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Samuel Donoso Boassi con Consejo para la Transparencia Rol: 76-2019

Corte de Apelaciones de Santiago, 17/06/2019

Se deduce reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia, por la Decisión de Amparo, Rol C-3481-2018, para que sea dejada sin efecto en todas partes, y haga lugar al reclamo de ilegalidad interpuesto. Se rechaza el reclamo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado

Ministros:

  • Juan Cristóbal Mera Muñoz
  • Tomas Gray G.

Texto completo:

Santiago, diecisiete de junio de dos mil diecinueve.

Vistos y considerando:

PRIMERO: Que, con fecha 13 de febrero del año en curso, comparece Samuel Donoso Boassi, abogado, domiciliado en esta ciudad en calle Rosario Norte N° 555, oficina 802, comuna de Las Condes, quien deduce reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia, (en adelante CPT), por la Decisión de Amparo, Rol C-3481-2018, para que en definitiva sea dejada sin efecto en todas partes, y haga lugar al reclamo de ilegalidad interpuesto.

Expone que con fecha 16 de mayo de 2018, solicitó a la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (en adelante TTA) una serie de actas de denuncia e informes de recopilación de antecedentes, que forman parte de los expedientes de causas ejecutoriadas seguidas ante los TTA. El día 7 de junio de 2018, la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros derivó la solicitud al Servicio de impuestos Internos, (en adelante SII), señalando en síntesis que "se trata de una materia que de acuerdo al Ordenamiento Jurídico debiese conocer vuestro servicio, debido a que Toda la documentación individualizada por el solicitante y cuya copia requiere es producida por el Servicio de impuestos Internos (Actas de denuncia e Informes de Recopilación de antecedentes), a través de sus diversos funcionarios o reparticiones...". Agregando que posteriormente el día 13 de julio de 2018, el SII rechazó la solicitud de acceso a la información.

Las Actas de Denuncia e Informes de Recopilación de Antecedentes, solicitados, corresponden a las siguientes empresas:

1. Actas de Denuncias:

1.1. Acta de Denuncia N° 1, de fecha 31 de marzo de 2017, emitida por la Dirección Grandes Contribuyentes del SII, al contribuyente Forestal Arauco S.A, caratulada "FORESTAL ARAUCO S.A CON SII".

1.2. Acta de Denuncia N° 2, de fecha 4 de abril de 2017, emitida por don Patricio Hormazábal Fernández, Fiscalizador de la XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente, al contribuyente Asesorías IMBC Limitada, corresponde a la causa RUC 17-9-0000302-1, RIT N° GS-18-00044-2017, seguida ante el 4° TTA Región Metropolitana, caratulada "SII XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente con ASESORÍAS IMBC LIMITADA"

1.3. Acta de Denuncia N° 3, de fecha 31 de marzo de 2017, emitida por laDirección de Grandes Contribuyentes del SII, en contra de la empresa Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A, corresponde a la causa RUC 17-90000282-3. RIT GS-16-00027-2017, seguida ante el 2° TTA Región Metropolitana, caratulada "Dirección de Grandes Contribuyentes con Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A"

1.4. Acta de Denuncia N° 4, de fecha 31 de marzo de 2017, emitida por Claudia Farías, fiscalizadora de la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII, al contribuyente Empresas Copec S.A, corresponde a la causa RUC N° 17-90000287-4, RIT N° GS-18-00029-2017, seguida ante el 4° TTA Región Metropolitana, caratulada "SII Dirección de Grandes Contribuyentes con Empresas COPEC S.A"

1.5. Acta de Denuncia N° 5, de fecha 31 de marzo de 2017, emitida por la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII en relación a la contribuyente Inversiones Siemel S.A., corresponde a la causa RUC 17-9-0000292-0, RIT GS17-00064-2017, seguida ante el 3° TTA Región Metropolitana, caratulada "Dirección de Grandes Contribuyentes con Inversiones Siemel S.A."

1.6. Acta de Denuncia N° 6, de fecha 31 de marzo de 2017, emitida por el SII Dirección de Grandes Contribuyentes, en relación a la contribuyente Abastible S.A., corresponde a la causa RUC 17-9-0000291-2, RIT GS-1700040-2017, seguida ante el 3° TTA Región Metropolitana, caratulada "Dirección Nacional SII con Abastible".

1.7. Acta de Denuncia N° 7, de fecha 31 de marzo de 2017, emitida por Claudia Farías, fiscalizadora de la Dirección de Grandes Contribuyentes, al contribuyente Banco de Crédito e Inversiones, corresponde a la causa RUC 179-0000283-1, RIT GS-18-00035-2017, seguida ante el 4° TTA Región Metropolitana, caratulada "Dirección de Grandes Contribuyentes con Banco de Crédito e Inversiones."

1.8. Acta de Denuncia N° 8, de fecha 3 de abril de 2017, emitida por la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII, en contra de la empresa Ripley Corp S.A., corresponde a la causa RUC 17-9-0000279-3, RIT GS-16-000282017, seguida ante el 2° TTA Región Metropolitana, caratulada "SII Dirección de Grandes Contribuyentes con RIPLEY CORP S.A".

1.9. Acta de Denuncia N° 9, de fecha 4 de abril de 2017, emitida por doña Claudia Farías, fiscalizadora de la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII, al contribuyente Itaú Corpbanca S.A, corresponde a la causa RUC 17-90000305-6, RIT GS-18-00036-2017, seguida ante el 4° TTA Región Metropolitana, caratulada "Dirección de Grandes Contribuyentes con Itaú Corpbanca S.A".

1.10. Acta de Denuncia N° 10, de fecha 4 de abril de 2017, emitida por doña Claudia Farías, fiscalizadora de la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII, al contribuyente Watts S.A., corresponde a la causa RUC 17-9-00003048, RIT GS-18-00032-2017, seguida ante el 4° TTA Región Metropolitana, caratulada "SII Dirección de Grandes Contribuyentes con WATTS S.A".

1.11. Acta de Denuncia N° 11 de fecha 5 de abril de 2017, emitida por la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII al contribuyente CAP S.A, corresponde a la causa RUC 17-9-0000317-K, RIT GS-17-00078-2017, seguida ante el 3° TTA Región Metropolitana, caratulada "SII Dirección de Grandes Contribuyentes con CAP S.A."

1.12. Acta de Denuncia N° 14, de 28 de abril de 2017, emitida por la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII a la contribuyente Cencosud Retail S.A, corresponde a la causa RUC 17-9-0000388-9, RIT GS-17-00047-2017, seguida ante el 3° TTA Región Metropolitana, caratulada "SII Dirección Nacional con CENCOSUD RETAIL S.A".

2.- Informe de Recopilación de Antecedentes:

2.1. Informe de Recopilación de Antecedentes que fue fundamento del Acta de Denuncia N° 1, de fecha 31 de marzo de 2017, emitida por la Dirección Grandes Contribuyentes del SII, al contribuyente Forestal Arauco S.A, consta en la causa RUC 17-9-0000303-K. TTA DE TALCA. "FORESTAL ARAUCO S.A CON SII".

2.2. Informe de Recopilación de Antecedentes que fue fundamento del Acta de Denuncia N° 2, de fecha 4 de abril de 2017, emitida por don Patricio Hormazábal Fernández, Fiscalizador de la XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del SII, al contribuyente Asesorías IMBC Limitada, consta en la causa RUC 17-9-0000302-1, RIT N° GS-18-00044-2017. 4° TTA DE SANTIAGO. "SII XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente con ASESORÍAS IMBC LIMITADA".

2.3. Informe de Recopilación de Antecedentes N° 63-ARA-2, de fecha 5 de octubre de 2016, relativo a Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A, consta en la causa RUC 17-9-0000282-3, RIT GS-16-00027-2017. 2° TTA DE LA REGIÓN METROPOLITANA. "Dirección de Grandes Contribuyentes con Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A".

2.4. Informe de Recopilación de Antecedentes que fue fundamento delActa de Denuncia N° 4, de fecha 31 de marzo de 2017, emitida por Claudia Farías, fiscalizadora de la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII, al contribuyente Empresas Copec S.A, consta en la causa RUC N° 17-9-00002874, RIT N° GS-18-00029-2017. 4° TTA REGION METROPOLITANA. "SII Dirección de Grandes Contribuyentes con Empresas COPEC S.A".

2.5. Informe de Recopilación de Antecedentes N° 64-ARA-2, de fecha 6 de octubre de 2016, relativo a Inversiones Siemel S.A., consta en la causa RUC 17-9-0000292-0, RIT GS-17-00064-2017. 3° TTA REGION METROPOLITANA.

"Dirección de Grandes Contribuyentes con Inversiones Siemel S.A."

2.6. Informe de Recopilación de Antecedentes N° 60-ARA-2, de fecha 29 de septiembre de 2016, relativo a Abastible S.A., consta en la causa RUC 17-90000291-2, RIT GS-17-00040-2017. 3° TTA REGIÓN METROPOLITANA.

"Dirección Nacional SII con Abastible".

2.7. Informe de Recopilación de Antecedentes que fue fundamento del Acta de Denuncia N° 7, de fecha 31 de marzo de 2017, emitida por Claudia Farras, fiscalizadora de la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII, al contribuyente Banco de Crédito e Inversiones, consta en la causa RUC 17-90000283-1, RIT GS-18-00035-2017. 4° TTA REGIÓN METROPOLITANA.

"Dirección de Grandes Contribuyentes con Banco de Crédito e Inversiones."

2.8. Informe de Recopilación de Antecedentes N° 68-ARA-3, de fecha 26 de octubre de 2016, relativo a Ripley Corp S.A, consta en la causa RUC 17-90000279-3, RIT GS-16-00028-2017. 2° TTA REGIÓN METROPOLITANA. "SII Dirección de Grandes Contribuyentes con RIPLEY CORP S.A".

2.9. Informe de Recopilación de Antecedentes que fue fundamento del Acta de Denuncia N° 9, de fecha 4 de abril de 2017, emitida por doña Claudia Farías, fiscalizadora de la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII, al contribuyente Itaú Corpbanca S.A, consta en la causa RUC 17-9-0000305-6, RIT GS-18-00036-2017. 4° TTA REGIÓN METROPOLITANA. "Dirección de Grandes Contribuyentes con Itaú Corpbanca S.A".

2.10. Informe de Recopilación de Antecedentes que fue fundamento del Acta de Denuncia N° 10, de fecha 4 de abril de 2017, emitida por doña Claudia Farías, fiscalizadora de la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII, al contribuyente Watts S.A., consta en la causa RUC 17-9-0000304-8, RIT GS-1800032-2017. 4° TTA REGIÓN METROPOLITANA. "SII Dirección de Grandes Contribuyentes con WATTS S.A".

2.11. Informe de Recopilación de Antecedentes que fue fundamento delActa de Denuncia N° 11, de fecha 5 de abril de 2017, emitida por la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII al contribuyente CAP S.A, consta en la causa RUC 17-9-0000317-K, RIT GS-17-00078-2017. 3° TTA REGIÓN METROPOLITANA. "SII Dirección de Grandes Contribuyentes con CAP S.A."

2.12. Informe de Recopilación de Antecedentes N° 9-ARA-1, de fecha 30 de enero, relativo a Cencosud Retail S.A.

Refiere que con fecha 2 de agosto de 2018, dedujo amparo ante el CPT, en contra del SII, y que con fecha 29 de enero de 2019 fue notificado de la decisión del Consejo de rechazar el amparo interpuesto en contra del SII, respecto de la entrega de las actas de denuncia e informes de recopilación de antecedentes antes referidos, siendo el fundamento del rechazo la configuración de la institución del secreto tributario, consagrado en el artículo 35 del Código Tributario, exponiendo el CPT, en lo pertinente, en el considerando 8) "....Resultan plausibles las alegaciones del órgano, en orden a que la naturaleza de la información contenida en las actas de denuncia y los informes de recopilación de antecedentes, que fueron fundamento de las actas indicadas, implica develar datos relativos a rentas de contribuyentes determinados, información contenida en Declaraciones Juradas y comportamiento económicos y tributarios, en base a los cuales el órgano ponderó en su oportunidad, que existían irregularidades que ameritaban la persecución judicial, y tratándose de conductas descritas por el Código Tributario como delitos tributarios, se estimó que correspondía proceder a su persecución de conformidad al procedimiento establecido por el Código Tributario a fin de obtener la aplicación de una determinada sanción pecuniaria. Además, la información requerida daría cuenta de antecedentes concretos relativos a montos de ingresos declarados, declaraciones y montos de las mismas, así como auditorías y fiscalizaciones tributarias. Precisamente, al menos con dicha información el SII "pudo determinar si existían declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que pudieran inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que correspondía o a la omisión maliciosa en los libros de contabilidad de ciertos asientos contables, o bien, si tales contribuyentes realizaron cualquier maniobra tendiente a aumentar el verdadero monto de créditos o imputaciones al que tenían derecho a hacer valer o si simularon alguna operación tributaria, realizaron cualquier maniobra fraudulenta a fin de obtener devoluciones indebidas o bien, si omitieron maliciosamente alguna declaración exigida por las leyes tributarias para la determinación o liquidación de un impuesto, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 97 del Código Tributario". Asimismo, y tal como este Consejo razonó en la decisión de amparo C533-18, resultan atendibles las alegaciones del órgano, en lo relativo a que el hecho que los procesos judiciales en los cuales se aportaron los antecedentes requeridos, se encuentren actualmente afinados, no obsta a la circunstancia que, en la especie, rige para el SII, respecto de la información requerida, la obligación de secreto tributario consignada en el citado inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario". 10) "Que, por lo razonado precedentemente, atendida la naturaleza de los antecedentes contenidos, tanto en las actas de denuncia como en los informes de recopilación de antecedentes, que fueron fundamento de dichas actas respecto de los grandes contribuyentes individualizados en la solicitud de información, la que debe entenderse referida especialmente a los datos patrimoniales de dichos contribuyentes, se rechazará el presente amparo por configurarse la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el inciso segundo del Código Tributario."

Así, estima, el reclamante que el Consejo ha errado en la interpretación del artículo 8 de la Constitución Política de la República, precepto constitucional que declara públicos ciertos actos de los organismos públicos, y lo hace estableciendo de manera taxativa cuáles de dichas actuaciones se encuentran comprendidas en la referida declaración de publicidad, debiendo acogerse y ordenarse la entrega de la información relativa a las Actas de Denuncia e Informes de Recopilación de Antecedentes solicitados, en cuanto la información requerida versa sobre actos administrativos, se está frente a un caso de publicidad de los actos administrativos que conforman el soporte material de la actividad fiscalizadora del SII, la información forma parte del expediente judicial en que se han dictado sentencias que se encuentran afinadas, los elementos esenciales para la dictación de dichos fallos fueron necesariamente las Actas de Denuncia e Informes de Recopilación de Antecedentes, información que se ajusta a lo ordenado por el artículo 8 del texto constitucional, y al artículo 5 de la Ley de Transparencia que establecen la publicidad de toda información que obre en poder de los órganos del Estado, salvo que se encuentre sujeta a las causales de reserva del artículo 21 de la misma ley o en otros cuerpos legales, documentos, que a juicio del reclamante, son públicos por aplicación del artículo 8 ya citado, y el acceso a la información pública es una garantía constitucional reconocida implícitamente en el artículo 19 N° 12 de la Constitución. Puntualiza, que la decisión que adoptó el Consejo contraría disposiciones del Código Tributario que entiende que los expedientes de causas seguidas ante los TTA son públicos, ya que las Actas de Denuncia corresponden a los documentos que inician el procedimiento, y los Informes de Recopilación de Antecedentes son básicamente la prueba en base a la cual se formula el Acta de Denuncia, documentos que se acompañan por el SII al expediente, y forman parte del proceso. Indica, asimismo, el denunciante que de acuerdo al artículo 130 del Código Tributario, se limita el acceso a la información que consta en el expediente a las partes, pero dicha limitación sólo opera durante la tramitación de la causa, lo que en el caso sub lite ya ocurrió al haberse dictado sentencia definitiva en todos los casos, por lo que la información que se está solicitando es pública, mencionado el recurrente el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales respecto a que los actos de los Tribunales son públicos, y los TTA son Tribunales de la República, debiendo interpretarse la excepción del artículo 130 del Código Tributario restrictivamente, por lo que terminada la tramitación, los autos, como todos los procesos judiciales del país, pasan a ser públicos, debiendo considerarse lo preceptuado en el artículo 148 del Código Tributario que hace aplicable el Libro Primero del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 34 del Código de Procedimiento Civil y 29, inciso 2, del mismo ramo, que ordena agregar al sistema de tramitación electrónica los escritos, documentos y resoluciones, y ese sistema es público, lo que confirma la regla de publicidad de los procesos judiciales seguidos ante los TTA, resultando aplicable esas disposiciones a los procesos sancionatorios, según lo dispuesto en el artículo 161 N° 9 del Código Tributario, manifestando que resulta poco lógico que la persecución penal de un delito sea en juicio oral y público, pero se pretenda sostener que, por el contrario, la persecución de una sanción administrativa derivadas de hechos de idéntica naturaleza no lo sea. Subsidiariamente, invoca el principio de divisibilidad de la información, según lo dispuesto en artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, ya que si el SII y el Consejo estiman que atendida la naturaleza de los antecedentes, que dan cuenta de datos patrimoniales de los contribuyentes, se configura el secreto tributario, aquello, según el reclamante podría esgrimirse únicamente respecto de la información anexa a los Antecedentes, y no respecto de los informes como tales, ya que solo en los anexos de dichos informes, de los que no se pide copia, consta toda la información tributaria y patrimonial de los contribuyentes fiscalizados, sin discriminar, y en caso de acceder a dicha información, sostiene, se podría tarjar en los informes respectivos, los ítem que contengan información protegida por el secreto tributario, por lo demás, indica que las actas de denuncia solicitadas se tratan de presentaciones con la información filtrada respecto de los contribuyentes fiscalizados, y solo referidas a situaciones particulares que, a juicio del SII, configurarían infracciones tributarias, las que no contienen información que implicaría develar la cuantía o fuente de las rentas, pérdidas, gastos o cualquiera dato relativos a ella, que figuren en declaraciones obligatorias, por lo que también se vulnera el derecho al acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, al rechazar el amparo, no aplicando el principio de divisibilidad, agregando, por último, que realizó una presentación idéntica ante el 4° TTA, el día 13 de diciembre de 2018, en relación a la información que estaba a sus disposición, accediendo dicho tribunal a lo solicitado, entregando copia de todas las actas de denuncia solicitadas, informando dicho órgano que las causas se encuentran ejecutoriadas y archivadas y que las sentencias de término son publicadas en el sitio de los TTA , indicando en relación a los Informes de Recopilación de Antecedentes que no fue posible acceder a la entrega de la información, ya que ellos fueron retirados del tribunal por apoderados del SII.

Pide, en consecuencia, acoger el reclamo de ilegalidad por denegación de acceso a la información, y se ordene al SII que proceda a otorgar la información solicitada.

SEGUNDO: Que, con fecha 25 de marzo del actual, se evacuó el traslado conferido por parte del SII, exponiendo que el reclamo de ilegalidad debe ser rechazado, ya que carece de fundamento plausible, en cuanto el reclamante recurre a hechos y normas jurídicas que se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la Ley sobre Acceso a la Información Pública, siendo además errada la postura del peticionario, indicando que las sentencias dictadas por el TTA no revisten el carácter de un acto administrativo, sino que jurisdiccional, encontrándose su publicidad regida por un estatuto jurídico distinto, no siendo aplicable lo dispuesto en la Ley n° 20.285, y en cuanto el reclamo de ilegalidad no es la vía idónea para conocer de eventuales infracciones al deber de publicidad de los actos de los Tribunales de Justicia, más aún si no ha existido un pronunciamiento expreso de los mismos al respecto, forzando el actor la argumentación de su libelo para que se aplique al caso de autos, normas procesales y de publicidad que rigen los procedimientos tributarios, las que no guardan relación con las causales de secreto o reserva sobre las cuales debe pronunciarse el Consejo. Asimismo, puntualiza, que las argumentaciones vertidas en el reclamo de ilegalidad se alejan del ámbito de competencia del presente reclamo, pretendiendo el requirente que la Corte se pronuncié respecto de si los antecedentes solicitados por el hecho de haber sido adjuntados en un procedimiento jurisdiccional tributario pierden por ese hecho el carácter de reservados que les otorga la Ley 20.285, por lo que las alegaciones vertidas por el reclamante deberían ser planteadas ante los respectivos TTA, en cuyo poder están los antecedentes que se solicitan por la vía del reclamo de ilegalidad, y que son los únicos órganos llamados a resolver en cada uno de los procedimientos las respectivas peticiones que se susciten, siendo esos tribunales los que deberán determinar el alcance del inciso 3° del artículo 130 del Código Tributario. También indica, que en la propia Decisión de Amparo recurrida, el Consejo reconoce que carece de facultades para pronunciarse respecto de procesos judiciales, lo que es coherente con otras decisiones de amparo pronunciadas, que han señalado que el Consejo no tiene competencia para conocer de los amparos contra denegaciones de información interpuestos en contra de los tribunales. Continúa el SII señalando que el recurrente yerra al invocar la infracción a las normas sobre publicidad que rigen el procedimiento ante los TTA, ya que el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales y 130 del Código Tributario no son aplicables a las actuaciones de los Órganos de la Administración del Estado, excediendo los argumentos que expone el reclamante, con creces, la naturaleza del presente recurso, basando su presentación en un estatuto jurídico distinto al establecido en la Ley N° 20.285, no explicando el por qué, en el marco establecido en dicha ley, la decisión de amparo impugnada adolece de un vicio de ilegalidad.

De igual modo refiere que en el caso concreto son aplicables las causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley n° 20.325, y en relación a la primera causal de reserva, del artículo 21 N° 2, estima que la entrega de información podría afectar derechos de terceros, aquello en conexión con el artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental, que garantiza principalmente el respecto y protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y la protección de sus datos personales, habiendo entendido el Consejo que dentro de esa protección se comprenden los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica, y cita al efecto un pronunciamiento del Consejo en torno al sentido y alcance de la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.085, explicitando que los actos respectivos se confeccionan a partir de la recopilación de antecedentes extraídos de la base de datos con que cuenta el Servicio, así como de los documentos que aporta el contribuyente auditado, como terceros, documentos que son esencialmente de carácter contable, tributario o comercial, conteniendo información tributaria extremadamente específica y detallada, tanto del contribuyente como de terceros, contratos y documentación contable, de éstos, poseyendo, en opinión del SII, un importante valor comercial, cuya revelación pondría en desventaja al contribuyente frente a terceros, y a los terceros relacionados con las operaciones fiscalizadas de la auditada, que también adjuntaron sus antecedentes contables, tributarios y comerciales en los procedimientos de marras, revistiendo los documentos antes señalados el carácter de información personal que los contribuyentes deben entregar a la Administración Tributaria, en cumplimiento de la carga constitucional del pago de sus impuestos, no perdiendo jamás la titularidad sobre esa información, según estima el Servicio, citando la postura de la académica Gladys Camacho Cepeda, añadiéndose que en el caso de autos se aplicó el artículo 20 de la Ley N° 20.285, por lo que tanto el SII como el Consejo notificaron a los terceros afectados de la solicitud de información, los que ejercieron su derecho de oposición.

En lo relativo a la segunda causal de reserva, del artículo 21 N° 5, respecto del artículo 35 del Código Tributario, sostiene que debe precisarse la naturaleza de los documentos requeridos, así el acta de denuncia contiene la descripción de una infracción tributaria, los medios de prueba mediante los cuales se estima acreditada y la sanción propuesta, todo lo cual encuentra su fundamento en un informe previo de recopilación de antecedentes. Además, expresa, el proceso de recopilación de antecedentes es la acción del Servicio por la cual se hace acopio de los elementos que se consideran necesarios para que el Director adopte la decisión consagrada en el inciso 3° del artículo 162 del Código Tributario, conteniendo el informe los antecedentes que demuestran la materialidad de los hechos que pueden configurar un delito tributario, así como la participación de las personas involucradas en su ejecución, y el monto del perjuicio. En el caso de autos, los informes contienen una serie de antecedentes sobre detalles de pago, declaraciones de impuestos, facturas, libros de compra, libros diario y mayor, contratos de prestación de servicios, balances generales, renta líquida imponible, fondos de utilidades tributables y declaraciones juradas, tanto de contribuyentes auditados, como de terceros proveedores que se encuentran vinculados, y las operaciones impugnadas, por lo que se encuentran amparados por la reserva establecida en el artículo 35 del Código Tributario.

Finaliza sus descargos el SII, esgrimiendo que en el caso sub iudice no es posible aplicar el principio de la divisibilidad, ya que se ha solicitado el expediente administrativo de contribuyentes determinados, por lo que cualquiera información que se entregue, relativa a ese expediente, dirá relación con dichos contribuyentes, no pudiendo desvincularse la información de carácter tributaria de dicha persona jurídica, tornándose en inoficiosa la aplicación del principio de divisibilidad, produciéndose, en concreto, una vulneración al principio de reserva tributario, por lo que se pide rechazar en su totalidad el reclamo de ilegalidad, y que se resuelva confirmar la decisión de amparo C-3481-18.

TERCERO: Que, con fecha 26 de marzo, informa el Consejo y señala que las Actas de Denuncia y los Informes de Recopilación de Antecedentes, no son públicos por el solo hecho de obrar en poder del SII o haber servido de fundamento a las sentencias de los TTA, como lo pretende el reclamante, ya que el artículo 8 de la Carta Fundamental, y el artículo 21 de la Ley de Transparencia establecen la posibilidad de aplicar una causal de reserva a su respecto, debiendo recordarse, que si bien existe la presunción de publicidad contenida en el artículo 11 letra c) de la Ley de Transparencia, dicha presunción es simplemente legal, admitiendo prueba en contrario y que permitió que en este caso al Consejo determinara que la publicidad de la información requerida, implicaba la revelación de datos patrimoniales de los contribuyentes, configurándose a sus respecto la causal de reserva del artículo 21 N° 5 del referido cuerpo legal, en relación con el artículo 35 del Código Tributario, y si bien la información solicitada obra en poder de un órgano de la Administración, ello, según el Consejo, significa que solo en principio tiene carácter pública, pero no se transforma en pública per se, ya que el derecho de acceso a la información no es de carácter absoluto, ya que tanto el artículo 8, inciso 2, de la Constitución Política, como el artículo 21 de la Ley N° 20.285, prevén la posibilidad de acreditar la afectación que la publicidad pudiere causar a algunos bienes jurídicos protegidos por dichas normas, permitiendo configurar una o más causales de reserva previstas en la Ley de Transparencia, por lo que no ha existido, según el Consejo, una errada interpretación y aplicación del artículo 5 del señalado cuerpo normativo, ni existe infracción al principio de publicidad.

Sostiene, asimismo, que el Consejo ha ido precisando el alcance de la reserva contemplada en el artículo 35 del Código Tributario, estableciéndose como criterio que el secreto tributario debe entenderse referido a los datos patrimoniales de los contribuyentes y no a toda información genérica de éstos que posea el Servicio, lo que ha sido ratificado por jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que cita, existiendo una prohibición que pesa sobre el Director y los funcionarios del SII de divulgar información respecto de los contribuyentes, en los términos del artículo 35 del Código del ramo, que dice relación con datos, antecedentes y documentos susceptibles de revelar datos patrimoniales de éstos, constatándose que lo requerido se vincula principalmente con antecedentes tributarios y patrimoniales recabados en el marco de acciones de fiscalización respecto de los grandes contribuyentes realizadas por el SII, así, de acuerdo expone el Consejo, la información contenida en las actas de denuncia e Informes de Recopilación solicitados se refieren a información amparada por el secreto tributario cuya divulgación se encuentra expresamente prohibida por el artículo 35, inciso 2, del Código Tributario, en concordancia con el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, por cuanto contiene antecedentes que guardan directa relación con gastos, costos, pérdidas, individualización completa de los contribuyentes, comportamiento tributario de los mismos, revisión de contabilidad y de irregularidades tributarias, entre otros datos, que se contienen en las declaraciones de impuestos de los contribuyentes y en declaraciones juradas prestadas, y de este modo, según el Consejo, el solo hecho de entregar las actas de denuncia y los respectivos informes de recopilación de antecedentes de las empresas consultadas, implica la vulneración del secreto tributario, ya que esos antecedentes ponen al descubierto los datos patrimoniales de dichos contribuyentes, configurándose la causal de reserva del artículo 21 N°5 de la Ley N° 20.285, respecto del segundo inciso del artículo 35 del Código Tributario. De igual modo aduce el Consejo que la publicidad de un procedimiento judicial afinado no permite entregar al solicitante las actas e informes requeridos, aunque éstos hayan servido de fundamento a las sentencias respectivas, ya que igualmente se trata de datos protegidos por el secreto tributario, rigiendo para el SII respecto de la información requerida, la obligación de secreto tributario del artículo 35 del Código Tributario, aunque se hubiere dictado sentencia ejecutoriada en un procedimiento tributario, sin que la decisión del Consejo contravenga lo dispuesto en el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales, como espeta el reclamante de ilegalidad, ya que si bien los actos de los tribunales son públicos, esta última norma precisa que ello es "salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley", entre las cuales se encuentra precisamente el artículo 35 del Código Tributario, por lo que la información solicitada no adquiere per se el carácter público, ya que respecto de aquella requerida en el caso sub iudice sigue operando la reserva tributaria, considerando que los documentos requeridos contienen información de ciertos y determinados contribuyentes relativa a Declaraciones Juradas de los mismos, información sobre su contabilidad, de sus prestadores de servicios, Declaraciones Juradas de representantes de las empresas y de sus prestadores de servicios, Formularios del contribuyente, Cartillas del Sistema Integrado de Información de Contribuyentes, notificaciones que el SII realizó, citaciones, liquidaciones, requerimientos, entre otros documentos y declaraciones obligatorias, todos datos y antecedentes respecto de contribuyentes claramente determinados, siendo una información personalizada y descriptiva de conductas calificadas por el SII como infracciones tributarias, no constituyendo información anonimizada, estadística o genérica, por lo que solicita en definitiva rechazar en su totalidad el Reclamo de Ilegalidad presentando, y que se mantenga la decisión de amparo Rol C3481-18.

CUARTO: Que, asimismo comparecieron el Banco de Crédito e Inversiones, Empresas Copec, Abastible S.A., Compañía de Petróleos de Chile, Copec S.A., Forestal Arauco S.A. e Inversiones Siemel S.A., como terceros coadyuvantes, sosteniendo que los antecedentes a que se refiere la solicitud del requirente de información de Samuel Donoso Boassi, son reservados y su publicidad, comunicación o conocimiento afectan la esfera privada de cada compañía, derechos de carácter económico o comercial, y además afectan el debido cumplimiento de las funciones del SII. Así, según los terceros coadyuvantes, la reserva de la información solicitada emana del artículo 8 de la CPR y del artículo 21 de la Ley N° 20.285, y el artículo 35, inciso segundo, del Código Tributario es una norma prohibitiva que obliga a todos y cada uno de los funcionarios del Servicio, estableciendo expresamente el deber de reserva de información tributaria, y la infracción a esa norma conminada con las sanciones establecidas en los artículos 101 N° 5 del Código Tributario y 246 del Código Penal, lo anterior además en relación con distintas disposiciones legales del ordenamiento jurídico nacional, tales como, el artículos 30 del Código Tributario, el artículo 40 de la Ley Orgánica del SII, el artículo 55 letra h) de la Ley N° 18.834, que aprueba el estatuto administrativo y la Ley n° 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, debiendo considerarse al efecto las distintas circulares emanadas del SII que han interpretado el artículo 35 del Código Tributario, y jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, las que se citan latamente, por lo que la información solicitada se encuentra sujeta a reserva y a secreto, quedando demostrado que ni el SII, ni los TTA pueden ser obligados a entregar los documentos solicitados por el reclamante, siendo un derecho del contribuyente, según el artículo 8 bis N° 7 del Código Tributario, que las declaraciones impositivas tengan carácter reservado, sin que sea impedimento que los procesos judiciales en los que se aportaron los antecedentes requeridos se encuentren afinados para entender que la información es de carácter reservada, ya que el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales establece la publicidad de los actos de los tribunales, pero no de los antecedentes que ha tenido a la vista, ni de las presentaciones hechas por las partes, considerando que el artículo 29, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil, no es aplicable a los procedimientos tramitados ante los TTA, según lo dispuesto en los artículos 1 y tercero transitorio de la Ley N° 20.886, olvidando el recurrente que distintas disposiciones legales, fundamentalmente los artículos 30, inciso 5, y 35 del Código Tributario, 55 de la Ley N° 18.834 y 11 bis de la Ley N° 18.575 que establecen la reserva tributaria, priman sobre el artículo 130 del Código Tributario que cita el reclamante, no pudiendo soslayarse que la publicidad o conocimiento de la información solicitada afecta el debido funcionamiento del SII y de la Unidad Administradora de los TTA, ya que importaría un incumplimiento por parte de los funcionarios del Servicio a sus deberes de secreto y reserva, según el artículo 21 N° 1 de la Ley N° 20.285, y tal publicidad o conocimiento de la información implicaría afectar derechos de carácter comercial o económico de los contribuyentes, así como la esfera de su vida privada, protegidos en el artículo 21 N°2 del cuerpo legal antes mencionado y en el artículo 19 N° 4 del texto constitucional, ya que la información solicitada se refiere, entre otros datos, a conductas que el SII calificó de infracciones tributarias y que fueron sancionadas con penas pecuniarias, por lo que la divulgación de esa información vulneraría la garantía constitucional de respeto a la vida, al honor y a la honra de los contribuyentes afectados, siendo además información estratégica y que podría dañar a la Compañías, en cuanto terceros hagan uso de la misma, pudiéndose afectar, como espetan los coadyuvantes, la garantía constitucional de respeto a los derechos comerciales, económicos y patrimoniales, y, por tanto, de acogerse la tesis del reclamante de que todo lo aportado a un procedimiento tramitado ante un TTA es público, permitiría, a terceros competidores de los contribuyentes litigantes hacerse de información comercial sensible, no siendo posible tampoco dividir dicha información, ya que tanto las Actas de Denuncia, como sus Informes de Recopilación de Antecedentes, contienen información sujeta a reserva tributaria, confidencial, estratégica y perteneciente a la esfera de la vida privada tanto de los contribuyentes multados como de terceros, solicitándose, en definitiva, el rechazo del Reclamo de Ilegalidad, con costas.

QUINTO: Que, cabe agregar que los considerandos pertinentes de la resolución impugnada mediante el recurso de ilegalidad dejaron establecido lo siguiente:

8) "....Resultan plausibles las alegaciones del órgano, en orden a que la naturaleza de la información contenida en las actas de denuncia y los informes de recopilación de antecedentes, que fueron fundamento de las actas indicadas, implica develar datos relativos a rentas de contribuyentes determinados, información contenida en Declaraciones Juradas y comportamiento económicos y tributarios, en base a los cuales el órgano ponderó en su oportunidad, que existían irregularidades que ameritaban la persecución judicial, y tratándose de conductas descritas por el Código Tributario como delitos tributarios, se estimó que correspondía proceder a su persecución de conformidad al procedimiento establecido por el Código Tributario a fin de obtener la aplicación de una determinada sanción pecuniaria. Además, la información requerida daría cuenta de antecedentes concretos relativos a montos de ingresos declarados, declaraciones y montos de las mismas, así como auditorías y fiscalizaciones tributarias. Precisamente, al menos con dicha información el SII "pudo determinar si existían declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que pudieran inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que correspondía o a la omisión maliciosa en los libros de contabilidad de ciertos asientos contables, o bien, si tales contribuyentes realizaron cualquier maniobra tendiente a aumentar el verdadero monto de créditos o imputaciones al que tenían derecho a hacer valer o si simularon alguna operación tributaria, realizaron cualquier maniobra fraudulenta a fin de obtener devoluciones indebidas o bien, si omitieron maliciosamente alguna declaración exigida por las leyes tributarias para la determinación o liquidación de un impuesto, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 97 del Código Tributario". Asimismo, y tal como este Consejo razonó en la decisión de amparo C533-18, resultan atendibles las alegaciones del órgano, en lo relativo a que el hecho que los procesos judiciales en los cuales se aportaron los antecedentes requeridos, se encuentren actualmente afinados, no obsta a la circunstancia que, en la especie, rige para el SII, respecto de la información requerida, la obligación de secreto tributario consignada en el citado inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario".

10) "Que, por lo razonado precedentemente, atendida la naturaleza de los antecedentes contenidos, tanto en las actas de denuncia como en los informes de recopilación de antecedentes, que fueron fundamento de dichas actas respecto de los grandes contribuyentes individualizados en la solicitud de información, la que debe entenderse referida especialmente a los datos patrimoniales de dichos contribuyentes, se rechazará el presente amparo por configurarse la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario."

SEXTO: Que, siendo un reclamo de ilegalidad, debe tenerse presente la normativa involucrada en el asunto.

Así, el artículo 8 de la Constitución Política, establece: "El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.

"Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional."

El artículo 1 de la Ley N° 20.285, señala "La presente ley regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información." El artículo 5 dispone "En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirven de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.

"Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas."

Así, se desprende de esta disposición que toda información en poder de las entidades públicas, siendo su ámbito de aplicación el regulado en el artículo 2 del cuerpo legal antes referido, es en principio pública, salvo las excepciones, que pueden ser constitucionales, o legales.

El artículo 10, inciso 1, establece "Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece la ley."

Seguidamente, en lo pertinente, el artículo 21 prescribe "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:

N°5."Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política."

Asimismo, el artículo 8 bis N° 7 del Código Tributario señala, en lo que importa, "Sin perjuicio de los derechos garantizados por la Constitución y las leyes, constituyen derecho de los contribuyentes, los siguientes: 7° Derecho a que las declaraciones impositivas, salvo los casos de excepción legal, tengan carácter reservado, en los términos previstos por este Código". También, el artículo 35 del mismo ramo, en lo que importa, dispone que "El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera dato relativos a ella, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales.

El precepto anterior no obsta al examen de las declaraciones por los jueces o al otorgamiento de la información que éstos soliciten sobre datos contenidos en ellas, cuando dicho examen o información sea necesario para la prosecución de los juicios sobre impuestos y sobre alimentos; ni al examen que practiquen o a la información que soliciten los fiscales del Ministerio Público cuando investiguen hechos constitutivos de delito ni a la publicación de datos estadísticos en forma que no puedan identificarse los informes, declaraciones o partidas respecto de cada contribuyente en particular.

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo y para el debido resguardo del eficaz cumplimiento de los procedimientos y recursos que contempla este Código, sólo el Servicio podrá revisar o examinar las declaraciones que presenten los contribuyentes, sin perjuicio de las atribuciones de los Tribunales de Justicia y de los fiscales del Ministerio Público, en su caso.

La información tributaria, que conforme a la ley proporcione el Servicio, solamente podrá ser usada para los fines propios de la institución que la recepciona."

Asimismo, el artículo 2° letra a) de la Resolución Exenta N° 34 del SII, que "Crea departamento subdirección de fiscalización que indica, establece sus atribuciones y obligaciones, y crea demás unidades que señala y fija", señala que corresponde a la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII: "Asumir la fiscalización directa de los contribuyentes establecidos en la nómina a que se refiere el dispositivo N° 3° de esta resolución, notificar denuncios por infracciones a las leyes tributarias, proceder a citar a dichos contribuyentes y otras personas en cuanto diga relación con la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias y liquidar y girarles impuestos, reajustes, intereses y multas, todo ello sin perjuicio de las atribuciones que el Código Tributario y otras disposiciones legales confieren al Subdirector de Fiscalización y a los Directores Regionales". Además, el artículo 59 del Código Tributario señala lo siguiente, "Dentro de los plazos de prescripción, el Servicio podrá examinar y revisar las declaraciones presentadas por los contribuyentes. Cuando se inicie una fiscalización mediante requerimiento de antecedentes que deberán ser presentados al Servicio por el contribuyente, se dispondrá del plazo de nueve meses, contado desde que el funcionario a cargo de la fiscalización certifique que todos los antecedentes solicitados han sido puestos a su disposición para, alternativamente, citar para los efectos referidos en el artículo 63, liquidar o formular giros...". Por último el artículo 60 de esa compilación prescribe: "Con el objeto de verificar la exactitud de las declaraciones u obtener información, el Servicio podrá examinar los inventarios, balances, libros de contabilidad, documentos del contribuyente y hojas sueltas o sistemas tecnológicos que se hayan autorizado o exigido, en conformidad a los incisos cuarto y final del artículo 17, en todo lo que se relacione con los elementos que deban servir de base para la determinación del impuesto o con otros puntos que figuren o debieran figurar en la declaración. Con iguales fines podrá el Servicio examinar los libros, documentos, hojas sueltas o sistemas tecnológicos que los sustituyan, de las personas obligadas a retener un impuesto..."

SEPTIMO: Que, en cuanto al sustento del deber de reserva del artículo 35 del Código Tributario, ha dicho la Corte Suprema de Justicia en sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho ".... Se advierte el especial tratamiento que el legislador otorgo al secreto tributario, conformando, junto a otras normas, un cúmulo de disposiciones que constituyen un régimen o sistema de protección y reserva de la información obtenida por la Administración frente a su revelación a terceros, prescribiéndose una restricción del uso y cesión de la información impositiva y, en tal sentido, este régimen de confidencialidad integra una excepción al principio de publicidad y transparencia propio de los Estados democráticos.

El secreto tributario entraña la consagración de la reserva o confidencialidad de toda información obtenida por los órganos tributarios, de forma que no puede ser revelada a terceros y, por otra parte, impide que estos antecedentes en poder de los servicios impositivos puedan ser usados para fines diferentes de los estrictamente contributivos".

Así las cosas, es posible constatar del tenor del referido precepto legal que se trata de una regulación de contenido amplio, ya que como lo ha entendido la jurisprudencia judicial en cuanto a los obligados comprende al "Director y demás funcionarios del Servicio", y en relación al contenido de la información, abarca "la cuantía o fuente de las rentas", así como las "pérdidas, gastos o cualquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona ajena al Servicio."

OCTAVO: Que, como queda claro, la información cuya publicidad se discute es aquella relativa a las actas de denuncia y a los informes de recopilación de antecedentes relativos a distintas empresas que el reclamante de ilegalidad refiere. De lo anterior, aparece, que lo pedido por él recurrente se refiere, inequívocamente, a información protegida por el secreto tributario, antecedentes que como ha señalado el Consejo en su informe, guardan directa relación con gastos, costos, pérdidas, identificación completa de contribuyentes determinados, comportamiento tributario de los mismos, revisión de contabilidad y de irregularidades tributarias, entre otros datos, que se contienen en las declaraciones de impuestos de los contribuyentes fiscalizados, y en declaraciones juradas prestadas, recabados por SII en el marco de acciones de fiscalización respecto de los llamados grandes contribuyentes, y que llevó posteriormente al órgano fiscalizador a perseguirlos judicialmente en base a las disposiciones del Código Tributario, al estar en presencia de ilícitos tributarios, para lograr del órgano jurisdiccional la imposición de una sanción pecuniaria, por lo que efectivamente de entregarse las actas de denuncia y los respectivos informes de recopilación de antecedentes de las empresas anteriormente mencionadas se revelarían y descubrirían los datos tributarios y patrimoniales de los respectivos contribuyentes, lo que llevaría a vulnerar gravemente el secreto tributario establecido en el artículo 35 del Código del ramo.

NOVENO: Que, conforme a lo expuesto en el considerando anterior, se debe concluir que la información requerida por el recurrente de ilegalidad está cubierta por la causal invocada en el artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285, en relación con lo establecido en el artículo 35 del Código Tributario, por lo que el SII se encuentra legalmente impedido de proporcionar a terceros tal información, considerando más aún que tanto el Servicio como el Consejo, aplicando el artículo 20 del cuerpo legal antes referido, notificaron a los terceros afectados de la solicitud de información, ejerciendo su derecho de oposición, informado en sus descargos el órgano fiscalizador que lo pedido, esto es, las actas de denuncia respectivas, contienen la descripción de una infracción tributaria, los medios de comprobación de la misma, y la sanción propuesta, y los informes de recopilación de antecedentes constituyen el proceso por el cual el Servicio se hace acopio de los elementos necesarios para que el Director adopte la decisión establecida en inciso 3 del artículo 162 del Código Tributario, conteniendo los antecedentes que pueden configurar un delito de carácter tributario, la participación de las personas involucradas y el monto del perjuicio, y en el caso sub iudice, según lo expuesto por el ente fiscalizador, se incluyen en los informes respectivos, antecedentes como detalles sobre pagos, declaraciones de impuestos, facturas, libros de compra, libros diario y mayor, contratos de prestación de servicios, balances generales, renta líquida imponible, fut, y declaraciones juradas, tanto de los contribuyentes fiscalizados, como de terceros proveedores vinculados, por lo que de aceptarse la tesis del reclamante se develarían los datos patrimoniales y tributarios de contribuyentes singularizados que constan en declaraciones obligatorias, sus copias, o los libros o papeles que contengan extractos, o datos tomados de ellas, y que digan relación con la cuantía o fuente de las rentas, perdidas, gastos o cualquiera dato relativo a esas rentas, lo que configura la esencia del secreto tributario tipificado en el artículo 35 del Código del ramo, conectado con el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, ello, en atención a consideraciones vinculadas a la afectación de los derechos de los respectivos contribuyentes, particularmente el derecho a la privacidad, circunstancia que constituye uno de los cuatro supuestos previstos en el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política de la República para disponer la reserva de información, teniéndose presente que habiendo sido publicado el Código Tributario que consagra la reserva tributaria en comento, con antelación a la Ley N° 20.050, que estableció el secreto o reserva de determinados actos o documentos, debe ser considerada como una norma de quorum calificado, según el artículo primero transitorio de la Ley N° 20.285.

DECIMO: Que, atendido lo razonado precedentemente, el reclamo de ilegalidad interpuesto será rechazado en todas sus partes, ya que en la especie se ha aplicado correctamente el artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285, en concordancia con el artículo 35, inciso segundo, del Código Tributario, de modo que no existe la ilegalidad denunciada por él recurrente, lo que determina que el arbitrio deducido debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 8° de la Constitución Política de la República; artículos 21 N° 5, 28, 30 y 1° Transitorio de la Ley 20.285, sobre acceso a la información pública, se rechaza, el reclamo de ilegalidad presentado por el abogado don Samuel Donoso Boassi, en lo principal de la presentación de fecha 13 de febrero de año dos mil diecinueve, en contra de la Decisión de Amparo, rol C3481-2018, del Consejo para la Transparencia, dictada con fecha 24 de enero del mismo año, con costas.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro (S) señor Rodrigo Palma Ruiz.

Rol N° 76-2019.

Pronunciada por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por el Ministro (s) señor Rodrigo Palma Ruiz. No firma el Ministro señor Gray, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de su feriado legal.

Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Juan Cristobal Mera M. y Ministra Suplente Rodrigo Ignacio Palma R. Santiago, diecisiete de junio de dos mil diecinueve.

En Santiago, a diecisiete de junio de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.