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Boris Martínez Labra con Ministros de la Corte de Apelaciones de Chillán Rol: 5250-2019

Corte Suprema, 22/07/2019

Solicitante de acceso a la información interpone recurso de queja contra los Ministros de la Corte de Apelaciones, por las faltas y abusos graves cometidos al acoger reclamo de ilegalidad interpuesto por Municipalidad, dejando sin efecto decisión de amparo por acceso a la información. La Corte Suprema acoge parcialmente el recurso de queja deducido.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Acogido parcialmente


Ministros:

  • Ángela Vivanco M.
  • Arturo Prado P.
  • Carlos Aránguiz Zúñiga
  • María Eugenia Sandoval Gouet
  • Sergio Muñoz Gajardo

Texto completo:

Santiago, veintidós de julio de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Boris Martínez Labra, abogado, en autos sobre reclamo de ilegalidad seguidos ante la Corte de Apelaciones de Chillán, dedujo recurso de queja en contra de los Ministros Guillermo Arcos Salinas y Bernardo Hansen Kaulen, y del Fiscal Judicial Oscar Ruiz Paredes, por las faltas y abusos que habrían cometido al dictar, el veinte de febrero de dos mil diecinueve, la sentencia que acogió el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Municipalidad de Quillón, dejando sin efecto la decisión de amparo adoptada por el Consejo Para la Transparencia en sesión de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, en virtud de la cual se dispuso la entrega al quejoso, por parte de la referida Municipalidad, de "la información relativa a copia de registro de asistencia de don Ramón Valdés Rodríguez y copia del contrato o resolución en virtud del cual don Orlando Bacigalupo Fierro se desempeña como Director de Control a la fecha de la solicitud de información", ordenando, además, que "en ambos casos, en el evento que dicha información no obre en su poder, deberá informar de ello de modo circunstanciado, tanto al reclamante como a esta Corporación".

La solicitud de acceso a la información fue presentada por el peticionario ante la Municipalidad de Quillón el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, y su objeto consistió, a la letra, en la entrega de "1. Registro de asistencia del Abogado Municipal Sr. Ramón Valdés Rodríguez, en virtud de su vinculación con fecha 10/11/1981, el registro es desde su contratación a la fecha 2. El contrato que vincula al Sr. Bacigalupo con la Municipalidad de Quillón", desprendiéndose de los antecedentes que el primer sujeto se desempeña como Juez de Policía Local de la referida entidad edilicia, y el segundo como Directo Suplente de la Unidad de Control.

Tal petición fue acogida parcialmente por el órgano requerido, entidad que concluyó, de manera literal, que: "Analizada la solicitud realizada y cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley N° 20.285, se accederá, parcialmente a vuestra solicitud de información. 1. En virtud de lo establecido en el artículo 8° de la Ley 15.231, se señala que los jueces serán independientes de toda autoridad Municipal, por lo anterior, el Sr. Valdés Rodríguez no tiene la obligación de registrar su asistencia al municipio, por lo cual lo solicitado no existe. 2. Se adjunta Decreto Alcaldicio N° 188/05, que nombre al Sr. Orlando Bacigalupo Fierro".

Respecto de esta decisión el peticionario, el cuatro de junio de dos mil dieciocho, recurrió de amparo por denegación de información ante el Consejo Para la Transparencia. Conferido traslado a la Municipalidad de Quillón, ésta insistió en la inexistencia de la información denegada, instando por el rechazo del amparo, procedimiento que concluyó mediante la resolución objeto de reclamación judicial.

Contra aquella decisión, la Municipalidad de Quillón dedujo reclamo de ilegalidad, argumentando que no ha denegado la información, sino que se ha visto impedida de entregarla por su inexistencia, a pesar de haber agotado todos los medios para obtenerla. Precisa, en cuanto a Ramón Valdés Rodríguez, que no se puede ordenar la entrega de algo inexistente pues, en su calidad de Juez de Policía Local, dicho funcionario no se encuentra obligado a registrar asistencia, en tanto que fue oportunamente entregado el decreto que vincula a Orlando Bacigalupo Fierro con la Municipalidad, no existiendo congruencia entre el requerimiento de acceso a la información y lo ordenado entregar por el Consejo.

Tal reclamación fue acogida mediante sentencia dictada por los ministros recurridos el veinte de febrero de dos mil diecinueve, oportunidad en que se concluyó, en cuanto al registro de asistencia del Juez de Policía Local, que siendo aquella la única función cumplida por Ramón Valdés, éste no se encontraba obligado a registrar asistencia por así desprenderse de lo establecido en el artículo 8 de la Ley N° 15.231, siendo plausible, entonces, la alegación de inexistencia formulada por la entidad requerida. Respecto de la situación de Orlando Bacigalupo, los jueces recurridos coinciden con la Municipalidad y concluyen que lo ordenado entregar no se condice con lo pedido excediendo los límites del requerimiento de información.

En relación con las faltas y abusos que se reprochan a través del presente recurso de queja; el recurrente señala que se cometen por los jueces del fondo, al acoger el reclamo de ilegalidad impidiendo el acceso a la información pública solicitada, afirmando que el razonamiento contenido en la sentencia pone a los Jueces de Policía Local en una situación de privilegio respecto de los restantes funcionarios municipales al eximirlos de la obligación de registrar asistencia, en tanto que, del tenor del requerimiento presentado por el quejoso, se debía entender que lo solicitado era el nombramiento de Bacigalupo Fierro en el cargo que servía en aquella época, como Director (S) de la Unidad de Control Municipal de Quillón.

Segundo: Que, en su informe, los recurridos reconocieron haber dictado la sentencia cuestionada, reiterando sus fundamentos.

Tercero: Que el recurso de queja está regulado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, designado "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales", y su acápite primero, que lleva el título de "Las facultades disciplinarias", contiene el artículo 545 que lo instaura como un medio de impugnación que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación, o en sentencias definitivas, que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.

Cuarto: Que, previo al examen de las cuestiones jurídicas implicadas en la presente impugnación, ya sintetizadas precedentemente, es menester consignar que la Constitución Política de la República señala, en su artículo 8°, que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

También la Constitución Política asegura el derecho de acceso a la información pública como una manifestación de la libertad de información (art. 19, N° 12), que se encuentra reconocido en la Carta Fundamental aunque no en forma explícita como un mecanismo esencial para la plena vigencia del régimen democrático y de la indispensable asunción de responsabilidades, unida a la consiguiente rendición de cuentas que éste supone por parte de los órganos del Estado hacia la ciudadanía, sin perjuicio que representa, además, un efectivo medio para el adecuado ejercicio y defensa de los derechos fundamentales de las personas.

La relevancia de este derecho público subjetivo queda de manifiesto al observar que, reconocido inicialmente a nivel legal, fue posteriormente recogido por la reforma constitucional de agosto de 2005 como una de las bases de la institucionalidad o como un principio fundamental del Estado Constitucional y democrático de derecho que funda el Código Político, donde la publicidad es la regla y el secreto la excepción.

Tal preceptiva, que sin distinción obliga a todos los órganos del Estado, exige de éstos que den a conocer sus actos decisorios tanto en sus contenidos y fundamentos y que aquellos obren con la mayor transparencia posible en los procedimientos a su cargo, lo que se relaciona justamente con el derecho de las personas a ser informadas.

Con todo, la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado tiene justificadas excepciones que contempla la Constitución, las que dicen relación con los valores y derechos que la publicidad pudiere afectar, referidas todas ellas explícita y taxativamente en la norma constitucional antes transcrita y que sólo el legislador de quórum calificado puede configurar. Se sigue de ello que la interpretación de dichas excepciones debe efectuarse restrictivamente.

En cumplimiento del mandato constitucional fue dictada la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública que preceptúa, en lo que interesa, que: "La función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella" (art. 3°). También que "el principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley" (art. 4). Por último, que "en virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas" (art. 5).

Por lo demás, cabe observar que la referida legislación establece dos mecanismos de transparencia. Uno, denominado transparencia activa, que consiste en la obligación de los órganos públicos de difundir o poner a disposición del público determinada información. Y transparencia pasiva, traducida en la obligación de entregar determinada información a los ciudadanos cuando éstos la soliciten. El legislador creó el Consejo para la Transparencia como un órgano de la Administración del Estado con autonomía con el fin de hacer efectivo el principio de publicidad previsto en la Carta Política y es en esa línea que lo dotó de facultades para conocer reclamos respecto de actos emanados de entidades que forman parte básicamente de la Administración del Estado.

Quinto: Que puede decirse, entonces, que el derecho de acceso a la información pública es un derecho implícito que, como otros entre ellos el derecho a la identidad personal o al desarrollo libre de la personalidad , nuestro orden constitucional asegura a toda persona y, por tal consideración, merece íntegra protección.

Sexto: Que, como se ha dicho, la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública tiene por objeto el regular el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información. Para ello, presupone, en su artículo 10 inciso segundo, que la información solicitada exista y se encuentre contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos..., cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales".

Séptimo: Que, al respecto, habiéndose afirmado reiteradamente por la Municipalidad de Quillón que Ramón Valdés Rodríguez en su calidad de Juez de Policía Local, en la práctica, no registraba asistencia, resulta impertinente ordenar su entrega, cualquiera sea la posición que se adopte respecto de la corrección de la exención de aquella obligación. En efecto, la determinación de si un determinado funcionario ha debido o no registrar asistencia, así como el establecimiento de la responsabilidad administrativa que eventualmente se derive de su incumplimiento, es una materia que resulta absolutamente ajena al procedimiento administrativo y judicial de acceso a la información pública, pues éste se estructura, como se ha dicho, sobre la base de la real existencia de los antecedentes requeridos que, en la especie, no existen.

Octavo: Que, en cuanto al segundo objeto del requerimiento, cabe recordar que de manera expresa Boris Martínez Labra solicitó, el 22 de mayo de 2018: "El contrato que vincula al Sr. Bacigalupo con la Municipalidad de Quillón". Por su parte, la Municipalidad hizo entrega, ante el Consejo Para la Transparencia, del Decreto Alcaldicio N° 3.728 de 8 de noviembre de 2017, que nombró a Bacigalupo como Director Suplente de la Unidad de Control hasta el 1 de octubre de 2017.

Por ello, siendo evidente que la petición formulada por el requirente consistía en la entrega del acto que vinculaba a dicho funcionario con la Municipalidad al momento del requerimiento pues se utilizó el vocablo "vincula" en presente indicativo , la entrega de un decreto caduco no resultaba satisfactoria para cumplir con la obligación de publicidad establecida en la Constitución y la ley,

Noveno: Que, de este modo, ha de concluirse que únicamente en aquel segundo capítulo los jueces recurridos han errado al dejar sin efecto la decisión de amparo emitida por el Consejo Para la Transparencia, yerro asimilable a una falta grave que amerita que el presente recurso sea acogido y se adopten las medidas que se dirán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, se hace lugar al recurso de queja deducido por Boris Martínez Labra en contra de los miembros de la Corte de Apelaciones de Chillán antes individualizados, sólo en cuanto se deja sin efecto la sentencia de veinte de febrero de dos mil diecinueve que acogió el reclamo interpuesto por la Municipalidad de Quillón privando de efecto a la decisión de amparo del Consejo Para la Transparencia de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, en aquella parte que ordenó a dicha entidad edilicia entregar al solicitante "copia del contrato o resolución en virtud del cual don Orlando Bacigalupo Fierro se desempeña como Director de Control a la fecha de la solicitud de información", rechazándose en este aspecto el reclamo, quedando obligado el órgano requerido a su entrega y, para el caso que aquella información no obre en su poder, a informar de ello de modo circunstanciado, tanto al reclamante como al Consejo.

Se rechaza el recurso de queja en todo lo demás.

No se dispone la remisión de estos antecedentes al Pleno de este Tribunal, por tratarse de un asunto en que la inobservancia constatada no puede ser estimada como una falta o abuso que amerite disponer una medida de carácter disciplinario.

Agréguese copia de esta resolución a los autos tenidos a la vista. Hecho, devuélvase.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Sandoval.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María Eugenia Sandoval G., Sr. Carlos Aránguiz Z., Sr. Arturo Prado P. y Sra. Ángela Vivanco M.

Rol N° 5250-2019.