.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento.

III. Rechazar el amparo respecto a la información relativa a la identificación del funcionario que habría revisado los antecedentes personales y reservados del requirente en los sistemas informáticos de la Policía de Investigaciones entre el 01 de octubre y el 05 de noviembre de 2018, para el caso que ello haya ocurrido, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

IV. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Ricardo Sánchez Valdés y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.