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Gendarmería de Chile con Consejo para la Transparencia Rol: 604-2018

Corte de Apelaciones de Santiago, 25/04/2019

Se deduce reclamo de ilegalidad en contra de la decisión adoptada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, con motivo del proceso de amparo de información pública. Corte rechaza el reclamo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Guillermo E. De La Barra D.
  • Maritza Villadangos Frankovich
  • Paola Plaza González

Texto completo:

Santiago, veinticinco de abril de dos mil diecinueve.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 29 de diciembre del año pasado comparece don Christian Alveal Gutiérrez, Director Nacional de Gendarmería de Chile, quien deduce reclamo de ilegalidad en contra de la decisión adoptada con fecha 11 de diciembre de 2018, por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, con motivo del proceso de amparo de información pública rol N° C3932-18.

Indica que la mencionada medida acogió el amparo interpuesto por don Álvaro Aburto Guerrero respecto del pronunciamiento de Gendarmería de Chile que previamente le otorgó parcialmente la información que solicitó a dicha entidad, esto es, "... nombre y número de cédula de identidad de las personas que estén cumpliendo actualmente penas efectivas por causa relativas a violaciones a los derechos humanos, indicando: a) el lugar de cumplimiento de la condena (indicando(sic) el nombre del establecimiento penitenciario); b) la fecha de ingreso; y c) la fecha de cumplimiento de la sanción", puesto que aplicando el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley 20.285, se dictaminó tarjar los nombres, apellidos y RUT de los condenados, por tratarse de datos que se encuentran protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales, N° 19.628.

Explica que la decisión impugnada ordenó a la institución hacer entrega al reclamante de copia de la "Nómina de Internos por Delitos contra los Derechos Humanos", sin tarjar los nombres, apellidos y números de cédula nacional de identidad en ésta contenidos, imposición que los obliga a vulnerar abiertamente los artículos 21 N° s 2 y 5 de la Ley 20.285 y 2 letra f) y 7 de la Ley 19.628.

Fundamentando su reclamo esgrime, en resumen, los siguientes argumentos:

1. - Arguye, en primer término, el motivo de reserva del numeral 2° del artículo 21 de la Ley 20.285, aduciendo sobre el particular que la publicidad de los datos requeridos podría afectar los derechos de los condenados y de sus familiares, especialmente su vida privada, constituyéndose, además, en un obstáculo a la efectiva reinserción social.

2. - Enarbola, también, la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 5 de la Ley 20.285, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, el cual señala que "las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligados a guardar secreto sobre los mismos cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo",

3. - Plantea, enseguida, la posibilidad de que durante el transcurso del ingreso de la solicitud de información y la fecha actual exista algún caso en que la persona haya cumplido su pena o fallecido, situación esta última en la que se estarían entregando datos de carácter personal y/o sensibles de una persona muerta, por lo que la protección de datos personales se haría extensiva a su familia.

Pide, en definitiva, que se revoque la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia, declarando en su lugar "que se rechaza totalmente el amparo deducido por el reclamante, al no cumplir dicha petición con el estándar exigido por la Ley 19.628 y 20.285';

SEGUNDO: Que mediante resolución de fecha 1° de febrero de este año se tuvo por interpuesto el presente recurso de reclamación y se confirió traslado al Consejo para la Transparencia y al tercero interesado, don Álvaro Aburto Guerrero;

TERCERO: Que evacuando el informe de rigor doña Andrea Ruiz Rosas, abogada, en representación del Consejo para la Transparencia, solicita que el presente reclamo sea rechazado en todas sus partes, en virtud, en síntesis, de las siguientes consideraciones:

a) .- Indica, en primer lugar, que ha sido el constituyente quien ha permitido expresamente el conocimiento público de los nombres y RUT de las personas recluidas en recintos penitenciarios, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 N° 7 letra d) de la Carta Fundamental.

b) .- Sostiene, a continuación, que el legislador permite el tratamiento de datos sobre condenas por delitos mientras no esté cumplida o prescrita la sanción o la pena, pues ha efectuado "ex ante" un juicio de ponderación que lo ha llevado a descartar la eventual afectación de los derechos de los condenados.

Hace presente que en ningún caso puede la pretendida ilegalidad sustentarse en el hecho de que entre la fecha de la solicitud de información y la época del reclamo de ilegalidad, existieran casos en los que las personas condenadas fallecieron o cumplieron su pena, pues tal hipótesis constituye una alegación nueva que no formó parte de los descargos efectuados a la presentación de amparo.

c) .- Argumenta, también, que el derecho a la vida privada y honra no son derechos absolutos, resultando procedente la entrega de la información consistente en los nombres, apellidos y números de cédula nacional de identidad de los condenados, que actualmente cumplen condenas por delitos relativos a violaciones a los derechos humanos, pues existe un interés público prevalente en el acceso a dicha información, mientras la condena no se cumpla, por lo que no se afectan sus derechos y no concurren las reservas alegadas, de acuerdo a lo exigido en el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política de la República.

d) .- Expresa, finalmente, que la existencia del Registro General de Condenas a cargo del Registro Civil e Identificación no es óbice para coartar el derecho de acceso a la información, en tanto lo solicitado en este caso es público, por disposición constitucional, obrando en poder de Gendarmería de Chile.

Termina solicitando el rechazo del reclamo de ilegalidad presentado y que se confirme o mantenga la decisión de amparo rol C3932-18;

CUARTO: Que evacuando traslado el tercero interesado, don Álvaro Aburto Guerrero, solicitó también el rechazo de la presente reclamación, argumentando, fundamentalmente, la publicidad del registro cuyo detalle se solicita; la inexistencia de prohibición normativa del rango legal exigido por el artículo 8 de la Carta Fundamental, que impida conocer la identidad de algún interno de un centro penitenciario; que la información requerida fue expresamente únicamente aquella que dice relación con personas "que están actualmente cumpliendo condena"; y el interés público de la misma;

QUINTO: Que con fecha 14 de marzo de 2018, se trajeron estos autos en relación. El 2 de abril de este año se procedió a la vista de la causa, con intervención de los apoderados de la reclamante, de la reclamada y del tercero interesado;

SEXTO: Que para una adecuada inteligencia del asunto y resolución del recurso de reclamación interpuesto, cabe tener presente las siguientes circunstancias no controvertidas por los intervinientes:

i) .- Con fecha 9 de julio de 2018, don Álvaro Aburto Guerrero realizó una presentación a Gendarmería de Chile, requiriendo una serie de antecedentes, pormenorizados en el motivo Primero.

ii) .- Mediante carta N° 2.290, a la que se adjuntó el oficio N° 4, de fecha 17 de agosto de 2018, se accedió parcialmente a la entrega de la información requerida, pues aplicando el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley 20.285, se tarjaron los nombres, apellidos y número de cédula de identidad de los condenados, por tratarse de datos protegidos por la Ley 19.628.

iii) .- Respecto de tal determinación, el solicitante, don Álvaro Aburto Guerrero, recurrió de amparo de información ante el Consejo para la Transparencia, organismo que tras otorgar traslado a Gendarmería de Chile y, recabados sus descargos, acogió en su decisión rol N° C3932-18, de fecha 11 de diciembre de 2018, el arbitrio interpuesto y ordenó a la recurrida hacer íntegra entrega de los antecedentes requeridos "por tratarse de datos que provienen de fuentes accesibles al público -registro que debe existir en cada centro penitenciario y sentencia definitiva ejecutoriada por la cual se encuentren privados de libertad-', por lo que "no resulta aplicable el régimen general de protección relativo al tratamiento de los datos personales, puesto que, tanto la Constitución Política de la República como la Ley, establecen el carácter público de los antecedentes relativos a condenas penales, las que, además, actualmente se encuentran en cumplimiento...".

iv) .- Conforme a los artículos 28 y siguientes de la Ley 20.285, don Christian Alveal Gutiérrez, Director Nacional de Gendarmería de Chile, dedujo reclamo en contra de la decisión C3932-18, pronunciada por el Consejo para la Transparencia, incoándose el presente expediente ingreso rol N° 604-2018;

SÉPTIMO: Que, en primer lugar, no es posible soslayar a estos sentenciadores que la competencia que posee esta Corte en esta materia, de conformidad a lo previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 20.285, se enmarca en el examen de legalidad de la decisión del Consejo para la Transparencia que deniega o, en su caso, otorga acceso a la información a quien la requiere.

Luego, habiéndose en este caso acogido el amparo de información, tras haberse desestimado las causales de reserva establecidas en el artículo 21 N° s 2 y 5 de la Ley 20.285, en relación con lo dispuesto en la Ley 19.628, esgrimidas en sus descargos por Gendarmería de Chile, el análisis que incumbe efectuar a este Tribunal se encuentra circunscrito a dirimir en definitiva la legalidad de dicha decisión;

OCTAVO: Que, como se sabe, el artículo 21 N° s 2 y 5 de la Ley 20.285, estatuye: "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:...

2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico...

5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política".

Así las cosas, tras la indispensable ponderación de los antecedentes por parte de la autoridad administrativa, de entender ella no configuradas en el caso de marras ninguna de las dos situaciones a que hace referencia la aludida disposición legal, que fueron precisamente aquellas que justificaron la negativa parcial de entrega de información por parte de Gendarmería de Chile, se encontraba la primera plenamente facultada para acoger fundadamente el requerimiento de información, por no configurarse una causal legal de reserva;

NOVENO: Que en relación al motivo del numeral 2° del artículo 21 de la Ley 20.285, no resulta suficiente aducir que la publicidad de los datos requeridos "podría" afectar los derechos de los condenados y de sus familiares, especialmente su vida privada, pues como se sabe, el principio que regla la materia es precisamente el de la publicidad de la información, a la luz del artículo 8 inciso segundo de la Carta Fundamental y, así las cosas, lo cierto es que no concurre en la especie una ley de quórum calificado que establezca alguna excepción a dicho criterio, ni tampoco la entidad reclamante justificó apropiadamente la supuesta afectación de derechos fundamentales que intentó proteger;

DÉCIMO: Que en lo que atañe a la causal 5° del citado artículo 21, que se relacionó, a su vez, con el artículo 2 letra f) de la Ley 19.628, entendiendo que la información primitivamente denegada constituiría "datos de carácter personal o datos personales", esto es, "relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables", es menester asentar que fue el propio constituyente quien en el numeral 7° letra d), inciso segundo, del artículo 19 de la Carta Fundamental estableció que "Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado, o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente, emanada de autoridad que tenga facultad legal, en un registro que será público". Luego, resulta evidente que el nombre, apellido y número de cédula de identidad de todo condenado consta en un registro público, sin perjuicio de que tales antecedentes también aparecen indicados en la sentencia judicial que les sanciona, la que asimismo es pública, de conformidad a lo previsto en el artículo 9° del Código Orgánico de Tribunales.

Pues bien, en tal contexto, tratándose de una información cuya fuente se halla en más de un registro público, es indudable que la misma no constituye el tipo de datos de carácter personal que impongan a la institución reclamante el deber que estatuye el artículo 7° de la Ley 19.628, de "guardar secreto sobre los mismos'''’, pues tal como la misma norma refiere, ello opera únicamente cuando aquellos "provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos" y no cuando se trata de antecedentes que se encuentren disponibles en una "fuente accesible al público", calificación que en concordancia con lo dispuesto en el literal i) del artículo 2 del citado cuerpo legal, ha de entenderse referida a todo tipo de "registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes";

UNDÉCIMO: Que tampoco resulta plausible la alegación que pretende amparar la negativa de entregar información en el artículo 21 de la Ley 19.628, pues como se advierte de su claro tenor "los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena" y, como se desprende de lo expresamente solicitado por el requirente, lo pedido es y ha sido los "antecedentes (nombre y número de cédula de identidad) de las personas que estén cumpliendo actualmente penas efectivas por causa relativa a violaciones de derechos humanos...'", situación que descarta que la autoridad pueda incurrir en la prohibición precedentemente apuntada;

DUODÉCIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, no puede soslayar esta Corte que, en cualquier caso, la alegación anterior que intenta relevar en esta sede judicial la situación de eventuales condenados actualmente fallecidos o con la pena íntegramente cumplida, no formó parte de los descargos que conoció la autoridad cuya decisión se impugna y, en tal escenario, mal puede constituir un yerro que la entinte de ilegalidad, al no haber formado parte de la discusión sobre la cual emitió pronunciamiento;

DÉCIMO TERCERO: Que, finalmente, se dirá a modo de colofón, que descartada toda ilegalidad en la decisión que por esta vía se objeta, se impone necesariamente por esta razón el íntegro rechazo del presente arbitrio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 20.285, se rechaza el reclamo de ilegalidad deducido por don Christian Alveal Gutiérrez, Director Nacional de Gendarmería de Chile, en contra de la Decisión de Amparo N° C3932-18, dictada por el Consejo para la Transparencia el 11 de diciembre de 2018, sin costas.

Redacción de la Ministro Sra. Villadangos.

Regístrese, comuníquese y archívense estos antecedentes.

Contencioso Administrativo N° 604-2018.-

No firma la ministra señora Plaza, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse en comisión de servicio.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida por la Ministra señora Paola Plaza González e integrada por los Ministros señora Maritza Villadangos Frankovich y don Guillermo de la Barra Dünner.

Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Maritza Elena Villadangos F. Guillermo E. De La Barra D. Santiago, veinticinco de abril de dos mil diecinueve.

En Santiago, a veinticinco de abril de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.