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Rafael Asenjo Pérez con SUBSECRETARIA DEL INTERIOR Rol: C5287-18

Consejo para la Transparencia, 06/06/2019

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría del Interior, ordenando la entrega del contrato, acto administrativo que lo aprueba, informes de actividades -incluidos los documentos anexados a éstos-, y las boletas de honorarios del trabajador consultado. Lo anterior, fundado en que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, justificándose, en mérito de la función que cumple todo servidor público, un control social sobre aquella información que resulta relevante a fin de establecer el debido cumplimiento de sus deberes. Sin embargo, en virtud del principio de divisibilidad deberá tarjarse todo dato personal de contexto contenidos en los antecedentes que se ordena entregar, esto es, correos electrónicos, números de teléfonos, cédula de identidad, firma, de conformidad a lo previsto en las Leyes de Transparencia y de Protección de la Vida Privada


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5287-18

Entidad pública: Subsecretaría del Interior.

Requirente: Rafael Asenjo Pérez.

Ingreso Consejo: 31.10.2018

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría del Interior, ordenando la entrega del contrato, acto administrativo que lo aprueba, informes de actividades -incluidos los documentos anexados a éstos-, y las boletas de honorarios del trabajador consultado.

Lo anterior, fundado en que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, justificándose, en mérito de la función que cumple todo servidor público, un control social sobre aquella información que resulta relevante a fin de establecer el debido cumplimiento de sus deberes.

Sin embargo, en virtud del principio de divisibilidad deberá tarjarse todo dato personal de contexto contenidos en los antecedentes que se ordena entregar, esto es, correos electrónicos, números de teléfonos, cédula de identidad, firma, de conformidad a lo previsto en las Leyes de Transparencia y de Protección de la Vida Privada.

Se representa el hecho de no haber otorgado respuesta dentro del plazo legal establecido para ello.

Finalmente, se representa severamente el haber condicionado de forma improcedente, inoficiosa y dilatoria el acceso a la información solicitada.

En sesión ordinaria N° 997 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de junio de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5287-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Por medio de Ord. N° 448, de fecha 06 de agosto de 2018, ingresó a la Subsecretaría del Interior, por derivación desde la Intendencia Regional de Los Ríos, el requerimiento de don Rafael Asenjo Pérez, en virtud del cual y respecto de la persona que singulariza, solicitó lo siguiente:

"copia del contrato de prestación de servicios, su decreto o resolución que lo aprueba y los informes de actividades que don [...] presentó durante el periodo julio 2013 hasta marzo 2014, con motivo de sus funciones como coordinador territorial regional del servicio de gobierno interior. Se requiere junto con los informes visados toda otra documentación que se haya acompañado como evidencia de que las actividades efectivamente se realizaron. Finalmente solicito copia de las boletas de honorarios emitidas por el señor [...] en ese periodo ya indicado y que fueron efectivamente pagadas".

2) RESPUESTA: Por Ord. N° 31943, de 24 de octubre de 2018, la Subsecretaría del Interior, accedió a la entrega de lo pedido, no obstante, expresa, atendido a que la información dice relación con la vida privada del consultado, la entrega de los antecedentes debe ser efectuada personalmente al titular de dichos datos o a su apoderado.

3) AMPARO: El 31 de octubre de 2018, don Rafael Asenjo Pérez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa. Lo anterior, en virtud a que el órgano recurrido exige la autorización del consultado para el retiro de antecedentes que, a su juicio, no están sujetos a reserva.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario del Interior, mediante oficio N° E10322, de 07 de diciembre de 2018, solicitando: "(1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) exponga, específicamente, sobre las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información en la forma y medio solicitado; (3°) señale las razones que fundamenten que la entrega de la información, solo podría efectuarse al titular de la misma o su mandatario; (4°) indique si, a su juicio, resultaba procedente aplicar el principio de divisibilidad, contenido en la el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia; (5°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (6°) de haber efectuado un nuevo análisis del requerimiento, que permita la entrega de la información, aplicando la divisibilidad de los datos correspondientes, remita la misma al solicitante, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC)".

Posteriormente, el órgano recurrido por Ord. N° 790, de 10 de enero de 2019, anexó copia de Ord. N° 31943, a través del cual otorgaron respuesta al requerimiento, antecedente que habría sido notificado de forma presencial al recurrente, el 26 de octubre de 2018, según comprobante que acompañan. Con lo anterior, conforme expresan, dan por cumplida la solicitud, sin pronunciarse respecto a lo consultado por este Consejo en el oficio de traslado.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer lugar, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso, consta que la entidad recurrida otorgó respuesta fuera del término legal. En razón de lo anterior, este Consejo representará al Sr. Subsecretario del Interior, en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) de la Ley Transparencia y al artículo 14 ya aludido.

2) Que, lo solicitado por el recurrente, en síntesis, es información relativa al contrato, informes de gestión y boleta de honorarios, de quien fuera, conforme se indica en la solicitud, "coordinador territorial regional del servicio de gobierno interior", durante el periodo señalado en el requerimiento. En tal sentido, el órgano recurrido, si bien, accedió a la entrega de dichos antecedentes, su disposición se encuentra condicionada a la autorización previa de la persona consultada, circunstancia que el reclamante objeta, atendida la naturaleza de la información pedida.

3) Que, en la especie, la información reclamada es de naturaleza esencialmente pública, toda vez que, según ha señalado reiteradamente este Consejo, la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Carta Fundamental y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. En efecto, y en mérito de la función que cumple todo servidor público, se justifica un control social sobre aquella información que si bien puede incidir en aspectos de la vida privada del funcionario, resulta relevante a fin de establecer el debido cumplimiento de sus deberes, durante la vigencia de su relación laboral.

4) Que, en consecuencia, tratándose de información pública, que obra en poder del órgano reclamado, y respecto de la cual no se configura causal de reserva alguna, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información descrita en el párrafo 1) de lo expositivo, debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la información que se entregue, tales como número de cédula de identidad, firma, teléfonos, domicilios particulares, casillas de correos electrónicos, entre otros, según lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma ley.

5) Que, finalmente, a juicio de este Consejo, el modo de obrar de la Subsecretaría del Interior, al condicionar la entrega de información de carácter público por estimar, de modo errado, que aquella es de naturaleza privada, y posteriormente omitir pronunciarse en tal sentido respecto de lo consultado por esta Corporación en oficio de traslado, constituye una infracción a los principios de máxima divulgación, divisibilidad y facilitación, contemplados en los literales d), e) y f) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, circunstancia que será representada severamente al Subsecretario del Interior, en lo resolutivo de la presente decisión.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Rafael Asenjo Pérez en contra de la Subsecretaría del Interior, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario del Interior:

a) Hacer entrega al reclamante de la información consignada en el numeral 1° de lo expositivo.

Lo anterior, debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la información que se entregue, tales como número de cédula de identidad, firma, teléfonos, domicilios particulares, casillas de correos electrónicos, entre otros, según lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma ley.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Subsecretario del Interior, la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber otorgado respuesta a la solicitud dentro del plazo legalmente previsto para ello. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.

IV. Representar severamente al Sr. Subsecretario del Interior, la infracción a los principios de máxima divulgación, divisibilidad y facilitación, contemplados en los literales d), e) y f) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, al haber condicionado de forma improcedente, inoficiosa y dilatoria el acceso a la información solicitada. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.

V. Encomendar a la Directora de Fiscalización de este Consejo hacer especial seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el numeral II.

VI. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Rafael Asenjo Pérez y al Sr. Subsecretario del Interior.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.