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Consejo de Defensa del Estado con Consejo para la Transparencia Rol: 70-2018

Corte de Apelaciones de Santiago, 29/04/2019

Se dedujo reclamo de ilegalidad en contra de la Decisión de Amparo del Consejo para la Transparencia, que acogió parcialmente los amparos de acceso a la información pública interpuestos ordenando la entrega al amparado de copia de las evaluaciones de desempeño respecto de funcionarios, tarjando previamente todos los datos personales de contexto consignados en dichos instrumentos, como asimismo todos datos personales sensibles relativos, por ejemplo, al estado de salud de los respectivos funcionarios. Consejo rechaza el reclamo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado

Ministros:

  • Jaime Balmaceda Errázuriz
  • Juan Poblete Méndez
  • Leopoldo Llanos Sagristá

Texto completo:

Santiago, veintinueve de abril de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en la presente causa doña María Eugenia Manaud Tapia, en calidad de Presidenta del Consejo de Defensa del Estado dedujo reclamo de ilegalidad con fecha 21 de febrero de 2018, en contra de la Decisión de Amparo, roles acumulados C- 3.139-17 y C-3.140-17, pronunciado por el Consejo para la Transparencia, que acogió parcialmente los amparos de acceso a la información pública interpuestos por Elmir Javier De La Cuadra Caminos, ordenándole la entrega al amparado de copia de las evaluaciones de desempeño respecto a los funcionarios Daniel Medina Berrocal y Natalio Vodanovic Schnake, tarjando previamente todos los datos personales de contexto consignados en dichos instrumentos, como asimismo todos datos personales sensibles relativos, por ejemplo, al estado de salud de los respectivos funcionarios. Lo anterior, en conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre Protección a la Vida Privada, y a Ley de Transparencia en su artículo 21 N° 5.

Expresa que mediante dos solicitudes de acceso de fecha 23 de junio de 2017, Elmir Javier De La Cuadra Caminos, solicitó al CDE información sobre los abogados de la Procuraduría Fiscal de Valdivia, Daniel Medina Berrocal y Natalio Vodanovic Schnake.

Luego, mediante oficios de 26 de julio de 2017, la Presidenta del CDE solicitó pronunciamiento a los funcionarios conforme al artículo 20 de la Ley N° 20.285.

Mediante sendas Notas Internas ambos funcionarios, informaron su oposición respecto de la entrega de la información relacionada con sus evaluaciones de desempeño, manifestando Medina Berrocal que funda dicha negativa en sospechar un mal uso de la información por existir una causa particular en la que intervino en contra del requirente.

Mediante oficios de 22 de agosto de 2017 el CDE dio respuesta al solicitante denegando parcialmente la entrega de información pedida, solo en cuanto a la información relativa a las evaluaciones de desempeño de los funcionarios indicados, conforme al artículo 21 N° 2 de la ley 20.285, en relación al artículo 20 de la misma ley.

Finalmente, mediante oficios de 31 de enero de 2018, el CPLT notificó su decisión final recaída en los amparos acumulados, resolviendo acoger parcialmente el requerimiento y ordenando al CDE la entrega de la información de las evaluaciones de desempeño de los funcionarios Medina y Vodanovic, tarjando la información ya señalada.

Seguidamente el CDE da cuenta su legitimación activa para interponer el reclamo y de las ilegalidades en que incurre la decisión de amparo, porque: 1.- la información se encuentra amparada por la excepción objetiva de denegación de información fundada en el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, y 2.- por no ponderar la opción planteada por los afectados.

Como conclusión y petición concreta solicita acoger el presente reclamo, dejando sin efecto el señalado acto, resolviendo que el CDE ha actuado conforme a derecho al denegar las evaluaciones de desempeño de sus funcionarios Natalio Vodanovic y Daniel Medina.

Segundo: Que con fecha 8 de marzo de 2018 Elmir Javier De La Cuadra Caminos, evacúa traslado, solicitando se rechace la reclamación del CDE.

Tercero: Que con fecha 20 de marzo de 2018 el CPLT por medio de su Director General y representante legal, evacúa su traslado, solicitando el rechazo de la totalidad del reclamo de ilegalidad presentado por el CDE, resolviendo mantener o confirmar la decisión de Amparo Roles N° C-3.139-17 y N° C-3.140-17.

Cuarto: Que el reclamo de ilegalidad tiene por finalidad revisar por esta Corte si el CPLT, ha infringido el ordenamiento vigente para este asunto, faltando a su obligación de respetar el amparo dispuesto en N° 2 del artículo de la Ley N° 20.285, relacionado a la excepción objetiva de denegación de información, y por no realizar una adecuada ponderación de la oposición de los afectados.

Quinto: Que, en ejercicio de la facultad mencionada en el motivo anterior se deben analizar por esta Corte las peticiones formuladas por la reclamante y sus fundamentos, siendo estas las detalladas en la consideración primera.

Sexto: Que el CPLT al evacuar el traslado, señala los siguientes argumentos para fundar su petición de rechazo del reclamo:

1. - el CDE carece de legitimación para efectuar alegaciones que importen invocar la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, bajo el argumento de que la revelación de la información afectará el derecho a la vida privada de los funcionarios consultados, no pudiendo alzarse como agente oficiosos de terceros, menos aun cuando ellos han optado por no reclamar de ilegalidad en defensa o protección de sus derechos, renunciando tácitamente a la causal de reserva de la norma legal y citada;

2. - la información relativa a la evaluación de desempeño de funcionarios públicos es pública en virtud de los dispuesto en los artículos 5, 10 y 11 letra c) de la Ley de Transparencia y 8° de la Constitución Política de la Republica, ya que versa sobre una medición del desempeño de los funcionarios públicos consultados, sirviendo su resultado de fundamento para la adopción de decisiones públicas;

3. - la información referida a evaluación de desempeño de los funcionarios del Consejo de Defensa del Estado no se encuentra comprendida en la hipótesis de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto se relaciona con el cumplimiento de los principios de probidad y transparencia aplicable a quienes se desempeñan en órganos públicos o en aquellos creados para el cumplimiento de funciones administrativas; y

4. - la Ley de Transparencia en su artículo 11 letra g), expresamente prohíbe exigir causa, motivo o interés para presentar una solicitud de información pública; cómo, asimismo, en su artículo 19 impide condicionar o restringir el uso de ésta en caso de proporcionarse, por lo que las alegaciones de la reclamante que cuestionan el interés del solicitante resulten contrarias al texto expreso de la ley.

Séptimo: Que habiéndose recibido la causa a prueba, ésta no fue rendida por la reclamante para acreditar sus asertos.

Octavo: Que de todos los antecedentes que obran en el proceso no aparece que el Consejo para la Transparencia haya incurrido en ilegalidad en su actuar, situación que tampoco ha sido demostrado por el reclamante en estos autos, por lo que no se aprecia que haya infringido las disposiciones legales invocadas por el actor.

En efecto, esta Corte comparte lo informado por el órgano reclamado, esto es, que la información referida a evaluación de desempeño de los funcionarios del Consejo de Defensa del Estado no se encuentra comprendida en la hipótesis de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto se relaciona con el cumplimiento de los principios de probidad y transparencia aplicable a quienes se desempeñan en órganos públicos o en aquéllos creados para el cumplimiento de funciones administrativas. Así, la información relativa a la evaluación de desempeño de funcionarios públicos es pública en virtud de los dispuesto en los artículos 5, 10 y 11 letra c) de la Ley de Transparencia y 8° de la Constitución Política de la Republica, ya que versa sobre una medición del desempeño de los funcionarios públicos consultados, sirviendo su resultado de fundamento para la adopción de decisiones públicas.

Por tales razones, no se configura en la especie la causal de reserva del Art. 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, que establece que se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información: "2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico", desde el momento que, como se ha dicho, ninguno de esos bienes jurídicos aparece afectado por la decisión que se reclama.

Por el contrario, de los antecedentes acumulados en autos se observa que el reclamado ha actuado dentro de facultades legales y en uso de su legítima competencia, razones que lleva al rechazo de este recurso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas y en el artículo 28 de la ley 20.285, se rechaza el reclamo deducido en lo principal de la presentación deducida el 21 de febrero de 2018, por doña María Eugenia Manaud Tapia, en representación del Consejo de Defensa, en contra de la decisión de amparo, Roles acumulados C-3.139-17 y C-3.140-17, pronunciada por el Consejo para la Transparencia.

Regístrese, comuníquese y archívese, sino se apelare.

Redacción del Ministro Poblete.

RECLAMACIÓN CIVIL N° 70-2018.-

Pronunciada por la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Presidida por el Ministro señor Leopoldo Llanos Sagristá, e integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz y por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez. No firma el ministro señor Poblete, por encontrarse con licencia médica.

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Leopoldo Andrés Llanos S. Jaime Balmaceda E. Santiago, veintinueve de abril de dos mil diecinueve.

En Santiago, a veintinueve de abril de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.