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440-2018 Rol: 440-2018

Corte de Apelaciones de Santiago, 03/05/2019

Policía de Investigaciones de Chile interpone reclamo de ilegalidad en contra de la resolución del Consejo para la Transparencia, que hizo lugar al amparo por acceso a la información y ordenó la entrega de un acto administrativo que no existe. La Corte de Apelaciones hace lugar al reclamo de ilegalidad deducido.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Acogido


Ministros:

  • Juan Cristóbal Mera Muñoz
  • Mireya López Miranda
  • Tomas Gray G.

Texto completo:

Santiago, tres de mayo de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

1°) Comparece don Rodrigo Balart Carrizo, abogado en representación de la Policía de Investigaciones de Chile, servicio público, representado por su Director General señor Héctor Espinoza Valenzuela, funcionario público, quien deduce reclamo de ilegalidad en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia, representado por su presidente Raúl Ferrada Carrasco, abogado, domiciliado en Morandé N° 360 piso 7 Santiago, y adoptada en el proceso rol C 2330 2018, por la que le ordena la entrega de un acto administrativo que no existe por parte de la Institución, relativo a la exigencia para salir del país de menores de edad cuando el cuidado personal de aquellos se encuentran entregados a un tercero distinto de los padres, por aplicación del artículo 49 de la Ley N° 16.618.

Explica que el señor Gonzalo López Rodríguez, solicitó se le indicara cuáles son los documentos que debe exhibir un menor de edad para salir del país, en el caso que su tuición y/o cuidado personal haya sido conferido a un tercero distinto de los padres respecto de quienes no existe derecho de visitas regulado, cuando además sea acompañada en su salida del país por dicho tercero que es el tutor. Se hace presente que por un problema con el correo electrónico de respuesta, el requirente reclamó ante el Consejo para la Transparencia, órgano que mediante un procedimiento denominado SARC (Solución Anticipada de Conflictos y Reclamos) requirió los antecedentes.

Añade que respondió al Consejo para la Transparencia indicando que la Policía de Investigaciones se rige por la normativa vigente y que para el caso particular se aplica lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley N° 16.618 el que reproduce. Indica que la respuesta no dejó conforme al señor López Rodríguez, por lo que el Consejo para la Transparencia ordenó a la institución entregar lo siguiente: "Del antecedente que dé cuentas de los documentos que se deben exhibir para obtener la autorización de salida del país de un menor de edad, cuando su cuidado personal ha sido conferido a un tercero distinto de los padres, si respecto de estos últimos no existe derecho de relación directa y regular. Así como también, de aquella documentación que dé cuenta del motivo por el cual la Policía de Investigaciones de Chile, exige exhibir una autorización de los padres y/o judicial para la salida del país de menores, no obstante su cuidado personal haya sido delegado a un tercero judicialmente".

En concepto de la reclamante, el Consejo para la Transparencia le impone la dictación de actos administrativos que dan cuenta de los requisitos que la propia normativa de menores exige, pese a habérsele indicado que se aplica lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley N° 16.618.

Agrega que la disconformidad del señor González Rodríguez debe ser canalizada judicialmente por cuanto dice relación con la salida de menores fuera de Chile.

Conforme a lo expuesto solicitó, se acoja el presente reclamo y se revoque la decisión del Consejo para la Transparencia.

2°) Informó el reclamo, doña Daniela Moreno Tacchi, cientista política, Directora General Suplente y representante legal del Consejo para la Transparencia. Refiere los antecedentes del reclamo que formuló don Gonzalo López Rodríguez, que el Consejo realizó gestiones para alcanzar una solución anticipada a este amparo. La PDI indicó que la salida de menores fuera del país se rige por el artículo 49 de la Ley N° 16.618, y que atendido el tenor de dicha norma, no consta de ninguna forma el cumplimiento del requisito descrito en sus incisos tercero y cuarto, que requieren que se acredite la circunstancia de no encontrarse reguladas visitas respecto de aquellos padres a quienes les fue privado el cuidado personal, e indicó que la salida de menores fuera del país debe ceñirse estrictamente a la normativa que lo determina, no siendo de su competencia interpretar las normas, para lo cual se requiere una resolución judicial que constatando la inexistencia de un régimen de visitas, le permita salir del país con la menor, sin que se requiera del consentimiento de los padres.

Se indica que esta respuesta se comunicó al señor López Rodríguez y se expuso que debía señalar si los antecedentes proporcionados por el órgano reclamado satisfacen o no su requerimiento de información. Dicha persona, manifestó su disconformidad porque en su concepto no se refería a lo específicamente solicitado, es decir, indicar los requisitos para la salida del país de un menor, cuyo cuidado haya sido conferido judicialmente a un tercero, cuando no se encuentre regulado derecho de visitas en favor de los padres, ni se haya iniciado proceso judicial para tal efecto.

El Consejo para la Transparencia acordó admitir a tramitación el amparo y confirió traslado al Director General de la Policía de Investigaciones con fecha 5 de julio de 2018 para que formule sus descargos y observaciones, sin que hasta la fecha ello haya ocurrido.

Se informa que se decidió acoger el amparo. Se indica el marco normativo que regula la salida de los menores del país, se indica que el artículo 49 de la Ley N° 16.618 se refiere a los casos cuando sí existe regulación judicial del derecho a mantener relación directa y regular, pero no al caso específico que afecta al solicitante de información, en que no existiría un derecho de visita regulado en favor de un menor de edad.

Se sostiene que la decisión de amparo no es ilegal por cuanto se ajusta a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política de la República y a los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, ya que la PDI no debe dictar actos administrativos para dar cumplimiento a la obligación de entregar los documentos y procedimientos que en conformidad a la normativa legal exige para permitir la salida de menores del país.

Finalmente se indica que la PDI no acreditó la inexistencia de la información, por lo que se le ordenó primeramente que proceda a su entrega, y en caso de que no obre en su poder, se acredite dicha circunstancia, estimando que no se incurrió en ilegalidad por lo que solicita el rechazo del reclamo de ilegalidad.

3°) Que se notificó del presente reclamo de ilegalidad a don Gonzalo López Rodríguez, en su calidad de tercero interesado y se certificó en autos con fecha 10 de abril último, que el señor López no formuló descargos u observaciones y que el plazo para hacerlo venció.

4°) De lo expuesto previamente el debate planteado por la Policía de Investigaciones de Chile de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 28 y siguientes de la Ley N° 20.285, consiste en determinar si se incurrió en ilegalidad al dictar la decisión de amparo por el Consejo para la Transparencia en los autos Rol C2330 2018 que ordenó a la reclamante entregar a don Gastón López Rodríguez lo siguiente:

" a. Copia del antecedente que dé cuenta de los documentos que se deben exhibir para obtener la autorización de salida del país de un menor de edad, cuando su cuidado personal ha sido conferido a un tercero distinto de los padres, si respecto de estos últimos no existe derecho de relación directa y regular establecido.

b. Copia de la documentación que dé cuenta del motivo por el cual la Policía de Investigaciones de Chile, exige exhibir una autorización de los padres y/o judicial para la salida del país de menores, no obstante su cuidado personal haya sido delegado a un tercero judicialmente.

Sin perjuicio de lo cual, en el evento de no obrar en poder del órgano reclamado alguno o ambos de los antecedentes pedidos, éste deberá comunicar y acreditar tal situación al reclamante y a este Consejo.".

5°) La Policía de Investigaciones considera ilegal la decisión, puesto que entiende que se le obliga a dictar un acto administrativo en relación a las exigencias para la salida de menores del país cuando su cuidado está confiado a un tercero, en circunstancias que dicha salida del país se encuentra regulada en la ley, específicamente en el artículo 49 de la Ley N° 16.618.

6°) La norma citada como sustento del reclamo de ilegalidad prescribe lo siguiente:

"La salida de menores desde Chile deberá sujetarse a las normas que en este artículo se señalan, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley N° 18.703. Si la tuición del hijo no ha sido confiada por el juez a alguno de sus padres ni a un tercero, aquél no podrá salir sin la autorización de ambos padres, o de aquel que lo hubiere reconocido, en su caso. Confiada por el juez la tuición a uno de los padres o a un tercero, el hijo no podrá salir sino con la autorización de aquél a quien se hubiere confiado.

Decretada por el tribunal la obligación de admitir las visitas a que se refiere el artículo anterior, se requerirá también la autorización del padre o madre que tenga derecho a visitar al hijo. El permiso a que se refieren los incisos anteriores deberá prestarse por escritura pública o por escritura privada autorizada por un Notario Público. Dicho permiso no será necesario si el menor sale del país en compañía de la persona o personas que deben prestarlo. En caso de que no pudiere otorgarse o sin motivo plausible se negare la autorización por uno de aquéllos que en virtud de este artículo debe prestarla, podrá ser otorgada por el juez de letras de menores del lugar en que tenga su residencia el menor. El juez, para autorizar la salida del menor en estos casos, tomará en consideración el beneficio que le pudiere reportar y señalará el tiempo por el que concede la autorización. Expirado el plazo a que se refiere el inciso anterior sin que el menor, injustificadamente, vuelva al país, podrá el juez decretar la suspensión de las pensiones alimenticias que se hubieren decretado.

En los demás casos para que un menor se ausente del país requerirá la autorización del juzgado de letras de menores de su residencia.".

7°) Para examinar la legalidad de la decisión, conviene recordar el artículo 10 de la Ley N° 20.285 que regula el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado y que dispone lo siguiente:

"Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece la ley.

El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales".

De lo expuesto queda en evidencia que el acceso a la información que se busca debe estar contenida en alguno de los instrumentos que menciona el inciso segundo de la norma citada, por lo que si el órgano recurrido frente a la consulta que se le formula responde que la información que se requiere está en la ley y refiere en forma explícita el texto legal al que alude, no puede ser obligado a entregar una información adicional que no está contenida en los instrumentos que refiere el inciso segundo del artículo 10 previamente transcrito.

En consecuencia, el acceso a la información no puede estar vinculado a información que consta en la propia ley, tal como ha sostenido la Policía de Investigaciones, por lo tanto la orden dispuesta por la decisión de amparo excede las competencias del órgano reclamado, al disponer la entrega de una información cuyo contenido está en la ley.

8°) No obsta a lo decidido, la circunstancia planteada por el requirente de información, en cuanto expone que en su situación particular él tiene el cuidado de su nieta sin que los padres tengan derecho de relación directa y regular establecido judicialmente, y que por lo tanto lo que busca es conocer cómo acredita que los padres no tienen un régimen de relación directa y regular si el asunto no está judicializado; por cuanto esa interrogante aparece resuelta expresamente por la PDI en el procedimiento de Sistema Anticipado de Resolución de Controversia (SARC) mediante la respuesta de 18 de junio de 2018 al recurrente de información, al decirle que en el caso planteado se requiere "una resolución judicial que constatando la inexistencia de un régimen de visitas, le permita salir del país con la menor, sin que se requiera del consentimiento de los padres a quienes les correspondería".

9°) La respuesta dada por la institución policial en el procedimiento SARC sumado al texto legal invocado por la Policía de Investigaciones impedía acoger el amparo deducido en su contra, pues claramente el asunto planteado estaba regulado por ley, más aún cuando la norma de la Ley N° 16.618 prescribe en su parte final: "En los demás casos para que un menor se ausente del país requerirá la autorización del juzgado de letras de menores de su residencia".

10°) Conforme a lo señalado, procede acoger el reclamo de ilegalidad, pues la decisión de amparo se dictó respecto de una información contenida en la ley y por tanto no prevista en el artículo 10 de la Ley N° 20.285.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley N° 20.285 se acoge, sin costas el reclamo de ilegalidad deducido por la Policía de Investigaciones de Chile en contra del Consejo para la Transparencia y en consecuencia, se deja sin efecto, por ilegal, la decisión de amparo dictada en la causa C 2330 2018, por lo que el amparo deducido debe quedar rechazado.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redactó la Ministra Mireya López Miranda.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la Ministro señora Mireya López Miranda y por el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo.

Rol N° 440-2018.