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Policía de Investigaciones de Chile con Consejo Para la Transparencia Rol: 361-2018

Corte de Apelaciones de Santiago, 18/04/2019

Policía de Investigaciones de Chile interpone reclamo de ilegalidad contra la decisión del Consejo Para la Transparencia, que hizo lugar al amparo de acceso a información pública y se ordenó la entrega de la información relativa al contenido del resultado de la Declaración del Historial Personal (DHP), atingente a una postulante a la institución. La Corte de Apelaciones rechaza el reclamo de ilegalidad deducido.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Jenny Book Reyes
  • Juan Silva Caileo
  • Omar Antonio Astudillo Contreras

Texto completo:

Santiago, dieciocho de abril de dos mil diecinueve.

Vistos:

Comparece la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), representada por su Directo General, don Héctor Espinoza Valenzuela, e interpone reclamo de legalidad contra de la decisión del Consejo Para la Transparencia, de fecha 26/07/2018 (notificada el 31/07/2018), recaída en proceso de amparo de acceso a la información pública (Rol N° C-4170- 2017), por medio de la cual se rechazó su reclamo y se ordena la entrega de la información relativa al contenido del resultado de la Declaración del Historial Personal (DHP), atingente a la postulante a la institución, do ña Lorena Madrid Gómez, conforme a la cual se determinó que dicha persona no pudiera ingresar a las filas a prestar sus servicios en esta Institución.

Relata que la señorita Lorena Madrid Gómez postuló a un cargo en la Institución (CAVAS-Metropolitano), siendo informada que no resultó seleccionada (DHP salió negativo). Ella requirió la entrega de una copia de su informe psicolaboral y, además, el perfil DHP. La respuesta fue negativa en lo que atañe a la Declaración del Historial Personal (DHP), ya que corresponde a un antecedente que se encuentra amparado en el Título VII de la Ley 19.974, sobre Sistema de Inteligencia del Estado, que establece la obligación de guardar secreto y la prohibición de divulgar la información contenida en dichos registros. Además, la divulgación del informe de inteligencia -elaborado por la PDI-, puede afectar el debido cumplimiento de las funciones de la PDI, bien jurídico protegido por el Art. 8°, inciso segundo, de la CPR, configurándose la causal de reserva del Art. 21, N° 5°, de la Ley de Transparencia. Asimismo, divulgar la información contenida en los DHP podría afectar también derechos de terceros cuyas declaraciones permitieron al Oficial evaluador fundar sus conclusiones acerca de la idoneidad de la reclamante para ingresar a la institución. Todo lo que se encuentra protegido por la causal de reserva del Art. 21, N° 2°, de la Ley de Transparencia en concordancia con la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

La requirente presentó amparo al Consejo para la Transparencia, proceso en el que la PDI hizo presente que su respuesta era concordante con los criterios del propio Consejo para la Transparencia y con lo dispuesto en el Art. 38 de la Ley N° 19.974, que ordena considerar secretos "los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos". La funcionalidad de esa regla de reserva está determinada por la posibilidad de restar del conocimiento público aquella información referida a las "actividades de inteligencia" que realicen aquellos órganos, las que comprenden necesariamente los registros de las actividades y novedades referentes al personal que ejecutó que actualmente ejecuta dichas labores.

Explica que la DHP corresponde a un proceso de investigación de los antecedentes personales del postulante para determinar su idoneidad moral y que consta de dos etapas: (i) La entrega personal y material que realiza el postulante respecto de sus datos personales y familiares; y (ii) La investigación practicada por el Oficial Policial designado, que se traduce en la verificación de los datos o antecedentes proporcionados por el interesados, relacionados con su persona y núcleo familiar. Tal proceso concluye con la emisión de un informe circunstanciado y de carácter reservado que contiene la opinión del investigador, en cuanto a si resulta conveniente o inconveniente el ingreso de un determinado postulante a la institución, considerando sus antecedentes personales y los intereses institucionales comprometidos. La normativa que regula el proceso de la DHP corresponde a la Orden General N° 2.122 (24/08/2006), que aprueba la cartilla instructiva para la investigación de la DHP y dispone las diligencias de averiguación y de confirmación antes aludidas.

En concreto, la reclamante plantea que se configura la causal de reserva que contempla el artículo 21 N° 2 de la Ley 20.285. En efecto, plantea que los datos aportados por el interesado a los fines de su postulación, constituyen antecedentes necesarios para determinar su idoneidad personal, los cuales permiten verificar si el postulante cumple o no cumple con los requisitos de ingreso para optar a un cargo en la Policía de Investigaciones de Chile. Ahora bien, esa información contiene datos que la Ley N° 19.968, sobre protección de Datos Personales, califica como "personales" e incluso "sensibles". Afirma que se configura en este caso la causal de secreto o reserva establecida en el Art. 21 N° 2°, de la Ley N° 20.285, porque con su entrega, divulgación o conocimiento se afectan "los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico". La decisión el Consejo para la Transparencia se traduce en que la PDI deberá entregar un documento que es elaborado por personal de inteligencia, al que se le eliminarían todos los antecedentes personales de aquellas personas, distintas de la titular, que prestaron declaración para elaborar la "Declaración de Historial Personal", lo que no satisface el estándar de protección de la Vida Privada, que contempla la Ley N° 19.628, por cuanto al eliminarse el dato, entregándose el informe con lo pertinente tarjado, igualmente permitirá conocer que aquella mantiene registros personales, que determinaron que al ser una persona importante de la red familiar del postulante, no reúna la idoneidad moral que se exige para ingresar a la Policía de Investigaciones de Chile.

En cumplimiento a lo ordenado comparece y se apersona la Directora General y representante legal del Consejo Para la Transparencia, evacuando el informe que le fuera requerido, que puede reseñarse en los términos que siguen:

1. - Sobre la titularidad de los datos: Señala que la DHP de quienes postulan a la PDI contiene información de carácter personal, protegida y amparada por la Ley N° 19.628, cuya normativa sólo autoriza la entrega de dicha información, al titular del dato personal protegido o a sus representantes, debidamente facultados para requerir dicha información, conforme al Art. 22 de la Ley N° 19.880. En tal sentido enfatiza que el titular de los datos personales y sensibles y de toda la información contenida en la DHP no es la PDI, sino la persona evaluada, es decir, doña Lorena Madrid Gómez, al tenor del Art. 2°, letra ñ) de la Ley 19.628, quien ha solicitado tener acceso únicamente a su DHP. Afirma que en el presente caso se está en presencia de la aplicación de la "Autodeterminación informativa", en virtud del cual la persona tiene derecho a proteger la dimensión activa o dinámica, de control y defensa de cierta información de su vida privada, de modo que el titular de los datos personales y sensibles pueda controlar su acceso y circulación.

2. - Sobre los derechos de terceros: Con relación a este extremo destaca que se dispone la entrega del DHP, pero previo tarjado de datos personales de terceros, por lo que no se afecta derecho alguno de dichos terceros. En efecto, como el DHP puede contener datos de carácter personal de terceros, se dispuso (Considerando 10° del fallo) que en forma previa a la entrega de la información, el órgano requerido deberá: 2.1.- Tarjar la identidad de terceros que con sus declaraciones permitieron al oficial evaluador fundar sus conclusiones acerca de la idoneidad del reclamante; 2.2.- Tarjar cualquier dato que permita inferirla esa identidad, máxime si tales declaraciones fueron emitidas en un contexto que permite suponer su desconocimiento acerca de la circunstancia de ser parte de una investigación para una postulación; y 2.3.- Cautelar la reserva de los domicilios u otros datos personales de dichos terceros recabados por el oficial investigador de la PDI, en el entendido que tal información está protegida por la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en concordancia con la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada.

Finalmente, la reclamada se hace cargo de la eventual causa de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley Transparencia, aseverando a ese respecto que no basta con la existencia de una Ley de Quórum Calificado que contemple una posibilidad de reserva si ello no se relaciona con alguno de los bienes jurídicos protegidos en el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República.

Se ordenó traer los autos en relación y se dispuso la agregación extraordinaria de esta causa en la Quinta Sala.

Considerando:

Primero: Antes de efectuar cualquier consideración sobre el asunto de fondo, resulta preciso poner en relieve que esta clase de reclamaciones participa de los caracteres de un mecanismo de control de legalidad de la decisión que adopta el Consejo Para la Transparencia (CPLT). A su turno, el CPLT emite su pronunciamiento en función de las causales de reserva que se hagan valer y que, por su lado, la competencia de esta Corte queda determinada por la o las causales de reserva en las que persevere o insista el reclamante. Dicho esto, cabe subrayar que las menciones que se contienen en el reclamo acerca de la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley del Ramo son meramente expositivas de lo actuado ante el CPLT, sin que exista un desarrollo en la reclamación que permita sostener que se persiste en ella. Al ser así, la decisión de este Tribunal debe circunscribirse a la única causal que se esgrime verdaderamente en la reclamación, esto es, la que consagra el artículo 21 N° 2 de la citada Ley 20.285;

Segundo: La cláusula legal respectiva prescribe que debe mantenerse la reserva o secreto de los datos o antecedentes que están en poder de la Administración, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento "afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económicos" Al amparo de esta causal de reserva la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) señala que debiera impedirse la entrega de esa información, porque se afectan derechos de terceros al revelarse datos sensibles atingentes a su personalidad;

Tercero: En lo inmediato debe acentuarse que la ley contempla diversas hipótesis de reserva en el citado artículo 21 N° 2, tales como la eventual afectación la seguridad, salud o esfera de la vida de esas terceras personas. Sin embargo, la reclamación planteada por la PDI adolece de imprecisión y excesiva generalidad porque ni siquiera cuál de todas esas situaciones podría configurarse, en concreto, con la entrega de la Declaración de Historial Personal (DHP), lo que ya es un obstáculo para que pueda prosperar su reclamo;

Cuarto: Se ha dicho anteriormente por esta Corte que la publicidad de los actos del Estado, en particular de la información que éste ha recogido a través de sus órganos, debe operar como un medio para el control de los asuntos públicos. Empero, ello no puede llegar al extremo de dañar o abrogar los atributos de la personalidad, porque las definiciones en esta clase de asuntos no pueden ser absolutas, de todo o nada. En ese orden de ideas, como lo hace notar la reclamada en su informe, el artículo 11 de la Ley 20.285 consagra el principio de divisibilidad, esto es, si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida y otra cuya publicidad es factible efectuar la correspondiente disgregación;

Quinto: Aun cuando pueda resultar una obviedad, no está de más indicar que no puede existir impedimento para la entrega a su titular de toda la información que le concierne. En lo que interesa verdaderamente para estos fines, debe subrayarse que se ordena excluir de la entrega de información contenida en la DHP, todos aquellos datos de orden personal que permitan identificar o conducir al establecimiento de la identidad de aquellas personas cuyas declaraciones se recogieron por el oficial respectivo. De ese modo, esta Corte no advierte cómo los antecedentes relevados de secreto puedan ser capaces de comprometer la privacidad o los derechos de personalidad de esas terceras personas;

Por estas razones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Transparencia, se rechaza el reclamo de ilegalidad deducido en esta causa.

Se previene que el ministro señor Astudillo concurre al rechazo de la reclamación, teniendo especialmente presente que la falta de colaboración de la PDI, al negarse a entregar copia de la Declaración de Historial Personal, impide efectuar un juicio en concreto acerca de la eventual afectación de los derechos de terceros. Sin ese antecedente sólo pueden efectuarse meras conjeturas acerca de que el contenido de las declaraciones de los terceros podría conducir al establecimiento de su identidad. Al ser as í, la única solución posible resulta ser la entrega de la información en los términos que dispusiera el CPLT. En efecto, como no hay razones atendibles o motivos demostrados que legitimen la reserva de información, debe prevalecer la publicidad del acto de la Administración, máxime si se han adoptado los resguardos para proteger los derechos de terceros.

Redactó el ministro señor Astudillo.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

Rol N° 361-2018.-

No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma el Ministro (S) señor Silva Opazo, por ausencia.

Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Omar Antonio Astudillo C. Jenny Book R. Santiago, dieciocho de abril de dos mil diecinueve.

En Santiago, a dieciocho de abril de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.